Por Carlos Mazabanda
Fotos: Edu León
En el discurso
El presidente Lenin Moreno, en la 72 Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo el 19 de septiembre de 2017, participó en el Diálogo de Alto Nivel sobre Cambio Climático. Durante la cita, Moreno expuso la Iniciativa Amazónica como un llamado a los países desarrollados para que exista la cooperación financiera y la concreción de instrumentos a favor de iniciativas para la conservación de los bosques tropicales más extensos del planeta, mediante esquemas de producción sostenible que apoyen a la erradicación de la pobreza y prevengan la deforestación y la expansión de la frontera agrícola.
Moreno exaltó su participación con entusiasmo en las redes sociales, citando lo siguiente: “Como presidente amazónico, propuse en #UNGA la Iniciativa Amazónica para proteger la mayor cuenca hidrográfica del mundo.”. (#EcuadorEnONU, 2017)
En la consulta popular
Una semana después de enviado el mensaje, culminaba el plazo que el presidente otorgó a la ciudadanía para la entrega de sus propuestas para la consulta popular.
Con mucha expectativa, y dadas las señales positivas que proclamaba el gobierno, colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales e indígenas, comprometidas con la protección del ambiente y la Amazonía, presentaron sus propuestas:
Los Yasunidos buscaban una segunda oportunidad para el Yasuní, a través de una pregunta clara y concisa con la cual se restringían las opciones a un “Plan B”, como sucedió con el gobierno anterior. Esta fue su pregunta:
¿Está usted de acuerdo en mantener el crudo del Yasuní-ITT indefinidamente en el subsuelo?
“Frenar el festín minero” es el eslogan de una coalición que reúne a más de 25 organizaciones de todo tipo, cuyo objetivo principal es procurar se revean las concesiones mineras metálicas a escala industrial, instaladas en comunidades, fuentes de agua, bosques, páramos, humedales, manglares y otros ecosistemas frágiles.
Según el catastro de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), para enero del 2017, el 11% del territorio nacional ha sido otorgado a empresas mineras. Su propuesta para la consulta popular planteaba lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo que para garantizar el derecho al agua se prohíba la minería metálica industrial en: fuentes y nacimientos de agua, zonas de recarga hídricas, en el sistema nacional de áreas protegidas, en áreas especiales para la conservación, en bosques protectores, en ecosistemas frágiles, y en zonas intangibles?
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Conaie, en relación con el mismo tema, presentó 2 propuestas como preguntas:
¿Está usted de acuerdo en que la Consulta a la que se refieren los artículos: 57, numerales 7y 17; y el artículo 398 de la Constitución de la República del Ecuador tenga el carácter vinculante?
¿Está de acuerdo usted en que se prohíban actividades extractivas y explotación forestal en áreas protegidas, zonas intangibles, fuentes y nacientes de agua, ecosistemas frágiles y territorios ancestrales eliminándose el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador?
Las propuestas pretendían se incorpore a nivel constitucional lo que estipula la Declaración de Naciones Unidas en lo referente a los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto del consentimiento o del carácter vinculante para la consulta previa libre e informada, y para la consulta prelegislativa; es decir, se busca respetar la decisión de las poblaciones y organizaciones indígenas de pronunciarse a favor o en contra de la implementación de un proyecto extractivo o de una medida legislativa.
La noche del 2 de octubre de 2017, el presidente ecuatoriano, en cadena nacional, anunció las 7 preguntas que integrarán la consulta popular. El discurso de proteger a la Amazonía y a las nacionalidades indígenas estuvo presente en 2 preguntas, pero estas no recogen ni de cerca los planteamientos realizados por la sociedad civil. La pregunta señala textualmente:
¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
Si bien es cierto que el ampliar la zona intangible supone una mayor protección para los pueblos indígenas, la pregunta no es precisa y da paso a interrogantes. Es, incluso, contradictoria, si tomamos en cuenta un reciente estudio de impacto ambiental para la construcción de 350 pozos en el campo Ishpingo, de los cuales 280 estarían en el área de amortiguamiento de la Zona Intangible.
No queda claro hacia dónde se extendería la Zona Intangible. Para que la ampliación sea efectiva, en cuanto a la protección de los pueblos aislados se refiere, debería precisarse de manera técnica y científica la superficie adecuada en la cual los pueblos indígenas en aislamiento podrían garantizar su protección, es decir, identificar las zonas donde exista clara evidencia de su presencia y que esta no coincida con las áreas donde existe actividad petrolera de exploración o explotación.
Respecto de la minería, la pregunta oficial plantea lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?
En la Constitución actual, en el artículo 407, se menciona una prohibición para la “actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles”, sin embargo, se faculta la explotación en estas zonas por petición del presidente de la República “previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional”. Este particular tuvo lugar en el gobierno anterior, en los campos ITT en el Yasuní. La pregunta formulada propone “una prohibición sin excepción”, lo cual podríamos considerar un cambio positivo, siempre y cuando en dicha enmienda, además de la minería metálica, la prohibición incluyese a las actividades extractivas en general.
El punto más crítico alrededor de esta pregunta radica en que al momento, el gobierno se encuentra impulsando 5 proyectos denominados estratégicos: Río Blanco, Quimsacocha, San Carlos Panantza y Fruta del Norte, los cuales han generado fuertes conflictos sociales y, en el caso de Mirador, ya son visibles los impactos ambientales.
Los proyectos no se verán afectados por el posible cambio en la Constitución con la pregunta que planteó el presidente, debido a que no se ubican en áreas protegidas, zonas intangibles o centros urbanos, pero sí están en zonas de fuentes y nacimientos de agua, zonas de recargas hídricas, áreas de importancia de conservación, bosques protectores y territorios indígenas.
Con las preguntas como están planteadas, la consulta popular no impulsaría los cambios necesarios en políticas públicas referentes a las industrias extractivas, frente a los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. El discurso en favor de la madre tierra y el combate al cambio climático no se concretó en un real compromiso y se dejaron de lado los planteamientos de colectivos, organizaciones ambientales y de derechos humanos. No se tomaron en cuenta los planteamientos de los pueblos indígenas, quienes buscaban se les garantice el derecho al consentimiento previo libre e informado, y el respeto a sus territorios.
La consulta popular convocada por Moreno falla pues no garantiza los derechos de los pueblos indígenas ni la protección de la Amazonía en su integridad.
Nuevas licitaciones petroleras en la Amazonía sur
El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, realizó una gira de conferencias en Houston, Estados Unidos, el 5 y 6 de octubre del 2017, para dar a conocer las políticas implementadas por el actual gobierno con la finalidad de captar el interés de la inversión extranjera en nuevas licitaciones petroleras para los proyectos Intercampos y Ronda Suroriente. En tal sentido, se establecerán nuevas condiciones contractuales que brinden a las empresas petroleras mayores beneficios económicos, como por ejemplo, ser pagados con petróleo, y permitirles exportar o vender los barriles a las refinerías locales.
En anteriores licitaciones, el tema económico pudo haber desalentado a las empresas petroleras a participar, sin embargo, la oposición de las nacionalidades y pueblos indígenas fue determinante. Parece ser que el actual gobierno ha olvidado que el proyecto Ronda Suroriente tuvo un amplio rechazo desde su lanzamiento, a finales del año 2012, por parte de organizaciones indígenas como Conaie, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (Confeniae), junto con sus organizaciones de base, como Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE), Pueblo Kichwa de Sarayaku, Nación Sapara del Ecuador (NASE), Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza (FENASH-P), Nación Shuar (NASHE) y Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), cuyo principal argumento fue el rechazo a que no se haya realizado un adecuado proceso de consulta previa libre e informada.
En ese entonces, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo Reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos, en el cual no se estableció participación para las organizaciones y comunidades indígenas en su elaboración, como lo establece la Constitución de la República del Ecuador en lo referente a la denominada Consulta Prelegislativa implícita en el Articulo 57, numeral 17, que establece que los pueblos y nacionalidades tienen el derecho «a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”.
En este sentido, las organizaciones indígenas expresaron que el Decreto 1247 “(…) carece de validez porque nuevamente recurre a la violación a la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales, al haber sido emitido de manera inconsulta” y “(…) exigen el cumplimiento de la Sentencia de la CorteIDH en el Caso Sarayaku”, además declaran la inconstitucionalidad del Decreto 1247.
Bajo estas condiciones, las organizaciones indígenas se resistieron a ser consultadas, sin embargo, el gobierno llevó a cabo la socialización y, a pesar de que la Secretaría de Hidrocarburos (SHE) calificó el proceso como de “masiva participación ciudadana”, al contrastar los resultados la realidad fue otra. A continuación se muestra un resumen del análisis:
- Puedes hallar un análisis más detallado de la consulta realizada por la SHE pinchando aquí.
A pesar de que se efectuó un proceso de consulta tan deficiente, se concesionaron 3 bloques petroleros, los bloques 79 y 83 para la empresa de capitales chinos Andes Petroleum y el bloque 28 al consorcio Petroamazonas-ENAP-Sipetrol–Belorusneft; se adjudicaron además los bloques 74 y 75 a Petroamazonas.
De esta manera, quedan 16 bloques petroleros que, según el Ministro de Hidrocarburos, serán licitados en el segundo trimestre de 2018, con lo que se pretende la exploración y explotación petrolera en 21 bloques petroleros que abarcan una superficie de 3,6 millones de hectáreas y que están dispuestos en su totalidad en territorios compartidos por las nacionalidades Achuar, Andoa, Sapara, y Shiwiar; 97% en territorio Kichwa, más del 70% en territorio Shuar y 16 % en territorio Waorani. Estos territorios corresponden a los bosques tropicales mejores conservados del Ecuador, el área estimada de bosque tropical remanente en las provincias de Morona Santiago, Orellana y Pastaza cubre el 68% de toda la región amazónica.
La lógica llevaría a pensar que precisamente esta zona de características especiales en términos de diversidad natural y cultural es la que debería ser protegida, pero si se amplían las actividades extractivas petroleras y mineras, ¿de qué tipo de protección estamos hablando? ¿Qué queremos proteger? En poco tiempo el discurso ambientalista y a favor de derechos de los pueblos indígenas del presidente Lenín Moreno parece no ser tan digno de credibilidad. Las preguntas para la consulta popular no plasmaron las reformas necesarias para que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. El discurso en favor de la madre tierra y el combate al cambio climático no se concretaron y se dejaron de lado los planteamientos de colectivos, organizaciones ambientales y de derechos humanos. Menos aún se toman en cuenta los planteamientos de los pueblos indígenas que buscaban se les garantice el derecho al consentimiento previo libre e informado y el respeto a sus territorios.
Carlos Mazabanda. Amazon Watch, Ingeniero en Geografía y Desarrollo Sustentable, investigador de políticas públicas que afectan a los derechos de los pueblos indígenas y a la naturaleza. Ha venido trabajando durante 10 años con organizaciones indígenas del Ecuador, es asesor en temas de fortalecimiento organizativo y exigibilidad de derechos con relación con proyectos de industrias extractivas.
