Un análisis del Presupuesto General del Estado de Ecuador de los últimos 16 años revela que el Ministerio de Ambiente ha operado anualmente con menos de medio punto porcentual. Mientras el gasto social concentra las prioridades fiscales, el Ministerio de Ambiente ha sufrido una degradación institucional que culminó en su absorción por el sector energético en 2025.
El ex Ministerio de Ambiente se convirtió en una entidad pagadora de nómina: en 2025, el 82.9 % de su presupuesto se destinó a sueldos, eliminando la capacidad de inversión. Las áreas protegidas también han sufrido recortes importantes: el Parque Nacional Galápagos enfrenta brechas de aproximadamente tres millones de dólares anuales.
Por Ana Cristina Alvarado
Ecuador alberga una biodiversidad extraordinaria y fue pionero en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución. Sin embargo, en los últimos 16 años, el país no ha destinado ni medio punto porcentual anual del Presupuesto General del Estado (PGE) a la cartera de Ambiente. En medio de la triple crisis planetaria, el ministerio ha enfrentado un proceso de debilitamiento técnico y financiero que culminó en su eliminación y absorción por el sector energético en 2025.
“En la mayoría de las veces, el tema ambiental no ha sido una prioridad para el Estado y eso se refleja en los presupuestos”, reconoce Tarsicio Granizo, exministro de Ambiente desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno en 2017 hasta 2018, cuando presentó su renuncia. Granizo es ahora director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Ecuador.
El debilitamiento responde al objetivo de incrementar la extracción de recursos, de acuerdo con Juan Carlos González, economista ambiental y asesor en proyectos de conservación de biodiversidad y territorios de pueblos indígenas en América Latina. “Si quieren abrir una nueva ronda petrolera, no les conviene un ministerio de Ambiente fuerte”, cita como ejemplo.
Con 147.4 millones de dólares en 2012, la partida económica asignada al Ministerio de Ambiente representó el 0.49 % del presupuesto nacional, el valor más alto en los últimos 16 años. Después, la tendencia es descendente, llegando a los 30 millones de dólares en 2025, una participación que bordeó el 0.08 %. Esto quiere decir que por cada 100 dólares del presupuesto nacional, se destinaron 8 centavos de dólar al Ministerio de Ambiente.
Después de la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía, la cartera fue degradada a dos viceministerios: el de Ambiente y el de Agua. Y su asignación de recursos también fue mucho menor. En 2026, el presupuesto del primero fue de 11.4 millones de dólares y del segundo fue de 3.2 millones de dólares, sumando 14.6 millones de dólares, según información que envió el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (MAE). Es decir, menos de la mitad de lo que la cartera recibió el año previo.
El Presupuesto General del Estado está dividido en sectores que abarcan un conjunto de instituciones. Algunos sectores son, por ejemplo, el de defensa nacional, el de educación o el de salud. En el caso del sector ambiental, hasta el 2025 se consideraban seis instituciones en la distribución del PGE. Una de ellas era el Ministerio de Ambiente, que desapareció ese mismo año. Por eso, desde el 2026 ya no es considerada en la distribución de los fondos como una cartera de Estado independiente, ahora los viceministerios de Agua y Ambiente han pasado a depender del sector energético.
Entonces, si se suma el presupuesto de todo el sector ambiental, los fondos asignados han oscilado entre los 116 millones de dólares, la cifra más baja, en 2016, y 279 millones de dólares, la más alta, en 2023. Esto coloca a Ecuador entre los países que menos recursos destinan al sector ambiental de los seis analizados en este especial de Mongabay Latam, que incluye también a México, Perú, Bolivia y Argentina.
La investigación encontró que México asignó casi 18 veces más dinero que Ecuador para 2026. Si existiera proporcionalidad con respecto a la superficie territorial o a la cantidad de habitantes, el presupuesto de Ecuador debería ser solo siete veces menor.
¿Es suficiente el presupuesto actual? “Sabemos que no”, dice el economista González y ofrece dos ejemplos. Primero, en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, publicada este año, se estimó una brecha de financiamiento de 1472 millones de dólares hasta 2030, es decir, faltan 294 millones de dólares anuales desde 2026 hasta la meta.
Segundo, para reforestar el equivalente a las 90 000 hectáreas de bosque primario que Ecuador pierde cada año en promedio, se necesitarían entre 180 y 540 millones de dólares debido a que la restauración de bosques está estimada en un costo medio de 4445 dólares por hectárea durante los tres primeros años.
Mientras tanto, “hay falencias en todo”, señala Granizo y resalta las deficiencias en el control de la minería ilegal, la falta de atención al sector pesquero afectado por la sobreexplotación de recursos y la necesidad de adaptación al cambio climático, principalmente con la llegada del Súper El Niño, como algunos expertos se refieren al fenómeno climático este año.
¿Sin fondos para conservar?
El sector ambiental estaba compuesto entre 2013 y 2025 por seis entidades: Ministerio del Ambiente, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Parque Nacional Galápagos, Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos e Instituto Nacional de Biodiversidad.
Cada entidad sigue recibiendo su propio presupuesto, a excepción del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), que desapareció para integrarse al de Energía como Viceministerio de Ambiente y Viceministerio de Agua.
Algunos expertos entrevistados sostienen que hay entidades que no deberían ser parte del sector ambiental y, por lo tanto, recibir una tajada de la torta presupuestal. El Consejo de Gobierno de Galápagos es una de ellas, de acuerdo con una exfuncionaria del Parque Nacional Galápagos que prefiere mantener el anonimato.
“No tiene ninguna competencia ambiental”, asegura. Aunque su nombre y sus funciones están vinculadas a la conservación y al manejo sostenible, la entidad realmente se encarga de la administración del territorio habitado, la planificación territorial, la movilidad humana y la coordinación institucional.
“Si el total [de lo que recibe el Consejo de Gobierno, alrededor de los 7.4 millones de dólares] fuera a temas ambientales, muchos problemas locales, como alcantarillado, estarían resueltos”, asegura la exfuncionaria del Parque.
Lo mismo sucede con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica, de acuerdo con Granizo. El organismo es responsable de administrar los recursos de la Ley Amazónica, que provienen de asignaciones por cada barril de petróleo comercializado. En 2025, los recursos se destinaron a saneamiento, asfaltado, producción, comercio y adquisición de maquinaria. Es decir, tampoco es una entidad ambiental propiamente dicha.
La presencia de ambas entidades en el sector ambiental contribuiría a inflar las cifras, opinan los expertos.
En la otra orilla, está el gasto social que se lleva la mayor parte del presupuesto. Las carteras de educación, salud, inclusión económica y desarrollo social son la prioridad indiscutible. Se llevan, en promedio, cerca del 60 % del presupuesto total de los 20 ministerios analizados. Este peso ha crecido sostenidamente, pasando de un 49 % en 2011 a 77 % en 2025, con una proyección cercana al 80 % para 2026.
Por el contrario, el presupuesto del Ministerio de Ambiente tiene una representación promedio del 0.62 % entre los ministerios. En 2025, la representación fue del 0.2 % y se ubicó en el puesto 13 de 20 carteras.
En Ecuador, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se encarga de elaborar el PGE. Granizo cuenta que cuando fue ministro, peleaba tanto en el Gabinete como en la antigua Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) por mayor presupuesto.
En estos espacios, asegura, conoció las verdaderas prioridades de los gobiernos. “Es evidente que gran parte del presupuesto se va a la explotación petrolera”, dice. A inicios de 2025, se proyectó invertir 42 000 millones de dólares en el sector petrolero hasta 2029. La cifra es mayor a la de todo el PGE ejecutado en 2025 (32 927 millones de dólares).
José Antonio Dávalos, exministro de Ambiente desde abril de 2023 hasta noviembre de 2023, cuando concluyó el mandato del entonces presidente Guillermo Lasso, cuenta la dificultad a la que se enfrentaba. “Es difícil sostener el argumento de la necesidad de mayor presupuesto para Ambiente cuando hace falta contratar médicos o maestros, en mi opinión es igual de importante, pero es difícil sostenerlo sobre todo ante el público”, asegura.
Fusionado y sin fondos
El Presidente de la República está obligado a enviar el presupuesto que regirá en el año fiscal siguiente a la Asamblea Nacional. Los integrantes de la Comisión de Régimen Económico discuten el presupuesto y lo aprueban u observan, explica Juan Pablo Jaramillo, economista político y asesor de la asambleísta de oposición Mónica Alemán.
“Pero realmente este tipo de discusiones nunca se dan y la discusión sobre Ambiente termina siendo secundaria”, asegura. Añade que a diferencia de Educación o Salud, Ambiente no cuenta con un procedimiento para determinar el presupuesto, por lo que los asambleístas tampoco pueden revisar que se cumpla con montos ya asignados por ley.
Para entender la consecuencia de tener fondos limitados, Dávalos ofrece un ejemplo. En mayo de 2021, cuando asumió el liderazgo de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, había 115 000 procesos acumulados debido a la falta de personal. La entidad se encarga de prevenir la contaminación ambiental y de administrar las autorizaciones ambientales para sectores como el petrolero y el minero.
A su salida, en julio de 2022, para convertirse en viceministro de Ambiente, se logró reducir la cantidad de trámites tras la implementación de soluciones tecnológicas, pero todavía había 40 000 procesos pendientes, pues gran parte del trabajo requiere de especialistas en sociología, geografía, ingeniería ambiental, ingeniería civil, entre otros.
Actualmente hay 14 135 trámites en proceso en Calidad Ambiental, de acuerdo con información enviada por el Ministerio de Ambiente y Energía.
Al presupuesto insuficiente que destacan los expertos y ex funcionarios entrevistados hay que sumar las decisiones políticas que terminaron por degradar el ministerio.
La degradación tuvo dos hitos. En 2020 se fusionó con la Secretaría del Agua (Senagua) para dar paso al nuevo Ministerio de Ambiente y Agua (un año después se agregaría lo de “Transición Ecológica”). La Senagua se encargaba de gestionar y regular los recursos hídricos. Pero en 2025, la situación empeoró aún más con la desaparición de la cartera ambiental y la adhesión de sus funciones al nuevo Ministerio de Ambiente y Energía.
En la fusión “no hubo criterio técnico, sino mucha improvisación”, asegura un exfuncionario del Maate que solicitó declarar en anonimato. Mongabay Latam accedió a documentos internos que muestran que en 2018, la Senagua tenía una planta de 1086 personas y Ambiente, 2275 personas. Sin embargo, con la fusión, quedaron en total 2161 funcionarios.
Esto repercutió en la carga laboral de las direcciones zonales u oficinas descentralizadas del ministerio. En la Dirección Zonal 2, por ejemplo, a cargo de las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo, aumentaron los trámites pendientes resultando en 20 000 procesos en fila, según el exfuncionario que pidió la reserva de su identidad . “Es imposible de atender”, dice.
Algo similar sucedió en otras direcciones zonales, siendo las más afectadas aquellas que concentran las tareas de fiscalización de las industrias, como son la Zonal 5 y 6 que abarcan respectivamente las provincias de Guayas y Azuay.
A la fecha, hay 27 723 y 15 571 trámites sin atender en el Viceministerio de Agua y en el Viceministerio de Ambiente, respectivamente, de acuerdo con información entregada por el MAE. En el sector Agua, los procesos más antiguos son de 2024 y en Ambiente de 2015.
La desaparición del Ministerio de Ambiente
En la absorción del Ministerio de Energía, también hubo improvisación, según el funcionario que se desvinculó hace unos meses de la entidad. “Aún no se definen los roles y responsabilidades”, dice la fuente.
Con el anuncio de la fusión, en julio de 2025, se suprimieron 74 puestos de trabajo, se lee en un informe del Ministerio. Los especialistas en calidad ambiental provincial y los guardaparques fueron los más golpeados, con 12 y 7 despidos, respectivamente. Además, 8 puestos de analistas en diferentes áreas de la gestión hídrica fueron eliminados.
Para abril de 2026, todo el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) tenía 2207 funcionarios, de acuerdo con el Informe de Gestión de la hasta entonces ministra Inés Manzano. La cifra es menor incluso a la cantidad de funcionarios que tenía Ambiente antes de fusionarse con las otras dos carteras.
La unión con Energía ha sido ampliamente criticada por el sector ambiental por generar un “conflicto de intereses”, al permitir que la misma entidad que promueve la extracción minera y petrolera otorgue las autorizaciones ambientales para esas actividades.
El exministro Dávalos asegura no estar de acuerdo con esta decisión, que responde a una tendencia en la región. “Estos países necesitan que el sector ambiental sea lo menos complicado para que no entre en conflicto con otros sectores”, opina.
Los impactos ya se sienten en los pasillos de la nueva institución. El exfuncionario consultado denuncia que la parte administrativa y financiera del MAE se quedó solamente con personal del antiguo Ministerio de Energía, que no conoce la dinámica ambiental. “Se demoran en ejecutar los pagos, desconocen los procesos y la realidad del territorio, no hay la pelea que había antes para exigir más recursos”, asegura.
De hecho, los expertos y ex funcionarios entrevistados indican que las acciones ambientales quedaron relegadas y el Ministerio se convirtió principalmente en una entidad pagadora de nómina.
En 2024, el Ministerio de Ambiente destinó el 26.6 % de los recursos asignados a tareas de protección ambiental y el 71.16 % de su presupuesto se fue en gastos de personal. En 2025, la cartera manejó solo el 13.43 % del dinero del sector y destinó el 83 % de su presupuesto a pago de personas de nómina. Esto implica una baja capacidad de inversión. “Lo que queda para poder actuar y tomar medidas tangibles es muy poco”, corrobora el exministro Dávalos.
Según información entregada por el MAE, la inversión del presupuesto en proyectos destinados a la gestión ambiental también se redujo drásticamente. Pasó de 105 millones de dólares en 2012, a solo 6.9 millones en 2025, con solo un 48.6 % de ejecución.
Una de las deudas que tiene el país es la remediación ambiental y social, precisa Dávalos. Admite que en su periodo “no había dinero para remediar pasivos ambientales en los casos en los que un privado no se hizo cargo”. Además, el Ministerio de Ambiente ha sido señalado como responsable en una serie de sentencias, por ejemplo, debido a que no ha podido controlar los impactos de la minería informal, algo para lo que tampoco existen recursos, asegura.
“Tenemos un círculo vicioso en el que estamos afectados por la desatención a los ecosistemas, pero apuntamos solo al remedio y no a la causa”, dice Dávalos sobre los daños a la salud que ocasionan la contaminación del agua y los pasivos petroleros y mineros.
Sociobosque, de pago por conservación; Paisajes Resilientes, de restauración de paisajes, y El Proyecto Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre figuran entre las iniciativas de inversión del actual Viceministerio de Ambiente. A excepción de Sociobosque, que solo ejecuta pagos para las comunidades o personas socias, la mayor parte del presupuesto de estos proyectos se destina solo al pago de nómina, asegura el exfuncionario.
Señala, además, que en años pasados el Estado solía pagar el 100 % de Sociobosque, pero la participación de la cooperación internacional ha ido creciendo, de acuerdo con datos enviados por el Ministerio de Ambiente y Energía.
Mientras que del 2012 al 2019 la cooperación internacional cubrió entre el 0 % y el 20 % anual, del 2020 al 2025 el porcentaje subió. En ese lapso, la cifra más alta fue del 83 % en 2021. En 2025 alcanzó el 41 %.
Áreas “desprotegidas”
En Ecuador hay 81 áreas protegidas que abarcan alrededor de la quinta parte de la superficie del país. El presupuesto detallado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) no es público en la plataforma en línea del Ministerio de Finanzas. Pero sí se conoce que el SNAP también ha sufrido recortes. El exministro Granizo recuerda que en 2019, por ejemplo, el presupuesto se redujo en un 33 %.
El SNAP requiere de mínimo 24.5 millones de dólares anuales para funcionar, según datos que envió el MAE. Para una operación efectiva, necesita 49 millones de dólares y en un escenario ideal, la cifra asciende a 73.4 millones de dólares anuales. Sin embargo, el exfuncionario consultado y Granizo aseguran que se cuenta con alrededor de 7 millones que alcanzan solo para el pago de sueldos.
Hasta julio de 2025 había 598 guardaparques en el territorio continental, pero se necesitarían 5240 para que haya uno cada 5000 hectáreas, según datos que presentó Niels Olsen, el expresidente de la Asamblea Nacional, en 2025.
“Hay una brecha de guardaparques, el parque automotor no se renueva, el tema salarial sigue congelado desde 2012”, dice sobre las carencias en el sector un guardaparques que pidió reserva de su identidad. Denuncia que además hay 19 guardaparques encargados de la administración de áreas protegidas, aunque en la práctica no han sido promovidos al cargo de administradores. “Es una deuda del Estado, que se ahorra 400 dólares al mes por cada compañero”, afirma.
Todo esto sucede mientras la inseguridad se recrudece por las actividades ligadas al narcotráfico en la Costa, los incendios que amenazan los Andes, y la minería ilegal que se expande en la Amazonía.
Un claro ejemplo es el caso de Galápagos, que se ha convertido en un nodo logístico del crimen organizado debido al abandono institucional, según reveló una investigación de La Barra Espaciadora, en alianza con Mongabay Latam. El crimen transnacional usa las aguas del archipiélago para reabastecer de combustible a lanchas con droga y ha captado embarcaciones pesqueras locales, mientras que traficantes de especies usan las mismas rutas para traficar iguanas, tortugas o aletas de tiburón.
Frente a estas amenazas, los fondos que recibe el área protegida provienen de su propia gestión. La principal fuente de ingresos es el cobro de tasas para la entrada de turistas al archipiélago. Desde agosto de 2024, los extranjeros y los ecuatorianos deben pagar 200 dólares y 30 dólares, respectivamente.
Los montos responden a un incremento para controlar el turismo masivo a las islas, con el fin de precautelar la fragilidad de sus ecosistemas. El presupuesto del parque pasó de 18.7 millones de dólares en 2024, con una representación del 10.2 % en el sector ambiental, a 26.1 millones de dólares en 2025 y 26.3 millones en 2026, con una participación del 11.7 % y 18 %.
No obstante, el PNG no recibe todo lo que recauda. Para 2025, el total recaudado fue de 37.03 millones de dólares, de acuerdo con la Rendición de Cuentas de ese año. La Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (Loreg) dispone que se entregue el 45 % al Parque, el 20 % al Consejo de Gobierno de Galápagos, el 5 % a la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), el 25 % a los tres municipios de las islas y el 5 % a los gobiernos parroquiales.
Eso quiere decir que en 2025 tuvo que entregar 20.3 millones de dólares a las entidades beneficiarias. Si el Ministerio de Finanzas le asignó 26.1 millones de dólares ese año, después de los pagos le quedaron solo 5.8 millones de dólares al Parque, que gestiona el 97 % del territorio del archipiélago, la Reserva Marina Galápagos (142 758 kilómetros cuadrados) y la Reserva Marina Hermandad (60 000 kilómetros cuadrados).
Mongabay Latam accedió a un documento interno del Parque Nacional Galápagos de 2021 sobre brechas financieras en el que se señala que el valor mínimo para operar es de 6.5 millones de dólares, el óptimo es de 9.5 millones de dólares y el ideal es de 12.5 millones de dólares. El cálculo se realizó antes de la creación de Reserva Marina Hermandad, en 2022, por lo que la exfuncionaria consultada considera que los montos deberían aumentar.
El mismo documento señala que el Parque recibió 4 millones de dólares en 2020 y 3.6 millones de dólares en 2021. Es decir, la institución enfrenta brechas de aproximadamente tres millones de dólares anuales, tomando en cuenta el valor óptimo.
“Cuando tienes que hacer el presupuesto, todos los valores se van en internet, guardianía, combustibles, entre otros. Te quedas sin un centavo para machetes, limas, motoguadañas, herbicidas, material educativo”, describe la fuente.
Según el documento, la falta de presupuesto provocó que en 2021 se pausen estrategias relacionadas al mantenimiento de los sistemas para control de barcos, mantenimiento de embarcaciones y vehículos, mantenimiento de la red de sitios de visita, censos de especies, monitoreo de tiburones y otros.
Ahora, el Parque está funcionando con 290 funcionarios, 40 menos que en diciembre de 2023, dice la exfuncionaria. La falta de personal, asegura, se evidencia en el descuido de actividades de protección, como el control de especies invasoras o la pesca ilegal.
Mongabay Latam envió solicitudes de información sobre estos temas a la Dirección del Parque Nacional Galápagos, pero no respondió hasta la publicación de este artículo.
Un salvavidas ambiental
El país depende en gran medida de la cooperación internacional, describen las fuentes consultadas. El MAE aseguró que a partir del 2012 los proyectos y asistencias técnicas de cooperación internacional y filantropía suman el monto referencial de 1530 millones de dólares. “No corresponde a recursos recibidos de manera directa por el Ministerio de Ambiente y Energía, sino a cooperación internacional y filantropía canalizada a través de distintas modalidades”, aclaró la cartera.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas recibe unos 21.7 millones de dólares al año, de los cuales el 38 % proviene de recursos fiscales y el 62 % proviene de la cooperación internacional, según una estimación recogida en un informe de WWF Ecuador. “En general, la plata de cooperación se usa en capacitaciones, compra de equipos y construcción de infraestructura”, dice Granizo, de WWF Ecuador.
Por ejemplo, Galápagos recibe unos 7 millones de dólares anuales de la cooperación, de acuerdo con la exfuncionaria del Parque Nacional Galápagos. Con esos fondos se compra desde uniformes para los guardaparques hasta la realización de planes y acciones de control de especies invasoras, una de las mayores amenazas de las islas.
Esto sucede mientras “hay una contracción mundial de los recursos para la cooperación, particularmente para el ambiente”, advierte Granizo. Esto responde, añade, a que mucho de los recursos de los cooperantes se están redirigiendo a los conflictos geopolíticos globales.
Para el exministro Granizo, parecería que las actuales autoridades se han olvidado de que “lo ambiental tiene que ver con todas las funciones del Estado y con todo lo que nos da bienestar”. Recuerda que del cuidado del entorno depende la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua segura, la generación energética y la calidad del aire. Más aún en un año en el que se ha anunciado un Súper El Niño que ya está teniendo impactos drásticos en Latinoamérica.
Edición: Alexa Vélez y Emilia Delfino. Investigación: Cristina Fernández y Ana Cristina Alvarado. Con la colaboración de Daniela Quintero Díaz.
