Por Gaby Ruiz / @GabyRuizMx
El exilio de colombianos, tras cinco décadas de guerra en ese país, es un tema recurrente en las convenciones de defensa de derechos humanos y migración. Sin embargo, durante los últimos meses, los nuevos solicitantes de refugio en Ecuador son venezolanos, y son cada vez más.
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ecuador recibió a más de 39 mil venezolanos en 2016. La mayoría tienen entre los 25 y 39 años y nivel de educación superior. El proceso de regularización de venezolanos en Ecuador no es reciente, ya en el 2011 tuvo lugar la entrega de visa permanente y gratuita para venezolanos. Pero la situación en Venezuela parece haber desbordado toda expectativa, tanto dentro como fuera de su territorio.
El rol de las organizaciones sociales apostadas en la frontera ha sido fundamental para dar la primera acogida y asistencia humanitaria a las personas en movilidad, especialmente para las víctimas del conflicto colombiano. Como consecuencia de ese conflicto, el más duradero en la historia de todo el continente, el Ecuador se ha convertido en el principal país de acogida para refugiados. Elisa Devreese, responsable de incidencia política en Misión Scalabriniana, con 10 años de experiencia en Ecuador, cuenta que desde que comenzó sus labores, la población colombiana es a la que más se atiende (70 por ciento aproximadamente), y para mejorar la solidaridad, se atiende también a población local. Pero es desde 2017 que se atiende a venezolanos. Antes tuvieron casos de atención a cubanos y haitianos, sin embargo, el desplazamiento de venezolanos tiene sus particularidades. Elisa describe que un miembro de la familia viaja primero para ubicarse y traer después a su familia. Hay una planeación, mientras que las familias colombianas huyen en el momento de un ataque, dispersas, sin proyecciones claras.
Aquí puedes escuchar la entrevista a Elisa Devreese:
“Desde febrero (2017) –cuenta Elisa–, la gran mayoría de personas que estamos atendiendo es población venezolana (…) 100 familias venezolanas es un número superalto en Ibarra. En Carchi hay 40 familias, en Quito y Sucumbíos son mucho menos, en San Lorenzo no hay”. Elisa cree que la población venezolana no puede ser atendida por otras organizaciones porque “ellos prácticamente no pueden acceder a solicitud de refugio”. La situación irregular o el trámite de visas les impide recibir asistencia humanitaria.
‘Es que nos patean’
Les digo a ustedes que su nombre es Gabriela para contar su historia puesta sus zapatos. Gabriela tiene 38 años y tres hijos. El día que conversamos, su primera hija está cumpliendo 22 años y es la única hija que se quedó intentando culminar su carrera universitaria, habitando la casa propia, cuidando del patrimonio familiar y recibiendo –eso espera- los alimentos que el gobierno reparte a domicilio. Tiene dos meses en Ecuador y me asegura que logró obtener un pasaporte para salir de su país tras el pago de aproximadamente 100 dólares estadounidenses a las autoridades de Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). No recibirían el pago en bolívares y los tramitantes solo aceptan dólares. “Eso es muchísimo dinero”, dice Gabriela, haciendo cuentas de la conversión en moneda nacional.»
En febrero de 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional la imposibilidad de emitir pasaportes. Los informes sobre la restricción de pasaportes son escuetos, por no decir casi inexistentes, debido al alto nivel de censura y propaganda que sufren las diversas fuentes informativas locales o extranjeras. Tras la obtención del pasaporte, Gabriela y sus dos hijos menores pudieron reunirse con su esposo que fue el primero en salir del país, instalarse en Quito y emplearse en un restaurante como pocillero.
Una vez en Quito, Gabriela, como otros extranjeros, acudió a las oficinas de la Cancillería ecuatoriana para asesorarse en el proceso de solicitud de refugio para ella y su familia. Sabe que pronto expira su estancia legal como turista en el país y no quiere encontrarse en situación irregular pues podría ser deportada. Le recomendaron sacar su visa Mercosur como un camino, pero denuncia haber sido condicionada a la firma de una carta de renuncia a la protección. Al final de ese día tan duro, un funcionario le aclaró que de encontrarse trabajando sin permiso, la falta sería motivo de sanción. Gabriela me cuenta que no pudo evitar responder: “Sé que no tengo permiso pero mis hijos no pueden dejar de comer”. Ahora prepara donas, arepas, galletas polvorosas como tantos otros venezolanos que vemos en las calles de Quito, intentando ganarse la vida. Llora… su hija cumple 22 años. Gabriela pronto será “indocumentada”, “irregular” y “extranjera indeseable”, por eso sigue reprochándole a la vida: “¡Es que nos patean!”
Del cielo a la tierra
Algo que Gabriela y Paola tienen en común es la vida que vivían antes de llegar a Ecuador. Si bien no eran ricas, gozaban de la prosperidad que les brindaba un negocio propio, el trabajo de años multiplicándose. Paola describe el giro que ha dado su vida como un salto del cielo a la tierra. Tiene meses apenas en Ecuador.
Es sabido que Venezuela sufre un bloqueo económico similar al de Cuba por parte de Estados Unidos, que impide la importación de bienes para el consumo interno. Sin embargo, para ciudadanos como Paola, a sus 30 años convencida de la revolución y entusiasta militante, había que hacer algunos sacrificios soportables. De hecho, Paola participó de forma voluntaria en las brigadas civiles para entrega de ayudas en comida, salud y vivienda a otros compatriotas. Y de esta forma su fe en el chavismo se mantenía intacto. Pero todo eso cambió hace tres años. En algún punto, los recursos empezaron a desviarse y a dejar de llegar a los más necesitados.
Paola enumera los componentes de la caja de alimentos, también llamada clap (alude a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción): aceite –a veces- o, en su lugar, leche en polvo, harina, frijol. El costo de la clap asciende a 30 mil bolívares en el mercado negro que está en manos de los guachaqueros o contrabandistas. Si se compra la clap al gobierno, cuesta en promedio 10 mil bolívares. El cobro de la canasta es previo y no hay garantía de entrega. La palabra ‘hambre’ se repite constantemente en este relato. Hace solo días, ocho personas murieron electrocutadas cuando saqueaban una panadería, en lo que se ha convertido en una práctica recurrente cuando los noticieros reportan “crisis en Venezuela”.
Negarse a participar en la desviación de recursos le trajo a Paola consecuencias fatales que comenzaron con la visita de sus excompañeros, armados, para pedirle el pago de ‘vacunas’ o sobornos a cambio de seguridad; es decir, a cambio de no atentar contra el negocio o contra su familia. Ellos –una especie de guardia armada del pueblo– en cada visita llevan un registro del número de electrodomésticos y bienes de valor en las viviendas, y en cuanto ven que un televisor o nevera desaparecen, empiezan a cuestionar el destino. Hay amedrentamiento porque para estos vigilantes, la venta de bienes es el primer síntoma de un viaje a las puertas.
A Paola le balearon su casa mientras sus hijos jugaban en el frente a plena luz del día. A Paola le mataron un hermano. Llora sin consuelo recordando al joven alegre de 20 años que también militaba en las filas de la revolución. “Rogué para que me entregaran el cadáver de mi hermano y me dejaran velarlo. Lo pude hacer nada más que en una capilla ardiente, a la que solo pudieron acudir familiares directos. Después de la ceremonia, mi familia y yo salimos a medianoche abandonando nuestro hogar como unos ladrones. Toda una vida de trabajo perdida. Y ahora mi casa es propiedad del gobierno por alta traición a la patria”.
Continua cámara ardiente
Anita es la más callada de las tres mujeres. Sus ojos oscurecidos por las ojeras revelan días de insomnio y la probable prolongación de privaciones que Gabriela y Paola empiezan a sentir. Anita tiene 35 años. Llegó hace un año, aproximadamente. No avisó a nadie que se iría con su hijo porque, siendo servidora pública, su familia y amigos estarían en problemas.
En la ruta que toman los venezolanos hacia Ecuador, deben atravesar los puestos de control fronterizo, y hay días que las filas tardan hasta 12 horas. La tarjeta migratoria de tránsito fronterizo debe ser sellada por los venezolanos al igual que el pasaporte, y esto también se ha vuelto sujeto al pago de sobornos. Pero Anita no tenía dinero para pagar y cruzó por la troncha, con más miedo de quedarse que de huir de su pesadilla. El viaje duró tres días en autobús con al menos tres paradas. Anita está harta de los robos, de los tiroteos, de los muertos en la calle. Tiene su casa propia, es auditora y madre soltera. Actualmente se encuentra en situación irregular y sin el dinero suficiente para pagar la renta, mucho menos para pagar la visa de trabajo a la que podría acogerse si tuviera empleo.
Anita y su hijo duermen en un albergue que antiguamente se destinó al cuidado de niños, y que ahora les brinda hospedaje a personas sin techo. El hambre la resuelve con una ayuda que la Misión Scalabriniana provee a personas en movilidad, por acuerdo con mercados familiares en cada localidad. Cuando miro a Anita con los hombros encogidos, las manos en los bolsillos de su suéter, recorro dos vías posibles: la tristeza de un presente indescifrable y la pequeña alegría de vivir y estar en otro lugar lista para empezar de nuevo, todo como la prolongación de una continua cámara ardiente. Anita lava platos por unas monedas. En el día, a veces llega a juntar 10 dólares.
Me duele Venezuela
Janetcita, que es colombiana refugiada en Ecuador, tiene un rato mirándome conversar con el grupo de mujeres venezolanas. Minutos antes le había preguntado su ciudad de origen. Me aclara: “Yo soy colombiana, de Cúcuta, pero a mí me duele Venezuela”. Me cuenta que antes de que ella saliera de su tierra, como tantos otros colombianos perseguidos por los paramilitares, vivió la arremetida de la Guardia Nacional contra los colombianos residentes en San Antonio de Táchira, ciudad fronteriza con Cúcuta.
Revive un episodio de 2015, cuando la Guardia Nacional venezolana entró con maquinaria a tumbar las casas de los colombianos luego de que fueran marcadas con las letras R y D, siglas de las palabras revisada y demolida. Lo poco de valor se lo quedaron también ellos. Recuerda ver a la gente cruzando el río, cargando sus pertenencias. Muchos colombianos fueron expulsados sin ninguna razón por el hecho de ser originarios de ese país y alegando una situación de irregularidad. La declaración del estado de emergencia en Táchira produjo cierres eventuales de la frontera colombo-venezolana entre 2015 y 2016, afectando las dinámicas fronterizas de convivencia y continuo intercambio entre las comunidades.
Janetcita tiene dos hijos a los que no ve desde que salió huyendo. A ella también le mataron un hermano porque su madre se negó a entregarlo a la guerrilla. Janetcita entiende mejor que nadie a Gabriela, Anita y Paola. Sabe lo que es llegar a otro país “con una mano adelante y otra atrás”. No es casualidad, entonces, que los primeros en ayudar a los venezolanos sean también colombianos que llegaron antes a Ecuador. Y las historias de solidaridad también se multiplican en el pueblo ecuatoriano como una pequeña muestra de fe y de esperanza.
La coyuntura
Tras un proceso de focalización de ayuda, la Misión Scalabriniana forma grupos y las personas deben participar de talleres para procuración de medios de vida (autoahorro), violencia de género, derechos humanos, autocuidado, dirigido a niños/as, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres. Actividades para fortalecer las redes sociales. Actualmente, la Misión Scalabriniana al igual que otras organizaciones civiles de defensa de los derechos de migrantes, han hecho públicos sus reparos a la recientemente aprobada Ley Orgánica de Movilidad Humana. “En el objeto y ámbito de la ley no existe el concepto de refugiado interno, y contradicciones como por ejemplo en el acceso a la educación que protege el principio de bienestar del menor, condicionado a que haya cupos en los establecimientos educativos.”
Gabriela, Anita, Paola y yo caminamos durante tres horas juntas por la vieja ruta de la representación católica del calvario, en la calle García Moreno, desde La Basílica hasta la Plaza Grande, en pleno corazón de Quito. Ellas se confunden entre la multitud de migrantes, refugiados y defensores de derechos humanos que van rumbo al Palacio de Carondelet, donde está el presidente Rafael Correa. Al final del día entregarán unas cartas personales y luego pasarán por la Iglesia a contarle sus penas al Dios de los católicos.
Mientras tanto, la frontera entre Colombia y Ecuador muestra un paisaje distinto al de meses atrás: grupos numerosos de venezolanos cruzan día y noche de norte a sur. Algunos se quedarán en Tulcán, en Ibarra, en Quito. Otros pasarán a la costa, a Guayaquil, a Manta o a Portoviejo. Otros más seguirán de largo, hasta llegar a Lima.
La crisis en Venezuela no está solamente dentro de sus fronteras. La crisis de Venezuela, como todas las crisis, va adonde vayan sus víctimas y se comparte con quienes se entregan al abrazo, a la protección, a la libre movilidad, a los derechos que nos pertenecen a todos.
Gabriela Ruiz Agila (Ecuador, 1983) es investigadora en estudios migratorios y mercados ilegales con experiencia de trabajo en la frontera México-Estados Unidos. Gestiona espacios de difusión cultural en radio y redes sociales. Blogger en https://www.facebook.com/MadameH0/
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Muy buen articulo, sólo una observacion Venezuela no tiene un bloqueo económico, el problema es que el gobierno ha quedado muy mal a sus acredores internacionales y no tienen divinas para pagar, es la razon por la cual no pueden comprar casi nada.Quien quiere vender a un mala paga y de paso nunca se preocupo por difersificar la economía.