FALSO
El 2 de enero de 2023, un usuario de Twitter compartió un vídeo de la cuenta de Facebook ArturoBuscandolaVerdadEc, en el que se denunciaba que Guillermo Lasso habría vendido varias estaciones petroleras a la multinacional británica Shell. Después de realizar la verificación, se concluyó que el contenido es falso.
Para argumentar, el vídeo toma un extracto de una entrevista que Luis Almeida, asambleísta del Partido Social Cristiano, tuvo en Radio Pichincha el 24 de agosto de 2022. En esta entrevista, el asambleísta señaló que Aparicio Caicedo, consejero del gobierno de Lasso, habría recibido 5 millones de dólares por la venta de estaciones de servicio de Petroecuador. Como evidencia, Almeida pidió que se observara que la estación de servicio ubicada en las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro, en Quito, ya no pertenecía a la petrolera estatal, sino a Shell.
Ante las denuncias, la petrolera estatal Petroecuador emitió un comunicado asegurando que la venta de esta estación, junto a una en Ponceano y otra en la avenida 25 de Julio, en Guayaquil, se había iniciado en el 2016 bajo el gobierno de Rafael Correa y se había concretado en febrero de 2017. La venta de las tres estaciones de servicio había ascendido a 21 millones de dólares. Dispetrol, Discomtriz y Elot fueron las distribuidoras que, respectivamente, se quedaron con las estaciones de servicio.
Aunque Almeida aseguró que presentaría una investigación sólida acerca de la acusación, hasta el momento no hay documentos que prueben que se haya concretado alguna venta en el gobierno de Guillermo Lasso.
No obstante, la venta de las 45 estaciones de servicio de Petroecuador sí está contemplada en los planes del gobierno actual. En julio de 2021, mediante el decreto 95, el presidente dispuso iniciar la venta de las estaciones de servicio, como parte de la transformación del sector petrolero.
A pesar de que Petroecuador esperaba realizar una auditoría externa para poder realizar la valoración de las estaciones petroleras, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) no autorizó una licitación internacional y, posteriormente, se le adjudicó el contrato a SummaServices por 380 776 dólares el 27 de junio de 2022.
La labor de la consultoría contemplaba valorar el negocio de las estaciones y de la infraestructura y determinar la metodología para su venta. Sin embargo, aunque el gobierno derogó el decreto 95 como resultado de los diálogos con las organizaciones indígenas, el proceso de valoración continuó abierto. Según un artículo publicado en Primicias, SummaServices ya entregó la valoración pero no puede divulgar los resultados.
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