Tres senadores del estado de California —el que más crudo amazónico compra— pidieron al gobierno de Daniel Noboa cancelar la ronda petrolera suroriente, prevista para el próximo diciembre, y que impulsaría la explotación en campos de las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago.
Siete nacionalidades indígenas del país ya la habían rechazado y los representantes de las organizaciones indígenas regionales habían anunciado acciones de oposición a la intención gubernamental. El pedido de los senadores estadounidenses llega mientras Ecuador arrastra incumplimientos a sentencias judiciales como la del cierre del Yasuní ITT, la eliminación de mecheros e incluso una sentencia de la Corte Interamericana, sobre pueblos en aislamiento voluntario.
La Barra Espaciadora
El comprador más grande del petróleo amazónico pidió a Ecuador que no amplíe la oferta. Durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, los senadores estatales demócratas de California Josh Becker, presidente del Comité de Recursos Naturales y Agua; Henry Stern, presidente del Comité de Gestión de Emergencias y vicepresidente del Comité Legislativo Conjunto sobre Políticas de Cambio Climático, y Ben Allen, presidente del Comité de Energía, Servicios Públicos y Comunicaciones, difundieron el 10 de noviembre de 2026 una declaración conjunta contra la nueva subasta de bloques petroleros que el Gobierno ecuatoriano anunció para diciembre.
“Pedimos a Ecuador que cancele la ronda de licitación propuesta y respete las decisiones de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Instamos a las empresas y las instituciones financieras a negarse a participar o financiarla”, declararon los legisladores, según recogió Mongabay Latam.
Los senadores, cuyas comunidades han sufrido los incendios Woolsey, Palisades y CZU Lightning Complex, advirtieron que acelerar el cambio climático y destruir bosques esenciales para su estabilidad aumenta los riesgos para las familias. Sostuvieron que “el futuro de California está conectado con la Amazonía”. Según investigaciones citadas por los legisladores, una deforestación extensa podría alterar la circulación atmosférica.
El comunicado describe la extracción en la Amazonía como una “triple amenaza climática” que impulsa la deforestación, debilita la capacidad del bosque para absorber carbono y suma emisiones cuando el crudo se quema. Recuerda también que la ciencia sitúa el punto de no retorno de la Amazonía entre el 20 % y el 25 % de deforestación, frente a un nivel actual cercano al 18 %. “Mientras los gobiernos se reúnen en la COP31 para avanzar en la acción climática, esta expansión lamentablemente va en la dirección opuesta. California debe cuidarse de no ser el motor que la impulse”, advierten los senadores.

Qué se va a subastar
El 1 de octubre de 2026, el Gobierno de Noboa anunció que lanzaría en diciembre una nueva ronda petrolera sobre bosques amazónicos remotos y sin carreteras, a pesar de que como antecedente, de los 13 bloques ofrecidos a empresas privadas en la ronda de 2012-2013 en esta misma zona, solo tres recibieron ofertas y no se llegó a perforar pozos exploratorios. Según Amazon Watch, el Ejecutivo espera captar esta vez alrededor de USD 1 000 millones en inversión.
La llamada Ronda Suroriente agrupa 14 bloques —70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86 y 87—, a los que se suma una Ronda Subandina de cuatro bloques. Aún no está claro si se lanzará una o ambas y las cifras sobre su extensión varían: Amazon Watch habla de más de 2 millones de hectáreas de selva, mientras otros análisis la sitúan en torno a 1,4 millones. En su configuración anterior, de 21 bloques, la ronda se superponía en un 91 % a territorios de siete nacionalidades indígenas.
El calendario también es difuso. La licitación ya se había anunciado para el primer trimestre de 2026 y no se concretó. El medio amazónico Exprésate Morona Santiago reporta que la adquisición de derechos se prevé para febrero de 2027, la recepción de ofertas para el segundo trimestre de ese año y la firma de contratos para diciembre de 2027.

No desde el primer día
El mismo 1 de octubre, las siete nacionalidades indígenas de Pastaza y Morona Santiago —Achuar, Andwa, Kichwa, Sápara, Shiwiar, Shuar y Waorani— rechazaron la ronda en una declaración citada por los senadores: “Los bloques que se ofertan son nuestros territorios ancestrales legalmente reconocidos. Por más de cuatro décadas hemos rechazado cada intento de licitarlos. No hemos dado nuestro consentimiento”. Las nacionalidades sostienen que la ronda viola su derecho al consentimiento libre, previo e informado, reconocido en la Constitución ecuatoriana y en estándares internacionales, y advierten a las empresas: “Cualquier contrato que resulte de estas rondas carecería de seguridad jurídica y estaría expuesto a impugnaciones legales tanto nacionales como internacionales”.
Desde Turquía, el presidente del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, Daniel Santi Gualinga, saludó el pronunciamiento de los legisladores estadounidenses. “El pueblo Sarayaku también hace un llamado a la unidad de los pueblos y organizaciones indígenas de la región amazónica, para unir fuerzas y defender nuestra casa común, el Kawsak Sacha, nuestra selva viviente, porque es la base generadora del equilibrio y la vida en estos momentos muy difíciles que enfrentamos por crisis climática”, dijo a Mongabay Latam.
Sarayaku es, además, un precedente que el Estado ecuatoriano conoce bien, pues en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo condenó por permitir actividades petroleras en ese territorio sin consulta previa.

Por qué importa lo que diga California
California es el principal destino del crudo de la Amazonía. Los senadores citan el informe de 2021 Destinos vinculados: cómo las importaciones petroleras de California afectan el futuro de la selva amazónica, de Amazon Watch y Stand.earth, que concluyó que el estado recibió cerca del 50 % de las exportaciones de crudo extraído en tierra firme en la Amazonía. Según Amazon Watch, en 2025 llegaron a puertos y refinerías californianas unos 35 millones de barriles de crudo amazónico.
“Las empresas y los inversores deben comprender que la transición de California implica una menor demanda de petróleo, no un mercado creciente”, subrayan los senadores. Ya en 2025, tras la visita de líderes indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el Senado californiano aprobó por unanimidad la Resolución 51, presentada por Becker, que lo compromete a investigar el impacto del consumo estatal de crudo amazónico y a explorar cambios de política que ayuden a proteger la selva. En su comunicado, los senadores reconocen la responsabilidad propia de California de cumplir esa resolución, reducir la demanda de petróleo y asegurar que sus importaciones restantes “no financien más destrucción de la Amazonía”.
El pronunciamiento de los senadores envía una señal al mercado y a los financistas, resalta la oposición indígena sostenida, las potenciales impugnaciones legales, los altos costos de infraestructura, los posibles retrasos y retornos inciertos.
El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, designado en mayo de 2026, tiene entre sus prioridades aumentar la producción petrolera. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta pública del Ministerio ni de la Presidencia al pedido de los senadores. La Barra Espaciadora ha solicitado insistentemente entrevistas e información de parte del Ministerio de Ambiente y Energía sobre este y otros temas, pero no ha recibido respuestas.
Otras deudas pendientes del Estado
El pedido de los senadores estadounidenses llega en un momento en el que Ecuador acumula incumplimientos de varias sentencias judiciales en la Amazonía:
Yasuní ITT. En agosto de 2023, el 59 % de los votantes decidió dejar el crudo del Bloque 43 bajo tierra. El cierre comenzó recién en agosto de 2024 y el cronograma oficial se extiende hasta diciembre de 2029. Las cifras de pozos cerrados no coinciden: mientras Petroecuador ha hablado de 59 pozos abandonados, la dirigencia de la Nacionalidad Waorani asegura que solo se han desmantelado 10 de 246 pozos. Entre enero y junio de 2026, el ITT produjo en promedio 42 105 barriles diarios. En agosto de 2026, el colectivo Yasunidos pidió a la Corte Constitucional una audiencia pública sobre el avance del cierre. En marzo de 2026, Human Rights Watch acusó al Gobierno de Daniel Noboa de desafiar la prohibición ordenada por la justicia.

Tagaeri y Taromenane. En marzo de 2025, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de Ecuador por no proteger a estos pueblos en aislamiento voluntario, en el primer fallo del tribunal sobre ese tipo de pueblos. A julio de 2026, la mayoría de las medidas de reparación seguían sin ejecutarse, aunque sus plazos vencieron en marzo del mismo año.
Titulación de territorios. A pesar de que sendas sentencias judiciales han dispuesto al Estado ecuatoriano −a través del Ministerio de Ambiente y Energía− la entrega y reconocimiento oficial de territorios ancestrales de las nacionalidades Siekopai y Cofán (esta última, particularmente, en el territorio de la comunidad A’í Cofán de Sinangoe), ninguna de ellas se ha cumplido. Las demoras burocráticas y la falta de coordinación interinstitucional y de voluntad política han instaurado una práctica recurrente: las entidades públicas ignoran las órdenes de la justicia y gozan de impunidad.
Caso Mecheros. A noviembre de 2026 -a más de cinco años de la histórica sentencia de julio de 2021 emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos a favor de nueve niñas de la Amazonía ecuatoriana- el Caso Mecheros continúa dividido entre los reportes oficiales de avance y las denuncias de incumplimiento judicial. Mientras la estatal Petroecuador sostiene haber eliminado 183 de sus 424 mecheros y proyecta invertir USD 600 millones para completar el desmantelamiento hasta el plazo límite de diciembre de 2030, las Guerreras por la Amazonía, la UDAPT y organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Empresas y Derechos Humanos advierten que aún operan 486 antorchas de gas (incluidas 62 de empresas privadas y varias ubicadas a menos de cinco kilómetros de viviendas). A la par de una acción de incumplimiento tramitada ante la Corte Constitucional del Ecuador, las comunidades de Sucumbíos y Orellana mantienen el reclamo por la falta de acceso a agua potable, atención médica especializada y reparación integral frente a la contaminación persistente.



De izquierda a derecha: Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, pidió en California que se proteja el Parque Nacional Yasuní de la explotación petrolera. Jhajaira Machoa, indígena a’i Cofán y lideresa de la CONFENIAE, sostiene la resolución emitida por el Senado de California. Nadino Calapucha, líder de la Organización Kichwa de la provincia de Pastaza, pide que pare la Ronda Petrolera Suroriente. Foto: cortesía Amazon Watch



