La población azuaya resiste a la minería en los páramos de Kimsacocha mediante iniciativas agroecológicas, espacios de economía popular, comercio justo y la creación de reservas alimentarias.
Las organizaciones indígenas y campesinas de Azuay tejen una sólida red de trabajo comunitario para asegurar su soberanía alimentaria y su derecho a acceder a fuentes de agua saludables.
A pesar de que se revocaron las licencias ambientales, DPM continúa ocupando los páramos de Kimsakocha pues sus concesiones no han sido levantadas por el Estado. Al contrario, la Policía Nacional brinda protección a los operadores de la minera.
A las cuatro de la mañana del pasado miércoles 16 de septiembre, Ruth Pugo ya estaba en pie para alimentar a sus animales. Su granja está en la comunidad ancestral San Pedro de Escaleras, en la parroquia rural Victoria del Portete, a unos 40 minutos de la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay.
A sus 56 años, la mujer ya se ha acostumbrado a madrugar y a lidiar con el frío de la altitud, pero ese día era especial: se alistaba para asistir a la Gran Marcha por el Quinto Río, que horas después recorrería las calles del centro colonial de Cuenca por segundo año consecutivo.
En 2025, más de 100 000 personas de toda la provincia se tomaron esas mismas calles para protestar pacíficamente con una sola consigna: la defensa del agua. Las vertientes de los páramos de Kimsakocha −de donde nacen los ríos Tarqui, Yanuncay y Rircay− abastecen de agua a más de 135 000 habitantes de los cantones Cuenca y Girón, y a otras poblaciones vecinas. Además, sirven para el riego de más de 2 000 hectáreas de sembradíos y alimentan a miles de animales de granja. De estas fuentes hídricas dependen también la producción cárnica y de lácteos, que cubren gran parte de la demanda de poblaciones de la Sierra sur y de parte de la Costa del país, incluidas las ciudades de Guayaquil o Machala.
En enero de 2025, el gobierno de Daniel Noboa intentó favorecer a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) al llevar a cabo un proceso irregular de consulta previa en una zona alejada de las poblaciones que potencialmente serían afectadas con la operación del proyecto minero Loma Larga, a cargo de esa firma. Además, en junio de ese año otorgó a la empresa la licencia ambiental para operar. Esa misma empresa ha iniciado procesos judiciales en contra de varios dirigentes campesinos e indígenas, entre ellos, Ruth.
Las pretensiones gubernamentales provocaron que la población azuaya se organizara para expresar masivamente su rechazo ocho meses después, el 16 de septiembre. Solo seis días antes, el 10 de septiembre, la Alcaldía de Cuenca anunció la reversión y anulación de la clave catastral que ostentaba DPM. Como resultado, el gobierno de Noboa y su entonces ministra de Ambiente, Inés Manzano (hoy requerida por la Justicia para comparecer en un caso de corrupción), se vieron obligados a dar marcha atrás. En octubre se ordenó la suspensión de la licencia ambiental, sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, no se han anulado las concesiones entregadas a la empresa.
A pesar de que la clave catastral municipal fue revertida y anulada, como lo muestra el sello sobre el rótulo que exhibe Dundee Precious Metals en medio del páramo, y de que la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía también fue cancelada, los comuneros deben enfrentar obstáculos, amenazas y grabaciones no autorizadas por parte de guardias de seguridad privada contratados por la minera. Fotos: Diego Cazar Baquero.
Las intenciones del Gobierno pretendían desconocer que en 2019 y en 2021, los cantones Cuenca y Girón −donde están hasta la fecha situadas la concesiones− hicieron consultas populares en las que ganó el No a la minería con más del 80 % de votos. Además, intentaron ignorar un informe técnico elaborado por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental de Cuenca (Etapa) y difundido el 22 de agosto de 2024, en el que se señaló “la falta de transparencia, información acomodada artificiosamente y manipulada, estudios inadecuados e incompletos, estudios no actualizados” presentados por DPM, y se determinó que “la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga no es viable”.
Por eso, un año más tarde, las calles cuencanas se convirtieron nuevamente en la plataforma para exigir el respeto a los resultados de los procesos de consulta y la cancelación definitiva de las 46 000 hectáreas concesionadas a la actividad minera en las zonas de recarga hídrica del cantón, entre ellas los páramos de Kimsakocha.
Durante una visita a la zona, el equipo de La Barra Espaciadora pudo comprobar que la Policía Nacional brinda resguardo a la empresa canadiense, protege al personal de seguridad privada contratado por DPM y amedrenta a los comuneros que defienden ese territorio con amenazas verbales y grabando con sus teléfonos celulares sin autorización. Este equipo periodístico buscó una reacción de parte de la empresa canadiense con el fin de contrastar la información obtenida, pero no obtuvo respuesta alguna.
La agroecología, una armadura comunitaria
Kimsakocha es una palabra kichwa que significa tres lagunas. Hace alusión a los tres cuerpos de agua que constituyen el principal atractivo de este inmenso páramo azuayo. Desde 2012, este territorio es un Área de Recreación Nacional y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Si las autoridades dieran luz verde a la extracción de oro en el proyecto Loma Larga, “nosotros seríamos los primeros afectados”, aclara Ruth. Su comunidad es una de las más cercanas a los ojos de agua que nacen en el páramo y que riegan sus cultivos.
Durante años, los operadores de Dundee Precious Metals han intentado aplacar la resistencia de los campesinos mediante chantajes: ofreciéndoles cerdos, cuyes o gallinas, a cambio de que dejen de protestar y de exigir su salida definitiva de estos parajes. “Pero nosotros estamos trabajando en nuestros campos y tenemos comida, no tenemos por qué aceptar que la minería venga a darnos regalías −dice ella, enérgica−; con la minería nos viene la muerte, nos vienen las enfermedades; y mis hijos, mis nietos, ¿qué van a tener que enfrentar con el tiempo?”.
Como consecuencia de estas amenazas sucesivas, los habitantes de las comunidades Girón, Victoria del Portete, Tarqui y San Pedro de Escaleras decidieron organizarse para resistir a la presión que ejercen los intereses de la minera desde 1999.
Ruth Pugo es vocal de la Junta de Agua de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, que agrupa a alrededor de 5 000 familias beneficiarias, es decir, unas 12 000 personas pertenecientes a las dos parroquias. La Junta es “el pilar fundamental para todos”, dice ella, consciente de que las principales fuentes de agua están en Victoria del Portete, donde se asienta su comunidad.
Por eso, hace 14 años, 17 mujeres de Tarqui y de Victoria del Portete, incluida Ruth, crearon la Escuela Agroecológica de Kimsakocha. En este espacio elaboran abono para sus cultivos con el objetivo de erradicar el uso de químicos, fabrican sus propias aboneras para obtener abono, usan tierra negra, abono de ganado y de cuy. Además, con el paso del tiempo, lograron instalar una pequeña tiendita donde venden maíz, fréjol, habas, porotos, arvejas, col, lechuga y cualquier otro producto que dé su tierra.
“La agroecología no es un proceso de corto plazo −añade Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y uno de los principales impulsores de la iniciativa−, requiere de un esfuerzo inicial; además, los suelos están bastante compactados, se ha perdido la biodiversidad, la deforestación ha sido fuerte, se han perdido los conocimientos de los ancestros, por eso son necesarios los procesos de formación, cursos, talleres, intercambios”, añade.
Ruth cuenta que hoy ya no son 17 sino solo 11 mujeres. Pero su comentario no denota pesimismo alguno. Al contrario: le enorgullece que la escuela se haya extendido y ya haya llegado a ofertar sus conocimientos y sus productos a los cantones de Santa Isabel y Cuenca, e incluso haya cruzado las fronteras provinciales hasta llegar a Saraguro, en Loja, y a la ciudad de Azogues, capital de la provincia de Cañar.
Esas 11 mujeres no están solas, sino que cuentan con sus familias. En las plazas a las que han llegado, fomentan el trueque de semillas y, como ejemplo, Ruth cuenta que durante los últimos tres años, han logrado adaptar −o acriollar, como describe a este proceso− el grano de maíz de Saraguro, en sus granjas. “Estas actividades nos han ayudado a reducir los gastos; es una gran ayuda porque para tener algo en el campo hay que trabajar, y así el granito ya lo tenemos para todo el año”, celebra Ruth.
“El objetivo es convertir a la agroecológica en política pública −explica Lauro Sigcha− y proponer una ordenanza al Municipio Cuenca para declarar estos territorios como reservas alimentarias” empezando por Kimsakocha, y específicamente por la parroquia Victoria del Portete.
El último viernes de cada mes, las mujeres organizan bingos a los que asisten integrantes de todas las comunidades del sector, y con el dinero que obtienen mantienen una caja solidaria que sirve para otorgar pequeños créditos a los comuneros, para comprar ganado, alambre para cercar las parcelas, o que ayuda a financiar los costos para refrigerios y otros gastos menores que surgen cuando tienen que trasladarse desde sus comunidades hacia la ciudad, como el día de la Marcha por el Quinto Río.
La soberanía alimentaria, un esfuerzo a largo plazo
Ana Pizarro es ingeniera en Marketing. Con el respaldo de la FOA y del Municipio de Cuenca, y con el financiamiento de FIAN −una organización internacional dedicada a la defensa del derecho a la alimentación, que trabaja también en Riobamba y en Quevedo−, dirige un invernadero comunitario junto a diez familias. El proyecto se propone crear reservas alimentarias suficientes para el autoconsumo de los habitantes de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui. El excedente se ofrece para la venta o el trueque en las llamadas ecoferias, que se realizan semanalmente en una casa comunitaria llamada Muyu Wasi. Las 10 familias se turnan para atender cada jornada. Ana se dedica a verificar el estado de las granjas y los cerramientos para los cultivos y huertos familiares, entre otras labores. Hasta finales de septiembre, han logrado realizar más de 30 ecoferias.
“La agroecología no nos va a hacer millonarios −reconoce Ana−, lo importante es que la gente tenga sus propios alimentos y que los excedentes se puedan vender”.
Aunque este invernadero nació oficialmente el pasado 12 de julio, la historia de Ana en el mundo de la agroecología se remonta a tres décadas atrás. “Yo eduqué a mis hijas en la agroecología”, cuenta. Esos primeros pasos se convirtieron en lo que ella llama la granja−escuela de los primeros productores, para inculcar en niñas y niños el valor del trabajo agrícola, “que conozcan las plantas, que siembren, que no tengan miedo a los animales y se relacionen con la naturaleza”.
La iniciativa comenzó como una especie de guardería improvisada en la que ella y otras mujeres ayudaban con el control de tareas de los hijos de otras mujeres de la comunidad de San Joaquín, que antes tenían que dejarlos solos mientras se dedicaban al trabajo de la tierra. Luego de tres décadas, ya con el reconocimiento oficial del Estado, Ana recibe a niños de 0 a 8 años. Su hija ya es docente en educación inicial y transmite esos conocimientos a sus pequeños estudiantes.
Desde hace 10 años, Ana participa también de la Asociación de Productores Agroecológicos del Austro (APA Austro), que agrupa a cerca de 100 familias campesinas e indígenas, lideradas mayoritariamente por mujeres rurales de las provincias de Azuay y Cañar, para impulsar la producción y comercialización directa de alimentos 100% agroecológicos y libres de agrotóxicos —como hortalizas, granos andinos, frutas y lácteos—, bajo los principios de la economía social, solidaria y la soberanía alimentaria. La asociación, que forma parte de la Red Agroecológica del Austro, vende sus productos sin intermediarios en el Biocentro Mercado Agroecológico de Cuenca.
Una ordenanza por las Reservas Alimentarias Campesinas
El pasado miércoles 30 de septiembre, luego de dos semanas de la realización de la Gran Marcha por el Quinto Río, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) presentó al Municipio de Cuenca la propuesta para el impulso de las Reservas Alimentarias Campesinas en la ciudad.
La iniciativa −que cuenta con el apoyo del Colectivo Agroecológico del Ecuador− busca fortalecer la producción campesina, la agroecología, las semillas nativas y los saberes ancestrales, y generar mecanismos de protección frente a la minería y otras actividades extractivas.
Aunque la alcaldesa de Cuenca, Marisol Peñaloza, no estuvo presente por cumplir con otros compromisos de su agenda, los concejales Jimmy Flores, Federico Guzmán y Nube Sotamba recibieron a la delegación y reconocieron su compromiso para diseñar una hoja de ruta en consenso e impulsar la promulgación de una ordenanza.
Para Lauro Sigcha, las Reservas Alimentarias Campesinas “permitirán reconocer y fortalecer el trabajo de las familias que producen alimentos y sostienen prácticas agroecológicas en sus territorios”.
Un boletín de prensa de la FOA, recogió las palabras de Cecilia Romero, representante del Colectivo Agroecológico del Ecuador, quien recordó que en Riobamba ya se presentó una propuesta de ordenanza ante el cabildo que “ya está próxima a su primer debate”. Por esa razón, sugirió articular gestiones entre los concejos municipales de las dos ciudades.
La propuesta que la FOA presentó ante la Alcaldía de Cuenca goza del pronunciamiento de respaldo de se obtuvo en el XVII Encuentro Nacional del Colectivo Agroecológico del Ecuador, que tuvo lugar entre el 28 y el 30 de septiembre de 2026, en Sinincay, Checa, Chiquintad y Nulti, con la presencia de cientos de productores, defensores de la naturaleza y organizaciones sociales, bajo la consigna de fortalecer la soberanía alimentaria.
Durante las tres jornadas, los asistentes participaron en ceremonias andinas, recorridos por fincas locales e intensos debates orientados a la protección de las semillas nativas y la defensa de los territorios frente a la minería a gran escala. El evento concluyó con un firme compromiso colectivo de los pueblos y nacionalidades para respaldar las Reservas Alimentarias Campesinas, consolidar redes de consumo responsable y visibilizar el rol fundamental de la agricultura campesina en el sustento económico y ambiental del país.
