Un informe de la organización Derechos Digitales revisó las leyes y los proyectos de ley sobre infancia y tecnología presentados en 11 países de la región entre 2024 y 2026, y descubrió que en su mayoría, apuntan al punitivismo, copian modelos externos que no responden a sus propias realidades y podrían vulnerar datos personales y afectar otros derechos.
En Ecuador, la Asamblea Nacional archivó dos propuestas y recibió al menos otras cuatro que abordan, entre otros temas, prohibir las redes sociales a menores de 15 años e imponer penas de hasta 13 años de cárcel por la creación de material sexual con inteligencia artificial. ¿Cómo proteger a las infancias sin instituciones ni autoridades fuertes?
Por La Barra Espaciadora
En junio de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador archivó por unanimidad el Proyecto de Ley Orgánica para el Uso Responsable de Redes Sociales. La comisión que lo analizó argumentó que podía restringir de forma desproporcionada la libertad de expresión y el acceso a la información, que era demasiado sancionatorio, que tenía vacíos en protección de datos personales y que no decía con claridad qué instituciones lo harían cumplir. Además, que no garantizaba la protección adecuada de niñas, niños y adolescentes.
Tres meses después, en septiembre, el Pleno archivó también una ley general sobre inteligencia artificial que había absorbido el Proyecto de Ley Orgánica de Aprovechamiento Digital e Inteligencia Artificial para Niñas, Niños y Adolescentes, que fue presentado en 2024.
Las dos decisiones del legislativo ecuatoriano aparecen en el informe Infancias y entornos digitales: tendencias regulatorias en América Latina, que la organización regional Derechos Digitales publicó en noviembre de 2026. El estudio revisó leyes, reglamentos y proyectos de ley de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre junio de 2024 y septiembre de 2026. Su conclusión es que la protección de la niñez en internet se volvió prioridad legislativa en toda la región pero muchos países copian modelos extranjeros, confían demasiado en el castigo penal o abren la puerta a formas de vigilancia que terminan afectando a toda la población, incluidos los niños.
Ecuador: muchas iniciativas, ninguna ley nueva
Ecuador cuenta con el Código de la Niñez y Adolescencia desde 2003, sin embargo, ninguna de las iniciativas que el informe de Derechos Digitales registra en el país se ha convertido en ley hasta octubre de 2026.
Una propuesta de reforma al Código de la Niñez prohíbe que adolescentes menores de 15 años abran o usen cuentas en redes sociales. También obliga a las plataformas a tomar “las medidas necesarias y eficaces” para que se cumpla la restricción, entre ellas mecanismos para determinar la edad de cada usuario.
En marzo de 2026 se presentó la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la Tipificación de Conductas Vinculadas a la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes mediante Inteligencia Artificial, que propone castigar con hasta 13 años de prisión la creación, simulación, difusión y uso de material sexual generado o manipulado con IA u otras tecnologías.
En abril del mismo año llegó un segundo y más amplio proyecto: la Ley Orgánica para la Prevención, Erradicación y Sanción frente a los Delitos Vinculados con Material de Abuso Sexual Infantil, que reúne medidas de prevención y protección con reformas penales y cambios a la legislación en materia de telecomunicaciones. Durante su trámite se discutieron el uso de IA para crear material de abuso, nuevas obligaciones para los proveedores de internet y mecanismos de bloqueo de contenidos.
En julio de 2026 se presentó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales y de Exposición Económica, que aborda el dinero que se gana con la imagen, la voz o el talento de niñas y niños en plataformas digitales. Plantea protecciones para su patrimonio, obligaciones de debida diligencia y sanciones administrativas en casos de explotación económica o sobreexposición.
El informe de Derechos Digitales lo sitúa junto al decreto brasileño que exige autorización judicial para monetizar contenido protagonizado por menores, y lo considera una de las dos “agendas emergentes” de la región.
Ahora bien, vistos todos estos intentos de reformas legales en conjunto, Derechos Digitales observa que los mismos argumentos con que la propia Asamblea archivó la ley de redes sociales en julio −protección ante riesgos para la libertad de expresión, proporcionalidad, protección de datos personales, identificación clara de autoridades competentes− deberían aplicarse a estas propuestas aún no resueltas, incluidas las que obligan a verificar la edad de todos los usuarios y las que dan a los proveedores de internet funciones de bloqueo.
Las cuatro tendencias predominantes en la región
El incremento de penas y de vigilancia, la definición de edades mínimas para usar redes sociales, la exigencia de respuestas a las empresas y no solo a los usuarios, y la inteligencia artificial junto con el trabajo infantil digital son las cuatro mayores preocupaciones en los países estudiados.
En primer lugar, el derecho penal sigue siendo la respuesta más común. En el periodo estudiado, Brasil, Bolivia, Panamá, Paraguay y Uruguay aprobaron reformas contra la violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes. El informe advierte que crear delitos o subir penas “no garantiza, por sí mismo” más prevención ni mejor protección de las víctimas, sobre todo en países donde la justicia ya cuenta con pocos recursos, poca especialización y poca capacidad técnica para manejar evidencia digital.
Los casos demuestran que el endurecimiento penal suele venir acompañado de más poderes de vigilancia. En Bolivia, por ejemplo, la Ley 1.636 de 2025 obliga a las empresas a entregar información a las autoridades en 24 horas y a guardar durante al menos dos años los metadatos de las comunicaciones, como direcciones IP, ubicación geográfica, frecuencia y datos de navegación.
En Brasil, la Ley 15.487 de 2026 permite que la policía patrulle de forma automatizada los espacios digitales públicos sin autorización judicial previa. También aumenta las penas entre un tercio y dos tercios cuando el delito se comete usando herramientas de anonimización, lo que podría incluir las VPN.
En Paraguay, la Ley 7.549 de 2025 obliga a guardar durante al menos 12 meses los datos de conexión de todas las personas usuarias, aunque no estén bajo ninguna investigación.
Para Derechos Digitales, castigar el uso de herramientas de privacidad perjudica también a quienes más las necesitan, principalmente niñas y niños, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y víctimas de violencia. El informe dice que la privacidad y la seguridad digital son condiciones de protección, “también para quienes necesitan buscar ayuda, denunciar violencia o comunicarse de manera confidencial”.
En cuanto a los límites etarios, en su análisis regional, el informe ubica propuestas para fijar una edad mínima en redes sociales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay; en sus fichas por país registra además iniciativas similares en México y Perú. Los límites van de los 13 a los 16 años.
La referencia común es Australia, donde desde diciembre de 2025 algunas redes sociales están obligadas a impedir que menores de 16 años tengan cuentas. El informe pide no trasladar ese modelo sin pruebas de cómo funcionaría en América Latina, donde la manera en que los niños se conectan depende de la desigualdad económica, del territorio, de si hay dispositivos en casa y de si las familias pueden acompañarlos.
El punto más delicado es la verificación de edad. Para saber quién tiene menos de 15 o 16 años, la plataforma tiene que pedir datos a todas las personas, incluidas las adultas. Los métodos traen sus propios riesgos, porque pedir documentos deja fuera a quien no los tiene; el reconocimiento facial procesa datos biométricos y, según evaluaciones técnicas citadas en el informe, se equivoca más según la edad, el sexo o la región de origen; estimar la edad por el comportamiento obliga a analizar con más detalle la actividad de cada persona, y falla cuando una familia comparte un mismo teléfono, algo que ocurre con mucha frecuencia en la región. “No es aceptable una generalización de comprobaciones de edad como condición cotidiana de acceso a internet”, sentencia el informe.
Algunas propuestas incluyen salvaguardas. El proyecto argentino 2.733-D-2026, por citar un ejemplo, plantea un sistema estatal que solo le diría a la plataforma si la persona supera o no la edad mínima, sin entregarle su número de documento, su domicilio, su rostro ni su fecha de nacimiento. La propuesta ecuatoriana, en cambio, exige mecanismos para determinar la edad pero no precisa cuáles serían estos mecanismos.
Otra corriente pone el foco en el diseño de las plataformas y en modelos de negocio basados en una privacidad activada por defecto, en límites a la publicidad dirigida y al perfilamiento, y en la prohibición de patrones oscuros y de algoritmos pensados para mantener a la gente conectada el mayor tiempo posible.
El ejemplo más completo es el ECA Digital, de Brasil, bajo la Ley 15.211, de septiembre de 2025, que obliga a prevenir riesgos como el acoso, la autolesión, los juegos de azar o la pornografía; prohíbe crear perfiles de niñas y niños con fines publicitarios, y exige que las cuentas de menores de hasta 16 años estén vinculadas a la de una persona adulta responsable.
Colombia, por su parte, aprobó la Ley 2.489 en 2025 y la reglamentó en 2026, con obligaciones de seguridad desde el diseño para plataformas, videojuegos y sistemas de IA. El caso colombiano también muestra los límites de este camino. Según el informe, la Ley 2.564 de 2026, sobre salud mental y violencia digital, se tramitó bajo la presión del lobby de las grandes tecnológicas, y el texto final no impone obligaciones de fondo a las plataformas.
Derechos Digitales concluye que la región necesita transparencia sobre esa influencia y garantías para que las empresas no capturen los procesos regulatorios.
Las dos agendas que recién empiezan son la regulación de la IA y la de las actividades económicas de niñas y niños en plataformas. Ecuador aparece en ambas. Sobre la IA, el informe destaca que el proyecto ecuatoriano archivado iba más allá de lo penal, porque incluía transparencia, responsabilidad, protección de datos y acceso equitativo. Para la organización, perder ese enfoque deja el debate reducido a las formas más visibles de violencia y deja fuera otros efectos de la IA sobre la educación, el acceso a la información, la discriminación y el uso comercial de los datos de la niñez.
Unicef estimaba ya en 2017 que una de cada tres personas usuarias de internet en el mundo tenía menos de 18 años. Un estudio de la Cepal de junio de 2026 sobre seis países de la región encontró que, en la mayoría de ellos, más del 90% de los hogares tiene internet y que el celular es el principal dispositivo de conexión, cada vez a edades más tempranas. WhatsApp, YouTube y TikTok concentran buena parte del uso.
Por eso el informe prefiere hablar de infancias, en plural. No es lo mismo crecer con internet en un hogar con computadora y padres con tiempo para acompañar, que compartir un solo teléfono en una familia con trabajo informal. Las leyes que no consideran esas diferencias pueden terminar dejando la protección en manos de las familias que menos recursos tienen para hacerlo.
La protección debe respetar los derechos
La idea central del informe es que proteger a la niñez y defender los derechos digitales no son objetivos opuestos. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Observación General 25 de Naciones Unidas (2021) reconocen a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos en el entorno digital como la privacidad, la información, la expresión, la participación y el juego. Una medida que los aísla o que los vigila puede debilitar la misma protección que busca.
Derechos Digitales propone evaluar cada iniciativa por su necesidad y proporcionalidad, y por si existen alternativas menos invasivas. También pide reguladores independientes, con presupuesto y capacidad técnica; recomienda producir evidencia regional antes de importar modelos; propone más cooperación entre países frente a empresas transnacionales y que niñas, niños y adolescentes participen en las decisiones que les afectan. La responsabilidad de proteger, dice el informe, debe repartirse “sin descargarla en las familias ni dejarla a la voluntad de las empresas”.
Para Ecuador, donde varios proyectos siguen pendientes, el informe propone medir cualquier ley en función de su eficacia en reducir las violencias contra niñas, niños y adolescentes y ampliar sus condiciones para ejercer derechos.
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