Una serie de casos recientes de tráfico ilegal de especies de fauna de Galápagos da pistas sobre históricas negligencias por parte de autoridades y entidades públicas que operan de manera descoordinada, sin personal ni presupuestos suficientes.
El Parque Nacional Galápagos cuenta con 289 empleados —entre administrativos y operativos— para vigilar 795 786 hectáreas, cuando necesitaría al menos 320. El área protegida también reporta un déficit presupuestario de 7 millones de dólares en los últimos tres años.
Testimonios recogidos en el archipiélago contrastados con datos oficiales revelan que la progresiva deficiencia en los controles institucionales propicia un contexto criminal más amplio.
La noche del 19 de mayo de 2026, la perra detectora Pinta —que fue asignada por el Parque Nacional Galápagos y la Policía Nacional al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil— alertó sobre el equipaje de tres ciudadanos tailandeses que pretendían abordar un vuelo de KLM con destino a Ámsterdam. En sus mochilas llevaban 12 iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus) pertenecientes a la subpoblación de la isla Santa Cruz, una de las 11 subespecies que habitan el archipiélago. Los reptiles estaban envueltos en medias de nailon y sus extremidades estaban atadas. Una de ellas murió por falta de alimentos y por un posible shock térmico.
Al día siguiente, el juez Glen Marcos Bodero dictó prisión preventiva para Wongdee Panom (39 años), Kamlong Wanchaloem (36 años) y Yatthong Akklrawin (30 años), por presunto delito contra la flora y la fauna silvestres, cuya pena máxima en Ecuador es de tres años de prisión.
Desde el 5 de marzo de 2026, la iguana marina de Galápagos pasó de estar en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) a integrar el Apéndice I, lo que implica que su traslado sólo puede ocurrir con fines científicos.
Los tres detenidos alegaron desconocer la legislación ambiental ecuatoriana.
El episodio llamó particularmente la atención de grupos científicos, organizaciones ambientalistas y de algunas autoridades, puesto que los tres tailandeses capturados en Guayaquil no solo lograron superar los filtros del Aeropuerto Seymour —ubicado en las islas y administrado por la empresa Aeropuertos Ecológicos de Galápagos (Ecogal)—, sino que también burlaron los filtros y controles durante su traslado obligatorio desde Puerto Ayora, la capital de la isla Santa Cruz, hasta la isla de Baltra, donde se encuentra la terminal aérea.
En ese trayecto, todo visitante o residente debe ser revisado por el personal del Parque Nacional Galápagos (PNG) antes de abordar un autobús, que tarda aproximadamente 45 minutos en trasladarse hasta el Canal de Itabaca, donde los pasajeros cruzan hasta Baltra, a bordo de una gabarra, antes de entrar al aeropuerto. “Es una operación logística super complicada”, confirmó Carlos Ortega, presidente del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos (Cgreg), en entrevista con La Barra Espaciadora y Mongabay Latam en su despacho, en Puerto Baquerizo Moreno. Sin embargo, los traficantes sortearon las dificultades hasta que el personal de la aerolínea KLM en el continente aplicó técnicas de perfilamiento para retener y requisar a los traficantes extranjeros.
Este caso —que al cierre de esta publicación se encuentra bajo reserva en etapa de investigación fiscal— expuso brechas en el control de distintas instituciones públicas con responsabilidades legales sobre las dos áreas protegidas del archipiélago: el Parque Nacional Galápagos, que comprende las zonas terrestres, y la Reserva Marina Galápagos. Las iguanas fueron tomadas en algún lugar de las islas sin que nadie lo impidiera. Luego fueron trasladadas ilegalmente por vía aérea hacia el territorio continental, repitiendo un patrón ya advertido en ocasiones anteriores.
Entre 2018 y 2026, se han registrado al menos seis operaciones documentadas de tráfico de fauna relacionadas con el archipiélago. En 2018, 123 tortugas gigantes (Chelonoidis sp.) desaparecieron sistemáticamente del centro de crianza Arnaldo Tupiza en Isabela, con probable complicidad interna de guardaparques. En 2021, el policía Nixon Polo intentó sacar 185 crías de tortuga en una maleta hacia Guayaquil, por lo que fue procesado y condenado a tres años de cárcel, pero luego de siete meses fue liberado con la condición de no salir del país sin permiso de un juez y de pagar una multa –indeterminada– al Parque Nacional Galápagos. En 2022, la embarcación turística Xavier III fue interceptada con 84 tortugas y 5 iguanas doradas; los tres condenados recibieron la pena mínima de un año.
Un estudio publicado en Biological Conservation en 2025 también documentó que al menos 60 iguanas de Galápagos circularon internacionalmente con permisos CITES fraudulentos a través de Mali, Uganda y Suiza hacia coleccionistas en Asia y Europa, en una red de lavado que ninguna autoridad ecuatoriana ha detectado ni perseguido.
A estos delitos se han sumado otros tantos relacionados con narcotráfico, registrados en Galápagos o muy cerca de las islas.
En diciembre de 2020 fue capturado un semisumergible con dos toneladas de droga, al sur del archipiélago. En enero de 2021, una avioneta Cessna Conquest II, con matrícula presuntamente clonada, aterrizó por la noche en el aeródromo de la isla Isabela sin autorización; sus tripulantes huyeron y la aeronave permaneció bajo custodia policial durante 73 días y luego fue robada. En noviembre de 2023, se produjo la captura de otro semisumergible por parte de la Armada de Ecuador, a 150 millas al sur de las islas, con aproximadamente 5 toneladas de drogas. En abril de 2025, fue capturado el buque atunero Montecristi con 2,9 toneladas de cocaína. En noviembre de ese mismo año, tuvo lugar una operación conjunta con la Armada de EE.UU. que resultó en la incautación de otras dos toneladas de droga. En julio de 2026, la Armada retuvo una embarcación pesquera a 258 millas de San Cristóbal con 3494 galones de combustible no declarado y seis tripulantes que no constaban en el rol de zarpe, lo que probó el uso de barcos pesqueros como gasolineras flotantes para narcolanchas.
¿Qué está haciendo el Estado ecuatoriano para detener el aumento de la criminalidad en las islas Galápagos?
Para responder a esa pregunta se cursaron al menos 15 pedidos de información pública, se realizaron más de veinte entrevistas con fuentes locales —entre abogados, fiscales, exfuncionarios de rangos altos y medios, pescadores artesanales legales e ilegales, activistas, expertos científicos y miembros de las fuerzas de seguridad y de servicios de inteligencia—, muchos de los cuales pidieron proteger su identidad por temor a represalias laborales o agresiones en contra de su vida o la de parientes. Frases como “aquí todos saben todo, pero nadie habla”, “Galápagos no tiene dios ni ley”, “Pueblo chico, infierno grande”, son comunes.
Ineficiencia, corrupción y contradicciones
“El archipiélago de Galápagos dejó de ser un territorio aislado para convertirse en un nodo logístico clave de las rutas transnacionales de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, reconoce el Ministerio de Interior en un documento fechado del 3 de julio de 2026. Se trata, dice, de un “giro crítico”.
El documento fue remitido a esta alianza periodística como respuesta a un pedido de información realizado a través del Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. Asegura que entre 2018 y 2026, las evaluaciones estratégicas del Estado ecuatoriano —articuladas a través de ministerios como el de Defensa, Interior, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG)— han identificado que “bandas criminales utilizan el espacio marítimo que rodea a Galápagos para el reabastecimiento de combustible y víveres de las lanchas rápidas (go-fast) y semicubiertos que viajan hacia Centroamérica y Norteamérica”. Y que la actividad pesquera en Galápagos sufre graves afectaciones debido a que “los altos ingresos ilegales ofrecidos por las mafias por concepto de apoyo logístico (el trasbordo de gasolina blanca o el resguardo de cargamentos) han distorsionado las fuentes de ingresos lícitas y han capturado embarcaciones locales”.
Una fuente protegida que ocupó un alto cargo en el Cgreg aseguró a La Barra Espaciadora y Mongabay Latam que el tráfico de especies de fauna silvestre “podría ser usado para esconder narcotráfico porque tiene penas menos fuertes”. Un guardaparque que también brindó declaraciones bajo anonimato lo confirmó: “El tráfico de especies usa las rutas del narcotráfico (…) y los marinos se hacen de la vista gorda”. Y un abogado en libre ejercicio profesional fue más allá: “Son las mismas rutas y la misma gente”.
El tráfico de especies de fauna silvestre de las Galápagos es un negocio que atrae a poderosas redes criminales a escala global e involucra a varios actores del lugar de origen. Según una fuente protegida que confesó haberse dedicado a la pesca ilegal y el trasiego de combustible hasta hace pocos años en Galápagos, el primer eslabón de la cadena es el recolector local, que puede ser un guardaparque, un pescador o cualquier lugareño. Este actor entrega los ejemplares capturados a un segundo participante en la cadena conocido como “mula”, quien cumple la misma función que se registra en las redes de narcotráfico: evadir todos los controles y sacar los bienes traficados de Ecuador —por aire o por mar— para intentar trasladarlos hasta su destino en el extranjero.
El pago depende de la dificultad de la operación ilegal. Por ejemplo, una iguana rosada de Galápagos, cuyo hábitat se restringe al área del volcán Wolf, en la isla Isabela, puede costar entre 25 000 y 500 000 dólares en el mercado internacional, pues para capturarla es necesario recorrer un trayecto por mar de nueve horas y luego caminar durante siete horas más en un terreno árido y agreste. Estos datos se recogen también en el Informe sobre el tráfico y comercio legal internacional de especies silvestres de la provincia de Galápagos, publicado en marzo de 2026 y elaborado por Traffic, una ONG que investiga el comercio de animales y plantas silvestres a escala mundial.
Un individuo de tortuga gigante juvenil de Galápagos —detalla el documento— puede costar entre 5000 y 7000 dólares. Una tortuga adulta podría alcanzar un valor de 60 000 dólares; una libra de aletas de tiburón se puede comercializar en 500 000 y un kilogramo de pepino de mar puede costar hasta 170 dólares en mercados asiáticos. Una iguana marina galapagueña, como los 12 ejemplares que se hallaron en el aeropuerto de Guayaquil, puede alcanzar un precio de 25 000 dólares.
Estos valores explican la existencia de una demanda de especies exóticas de fauna silvestre por parte de coleccionistas o circuitos de mercados que se lucran con supuestos tratamientos alternativos de salud, sobre todo en Asia, en Europa o América del Norte.
La fuente local protegida aclaró que esta cadena criminal no puede operar sin la participación de agentes de control militar o policial, autoridades del Parque Nacional Galápagos (PNG), guardaparques, funcionarios del Consejo del Régimen Especial de Galápagos (Cgreg) y operadores de justicia.
El documento del Ministerio del Interior reconoce “la necesidad urgente de pasar de una seguridad meramente fronteriza a una gobernanza integral del espacio insular. Precisa la necesidad de desarrollar un sistema de trazabilidad y control satelital estricto sobre los cargamentos de combustible asignados al archipiélago y fortalecer el control tecnológico —con radares de largo alcance y cámaras de seguridad avanzadas— en los aeropuertos alternos y muelles de las islas habitadas”.
Pese al reconocimiento de este crítico panorama y a una serie de recomendaciones y solicitudes hechas por la Contraloría General del Estado y por varios operadores de justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha reforzado su presencia en las islas. Desde 2023, solo han sido asignados dos fiscales a todo el archipiélago y ninguno de ellos es especializado en asuntos ambientales o en la confluencia de estos delitos.
En la isla Isabela no existe una unidad fiscal a pesar de que desde el 14 de mayo de 2024, el entonces presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Edwin Byron Altamirano Trujillo, dirigió un oficio a Fiscalía en Quito, en el que “con mucha preocupación ante la situación de la comunidad de la isla Isabela y la seguridad”, solicitó su creación.
La FGE confirmó a esta alianza periodística que esa solicitud no ha sido atendida en estos dos años debido al “actual déficit de Agentes Fiscales, Secretarios y Asistentes” y añadió que la petición “será nuevamente analizada de existir cambios en las asignaciones presupuestarias para la vinculación de nuevos servidores, y fundamentalmente del desarrollo de concursos de méritos y oposición de Agentes Fiscales”.
De un total de 513 investigaciones abiertas en Fiscalía, entre 2018 y 2026, por delitos ambientales, tráfico de combustible o tráfico de drogas en Galápagos, solo hubo 103 sentencias condenatorias. Del resto de casos, 119 superaron el plazo legal de dos años en la etapa de investigación previa y 39 se encuentran todavía dentro del período de investigación en el que se debe determinar si pasan a etapa de juicio o se cierran. Otros 57 casos fueron archivados y 62 más esperan respuesta a solicitudes de archivo. Los restantes 133 casos están en diferentes etapas del proceso penal.
Para esta investigación, solicitamos también información a la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), pero las respuestas que recibimos de la ARCH no atendieron los requerimientos y la del CC.FF.AA. se amparó en la reserva por motivos de seguridad.
Pese al aumento confirmado de la presencia criminal, los presupuestos y la asignación de personal tampoco han mejorado. Al contrario: la Policía Nacional remitió información actualizada en la que se refleja que, mientras 225 policías fueron asignados a Galápagos en 2023, en 2026 se asignaron 220. Asimismo, el presupuesto policial destinado en 2018, que fue de 304 482 dólares, se redujo a 259 329 dólares para 2019. Si bien desde entonces las asignaciones han aumentado paulatinamente cada año, al 2026 el monto fue de tan solo 285 001 dólares, todavía por debajo de lo desembolsado ocho años atrás.
En los últimos ocho años, la Unidad Nacional de Policía de Protección del Medio Ambiente (UPMA) apenas ha realizado 13 operativos policiales.
El comandante provincial de la subzona Galápagos subrogante, teniente coronel Diego Zumba, confirmó en entrevista con este equipo periodístico que la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional tiene “un enlace de información amparado por la embajada americana [de EE.UU.]”, para el control de tráfico de drogas. Matizó que en Santa Cruz se registra solamente microtráfico, pero confirmó que “en aguas internacionales” de las inmediaciones de la isla Isabela sí existe narcotráfico.
Además, cuando la Policía detiene a presuntos narcotraficantes se ve obligada a retenerlos provisionalmente en instalaciones inadecuadas. Galápagos no cuenta con centros de detención legal para personas privadas de la libertad ni con personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai). “Tenemos unos calabozos que mantenemos nosotros, que son pequeños y no son acordes…”, confesó Zumba. En esos calabozos ubicados en Puerto Ayora, son retenidas las personas que cometen infracciones y delitos relacionados con microtráfico, consumo de drogas, violencia de género o violencia intrafamiliar, o cualquier otra persona capturada —en flagrancia o no— por tráfico de combustible, drogas o especies de fauna silvestre. No hay distinción.
Esta información proporcionada por el oficial Zumba no fue aclarada por el Ministerio de Interior en su respuesta a nuestra solicitud de información, con el argumento de que se encuentra “bajo reserva” por tratarse de un asunto de seguridad nacional.
Las deficiencias están lejos de resolverse. La Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (Loreg) dispone que el presidente del Cgreg convoque a sesiones periódicas del Pleno del Consejo de Gobierno con el propósito de planificar y coordinar acciones entre todas las instituciones con responsabilidades en la protección especial del archipiélago. Pero desde noviembre de 2023 —cuando asumió el gobierno Daniel Noboa— hasta agosto de 2026 se instalaron solo 22 sesiones, un promedio de una reunión cada seis semanas y, en algunos casos, con intervalos de hasta tres meses, de acuerdo con el registro de actas aprobadas. La inestabilidad también responde a que en menos de dos años Noboa designó a tres personas distintas al frente del Cgreg.
La rotación acelerada de autoridades se suma a la falta de conocimientos técnicos para proteger un patrimonio natural con las particularidades que presentan las islas Galápagos. Evelyn Vega Barrera —especialista en derecho procesal penal por la Universidad Complutense de Madrid y experta en tráfico de especies de fauna silvestre de Galápagos y su confluencia con otros delitos relacionados con crimen organizado— llama la atención sobre la necesidad de atender la falta de especialización profesional. “No es lo mismo un delito medioambiental aislado registrado en cualquier provincia del país que uno registrado en Galápagos, en donde es el patrimonio íntegro el que hay que cuidar”, detalla.
Luego de estudiar varios expedientes de casos emblemáticos sobre pesca ilegal y delitos conexos en las islas, Vega confirma que “lo que demuestran los datos después de un procedimiento judicial es que esas debilidades institucionales, que se pueden entender como obstáculos en la investigación, en el enjuiciamiento mismo o durante el proceso, se deben también a una falta de recursos económicos, personales y técnicos”.
El control de tráfico de vida silvestre por vía aérea
El 28 de marzo de 2021, un grupo de guardaparques detectó una maleta con 185 crías de tortugas gigantes envueltas en plástico transparente durante una inspección rutinaria de carga en el mismo Aeropuerto Seymour, de la isla de Baltra. Aunque el personal de la terminal aérea y los guardaparques intentaron liberar a las crías de sus ataduras, diez de ellas murieron por asfixia y estrés. Al final del proceso, el único sentenciado fue un policía antinarcóticos quien fue condenado a tres años de prisión en mayo de ese mismo año como responsable de tráfico, tenencia, maltrato y transporte de especies protegidas. Pero siete meses después, en diciembre, fue liberado sin cumplir completamente su pena.
Fue justamente después de este episodio que Aeropuertos Ecológicos de Galápagos (Ecogal), empresa administradora de la terminal aérea, buscó apoyo de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc) y la organización Traffic, asociada a la Cambridge Conservation Initiative, pues identificó graves vacíos en cuanto a los protocolos de manejo de evidencias y cadena de custodia en escenarios de tráfico de fauna.
Desde octubre de 2024, la empresa Ecogal inició un proceso de investigación, capacitación y coordinación interinstitucional que —de acuerdo con las normas constitucionales y la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos— involucró a la Policía Nacional, la Armada del Ecuador, el Parque Nacional Galápagos, la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Terminal de Cargas Ecuador (TCE). Un primer resultado de la gestión fue la publicación del Protocolo de cadena de custodia para la detección, interceptación y manejo de especies de vida silvestre en eventos de tráfico en el Aeropuerto Seymour de Baltra, que entró en vigencia en agosto de 2025, es decir, nueve meses antes de que los tres tailandeses lograran evadir los controles con las 12 iguanas marinas.
El documento establece los lineamientos para la detección, interceptación y manejo de especies de vida silvestre en eventos de tráfico como el de las tortugas en 2021 y como el de las iguanas en mayo de 2026, y señala las responsabilidades específicas de cada entidad involucrada. Entre otras cosas, se definió que el “primer respondiente” frente a un evento de intento de tráfico de especies es la Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas, “preferiblemente de la Unidad de Policía de Medio Ambiente”. Esta función consiste en preservar el lugar de los hechos y entregar los indicios o evidencias a la Unidad de Criminalística y a la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza (UN-IDCAN), también pertenecientes a la Policía Nacional.
En este contexto, la Fundación Charles Darwin adquirió tres perros y los entregó a la Policía para que sus unidades los entrenaran en escenarios simulados de control de equipaje, carga y pasajeros, y en detección de especies de fauna. Wolf, Kup y Pinta fueron seleccionados en un criadero especializado en Europa y llegaron a Ecuador en junio de 2024. Para mayo de 2026, los canes estaban ya en pleno ejercicio de sus facultades y debían operar en los puntos asignados.
Sin embargo, una respuesta enviada por la Policía Nacional a esta alianza periodística reveló que el 19 de mayo, cuando los tres ciudadanos tailandeses cruzaron los filtros del Aeropuerto Seymour con las 12 iguanas, ni el policía asignado ni el perro a su cargo estuvieron en el punto de control para cumplir con la función de primer respondiente. Aunque la entidad aseguró que el agente sí asistió al aeropuerto ese día y que solo se ausentó temporalmente para atender “un procedimiento administrativo de retención de 0,350 kilogramos de arándanos (…) entre las 10h35 y 10h46”, la misma contestación corrobora enseguida que el paso de los traficantes con las iguanas sucedió “aproximadamente a las 11h55”, es decir, más de una hora después de que el agente ya había concluido esa gestión y debía regresar a su puesto.
Luego del episodio del 19 de mayo, Ecogal levantó un registro de la presencia del perro asignado a sus instalaciones en el que se muestra que, de 37 días seguidos de reportes, el can solo estuvo presente en 20 días.
El tráfico de vida silvestre por vía marítima
El protocolo de cadena de custodia promovido por Ecogal, Unodc y Traffic solo aplica a eventos de tráfico de especies por vía aérea. Sin embargo, las costas insulares, la Reserva Marina de Galápagos y las aguas internacionales que separan al archipiélago del territorio continental representan un problema mayor. “Nosotros nos hemos enfocado en los aeropuertos —detalló Carlos Ortega, el presidente del Cgreg—, pero somos islas oceánicas, tenemos costas enormes. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen, si alguien apaga los dispositivos [satelitales de rastreo de la embarcación] puede entrar y salir”, reconoció.
El Parque Nacional Galápagos es el responsable del patrullaje “a través de sus unidades marítimas y aéreas”, y de “mantener el funcionamiento de las bases remotas de control” para evitar el tráfico de especies de fauna. Así lo dispone el Convenio 012 de Cooperación Interinstitucional entre la Armada Nacional y la Dirección del PNG, de junio de 2025. Pero esta entidad confirmó que a la fecha cuenta con 289 empleados —entre operativos y administrativos— para cubrir un área de 795 786 hectáreas, cuando por lo menos necesitaría 320 personas para cumplir con su obligación. Así mismo, el PNG precisó en un documento enviado a esta alianza periodística que enfrenta un déficit presupuestario de 7 millones de dólares durante los últimos tres años.
Una persona que trabaja como voluntaria de una organización internacional conservacionista en las islas asegura que los guardaparques del PNG apenas alcanzan a hacer “controles” cada 21 días. La información prueba que las operaciones coordinadas de control entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la Armada del Ecuador y las instituciones competentes se ha reducido en los últimos dos años pese a las alertas.
El PNG ha advertido del déficit de personal y de presupuestos, entre otras carencias, en dos informes técnicos recientes. Uno se publicó en julio de 2025 y el segundo en mayo de 2026. El primero concluyó que el sistema logístico de carga desde Santa Cruz hacia el continente presenta “infraestructura deficiente, falta de trazabilidad y riesgos ambientales” que dificultan verificar si, por ejemplo, un contenedor ha sido abierto o manipulado en tránsito.
El segundo y más actualizado reconoce que las dinámicas del tráfico de especies “han superado progresivamente las capacidades instaladas, especialmente frente a actores que pueden identificar brechas, modificar sus métodos de ocultamiento, diversificar rutas y aprovechar limitaciones logísticas, tecnológicas y de personal”.
El equipo de La Barra Espaciadora y Mongabay Latam comprobó que en uno de los filtros de tránsito marítimo, una sola persona intentaba revisar las imágenes en la pantalla. Cientos de turistas hacían rodar su equipaje por el túnel de rayos X a un ritmo que la funcionaria no alcanzaba a seguir. En otro punto de control, en Puerto Ayora, un policía revisó una sola mochila de entre varios pasajeros. Abrió la cremallera principal a medias. Echó un vistazo fugaz y la volvió a cerrar. “Pase, bienvenido”, dijo.
En Isabela, considerada por las autoridades y por los habitantes de Galápagos la isla más afectada por actividades ilegales, dos personas detrás de una mesa elegían a discreción a quién y qué equipaje revisar. Solo en 2025, las islas recibieron 290 404 visitantes, según el Observatorio de Turismo de Galápagos.
“El personal de la ABG (la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos) llega a las cinco de la mañana, pero si tú llegas cinco minutos antes, no hay nadie y puedes pasar directamente al muelle sin que nadie te revise —explicó un operador turístico internacional con 16 años de trabajo en Galápagos—; en las otras dos islas no abren el muelle hasta que no haya personal, pero en Isabela los controles son superficiales, cualquiera podría guardarse algo en el bolsillo o en la chompa o bien amarrado en el centro de la maleta porque esos controles jamás van a llegar ahí, no son efectivos para nada”, detalló.
Mientras tanto, como medida para combatir estos y otros delitos, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos emitió una ordenanza en junio que apunta a expulsar a personas que permanecen en las islas de manera ilegal. “Hay 1400 personas en Santa Cruz y 500 en San Cristóbal listas para ser expulsadas —anunció Carlos Ortega—; (…) estos mecanismos de control por lo menos están ayudando a reducir los problemas que tenemos en Galápagos, y el tema migratorio para nosotros es clave”.
