Por Lina María Espinosa
Fotografías: Jerónimo Zúñiga*
I
Indígenas cofán o la gente de verdad
La comunidad ancestral A’i Cofán de Sinangoe se ubica a orillas del río Aguarico, en el cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Es un pequeño recinto amazónico en el que viven 37 familias rodeadas de la exuberancia de la selva. Los cofán de Sinangoe se dedican a la pesca, a la cacería y al cultivo de la chacra en un bosque primario, al piedemonte de la cordillera de Los Andes. Guían sus decisiones por el pensamiento de los mayores y toman ceremonialmente yagé, la bebida que les permite hablar con sus antepasados, con los seres inmateriales del bosque, e intuir amenazas como las que hoy se ciernen sobre su territorio.
A’i significa la gente de verdad, y se refiere a un estado de plenitud espiritual. En la comunidad de Sinangoe, en la que viven aproximadamente el 25% de los 1 093 cofán que habitan Ecuador, ser gente de verdad implica estar integrado al territorio: un área de 35 000 hectáreas que colinda con el Parque Nacional Cayambe Coca, del que nacen las cuencas hídricas de los ríos Aguarico, Quijos, Mira y Esmeraldas. En el fondo, al resguardar su territorio los cofán protegen una de las reservas hídricas más importantes del país y de la región.
II
Guardia Indígena y minería
En mayo de 2017, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, amparándose en su derecho a la autodeterminación, elaboró la Ley Propia de Control y Protección del territorio Ancestral A’I Cofán de Sinangoe y constituyó una Guardia Indígena, encargada de monitorear el territorio para registrar y frenar cualquier actividad extractiva llevada a cabo sin el consentimiento previo de la comunidad. Este proceso les permitió, hasta septiembre de 2017, registrar el ingreso de al menos 70 personas que realizaban actividades de minería ilegal, cacería o pesca con métodos no convencionales como dinamita y veneno. Todos estos hechos fueron denunciados —a través de documentos que los indígenas cofán llaman alertas tempranas— a instituciones como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas, la Arcom, la Secretaría Nacional del Agua, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Sucumbíos y la Defensoría del Pueblo.
Con base en las alertas emitidas entre julio y octubre de 2017, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación defensorial; la Fiscalía una indagación previa y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo Pizarro, después de una inspección a la zona, hizo un informe en el que concluyó que:
“La minería ilegal, cacería furtiva, tala ilegal del bosque y pesca no convencional están afectando gravemente las formas de vida y pervivencia de la Comunidad A´I Cofan de Sinangoe”.
Sin embargo, ninguna de esas instituciones aplicó una sanción. El 14 de septiembre la comunidad convocó a la I Asamblea Interinstitucional en Sinangoe y presentó un Informe Técnico Comunitario ante distintas entidades estatales que da cuenta de la existencia de minería ilegal en su territorio. Dos meses más tarde, entre el 15 y el 17 de noviembre de 2017, se realizó un recorrido de monitoreo con los funcionarios estatales, en compañía de la Guardia Indígena.
Cada institución elaboró informes con conclusiones que evidenciaban la contaminación del territorio. La Defensoría del Pueblo confirmó: “Se verifica que existe la presencia de varios grupos de personas que han ingresado por lugares de manera ilegal a realizar actividades de minería artesanal”. La Agencia de Regulación y Control Minero alertó que las actividades mineras “son el inicio para extracciones posteriores a mayor escala”. La Secretaría Nacional del Agua estableció que las aguas de río Aguarico “son importantes; de existir contaminación, tendría un gran alcance en la población aguas abajo”. Finalmente, el Ministerio del Ambiente recomendó que “es importante considerar que las concesiones no sean autorizadas en los límites de un área protegida”, refiriéndose al Parque Nacional Cayambe Coca.
Pero, a pesar de que las entidades conocían el riesgo de la minería, ninguna tomó medidas. Desde enero de 2018, la Guardia Indígena registró un incremento significativo en la actividad minera, esta vez con el uso de retroexcavadoras para la apertura de vías de acceso hasta el río Aguarico, que en pocos días deforestaron gran parte de bosque. Preocupados por la explotación minera, los comuneros contactaron a la Agencia de Regulación y Control Minero y los funcionarios informaron de que en la zona existen 20 concesiones otorgadas y otras 30 en trámite para pequeña y mediana minería, con permisos de explotación vigentes hasta por 30 años.
Todo esto ocurre sin que la comunidad haya sido consultada, ni siquiera informada de estos proyectos, lo que constituye la violación de la obligación que tiene el Estado de realizar consulta previa libre e informada a las poblaciones directamente afectadas.
Durante sus recorridos, la Guardia advirtió la presencia de más de 20 mineros realizando trabajos con retroexcavadora, draga y canalón en las concesiones Properidad y Puerto Libre.
Los ríos Aguarico y sus tributarios son esenciales para la vida de los A’i Cofan porque son los que les dan de comer. Según distintos informes comunitarios, era habitual encontrar animales como la huangana, los chorongos, los paujiles, la pava negra o la danta, que son parte de la dieta cotidiana de los habitantes amazónicos, sobre todo en fechas culturales importantes. Y ahora, luego de los recorridos de vigilancia en las zonas afectadas por la maquinaria minera, se comprobó que estas especies han huido.
El 14 de marzo de 2018, el Ministerio del Ambiente inspeccionó el área y determinó que la explotación en Puerto Libre no contaba con licencia ambiental ni permiso de concesión de agua, así que suspendió la concesión minera hasta que cuente con los requisitos necesarios, entre ellos, un plan para reducir los impactos.
En recorridos posteriores de la Guardia Indígena (realizados los días 27 de marzo, 9 y 23 de abril, 10, 18 y 27 de mayo de 2018) se observó el rápido incremento del tamaño de las operaciones en la zona de la concesión Puerto Libre. Luego de la sanción del Ministerio del Ambiente se deforestaron al menos 15 hectáreas de bosque y se abrió una vía de acceso que avanza hacia el río Chingual, al norte de la concesión. La suspensión de la actividad no fue verificada y la contaminación continuó hasta finales de mayo, cuando gracias a la presión continua de la comunidad desalojaron la zona.
Pero el uso de maquinaria dejó ya un daño ambiental profundo. Como ha sucedido antes, en otras regiones amazónicas, los caminos abiertos permiten que cazadores lleguen a zonas antes protegidas para capturar monos, dantas, venados y guantas. Además, la comunidad de Sinangoge teme la contaminación de los ríos con sustancias usadas en la actividad minera aurífera como cianuro, mercurio, aluminio, hierro o arsénico. También existen precedentes de que el uso de químicos para fines mineros produce enfermedades graves a los habitantes de comunidades indígenas amazónicas, que en este caso podrían extenderse a la población de Nueva Loja y a las comunidades a lo largo del río.
III
Protección judicial
Luego de todos estos sucesos la comunidad Cofán de Sinangoe buscó protección judicial de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo. El 12 de julio pasado presentaron, ante una unidad judicial, una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente.
El 19 de julio se llevó a cabo la primera audiencia y el 20 de julio una inspección. En la disputa, lamentablemente, los funcionarios de los representantes de los Ministerios del Ambiente, de Minería, de la Secretaría del Agua y de la Procuraduría General del Estado han desconocido los alcances del derecho a la autodeterminación impugnando toda prueba ofrecida por la comunidad obstinadamente. Incluso se atreven a condicionar el uso de la lengua ancestral a los indígenas cofán que intervienen.
El 24 de julio, el Ministerio del Ambiente emitió este comunicado, en el que aseguran que los procesos han tomado en cuenta a las comunidades y que mantienen «un diálogo permanente». Sin embargo, a día seguido, la comunidad desmintió el pronunciamiento oficial a través de este otro comunicado: Sinangoe respuesta MAE 25 de julio, en el que se califica como «una declaración deshonesta» la postura oficial y en el que se denuncia el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno ecuatoriano.
El pasado jueves 26 de julio se instaló nuevamente la audiencia y la tarde del viernes 27 fue concedida la acción de protección y suspendidas las actividades extractivas mineras en territorio cofán pues se reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo de esta victoria para este pueblo amazónico, son cientos de poblados que continúan siendo afectados ahora mismo por concesiones mineras que están acabando con su entorno natural y con sus dinámicas colectivas.
*Lina María Espinosa y Jerónimo Zúñiga son defensores de Derechos Humanos de Amazon Frontlines.
Buen día, realmente me impacto esta noticia y no se como las personas somos tan insensibles que no nos damos cuenta de lo hermoso que es nuestro país sobre todo nuestra amazonia, debemos apoyar a estos grupos que luchan constantemente por cuidar de su hogar que a la final es el hogar de todos porque gracias a ellos nosotros podemos respirar un aire menos contaminado y es triste ver como esto es una problemática es el diario vivir y que la «gente de ciudad» nos hagamos los desentendidos ante este problema y no presionemos a las autoridades pertinentes que cumplan con su trabajo y hagan respetar estas reservas que son el hogar de muchas personas ademas de una infinitud de especies animales y vegetales. Esperemos que concienticen y razonen y ya poco a poco estas actividades ya no se den ya que no traen ningún beneficio.