De las 41 áreas de protección hídrica declaradas en Ecuador, 8 están en Loja, pero esta tendencia crece también en provincias como Zamora y Azuay. Este trabajo, impulsado desde las comunidades, demuestra que, pese a los escollos administrativos y culturales, es posible cuidar el líquido que garantiza la vida de millones.
Por Mishelle Calva
El camino hacia la cascada de Verdún se agranda a medida que se sube. A los lados, los potreros dan paso a hileras apretadas de maracuyá, con sus líneas de riego brillando entre las hojas, y también a árboles de naranjos cargados de fruta que salpican de amarillo el verde del paisaje. No hay ganado. En este sector de Catamayo la tierra es demasiado estrecha para criar y la economía entera depende casi de una sola cosa: la agricultura.
A la orilla de la vía, frente a su huerta, espera Luis Fabián Palta. Lo hace cada sábado y cada domingo, desde las 11:00. Nació en El Tambo, se hizo adulto rodando “por todito el Ecuador”, y a los 27 volvió para quedarse, casarse y tener cinco hijos. Hoy vive solo —sus hijos crecieron y se dispersaron— y se sostiene con lo que da la tierra. Su madre, de 95, vive cerca de él.
Desde 2020, cuando la pandemia llevó a la gente a buscar refugio en espacios abiertos y poco concurridos, empezó a notar que los turistas que subían a la cascada se perdían en el camino y, al ser amante de las nuevas conversaciones, decidió convertirse en guía.
“Yo de aquí los llevo y les digo: ‘vean cómo está la cascada, mis estimados amigos, y así tiene que permanecer’”. Su única exigencia, repetida casi como “letanía”, es que nadie deje basura. Además de guía en la cascada, Luis se convirtió en su guardián.
Casi treinta minutos de camino entre piedras, agua y vegetación separan la carretera de una caída de agua de aproximadamente veinte metros, tan limpia que no se necesita exagerar para describirla. “Esta quebrada no tiene ninguna contaminación porque viene por la pura montaña. Si usted no lleva agua consigo, puede tomar esa, tranquilamente”.
En los años que lleva cuidándola, nunca la ha visto secarse. “De todas maneras queda agüita”, dice; aunque en los veranos más intensos el caudal baja y con él, la presión del agua que llega hasta las viviendas.
Esa misma agua, antes de llegar a la cascada y después de pasar por ella, sostiene algo mucho más antiguo que cualquier declaratoria estatal: el canal de riego Verdún, una organización con vida jurídica desde 1910, que hoy abastece a 93 hectáreas de cultivo.
“Aquí no tenemos ganadería, no tenemos ninguna fábrica, nada”. El sistema, que durante generaciones funcionó por gravedad, hoy se reparte por aspersión y goteo, lo que obliga a tener un ‘canalero’, encargado de organizar los turnos de uso del agua entre las fincas.
Ese canal centenario que Luis cuida —sin retribución económica, solo con la “buena voluntad de los turistas”— es apenas un costado de un polígono mucho más grande que el Estado ecuatoriano reconoció oficialmente el 28 de agosto de 2023: el Área de Protección Hídrica (APH) Verdún, con 8.096,72 hectáreas declaradas, bajo la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, como zona crítica para sostener las fuentes de agua que abastecen a miles de personas.
Loja, la provincia con más agua bajo protección legal
Ecuador ha declarado, hasta el cierre de este reportaje, 41 APH, que, en conjunto, suman alrededor de 386.000 hectáreas en todo el país. Ninguna otra provincia concentra tantas como Loja: ocho de 41.
Esas ocho áreas (Verdún, El Airo-Tundurama, Pisaca, Sur del Ecuador, Polo Polo, San Pedro-Zambi-Guayquichuma, Gonzanamá y Sanguillín) no se parecen entre sí ni en tamaño ni en historia, pero juntas dibujan el mapa hídrico oficial de la provincia.
Loja forma parte, junto con El Oro y Azuay, del APH más denso del país: Sur del Ecuador, la de mayor extensión de la región. La provincia concentra el 69% de la superficie total.
El tamaño, sin embargo, no define la importancia: Pisaca, la penúltima en extensión, es desde su declaratoria —en 2023— el primer Sitio Demostrativo de Ecohidrología reconocido por la Unesco en Ecuador, y uno de solo siete en toda América Latina, con el 97% de su superficie clasificada como zona de importancia hídrica muy alta.
¿Cómo se declara un área protegida?
Las áreas de protección hídrica son una figura de conservación que existe desde 2015, dentro de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, explica José Romero, coordinador del programa de conservación de fuentes de agua de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).
“Se consideró que, para proteger las fuentes de agua, la máxima medida de protección es el área de protección hídrica, y se trata de conservar las fuentes de donde proviene el líquido para el consumo humano y la seguridad de la población”.
La figura tiene un manual administrativo y una guía técnica propios para la delimitación. Pero antes de declarar hay que distinguir dos conceptos que suelen confundirse. Una Zona de Interés Hídrico (ZIH) es, en palabras de Romero, “toda área del territorio donde se produce agua” (prácticamente toda la cordillera andina entra en esa definición), mientras que un Área de Protección Hídrica es esa misma zona, pero “ya otorgada por el Estado en reconocimiento oficial”.
El proceso para pasar de una a la otra empieza, casi siempre, desde abajo. “Primero debe estar el interés local, ciudadano”, dice Romero. Una comunidad, una junta de agua o un gobierno local envía una carta al Ministerio solicitando la declaratoria.
Aunque el Estado también podría declarar un área por iniciativa propia, en la práctica rara vez lo hace. “Por todas las falencias y debilidades que tiene, no avanza a hacer una de cuenta propia”, dice Romero. Lo que ha sucedido, en cambio, es que el Ministerio responde al interés que surge desde el territorio.
El reglamento da “apenas” 90 días para completar el trámite, un plazo que Romero considera insuficiente para resolver las dudas de las comunidades involucradas, así que, como organización, adelantan un trabajo de socialización antes de que el reloj oficial empiece a correr. “Si recién ahí empezamos a mencionarle a la gente que vamos a hacer el área, hasta disipar todas las dudas ya se nos acaba el tiempo”.
El obstáculo más persistente es cultural. Declarar un APH sobre territorio privado, por ejemplo, implica que el propietario acepta restricciones concretas, como no poder usar el suelo libremente, presentar planes de uso ante la Secretaría de Tierras y, en la práctica, quedar sujeto a un deber de conservación.
Para muchos comuneros rurales, acostumbrados a delimitar sus tierras por memoria familiar antes que, por título registrado, eso suena a una amenaza. «Muchas veces todavía luchamos contra la cotidianidad de la gente que dice yo soy dueño de mi tierra y hago lo que quiera», admite Romero. «Hay mucha gente que todavía no tiene el concepto claro de que el agua no tiene dueño particular.»
Y luego está el problema de las concesiones preexistentes. Cuando una futura APH se superpone con una concesión minera ya otorgada, el Ministerio opta por declarar el área dejando esas concesiones como islas excluidas del polígono. “Vamos a salvar al menos el 90% del área que necesitamos proteger, y vamos a seguir luchando por el 10% restante”, resume sobre un caso similar en la frontera sur. Es, según él, la razón por la que algunas APH del país tienen, en el mapa, una forma “bien extraña”.
El propio caso de Verdún ilustra ese patrón, pues fueron seis juntas de agua y riego —no el Ministerio— las que “se juntaron y presionaron” para conseguir la declaratoria, alarmadas por el avance de concesiones mineras en la parte alta de la cuenca. El Tambo, donde Luis Fabián Palta recibe a los turistas cada fin de semana, es conocido en la zona como “la despensa agrícola del sur”, y fue justamente ese vínculo entre agricultura y agua el que empujó a sus juntas a actuar.
Ese mismo impulso local explica el crecimiento del mapa nacional. Un Atlas, elaborado por el Ministerio del Ambiente y NCI en 2024, registraba 34 áreas declaradas en todo el país. Para cuando se reportearon estas páginas, a mediados de 2026, Romero contaba 41: siete más, sumadas en año y medio. “De a poco se verá que la gente va transmitiendo eso. El cambio climático nos está haciendo repensar las cosas, y la parte política comienza a ver que es necesario proteger las fuentes de agua”.
La comunidad resuelve lo que el Estado no
A pocos kilómetros de Verdún, en otra ladera de la misma cordillera, Cosme Collaguazo habla de la conservación como quien describe una rutina familiar más que una política pública. Es morador de Tundurama, dentro del APH El Airo-Tundurama, declarada el 2 de noviembre de 2023 en el cantón Espíndola.
“Tenemos nosotros el área de protección, a través de un cuidado que anteriormente se conocía como Socio Bosque”, cuenta, refiriéndose al antiguo programa de incentivos del Ministerio de Agricultura que pagaba a los comuneros por conservar y que dejó de operar en la zona hace apenas dos años. A pesar de que ya no cuentan con ese ingreso, la lógica de cuidado no cambió. “En vez de cortar árboles, se conserva, se siembra más árboles nativos para poder conservar la humedad del suelo”.
El mantenimiento se hace “a través de mingas de limpieza de las vertientes, corte de la maleza que no sirve y, sobre todo, la construcción de cercas para impedir que el ganado y los animales silvestres entren a las fuentes”. En época de verano el caudal baja, pero nunca lo suficiente como para dejar a las familias sin agua, gracias a las múltiples vertientes y a los grandes tanques de almacenamiento construidos por la propia comunidad.
La amenaza que preocupa a Collaguazo es extractiva, no climática: “Por ahí también hay minería”, dice. Por eso, la comunidad se sumó a ‘Juntos por el Agua’, un colectivo lojano que desde 2018 ha denunciado concesiones mineras en zonas de recarga hídrica y que ha llevado su lucha hasta la Asamblea Nacional, para resistir a cualquier intento de explotación en la parte alta.
Hay un peso que se siente en su relato y es la ausencia del Estado. “Las autoridades nos han abandonado —dice—. No tenemos apoyo ni del Municipio, ni de la Prefectura, ni del Gobierno Nacional. Hemos estado solos protegiendo las comunidades, los pueblos que se benefician de nuestras vertientes”.
Aunque el 54% de la superficie de El Airo-Tundurama está clasificada como zona de importancia hídrica muy alta y el área beneficia directamente a 6.409 habitantes con 153,67 litros por segundo, solo existen tres autorizaciones formales de consumo humano, que en conjunto suman apenas 4,06 litros por segundo.
El problema administrativo
María Arévalo, aboga e investigadora en políticas de conservación y cambio climático en el sur del país, sostiene que, a pesar de que existe la Ley de Recursos Hídricos, su efecto se debilitó desde la extinción de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Desde entonces, la responsabilidad quedó repartida entre el Gobierno Nacional y cada gobierno local, sin una cabeza única.
Explica que no todos los municipios del país cobran una tasa por servicios ambientales que les permita invertir en conservación. Loja sí la tiene, al igual que Quito, pero “no todas las provincias, lamentablemente”. Y aun donde existe, el dinero no queda necesariamente en territorio. Según explica, lo recaudado en Loja, por ejemplo, se dirige a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, complicando el acceso a esos recursos incluso para quienes investigan cómo se gestionan.
Loja cuenta, desde 2021, con una Ordenanza, promulgada durante la administración del exalcalde Jorge Bailón, que reconoce y delimita por bloques sus fuentes hídricas. Fue, dice Arévalo, una decisión de voluntad política que se venía postergando. Pero con el cambio de alcaldía, ese impulso perdió fuerza, en buena parte por falta de presupuesto.
Tanto la Estrategia Nacional de Biodiversidad de este año como la Ley Orgánica de Conservación de Áreas Protegidas, promulgada en junio del año anterior, reconocen explícitamente el problema de financiamiento de estas áreas. Sin embargo, los presupuestos del Ministerio del Ambiente siguen recortándose y la mayoría de los proyectos de conservación dependen de financiamiento externo, de oenegés internacionales.
La reciente fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía —justificada por el Ejecutivo como una forma de evitar la “superposición” de competencias— es para Arévalo parte de una tendencia más amplia: “Se nota, con las leyes que se están promulgando, con la fusión de los ministerios, que prácticamente estamos orientados a una línea extractivista a nivel nacional”.
Cita mapas de monitoreo satelital, según los cuales buena parte del territorio ecuatoriano está concesionada —o en proceso de concesión— a empresas mineras y petroleras canadienses, australianas y chinas. Ella usa una expresión para describir lo que, en este contexto, les pasa a algunas áreas formalmente protegidas: son, en la práctica, “áreas protegidas de papel”, declaradas pero incapaces de cumplir su propósito de conservación por falta de presupuesto, de personal y de voluntad política sostenida.
Preguntada directamente sobre cómo explicarle a una comunidad que, a pesar de vivir dentro de una zona declarada como área de protección hídrica, el Estado puede igual autorizar una concesión minera en su territorio, Arévalo no lo niega. “Sí sucede. No debería suceder, pero sí”.
Atribuye el fenómeno a varios factores entrelazados, como la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, la dificultad de las entidades estatales para dialogar con comunidades rurales alejadas, la informalidad en la tenencia de la tierra donde los límites de una propiedad suelen definirse por memoria familiar antes que por título registrado y, sobre todo, el hecho de que la ley, una vez escrita, queda sujeta a interpretación, “interpretación es lo que hace que nos juegue en contra”, repite, recordando que ella misma es abogada.
Sostiene que la diferencia legal entre un territorio declarado y uno que no lo está, es ante todo administrativa argumentando que el primero está delimitado, zonificado y, en teoría, sujeto a un deber de conservación mientras que el segundo queda plenamente expuesto «a las dinámicas del mercado».
No obstante, la declaratoria “no es papel vacío’, para Romero, que vivió el proceso de Verdún desde adentro, la figura cumplió algo concreto: «lo que sí se hizo fue salvaguardar este territorio de que no haya futuras concesiones que puedan poner en riesgo las fuentes de agua». Y por su parte Arturo Jiménez, presidente de la Fundación Ecológica Arcoíris, lo pone en términos más amplios: una declaratoria otorga seguridad jurídica, vincula a los usuarios con los beneficiarios de la cuenca y crea, al menos sobre el papel, un escudo que sin ella no existiría.
La minería alcanzó a la estrella hídrica del sur
María Arévalo lo llama «nuestro querido Fierro Urco», la estrella hídrica del sur. De ese macizo, en parroquias rurales del cantón Loja, como Chuquiribamba, Gualel y El Cisne, nacen las cuencas de los ríos Catamayo, Puyango, Cubones y Santiago. Su agua llega a la ciudad de Loja, a Zamora y a El Oro, y sigue corriente abajo hasta cruzar la frontera con Perú a través de la cuenca binacional Catamayo-Chira, un vínculo hidrológico tan estrecho que en el pasado ya generó una demanda internacional peruana relacionada con el manejo de esa misma agua.
Fierro Urco se encuentra dentro del polígono de la APH Sur del Ecuador, que va desde Saraguro hasta Chilla. Pero el reconocimiento legal no llegó solo, llegó al mismo tiempo que las máquinas. Según un mapeo realizado por colectivos comunitarios sobre el catastro minero, el corredor de Fierro Urco tiene alrededor de 27.000 hectáreas concesionadas a empresas transnacionales de Australia, Canadá y China, todas en fase de exploración. Oro, plata y cobre. La declaratoria del APH y las concesiones mineras conviven, por ahora, sobre el mismo mapa.
Fierro Urco concentra alrededor de 27.000 hectáreas concesionadas a empresas mineras. Fotografía: David Diaz.
Marco Guamán, presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros (FIIS), conoce ese territorio desde adentro. Para el pueblo Saraguro, Fierro Urco no es solo una zona de recarga hídrica: es parte de su territorio ancestral. Durante el paro nacional de octubre de 2025, la FIIS presentó formalmente ante las autoridades la demanda de «Fierro Urco libre de minería», una posición que Guamán sostiene con el mismo argumento que las comunidades repiten desde hace años: que ninguna concesión minera debería coexistir con una fuente de agua de la que dependen miles de familias a ambos lados de la cordillera.
Jiménez coincide en que la atención mayor en zonas como esta se concentra en el páramo, donde el ecosistema es especialmente vulnerable a actividades extractivas. Y advierte sobre los límites de cualquier figura legal, declarada o no: «No han tenido efecto, igual se hace minería ilegal». Para él, el riesgo es tanto jurídico como estructural: fragmentación institucional, recortes presupuestarios sostenidos y comunidades enteras que, en sus palabras, «ni siquiera saben que viven en zonas núcleo» de un área protegida.
Verdún, la misma APH donde Luis Fabián Palta recibe turistas cada fin de semana, fue declarada hace casi tres años, y todavía no cuenta con un plan de manejo aprobado, el instrumento que debería traducir la declaratoria en acciones concretas de conservación. Si la protección tarda tanto en materializarse incluso donde la ley ya existe, la pregunta sobre Fierro Urco no es solo si lo cubre un polígono, sino qué tan lejos está esa cobertura legal de convertirse en cuidado real.
Loja, la meca hídrica del sur
El 13 de junio de 2026, autoridades locales presentaron oficialmente dos nuevas APH en la provincia de Loja, una acción que, pese a los escollos legales y administrativos, confirma una tendencia esperanzadora: en apenas año y medio, el número de APH en todo el país pasó de 34 a 41, con siete nuevas declaratorias solo entre 2025 y 2026. Ninguna provincia concentra tantas, en proporción a su territorio, como Loja, lo que ha empezado a posicionarla, dentro del propio sector ambiental, como algo parecido a una meca de la protección hídrica en Ecuador.
El patrón detrás de ese crecimiento es un efecto dominó, que nace desde el esfuerzo local. Verdún se declaró porque seis juntas de agua, alarmadas por el avance minero, presionaron juntas al Ministerio, misma lógica que se repite ahora en otros cantones. “Espíndola está entre los gobiernos municipales que han solicitado nuevas declaratorias, siguiendo el ejemplo de sus vecinos”, explica Romero. El futuro se va marcando hacia ese destino.
Mientras tanto, en El Tambo, Luis Fabián Palta sigue bajando a la orilla de la carretera para acompañar a los turistas, los guía entre piedras y agua. La cascada que cuida lleva el nombre de una hacienda que ya no existe, pero el agua que cae por ella es la misma de siempre: limpia, fría, sin contaminación, porque viene siguiendo la ‘pura montaña’. Ningún decreto le enseñó a cuidarla, lo supo antes, como lo supo su canal, como lo supieron las juntas, como lo está aprendiendo, de a poco y desde abajo, el resto del país.
