A pesar de que Petroecuador asegura haber eliminado 170 mecheros hasta noviembre de 2025, como parte del cumplimiento de una sentencia que ordena la desinstalación hasta 2030, el Banco Mundial muestra que la quema de gas aumentó desde la decisión judicial de 2021 y en 2024 alcanzó su cifra más alta desde 2012.
Comunidades como Nueva Esperanza tienen mecheros a menos de 30 metros de sus viviendas, incumpliendo uno de los puntos clave de la decisión judicial. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que hay incumplimiento en varios aspectos, principalmente los relacionados a salud y acceso a agua potable.
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Por Ana Cristina Alvarado
Ecuador ha aumentado progresivamente la quema de gas, de acuerdo con datos del Banco Mundial y a pesar de una decisión de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos que buscó disminuir esta práctica.
La cifra se da luego de que Petroecuador anunció la eliminación de 170 mecheros en el norte de la Amazonía ecuatoriana hasta noviembre de 2025, de acuerdo con información publicada por la empresa. La decisión de la petrolera es consecuencia de una sentencia de 2021 que ordena desmantelar 424 torres de gas hasta 2030. Aunque la cifra representa casi un 40 % de avance, expertos y ONG vinculan la quema de gas con los mecheros.
“Es verdad que se han eliminado mecheros, pero el gas generalmente es trasladado a mecheros más grandes. Se sigue quemando la misma cantidad de gas”, asegura a Pablo Fajardo, coordinador jurídico de la Unión de Afectados por Texaco (Udapt). Los mecheros son torres industriales que queman el gas asociado a la extracción de petróleo y que funcionan ininterrumpidamente las 24 horas.
El tema tiene matices, de acuerdo con Marcela Reynoso, especialista en el sector energético y exgerente de Petroecuador. En primer lugar, explica que a medida que los reservorios ecuatorianos envejecen, la presión del fondo se reduce y el gas se desprende con más facilidad del fluido. “Por esta razón es que cada vez se tiene un mayor volumen de quema en los mecheros”, precisa.
Aún así, tras el cierre del 40 % de torres de gas, debió haber una reducción en el volumen quemado, de acuerdo con Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society Ecuador. Esto no ha sucedido, puntualiza, porque no se están implementando “medidas alternativas o innovadoras que permitan el aprovechamiento del gas de una manera más eficiente, generando electricidad para las comunidades locales, por ejemplo, y evitando el desperdicio de un importante recurso energético”.
Reynoso asegura que existen restricciones presupuestarias para replantear las facilidades de captación para incrementar el aprovechamiento de gas asociado. “Si no se hicieron las inversiones necesarias, es muy difícil que se siga avanzando”, reconoce. En 2025, además, más de 1000 empleados de Petroecuador fueron despedidos. “Todo eso va dificultando el nivel de aprovechamiento”, asegura.
Otro punto que puede incidir en el incremento que observa el Banco Mundial, de acuerdo con la especialista, es que Ecuador está en constante perforación y, como medida de seguridad, se incorporan mecheros pequeños. No obstante, una vez que la fase de perforación finaliza, el mechero es desmantelado, asegura.
La quema de gas libera contaminantes tóxicos altamente nocivos para la salud, como el benceno, el etilbenceno y el formaldehído, de acuerdo con un análisis de la Evaluación Nacional de Tóxicos del Aire en Estados Unidos. La exposición a estos contaminantes está vinculada al cáncer, la anemia, el daño cerebral, las malformaciones y los trastornos reproductivos y del desarrollo.
Fajardo es representante legal de las nueve niñas que en 2020 demandaron al Ministerios de Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Salud y a la Defensoría del Pueblo por la violación de derechos constitucionales a causa de esta actividad y sus impactos en la salud y el ambiente. En el conocido Caso Mecheros, las demandantes argumentaron que la quema de gas asociada a la extracción petrolera vulnera su derecho al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En 2021, Ecuador quemó 1235 millones de metros cúbicos de gas, de acuerdo con el Global Gas Flaring Tracker del Banco Mundial, un indicador independiente que sigue el progreso hacia el objetivo mundial de cero quema rutinaria para 2030. La cifra subió a cerca de 1300 millones en 2022 y alcanzó 1582 millones en 2023. En 2024, Ecuador quemó alrededor de 1650 millones de metros cúbicos de gas, el valor más alto desde 2012.
El gas, una fuente de energía desaprovechada
“El ejemplo más cercano es el de la Estación Sacha Norte 2”, continúa Fajardo. Allí, las torres de quema de gas han ido aumentando paulatinamente, asegura, hasta sumar siete mecheros ubicados a unos 30 metros de las viviendas de la parroquia Enokanqui, en Orellana. Algo similar ha sucedido en otras dos estaciones petroleras en la ciudad de Shushufindi, en Sucumbíos, de acuerdo con el abogado.
El equipo de la Udapt ha constatado, además, que a medida que se abren nuevos yacimientos, se siguen incorporando nuevos mecheros para la quema rutinaria. Esto sucede, explica Fajardo, a pesar de que la sentencia ordena no emitir nuevas autorizaciones para la instalación de las torres tradicionales de quema de gas.
El Ministerio de Ambiente y Energía dijo que la normativa vigente y la sentencia permiten conferir autorizaciones para la implementación de mecheros en lugares apartados de los centros poblados y cuando se presente nueva tecnología que reduzca la contaminación ambiental.
“Deben implementar mecanismos adecuados para el aprovechamiento”, dice el abogado. El gas, compuesto principalmente por metano y butano, puede ser reinyectado en el subsuelo, convertido en energía eléctrica o procesado para producir gas de uso doméstico. Algunos campos petroleros sí usan el gas como fuente de energía, evitando los impactos de su quema y generando un ahorro para el Estado, señala Fajardo.
La sentencia también ordena la eliminación de los mecheros de empresas privadas. Hasta 2022 eran 62 torres, de las cuales se han eliminado nueve, de acuerdo con el informe de cumplimiento más reciente, de diciembre de 2025, elaborado por la Defensoría del Pueblo.
Mongabay Latam pidió información actualizada sobre estos temas al Ministerio de Ambiente y Energía y a Petroecuador, pero las instituciones no entregaron cifras sobre la producción, quema y aprovechamiento de gas asociado hasta la publicación del artículo.
El impacto de vivir junto a los mecheros
La sentencia ordenó que hasta inicios de 2023 se eliminen los mecheros a menos de 100 metros de los centros poblados. Sin embargo, la Corte Provincial no aclaró qué es un centro poblado. La definición fue establecida en el Reglamento para Reducir Progresivamente la Quema Rutinaria de Gas Asociado en Tea (mechero) del Ministerio de Energía y Minas, publicado en octubre de 2022. Para la institución, es una concentración de mínimo 20 viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, y ubicadas en un área rural.
No obstante, los habitantes de la comunidad Nueva Esperanza, de la parroquia Enokanqui, tienen siete mecheros a unos 30 metros de sus viviendas. “Es un olor fuerte, tóxico”, dice Arsenio Calero, presidente de la comunidad. La quema emite pequeñas partículas de contaminantes que son arrastradas por el viento, pero cuando llueve, un hollín aceitoso cae sobre plantas, casas, ríos y animales. “La ropa en los cordeles se pinta de ese petróleo”, asegura el líder comunitario.
La zona está habitada desde hace unos 40 años. Muchos, como él, llegaron desde otras regiones del país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. No se imaginaron que con el paso de los años verían aparecer cada vez más torres incandescentes. “En la noche es una claridad que parece un infierno”, relata Calero.
Los habitantes de la comunidad Nueva Esperanza han hecho varios plantones frente a la Estación Sacha Norte 2, pidiendo que eliminen los mecheros. Las autoridades de Petroecuador no dieron respuesta al inicio, de acuerdo con Calero, y después elaboraron un acta en la que se comprometieron a eliminarlos paulatinamente entre 2026 y 2030, a pesar de que la sentencia ordena que no haya torres de quema de gas cercanas a poblaciones después de 2023.
“Si no cumplen, tendremos que movernos, hacer algo”, dice el presidente de la comunidad Nueva Esperanza.
Ese no es el único caso donde los mecheros se mantienen cerca de las viviendas. En Tigüino, también en Orellana, las torres de gas de una petrolera privada están a unos 150 metros de la población colona, de acuerdo con Adrián Álvarez, técnico de campo de la Fundación Alejandro Labaka. Además, a 600 metros está la población Tigüino waorani, conformada por habitantes indígenas de esa nacionalidad. “Es un impacto fatal”, asegura Álvarez.
La comunidad Unidos Venceremos, en Orellana, donde vive el técnico de campo, está rodeada de campos petroleros. Aunque no hay mecheros a menos de un kilómetro de distancia, los impactos se sienten. “Si coges agua de lluvia ves unas partículas, como que se asienta algo negro”, cuenta. “Los estudios de la Udapt dicen que un mechero contamina 10 kilómetros a la redonda, según esos cálculos, somos afectados directos”, añade.
La sentencia, incumplida en cuanto a salud
“Sufren todos, niños, mayores de edad, incluso hasta los animalitos, y las plantas se secan por la contaminación de los mecheros”, asegura Calero.
La sentencia dispuso que se implementen centros de salud en las poblaciones afectadas y una Unidad Clínica Oncológica en el norte de la Amazonía para atender los casos de cáncer. Las niñas demandantes señalan que esta es una enfermedad común en las zonas petroleras y temen que de no tomar acciones para aplacar la contaminación, su futuro esté condicionado. Sin embargo, tres años después de la orden judicial, esta no se ha cumplido, de acuerdo con el informe de la Defensoría antes citado.
No es la única sentencia que ordena la construcción de la unidad oncológica. Fajardo señala que hay otros dos precedentes judiciales que lo disponen, en estos casos, por demandas interpuestas por personas enfermas. “Todos los pacientes oncológicos deben salir de tratamiento a otras ciudades”, puntualiza.
Investigadores señalan que ya hay impactos palpables en las zonas petroleras de Ecuador. En el periodo 2015-2019, en las parroquias con mecheros, el riesgo de cáncer fue un 298 % y un 198 % más alto en hombres y mujeres, respectivamente. Este es uno de los hallazgos del Informe Kushni – Impacto de la Quema de Gas en el Riesgo de Cáncer en la Población de la Amazonía Ecuatoriana, publicado a finales de 2025 por un grupo de investigadores expertos en epidemiología, estadística y del Registro Nacional de Tumores de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca).
Los mecheros expulsan partículas contaminantes diminutas que al inhalarse de manera repetitiva pueden provocar enfermedades en el sistema respiratorio, según reportó Mongabay Latam en 2020. La quema de gas, además, libera “volúmenes sustanciales” de gases de efecto invernadero, incluidos el metano, el hollín negro y el óxido nitroso, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía.
Contaminados y sin acceso a servicios básicos
La sentencia del Caso Mecheros establece obligaciones claras y coordinadas a distintas instituciones del Gobierno central y a los gobiernos autónomos descentralizados, para garantizar el acceso a agua segura en las zonas afectadas por la quema de gas.
En este punto también hay incumplimiento, de acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo. El documento señala que los habitantes de las zonas aledañas a los mecheros carecen de agua potable. Dado que el agua de las fuentes hídricas cercanas está visiblemente contaminada, además por constantes derrames de hidrocarburos, los pobladores se ven obligados a comprar agua de tanqueros.
Uno de los pasos críticos recae en los gobiernos autónomos descentralizados, que deben enviar información sobre el acceso al agua en sus comunidades, pero incluso municipios grandes como el de Lago Agrio y el de Loreto no habían cumplido con este requerimiento hasta la realización del informe.
“El Estado ecuatoriano no ha cumplido”, asegura Álvarez, el técnico de campo de la Fundación Alejandro Labaka. “Se ha jugado con la Justicia, con la voluntad del pueblo, con las nueve niñas que han demandado y con las organizaciones sociales y religiosas que han estado esperando el cumplimiento”, enfatiza.
Desde la Udapt siguen llevando a cabo acciones para exigir el cumplimiento de la sentencia. Fajardo dice que, en primer lugar, están pidiendo comparecer en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, con el objetivo de que los asambleístas fiscalicen el cumplimiento del caso. También están pendientes de que la Corte Constitucional acepte una demanda de incumplimiento que presentaron en 2025.
Lency Piaguaje y Dannya Bravo, dos de las jóvenes demandantes, viajaron a finales de enero e inicios de febrero de 2026 a Europa a exponer el caso. “Este gas que están quemando, nosotros lo respiramos”, denunció Bravo ante diputados y activistas en Francia. Y agregó: “No hay oxígeno limpio y eso nos causa muchas enfermedades”.
Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
