La creación de parques nacionales y los mercados de carbono quedaron bajo la mira de una cumbre global de pueblos indígenas realizada en Nairobi, Kenia, para «descolonizar la conservación» de la naturaleza. Dos líderes indígenas de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, Pakkiru, representaron a Ecuador.
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Por Daniel Wizenberg, desde Nairobi, Kenia
La cumbre OLON, Our Land, Our Nature (Nuestra tierra, nuestra naturaleza) reunió esta semana en Nairobi, Kenia, a 63 representantes indígenas de 26 pueblos provenientes de 16 países y cuatro continentes.
Fiore Longo, de Survival, abrió la conferencia diciendo: “El modelo de conservación dominante hoy en día sigue siendo, al igual que en la época colonial, el de la conservación de fortaleza: un modelo que crea áreas protegidas militarizadas y accesibles solo para turistas adinerados en las tierras de pueblos indígenas”. Más tarde, Marisol García Apagüeño, representante kichwa de Perú, afirmó: “Muchos parques nacionales los crean ecologistas de escritorio que nunca en su vida han plantado un árbol”.
Es la primera vez que se reúnen representantes directamente afectados por proyectos de conservación y compensación de carbono de tantas regiones distintas. A partir del encuentro crearon la Indigenous Land Alliance (Alianza por los Territorios Indígenas).
En la declaración final acusaron: “A la industria de la conservación, WWF, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Sociedad Zoológica de Frankfurt, la Alianza Internacional para los Grandes Felinos, la Sociedad Zoológica de Londres, Wildlife Alliance, Conservation International, The Nature Conservancy y Northern Rangelands Trust: exigimos que abandonen nuestras tierras y respeten nuestros derechos; de lo contrario, los expulsaremos en ejercicio de nuestra justicia propia. Revelen todos los acuerdos sobre carbono y biodiversidad que han firmado en relación con los territorios indígenas”.
Ese “colonialismo verde”, como lo llamaron en la cumbre, ya desplazó a lo largo del siglo XX a 14 millones de personas indígenas en África para establecer áreas protegidas.
En India, unas 400.000 personas indígenas estarían en riesgo de expulsión por la creación de reservas de tigres. Shivu Jenukuruba Appu, del Pueblo Jenu Kuruba de Nagarhole, en el sur de la India, dijo: “Hacen safaris y talan bosques para crear hábitats para los tigres y atraer turistas, y a eso lo llaman conservación. Además ya han matado a nueve tigres. Pero cuando nosotros entramos en nuestro bosque para cazar o recoger miel, nos llaman cazadores furtivos”.
El 40 % de las áreas protegidas del mundo se superponen con territorios indígenas. Unas 1.100 millones de hectáreas. Como consecuencia de ello, hoy hay más de tres millones de personas indígenas desplazadas en África, Asia y América.
La delegación ecuatoriana
Ecuador fue representado por Paz ‘Pashpanzhu’ Vitery Vacacela y Luis Canelos, dos dirigentes kichwa de la provincia de Pastaza, pertenecientes a la organización Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (Pakkiru) que agrupa a 16 pueblos, más de 200 comunidades y alrededor de 250 000 personas de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza. Ambos defendieron en la cumbre la autonomía de sus comunidades para gobernar el territorio según sus propias formas de organización y su visión del Sumak Kawsay (Buen Vivir).
El Sumak Kawsay no es solo una filosofía, sino la base para proteger más de un millón de hectáreas de bosque ancestral. Según Luis Canelos, las políticas de conservación impuestas por el Estado restringen los derechos colectivos y el control territorial: “Pakkiru rechaza esos proyectos mediante asambleas y reivindica la Selva Viviente como un territorio libre de extractivismo e intervenciones impuestas”.
Además Luis y Pashpanzhu contaron en la cumbre que ya participaron en procesos que contribuyeron al reconocimiento legal de más de 245 000 hectáreas de territorio ancestral. Denunciaron que una ordenanza provincial declaró más de 2,5 millones de hectáreas como áreas de conservación y “uso sostenible”, incluidas tierras indígenas, y que esto abre paso a proyectos de créditos de carbono sin consentimiento.
Al final del encuentro Luis Canelos dijo: “Para nosotros fue muy importante conocer que lo que nos pasa a nosotros pasa en otros continentes, tener esa información nos permite prepararnos para evitar que algunas iniciativas lleguen a nuestros territorios y si llegan rechazarlas, generando alianzas con otros pueblos: nuestras tierras no son baldías, no son áreas sacrificables, son territorios vivos”.
Pashpanzhu agregó que “hay una relación entre el crimen organizado, los gobiernos y las organizaciones internacionales que promueven el colonialismo verde”.
El mercado de carbono
Además de los parques nacionales, unas nueve millones de hectáreas estarían afectadas por negocios de compensación de carbono que modifican el control sobre la tierra. Los créditos de carbono forestal permiten a las empresas compensar sus emisiones mediante proyectos desarrollados casi siempre en territorios del Sur Global.
En Colombia, los proyectos forestales de carbono abarcan 26 millones de hectáreas: el 92 % de la superficie de los proyectos REDD+ son territorios indígenas, afrodescendientes o de otras comunidades locales.
El investigador británico Simon Counsell explicó el mecanismo en la cumbre: «Una empresa contaminante paga a otra para que supuestamente reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, o retire de la atmósfera una cantidad equivalente a la contaminación que ella misma produce».
En el norte de Kenia, el proyecto de Northern Rangelands Trust (NRT) genera créditos de carbono a partir de una premisa: sustituir el pastoreo tradicional por un sistema de rotación planificada permitiría almacenar más carbono en el suelo. El proyecto abarca tierras utilizadas por más de 100 000 personas, entre ellas comunidades samburu, borana, rendille y masái, que durante generaciones han pastoreado sus animales siguiendo las lluvias y la disponibilidad de agua y pastos.
Según el informe escrito por Counsell, el proyecto generó 3,2 millones de créditos en su primer período. Netflix y Meta figuran entre los compradores identificados. El valor total de las ventas se desconoce, pero el informe lo estima entre 21 y 45 millones de dólares. Counsell cuestiona cuánto control verdaderamente tuvieron las comunidades sobre esos ingresos. Su conclusión es que se trata de un negocio y no necesariamente climático: “se les pide modificar una práctica esencial para su vida sin que el proyecto haya demostrado que ese cambio almacena carbono adicional”.
Las voces de cuatro continentes
Desde India, JK Thimma y JA Shivu, del pueblo jenu kuruba, describieron la expulsión de familias de sus tierras ancestrales en la reserva de tigres de Nagarhole. En 2025, Shivu participó en el regreso de más de 50 familias a una de las aldeas de las que habían sido desplazadas. Funcionarios forestales, acompañados por policías, les advirtieron que no volvieran; las familias siguieron adelante.
El líder indígena Pranab Doley no pudo acompañarlos a Nairobi: fue detenido en julio, tras participar en junio en una protesta contra un proyecto de hotel de lujo cerca del Parque Nacional de Kaziranga. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985, el parque alberga elefantes, tigres y la mayor población mundial de rinocerontes indios de un cuerno. Doley y otros defensores territoriales denuncian que los proyectos turísticos y las restricciones sobre la tierra amenazan los derechos de las comunidades indígenas de la zona.
Desde Camerún viajaron Timothée Emini, Ranèse Akil y Luc Ndeloua, del Pueblo Baka. Describieron las consecuencias de las restricciones de acceso a la selva de la que dependen: dificultades para cazar, pescar, recolectar plantas medicinales y visitar lugares sagrados. Según denunciaron, guardaparques financiados por WWF han detenido, golpeado y torturado a personas baka que intentaban entrar en sus tierras.
Birendra Mahato, del Pueblo Tharu de Nepal, relató cómo comunidades tharu, chepang y bote fueron desplazadas de sus tierras en el Parque Nacional de Chitwan en nombre de la conservación. En 2020, Raj Kumar Chepang, de 24 años, murió tras ser golpeado, según las denuncias, por soldados que custodiaban el parque cuando había ido a recoger caracoles de río con sus amigos. Ese mismo año, autoridades del parque y soldados incendiaron viviendas de familias chepang.
Krieangkrai Cheechuang, del Pueblo Karen, llegó desde Tailandia para denunciar la expulsión de la comunidad de Bangkloi del complejo forestal de Kaeng Krachan. Recordó también el caso de Pholachi ‘Billy’ Rakchongcharoen, desaparecido en 2014 después de que guardaparques lo detuvieran mientras recolectaba miel silvestre. Cinco años más tarde hallaron fragmentos de su cráneo en un bidón quemado, sumergido en un embalse de la zona.
Desde Camboya, Phloek Phyrom, del Pueblo Bunong, denunció que parte de su territorio fue convertida en área protegida y destinada a proyectos de créditos de carbono sin el consentimiento de las comunidades. Según relató, los guardas amenazan con multas y cárcel a quienes hacen huertas en el bosque. «Estos proyectos nos están destruyendo como pueblos indígenas”.
Las comunidades indígenas habitan, gestionan o reclaman más de una cuarta parte del planeta y en sus territorios vive el 60 % de las especies de mamíferos. En la Amazonía, los territorios indígenas registran un 90 % menos de deforestación que en el resto de la selva. Fiore Longo, de Survival, lo resumió así: «Los pueblos indígenas son los mejores conservacionistas, pero sus voces son silenciadas, sus derechos violados y sus vidas están amenazadas por la industria de la conservación».
La declaración final de la cumbre tiene además un pedido a los medios de comunicación: “Denuncien a los financiadores que están detrás de nuestras expulsiones y de la violencia que se nos inflige, así como a las ONG que se benefician de la financiación destinada a la conservación de la naturaleza”.
Accede a la declaración final aquí
