Militares ecuatorianos reconocen el abandono técnico y táctico de las líneas de frontera, zonas fronterizas y las vías de la Amazonía debido a las tareas que el gobierno de Daniel Noboa endilgó a las Fuerzas Armadas desde su declaratoria de Conflicto Armado No Internacional (CANI), el 9 de enero de 2024, como respuesta a una crisis de seguridad sin precedentes protagonizada por actores armados no estatales. La Corte Constitucional y expertos locales e internacionales cuestionaron la decisión gubernamental pues no cumpliría con los parámetros del Derecho Internacional Humanitario para configurar ese escenario.
El 20 de noviembre de 2025, el ejecutivo aseguró que durante ese año había combatido a la minería ilegal como nunca antes otro gobierno lo había hecho, sin embargo, el negocio de extracción ilegal de oro continúa boyante en la región amazónica. Durante el 2025, nuevos grupos armados procedentes de Colombia disputaron territorios y mercados ilegales en la Amazonía norte, sin que exista una política integral de seguridad capaz de contenerlos, más allá de operativos puntuales.
Por Diego Cazar Baquero
La Amazonía ecuatoriana enfrenta un grave e histórico problema de criminalidad que se ha tomado las instituciones estatales y que ha cedido espacio a grupos criminales. Según fuentes oficiales, el grupo colombiano Comandos de la Frontera actúa en Ecuador y mantiene alianzas con Los Lobos −una banda catalogada por el gobierno de Ecuador como Grupo de Delincuencia Organizada (GDO)− en áreas como la minería ilegal, el cuidado de laboratorios desmontables de pasta básica de cocaína en la selva colombiana y las plantaciones de coca, también en territorio colombiano.
Un miembro de los servicios de inteligencia militar de Ecuador, quien días antes había participado de un patrullaje en una zona de frontera del cantón en la provincia de Sucumbíos, contó que “para los dos ejércitos es difícil [cubrir las zonas de frontera] por la falta de medios”. Para efectos de este artículo, lo llamaremos coronel Eduardo.
El militar reconoció que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no pueden mantener el control fronterizo “por el sinnúmero de actividades que nos han encargado: estamos en las cárceles, estamos haciendo camex (control de armas, municiones y explosivos, en términos militares), estamos en estos problemas de ayuda a la Secretaría [Nacional de Gestión] de Riesgos por derrames petroleros, control de los oleoductos, y lo que menos estamos haciendo es patrullar la frontera”.
Fuentes militares reservadas confirmaron que al término del 2025 hubo más de 1 000 efectivos militares “con el pase en las provincias de frontera”, pero que cerca del 70 % de ese personal militar está destinado a actividades de seguridad interna.
La politóloga internacionalista y magíster en Investigación en Seguridad y Defensa Nacional Katherine Herrera Aguilar asegura que la presencia de los Comandos de la Frontera en Ecuador es el resultado de esta política y asegura que las Fuerzas Armadas ya experimentan “un desgaste”.
Un conflicto expandido
Las negociaciones en Colombia repercuten en Ecuador. Según la fuente militar protegida, las principales rutas fluviales utilizadas por las redes criminales que operan en la Amazonía de Ecuador son los ríos San Miguel y Putumayo. Esos cauces, que dibujan los límites entre los dos países, son también pasos directos desde territorio ecuatoriano hacia poblaciones colombianas como Puerto Asís y La Hormiga y están bajo el control de Comandos de la Frontera (CDF), la disidencia de las antiguas FARC que al cierre de este reportaje sostiene un cuestionado proceso de conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Mencionó también a los ríos Aguarico y Güepi, por su conexión con el río Napo.
El 5 de diciembre de 2025, Human Rights Watch difundió un comunicado en el que llama la atención sobre la utilización de las mesas de diálogo por parte de los grupos armados, entre ellos los CDF, para ejercer control territorial y cometer abusos contra los habitantes de la zona del Putumayo. RESALTAR: “Mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de esa organización internacional.
Para corroborar esta afirmación, solicitamos información pública y entrevista con el comandante de la IV División del Ejército Amazonas, el general Fernando Silva, pero no obtuvimos su respuesta.
Un mapa del silencio
–Ese man es de esa gente −susurró la mujer, casi sin mover los labios, la cabeza gacha, su mirada fija en la arena de la playa.
El hombre sobre la canoa −de pie junto al motor− nos miró durante unos segundos. Levantó una mano a medias para hacer un ademán de saludo y devolvió su mirada al frente, mientras seguía su camino río abajo. La figura del tipo se fue achicando hasta volverse una mancha y el ruido se hundió en la selva. Solo entonces, la mujer levantó la mirada y volvimos a andar.
“Por la forma de ser les identificamos… porque son gentes extrañas, uno ya sabe que están vinculadas a eso”, dice ella. “Eso”. Los amazónicos han ideado maneras de hablar de la presencia de grupos armados y de narcotráfico en sus localidades con eufemismos o con términos genéricos: “Esas cosas”, “gentes que andan en eso”, “guerrilleros”, “los Farc”, “la mafia”. No importa si pertenecen a un grupo disidente colombiano, a un Grupo de Delincuencia Organizada ecuatoriano o a una pandilla local. Unos les llaman Los Lobos y otros les asocian con Los Choneros, indistintamente.
La falta de certezas en cuanto a la identidad de los grupos armados que operan en la Amazonía de Ecuador es general y responde, en gran medida, a la rapidez con que cambian las dinámicas criminales en la región.
“La mayoría son colombianos, tienen gentes que están en diferentes puntos de la frontera e informan si ven algún movimiento del ejército y hay gente ecuatoriana que está prestándose para eso. ¿Usted no va a decir que habló conmigo, no? No vaya a poner mi nombre. No vaya a decir que yo le conté eso, acá todos sabemos quiénes somos”, pide con preocupación.
MAPA
Las vías terrestres también sirven como circuito de conexiones criminales. Tramos como el que conecta las provincias de Carchi y Sucumbíos, el que une el Centro Binacional de Frontera (Cebif) con la ciudad de Lago Agrio o el que va de Francisco de Orellana a Tena son rutas de tránsito constante de miembros de grupos armados, operadores de minería ilegal, narcotraficantes o traficantes de combustible.
La fuente militar protegida habla de dos vías principales desde la Amazonía norte hacia la región Sierra y luego hacia la región Costa, usadas para el tráfico de sustancias, el contrabando y, en general, los movimientos logísticos de las economías ilegales vinculadas. La primera partiría desde Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos, hacia Tena, capital de la provincia de Napo, para luego cruzar a Puyo, capital de la provincia de Pastaza y desde ahí, por la vía Puyo−Baños, llegar a la ciudad interandina de Ambato para continuar hacia el litoral. La segunda ruta también se iniciaría en Lago Agrio, pero pasaría por la población de Baeza, en la Amazonía alta, hasta llegar a Quito y luego continuar hacia la Costa por la vía Alóag−Santo Domingo.
De acuerdo con los testimonios recabados durante los últimos dos años, la ruta que va de la ciudad de Tulcán hacia La Barquilla, pasando por una pequeña población incrustada en esa cordillera, llamada La Bonita, es usada por los grupos armados −principalmente los Comandos de la Frontera− hasta ciertos puntos cercanos a La Barquilla y desde ahí se adentran en el monte para llegar a la línea de frontera por el río San Miguel.
“Nosotros a veces [les] hemos visto llegando, están ahí por el monte, así como si nada, y en botes así cargados [con] costales como de panela; para no dar papaya…”, explicó un anciano.
La experta Herrera resalta que el tipo de vínculos que establecen grupos irregulares de Colombia con bandas delincuenciales de Ecuador no se establece entre actores similares. Cree que la asociación entre Los Lobos y los CDF en la Amazonía de Ecuador responde a “alianzas volátiles, funcionales”, en las que los grupos del Crimen Organizado Transnacional (COT), contratan a pandillas locales que sean capaces de brindarles los ‘servicios’ que necesitan, es decir, conocimiento sobre rutas y posibles sitios de acopio, secuestros o extorsiones, venta al menudeo de drogas o trata de personas, detalla Herrera y señala la falta de acciones estatales en contra de lo que define como “actor macro del crimen organizado transnacional, que afecta en distintos países donde tiene presencia, capacidad armamentística, entrenamiento y flujo de dinero, y está metido en el sistema político, no únicamente en acciones puntuales, sino que hace la política. Ellos son los que escogen”, sentencia.
Para la especialista, el hecho de que las FFAA se ocupen de tareas que no les corresponde derivará en que la presencia esporádica de mafias extranjeras organizadas se convierta en una presencia permanente en la región amazónica.
Emboscadas y bajas militares
El 9 de mayo de 2025, el ejército ecuatoriano sufrió un golpe letal cuando un grupo armado irregular emboscó a un batallón de 20 soldados que patrullaban la zona del río Punino −en la intersección entre las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos− y asesinó a once uniformados. El operativo, según el Gobierno, intentaba erradicar el avance de la minería ilegal de oro en ese sector. En el enfrentamiento fue abatido Miller Rodríguez Ortega, alias ‘Compadre’, identificado como cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador y responsable del control de las operaciones de minería ilegal y extorsión a mineros.
Versiones contradictorias circularon por las redes sociales. Autoridades del gobierno apuraron declaraciones y atribuyeron los ataques al grupo disidente colombiano Comandos de Frontera. Walter Mendoza, uno de sus representantes, negó rotundamente su participación. Figueroa Marín, líder negociador de los CDF con el gobierno colombiano, también negó su participación en estos hechos en una entrevista con el equipo de Amazon Underworld.
Pobladores de la zona del Punino también negaron que los CDF hayan sido los autores.Una fuente local, amparada en el anonimato, aseguró que uno de los integrantes de esa patrulla militar “pertenece a esta organización [Los Lobos] y fueron ellos quienes lo alertaron”.
Lo cierto es que ese viernes 9 de mayo quedó signado en el calendario nacional. Como respuesta inmediata, el gobierno de Noboa calificó como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, al Frente Oliver Sinisterra y a las disidencias Comuneros del Sur, todos ellos de origen colombiano. El 13 de mayo de 2025, el Ministerio de Defensa informó del despliegue de 1 500 soldados para «encontrar y eliminar» a los responsables de la emboscada que cobró la vida de los 11 militares. Se habló de la implementación de un cerco táctico del área, con operativos de reconocimiento ofensivo, rastreos territoriales y un refuerzo de la vigilancia aérea con helicópteros y drones.
El 4 de junio, a un mes de esa emboscada que se cobró la vida de los once soldados, otra patrulla militar se encontró con un grupo de personas armadas mientras patrullaba una zona entre La Barquilla y el sector de Puerto Libre, en el límite con Colombia.
Según el parte militar, el grupo armado habría estado conformado por unos 210 hombres, por lo que los militares decidieron replegarse. “…se entró en diálogo ya que al encontrarnos desventaja tanto en personal como en armamento, se evitó un enfrentamiento y posibles bajas de todo el personal militar” (sic). El parte aseguró también que los hombres portaban “armamento fusil HK, Fusil M16, Fusil AK47, lanzagranadas de tambor. 10 ametralladoras, 2 drones artillados, granadas de mano, pistolas GLOCK” (sic).
Un boletín oficial anunció al día siguiente que durante la operación detuvieron a una persona, “el mismo que afirmó ser parte del Frente Carolina Ramírez, y fue entregado a las autoridades para los trámites legales correspondientes”. Esta afirmación dio pie para que el gobierno ecuatoriano diera por hecho que el Frente Carolina Ramírez, otro grupo disidente de las FARC y rival de los CDF, también disputaba territorios y rutas en esta zona.
Una segunda fuente protegida perteneciente al sistema de inteligencia militar, a quien llamaremos coronel Bernardo, insistió en la falta de equipamiento. “No es solo mandar gente a la frontera, necesitas tecnología, helicópteros, cazas, buques (…) para que puedas cumplir todas las tareas debes estar bien equipado para la guerra. Entonces, por eso nos atacan en Alto Punino, nos bombardean, nos emboscan porque comenzamos a hacer otras tareas que dejan de lado nuestra razón de ser”.
El coronel Bernardo también admitió que el agotamiento comenzaba a pasarles factura: “Ya la gente empieza a corromperse, a tirar la toalla y ya comienzan a haber problemas de indisciplina, buscan mecanismos para irse, para que les den la baja, y no lo hace la gente más joven sino los que ya llevan tiempo”, lamentó.
Las autoridades atribuyeron la emboscada del 9 de mayo a Roberto Carlos Álvarez Vera, alias «Gerente», considerado cabecilla de Comandos de la Frontera, quien fue extraditado desde Emiratos Árabes Unidos y llegó a Ecuador la madrugada del 30 de diciembre de 2025. El 5 de enero de 2026, un juez dictó prisión preventiva en su contra dentro del caso de lavado de activos, junto con su esposa Alba Isabel C.J. y Roberth Luis J.H.
Álvarez enfrenta dos procesos judiciales: uno por delincuencia organizada —donde ya existe llamamiento a juicio— y otro por lavado de activos que investiga el blanqueo de más de 354 millones de dólares a través de empresas de combustibles, construcción, transporte y agroindustria en Sucumbíos y Orellana. Alias ‘Gerente’ permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, el centro de máxima seguridad levantado por el gobierno de Daniel Noboa en la provincia costera de Santa Elena.
No fue Carolina Ramírez
El coronel Alexander da Silveira, comandante del Grupo Cabal, en Ipiales, Colombia, confirmó a Amazon Underworld que existen 32 pasos no formales en toda la línea de frontera con Ecuador que está bajo su jurisdicción, que comprende parte de la zona andina y un área amazónica noroccidental, y dos pasos formales: Rumichaca y Tufiño. “Eran 35, pero con el Ejército ecuatoriano se destruyeron tres pasos no formales”, añadió el militar colombiano, durante una entrevista en su despacho.
Da Silveira se refirió al encuentro entre los 37 militares ecuatorianos y los hombres armados que el Ejército ecuatoriano aseguró que eran alrededor de 200 integrantes del Frente Carolina Ramírez. “El grupo con que se encontró un destacamento del Ecuador con un grupo grande que se hacían pasar por Carolina Ramírez, tenemos ya plena confirmación de que no eran Carolina Ramírez, sino que eran Autodefensas Unidas de Nariño (AUN)”.
El coronel dijo que, de acuerdo con la información de inteligencia colombiana, las llamadas AUN son un brazo de Comuneros del Sur, una facción que a su vez se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Comuneros se encuentra en pleno proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro. “Estas AUN están haciendo lo que no pueden hacer Comuneros de frente, de manera directa, para no entorpecer las negociaciones”, explicó.
El oficial informó que las AUN, quienes operaban en el norte de Nariño, se han asentado en una zona limítrofe entre los departamentos de Nariño y Putumayo: “Tenemos información de que ya hay una injerencia de este grupo en la zona limítrofe (…) y que ellos mismos dicen a la población civil: ‘nosotros somos AUN y venimos a limpiar la zona”, añadió.
Da Silveira asegura que si prospera el proceso de negociación con Comuneros del Sur, el grupo dejaría el territorio ganado en manos de estos guerrilleros amparados en otro nombre, para no perder el control del negocio ilegal.
El mapa de actores armados irregulares que maneja Da Silveira ubica al “GAO Residual Comandos de Frontera hacia la Amazonía, hacia el Putumayo y hacia Sucumbíos”. El militar asegura que tienen “injerencia indirecta” y advirtió que hay “una presencia relativamente estable y fuerte desde el sector de La Pintada, en Ecuador, hacia Jardines de Sucumbíos”, en Colombia, y en las poblaciones ecuatorianas de Santa Bárbara y La Bonita, lo que coincide con los testimonios recabados en ese territorio.
“Toda la pasta base se produce en Putumayo, pues en Putumayo el clima le da para la siembra de hoja de coca. Toda esa pasta base la traen al sector de La Victoria, que está frente a Santa Bárbara y El Carmelo, y ahí este año [2025] hemos destruido alrededor de 14 o 15 laboratorios −continúa Da Silveira−. Esa droga ya convertida en clorhidrato de cocaína la pasan por el Ecuador porque la ruta para sacarla desde Colombia por el Pacífico, por el norte, es muy larga. Esos laboratorios les dan la facilidad para sacarla por el Ecuador”.
Comandos de Frontera, Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos -disidencia de las FARC perteneciente a la Segunda Marquetalia– se dedican principalmente al control territorial para proteger las economías ilícitas que les sostienen: narcotráfico, minería ilegal “y tráfico de otro tipo de material de guerra –aclara Da Silveira–, pero principalmente se dedican al cobro de extorsiones y vacunas a los carteles de narcotráfico que tienen laboratorios en la zona de frontera”.
Días después de la conversación con Da Silveira, fue capturado en un billar de la población ecuatoriana de Maldonado, en la provincia de Carchi, Ángel Polibio Quendi, alias ‘El Indio’, líder veterano del Frente Iván Ríos, por presunto involucramiento con minería ilegal en Ecuador y en Colombia, tenencia y porte de armas y municiones, y extorsión.
Del lado ecuatoriano, el coronel Milton Santillán, comandante del batallón de infantería motorizado No. 39 Mayor Galo Molina, acantonado en Tulcán, reiteró que entre esa ciudad y la localidad de Julio Andrade hay actividades de narcotráfico, extorsiones y contrabando. Ya en el sector de La Barquilla, en Sucumbíos, “más que contrabando, es presencia y tránsito permanente de grupos guerrilleros”, confirmó el oficial ecuatoriano.
La conexión entre la provincia andina de Carchi y la provincia amazónica de Sucumbíos depende de la Transversal Fronteriza E10. Desde Tulcán, capital de esa provincia, hasta unos cuantos kilómetros antes de llegar al cantón Cascales, en Sucumbíos, la carretera sortea abismos, deslaves y empinadas peñas. Al cabo de un par de horas, desde Julio Andrade, hay un destacamento militar que será el único en todo el trayecto hasta Lago Agrio, la capital de Sucumbíos.
Siete u ocho soldados deambulaban alrededor del puesto de control, en un recorrido realizado por el equipo de Amazon Underworld. Uno de ellos se acercó −el cañón de su fusil, colgado a la espalda, se erguía varios centímetros por encima de su cabeza, el uniforme de camuflaje mostraba sus pliegues, parecía una o dos tallas más grande−, miró y preguntó hacia dónde íbamos y con la respuesta obtenida, soltó un amable “gracias, siga nomás”, y se apartó. Era un muchacho. En sus veintes, quizás.
El accidentado paisaje muestra la transición de la cordillera oriental de los Andes hacia la selva amazónica. Desde la vía se ven los cerros y montañas del lado colombiano, cada vez más boscosos conforme el camino avanza y se torna más solitario y descuidado. Al fondo de ese abismo es posible divisar, como un hilo plateado, al río Chingual, que más adelante en tierras bajas, cuando empieza el territorio de Sucumbíos, será el gran Aguarico, que alimentará al río Napo y luego al Amazonas.
“Nosotros tenemos un limitante y es que en ese sector del Putumayo, de Jardines de Sucumbíos, no tenemos el alcance operacional −explicó Da Silveira−; no podemos desarrollar operaciones allá porque nos divide una cordillera que nos limita el abastecimiento, los apoyos logísticos y las comunicaciones. Por eso, prácticamente nuestra línea operacional llega hasta La Bonita”.
Abusos y excesos
“Con la militarización se detuvo todo y en la noche ya no se escuchaba nada de los botes “, cuenta otra mujer indígena de una comunidad a orillas del río San Miguel. Luego de esa masacre, el impacto en la población de esta zona fue notorio. Unos temieron aún más por sus vidas, sintiendo que el conflicto podría afectar sus comunidades y a sus familias, mientras otros habitantes de Napo y Orellana confiaron en que se trataba del inicio de la erradicación de la minería ilegal y de los grupos armados. “Pero ya fue pasando el tiempo y vimos que muy de repente volvieron a circular botes”, lamentó la mujer.
Habían pasado cerca de tres semanas del asesinato de los once militares cuando en la tarde de un martes, en otra localidad fronteriza, un grupo de unos veinte soldados irrumpió en la casa de una familia.
RESALTAR: Apuntaron con armas a quienes encontraron dentro: una niña de 10 años, un adolescente de 17, cuatro adultos −dos varones y dos mujeres− y hasta a un perro. Dijeron que llegaban en busca de armas o drogas. “A este man hay que apretarlo para que hable porque este man ha de saber algo”, dijo uno de ellos, encañonando a uno de los hombres. Revolvieron cajones, alacenas y les arrebataron los celulares a los dos menores. Cuando se marcharon y la familia intentó poner en orden el descalabro, descubrió que les habían robado una joya valorada en 400 dólares y unos 240 dólares en dinero efectivo. Esta información consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
“Se metieron a casas muy humildes, de gente que vive de la pesca, que venden un pescadito para comprar sal o aceite, y en ausencia de ellos se han metido a la casa y han sacado ropitas de la mujer, 30 dolaritos que había se han ido llevando. ¿Por qué se llevan las cosas?”, se preguntó una comunera que vive en el cantón Cascales.
“Está bien que hagan operativos, estamos de acuerdo, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que el Ejército se fue metiendo en territorios como el nuestro y los militares estaban intimidando, dando dulces a los niños para que les den información”, contó otra mujer indígena que habita una comunidad cercana a la población de La Barranca, a escasos kilómetros de la línea de frontera con Colombia.
“En la zona de la frontera se meten a las casas a buscar todo lo que hay, se han ido llevando incluso guadañas… ¿Qué tiene que ver una guadaña con grupos armados irregulares si esa es la herramienta de trabajo de la gente?”, añadió otra mujer.
Las comunidades de la zona pasaron de sentir que los soldados brindaban protección frente a la amenaza de grupos delincuenciales a tener miedo de que el ejército llegara a sus territorios. “Han ido a patear las puertas a casas en donde no están sus dueños. Ven una moto que está parqueada en una casa y no está el dueño y se la estaban llevando también (…); a todo el mundo se lo ha estado viendo como si estuvieran vinculados con actores armados (…) Cogieron a dos jóvenes que iban en la moto. Les llevaron y les torturaron. A uno lo dejaron en el monte y a otro lo dejaron casi inconsciente de tanto golpearle, supuestamente con la intención de sacar información”, contó una fuente protegida en una comunidad indígena fronteriza.
En septiembre de 2025, Amnistía Internacional presentó el informe Son militares, yo los vi, un reporte que analiza cinco casos de desaparición forzada ocurridos en Ecuador durante 2024, como parte de la política de seguridad implementada por el presidente Daniel Noboa.
La declaración de un supuesto “conflicto armado interno”, que ha usado el presidente para ordenar que las Fuerzas Armadas cumplan con labores de seguridad pública interna que corresponden a instituciones como la Policía Nacional o el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) ha sido señalada por organismos de defensa de derechos humanos como una medida que contraviene estándares y normas de derecho internacional. Como resultado, se han suscitado varios casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura que han llegado a tribunales. Sin embargo, la Amazonía ecuatoriana no ha sido aún incluida en las estadísticas.
En un artículo de septiembre de 2025, publicado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime, el especialista en seguridad Renato Rivera advirtió que la atomización de los grupos criminales en Ecuador y la volatilidad de sus dinámicas se expresa en rupturas constantes derivadas de las capturas y eliminaciones de algunos cabecillas criminales a lo largo el 2025, pero también en alianzas entre grupos criminales ecuatorianos, como una en la que Los Lobos se reforzarían con nuevos miembros provenientes de facciones de los Chone Killers y de una nueva agrupación criminal llamada Los Igualitos.
“Esta consolidación reforzaría el control territorial y logístico de Los Lobos, fortalecería las rutas del narcotráfico y extendería el dominio del grupo a la minería ilegal y la extorsión, reduciendo temporalmente los niveles de violencia armada como resultado del dominio del grupo”, explica Rivera, como un escenario posible hacia el 2026.
Durante 2025, el Ejército ecuatoriano desplegó su mayor contingente militar de los últimos años en la Amazonía, tras la emboscada contra las Fuerzas Armadas en el alto Punino. De acuerdo con datos oficiales, destruyeron siete viviendas y 12 campamentos mineros en mayo, realizaron operaciones en las seis provincias y decomisaron maquinaria pesada en operaciones concentradas en los ejes viales de Punino, La Bonita, Cascales y Loreto.
En septiembre de 2025, el gobierno de Noboa anunció la «nueva fase de la guerra» en la que se incluyó a nueve provincias —entre ellas Sucumbíos, Orellana y Napo— para neutralizar objetivos de alto valor, atacar blancos determinados y reforzar controles.
Ese mismo mes, el Ejército capturó en Tena a Darío Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, lugarteniente de alias ‘Fito’, líder de Los Choneros y solicitado por la justicia estadounidense. En octubre, dos operaciones simultáneas en Napo —una en la comunidad Sindy 2 de Tena y otra en el sector Capricho, de Carlos Julio Arosemena Tola— destruyeron una excavadora, una clasificadora tipo Z, un motor de succión y desmantelaron un campamento minero. El 7 de enero de 2026, el Ejército comunicó que decomisó 2,24 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, una embarcación y un motor fuera de borda en el río Aguarico, en Playas del Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Cuatro días después, el 11 de enero, un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía rescató a dos personas secuestradas por presuntos integrantes de Comandos de la Frontera en el sector de Tierras Unidas, del cantón Lago Agrio. Uno de los raptores murió en el enfrentamiento y otros cuatro escaparon hacia Colombia.
Sin embargo, Katherine Herrera critica la realización de “operaciones puntuales como en la minería ilegal” en lugar de respaldar una presencia permanente y sostenida. La especialista dice que “las actuaciones de FFAA se quedan más en un nivel táctico, inmediato, en respuestas coyunturales, pero no hay un desarrollo sostenible que se eleve a política pública“, y describe la situación como un cóctel de improvisación, desconocimiento, ineficiencia, omisión y corrupción sistémica. “No hay política pública −sostiene−, no hay estrategia y, de hecho, la Amazonía debería tener su propia estrategia ante estas amenazas y riesgos debido a su composición territorial, geográfica y a su población [conformada por] pueblos y nacionalidades”, concluye.
El pasado 9 de enero Ecuador cumplió dos años de vivir bajo un conflicto armado interno sin contener el avance de la criminalidad. Las muertes violentas pasaron de 6 964 en 2024 a 9 300 en 2025, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, con una tasa de homicidios de 51,6 por cada 100 000 habitantes, la más alta de toda América Latina.