La Corte Provincial de Sucumbíos reconoció la posesión ancestral de una comunidad amazónica sobre tierras que el Estado declaró parque nacional sin consultarles. El fallo establece un precedente para pueblos indígenas ecuatorianos que llevan décadas exigiendo la titulación de sus territorios.
Redacción La Barra Espaciadora
La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía adjudicar y entregar el título de propiedad colectiva sobre 63.775 hectáreas de territorio ancestral a la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en la Amazonía norte de Ecuador.
La sentencia, emitida el 28 de mayo de 2026 dentro de la acción de protección No. 21333-2025-00130, fija un plazo de 30 días para que el Ministerio emita la resolución de adjudicación y el título de propiedad, usando la información técnica y cartográfica ya existente, sin exigir nuevos estudios, como en su momento lo había solicitado el Ministerio de Ambiente y Energía, a través de su departamento jurídico. «La comunidad exige inmediato cumplimiento de la sentencia -dijo Alexandra Narváez, la presidenta de Sinangoe, en entrevista con La Barra Espaciadora-, no queremos retrasos, no queremos que salgan con más excusas, exigimos que se cumpla lo ordenado por el juez».
La Comunidad A’i Cofán de Sinangoe tiene cerca de 300 habitantes y se asienta a orillas del río Aguarico, en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos. El pueblo A’i Cofán —cuyo nombre significa gente de río— habita ese territorio desde tiempos anteriores a la existencia del Estado ecuatoriano. En 1970, el gobierno creó el Parque Nacional Cayambe Coca sobre ese mismo territorio sin consultar a la comunidad. Esa decisión unilateral generó una contradicción jurídica que ningún gobierno posterior resolvió en más de cinco décadas: el Estado declaró área protegida una superficie que sus propios habitantes originarios ya cuidaban, pero no les reconoció derechos legales sobre ella.
Desde los años ochenta, Sinangoe ha enfrentado invasiones de mineros ilegales, colonos y, más recientemente, grupos armados de origen colombiano. Entre 2018 y 2021, la comunidad levantó un mapeo territorial con cerca de 5.000 puntos georreferenciados que identifican senderos, sitios sagrados, plantas medicinales, zonas de pesca y caza, y lugares de memoria cultural. Ese trabajo —realizado junto a mayores, jóvenes y guardias indígenas— sirvió de base técnica para la demanda judicial.
Imágenes satelitales documentadas por La Barra Espaciadora, gracias al Programa de Monitoreo de la Amazonía (MAAP), muestran que el territorio de Sinangoe permanece libre de deforestación, mientras el Parque Nacional Cayambe Coca acumulaba más de 10 hectáreas deforestadas en 2024 y 150 kilómetros de vías asociadas a la minería ilegal. MAAP lo sitúa como la cuarta área protegida amazónica con mayor expansión de minería ilegal en Ecuador.
En octubre de 2021, la comunidad presentó una solicitud administrativa de adjudicación ante el Ministerio de Ambiente, pero no recibió respuesta. En mayo de 2025, presentó una acción de protección judicial por la vulneración de sus derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la adjudicación gratuita de territorios ancestrales, la autodeterminación y la tutela judicial efectiva. La Corte concluyó que la comunidad acreditó su posesión ancestral con estudios antropológicos y etnobotánicos, testimonios, documentación histórica y mapeo comunitario, y que el Ministerio incurrió en una omisión prolongada e injustificada al no resolver la solicitud durante más de cuatro años.
Además de ordenar la entrega del título, la sentencia dispone que el Ministerio adecue, revise y deje sin efecto cualquier disposición sobre el territorio titulado que contradiga el reconocimiento de la posesión ancestral, incluidas las partes correspondientes del plan de manejo del Parque Nacional Cayambe Coca. Ordena también que el título sea entregado en un acto público en Sinangoe y que el Estado emita disculpas públicas por la vulneración de derechos colectivos.
«Nos han entregado un título, pero para nosotros no es solo un título, un papel. Para nosotros esta entrega de título es el reconocimiento de nuestra historia, de nuestros derechos, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Esas son las 63.775 hectáreas de territorio ancestral», dijo Alexandra Narváez en una rueda de prensa realizada el 9 de junio en Sinangoe.
El 10 de junio, la comunidad presentó un requerimiento formal ante el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos y el juez de primera instancia para exigir el cumplimiento inmediato del fallo y establecer una mesa de concertación con hoja de ruta. La comunidad espera respuesta hasta el 16 de junio.
Jorge Acero, abogado que acompañó el proceso, señaló que aunque el Estado alegó la falta de un instructivo para la titulación −un argumento que el MAE ha usado también para evadir sus responsabilidades en el caso de titulación territorial que exigió la Nación Siekopai−, los derechos constitucionales están por encima de los instructivos administrativos.
En Ecuador, varios pueblos y nacionalidades indígenas tienen territorios ancestrales declarados áreas protegidas sin que mediara consulta previa ni titulación posterior. Entre ellos, se cuenta el caso de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, declarado sobre territorios de las nacionalidades Siona, Siekopai y Kichwa. La sentencia sobre el territorio de Sinangoe establece que esa omisión estatal configura una vulneración de derechos constitucionales y que los territorios ancestrales no son concesiones del Estado sino derechos preexistentes.
A la rueda de prensa acudieron guardias indígenas y dirigentes de la Nación Siekopai, el Pueblo Kichwa de Rukullacta, la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru), la Organización Waorani de Pastaza, la comunidad Sarayaku de Sucumbíos, los Siona de Cuyabeno y la comunidad Shuar de Maikiuants, entre otras. La victoria de Sinangoe es considerada por otros pueblos como un precedente aplicable a sus propias demandas territoriales.
Para Alexandra Narváez, esta decisión de la justicia sirve «para recordar la memoria de nuestros abuelos que han hecho el camino para que se haga respetar nuestros derechos como pueblos y nacionalidades indígenas, es algo esperanzador porque representa el reconocimiento de nuestros derechos, de nuestra historia, de nuestra cosmovisión, de nuestra identidad y nuestra cultura».
