Amnistía Internacional presentó un informe que documenta cinco casos de desaparición forzada ocurridos en Ecuador durante 2024, todos vinculados a operativos de las Fuerzas Armadas en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, como parte del llamado Plan Fénix.
La organización advierte que estos casos reflejan un patrón de violaciones a los derechos humanos y cuestiona la estrategia militarizada de seguridad pública impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.
Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
Amnistía Internacional presentó un informe detallado sobre cinco casos de desaparición forzada ocurridos en Ecuador durante 2024, todos vinculados a operativos militares en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. La organización advierte que estos casos reflejan un “patrón sistemático de violaciones” a los derechos humanos, impulsado por una “política de seguridad con enfoque militarizado” conocida como Plan Fénix, implementada por el gobierno del presidente Daniel Noboa.
“Hemos mirado cada vez con más preocupación el llamado Plan Fénix. No ha habido transparencia y nadie sabe de qué se trata esto. Y sabemos en la región lo que ocurre cuando no son políticas extraordinarias, subordinadas, reguladas y fiscalizadas”, denunció Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional.
En enero de 2024, el gobierno redobló su apuesta por una estrategia militarizada mediante la declaración de estado de excepción a través del Decreto Ejecutivo 110 y la declaración de un supuesto “conflicto armado interno”, mediante el Decreto Ejecutivo 111. Desde ese momento, la Presidencia ha emitido al menos otros 13 decretos suspendiendo derechos humanos en distintas partes del país, incluida la región Costa.
El informe de AI señala que la suspensión de garantías y el despliegue militar para tareas de seguridad se ha convertido en “una situación prácticamente permanente”, que es “consustancial” al Plan Fénix, que sirve de fundamento a la acción militar, y criticó que su contenido no sea público.
“No decimos que estos son hechos aislados. Los analizamos para examinar en detalle cómo se desarrolla la violencia y cómo se construye sistemáticamente en el país, entendiendo que siempre hay un subregistro de estos casos”, agregó Piquer, refiriéndose a los cinco operativos documentados por la organización.
El Comité contra la Desaparición Forzada, de las Naciones Unidas registró 22 acciones urgentes sobre Ecuador solo en casos ocurridos entre el 20 de enero y el 6 de diciembre de 2024, mientras que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil registró 33 desapariciones en 2024.
Durante el lanzamiento del informe, estuvo presente Fernanda Restrepo, hermana de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, desaparecidos por agentes del Estado en 1988, en un caso emblemático en la historia ecuatoriana que fue reconocido oficialmente como crimen de Estado. “Alguna vez pensamos que esto nunca más sucedería en este país. No solo que sucedió otra vez, sino que se ha cuadriplicado”, dijo en su intervención.
Los cinco casos analizados por Amnistía Internacional
Amnistía Internacional verificó que en estos cinco casos se cumplen los tres elementos constitutivos de la desaparición forzada, según el derecho internacional: la privación de libertad, la intervención directa o indirecta de agentes estatales –en este caso militares– y la negativa de información sobre el paradero de las personas.
Fernanda Restrepo recordó que “el estilo de las desapariciones forzadas es el mismo, el de la negación estatal y el criminalizar a las familias. La gran diferencia ahora es la evidencia que tenemos: las cámaras nos permiten documentar y protegernos de lo que antes quedaba en la impunidad”.
Amnistía Internacional tuvo acceso y analizó videos y fotografías de las detenciones en cuatro de los cinco casos reseñados; la mayoría de esta información audiovisual fue revisada por el Evidence Lab, el equipo de investigación digital de Amnistía Internacional.
1. Cirilo Leonardo Minota Nieves (35 años, Esmeraldas, 4 de abril)
“Yo como madre quiero que los señores militares me den respuesta. ¿Dónde me dejaron a mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?
Madre de Cirilo Minota.
Cirilo vivía en Quinindé, provincia de Esmeraldas, con su familia y trabajaba cuidando una pequeña finca. Era padre de tres hijos. El 4 de abril de 2024, mientras estaba en un taller mecánico, al menos siete militares lo detuvieron junto a dos amigos, obligándolos a subir a un vehículo. La detención fue grabada por pobladores y circuló en redes sociales.
Uno de los detenidos fue liberado al día siguiente, desnudo y golpeado, y relató que habían sido trasladados a un lugar desconocido donde los golpearon e interrogaron. Desde entonces, Cirilo permanece desaparecido.
La investigación judicial enfrentó múltiples obstáculos: las fuerzas armadas se negaron a proporcionar información, la Fiscalía tardó en solicitar grabaciones y peritajes y los procedimientos iniciales fueron lentos e insuficientes. Según Ana Piquer, se trata de “un contexto donde los militares sienten que lo pueden hacer con impunidad y en la práctica sí logran hacerlo con impunidad”, lo que refleja la dificultad de acceder a la verdad y a la justicia en estos casos.
2. Dave Robin Loor Roca (20 años) y Juan Daniel Santillán Suárez (27 años, Los Ríos, 26 de agosto)
“Por qué saltarse los procedimientos que existen. Porque en Ecuador, si un militar aprehende a alguien en delito flagrante, lo que debe hacer es entregárselo a las autoridades y que la policía inicie un proceso de investigación”
Tía de Dave Loor.
El 26 de agosto de 2024, Dave y Juan Daniel circulaban en motocicleta por la parroquia Ventanas, en la provincia de Los Ríos, cuando fueron detenidos por militares. Fueron trasladados a una vivienda donde se realizaba un allanamiento. Al finalizar el operativo, los uniformados se retiraron con ambos jóvenes y con otras personas que también habían sido detenidas, y los llevaron hasta un camino de tierra en las afueras de la ciudad, donde fueron golpeados y donde les revisaron sus teléfonos celulares.
Algunas de las personas liberadas, que lograron regresar, contaron la violencia sufrida, mientras que Dave y Juan Daniel permanecen desaparecidos. La Fiscalía tardó dos días en recibir la denuncia y aún enfrenta obstáculos para avanzar en las investigaciones debido a la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas, que catalogan la información como “clasificada”.
Durante la presentación del informe, se confirmó que los familiares de las víctimas han recibido amenazas anónimas y hostigamiento, lo que explica el anonimato con que prefieren denunciar estos hechos. “Muy poca justicia se puede ver en los casos de desaparición forzada en América Latina, peor en Ecuador”, señaló Billy Navarrete, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de Guayaquil (CDH), subrayando la impunidad en el caso y la criminalización que sufren las familias.
3. Jostin Elian Álvarez Chávez (17 años) y Jairo Damián Tapia Álvarez (16 años, Los Ríos, 3 de septiembre)
“Nosotros pedimos justicia, sinceramente, por nuestros hijos, porque es algo desesperante, sin saber si está vivo, si está muerto. Si come o no come”.
Padre de Jairo Tapia.
Jostin Elian Álvarez Chávez, de 17 años, y su primo Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16, fueron detenidos por militares en la noche del 3 de septiembre de 2024, durante un allanamiento a su casa familiar, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los menores fueron separados del resto de la familia y se les dijo que serían llevados para una investigación, prometiendo al resto de la familia que podrían ir por ellos al comando de la Policía Nacional una hora después. Sin embargo, nunca llegaron a las dependencias policiales ni a ninguna otra dependencia de autoridad civil.
El 17 de septiembre, Jostin regresó a casa y narró que ambos habían sido encerrados y amarrados de pies y manos en instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Montalvo, junto a otras personas, y que fueron sometidos a interrogatorios sobre armas y drogas. Los jóvenes fueron golpeados constantemente por no cooperar y, aproximadamente una semana después, fueron trasladados en una camioneta hasta un paraje cercano a San Pablo, en la provincia de Bolívar. Allí, Jostin asegura que escuchó disparos dirigidos a Jairo y a otro detenido. Los militares le dijeron que los habían matado por no cooperar, pero a Jostin lo regresaron a la celda clandestina. Días después, logró escapar.
El 28 de noviembre de 2024, Jostin fue nuevamente detenido y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.
Como en otros casos, la Fiscalía enfrentó dificultades para recabar evidencias debido a la lentitud en la solicitud de grabaciones y a que los militares se niegan a colaborar.
4. Dalton Oswaldo Ruiz Tapia (34 años, Babahoyo, 20 de octubre)
“Porque son meses, meses sin ninguna respuesta, meses en los que los hijos piden a su papá”.
Pareja de Dalton.
Dalton Oswaldo Ruiz regresaba a su casa en taxi durante la celebración de la festividad del Rodeo Montuvio, en la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Mientras transitaba, el automóvil fue detenido por algunos agentes de policía que formaban parte del operativo de seguridad del evento. Tras revisarlo y no encontrar nada ilegal, lo dejaron continuar. Sin embargo, casi de inmediato, el taxi fue interceptado nuevamente, esta vez por al menos diez militares. Los militares hicieron descender a Dalton, lo mantuvieron al lado del camino y el taxi se retiró del lugar.
Testigos narraron a las autoridades que los militares se transportaban en una camioneta blanca y que habían esposado a Dalton antes de dispersar a las personas que se encontraban cerca. Esta es la última información que se tiene sobre él.
Inicialmente, la Fiscalía abrió la investigación como desaparición involuntaria, pero en febrero de 2025 corrigió la calificación a desaparición forzada. La negativa de las Fuerzas Armadas a entregar información sobre el operativo, la imposibilidad de identificar el taxi utilizado y la falta de revisión de las grabaciones de cámaras de seguridad han limitado significativamente el avance de la investigación.
5. Steven Gerald Medina Lajones (11 años), Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años) y los hermanos Josué Didier y Ismael Arroyo Bustos (14 y 15 años, Guayaquil, 8 de diciembre)
“Nosotros no dormimos, no comemos, ya no tenemos vida al saber que nos levantamos y no los vemos”.
Padre de Steven Gerald Medina Lajones.
En Guayaquil, cuatro menores fueron detenidos por la Fuerza Aérea mientras regresaban de un partido de fútbol. Testimonios iniciales dieron cuenta de que los niños fueron golpeados y sometidos a violencia física. El 24 de diciembre se hallaron los cuerpos calcinados de los menores. La Fiscalía modificó la calificación del delito a desaparición forzada y 16 militares fueron vinculados al proceso.
Los obstáculos en la investigación incluyen la negativa de cooperación de los militares, el encubrimiento institucional y la lentitud en la recopilación de evidencia. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas han asumido la defensa legal de los militares acusados, nombrando abogados y solicitando al juez de la causa que cese la prisión preventiva.
Este caso, como los anteriores, evidencia la dificultad de acceder a la justicia y a la verdad en un contexto de impunidad militar y hostigamiento a familiares, así como la importancia de la evidencia audiovisual y el seguimiento mediático para mantener la atención sobre estas violaciones graves de derechos humanos.
El contexto internacional y las obligaciones del Estado
El derecho internacional prohíbe las desapariciones forzadas bajo cualquier circunstancia. Ecuador es Estado Parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) y de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).
“Hubo desaparición forzada aunque aparezcan los cuerpos. El hallazgo de restos no basta; es indispensable que sean identificados. No conlleva el fin de la desaparición mientras siga existiendo ocultamiento de lo sucedido”, explicó Adriana Rodríguez, abogada del Programa Andino de Derechos Humanos. Según la experta, estos crímenes constituyen un hecho ilícito complejo y pluriofensivo que no prescribe, y cuando las víctimas son niños, “la responsabilidad del Estado se amplifica”.
Amnistía Internacional enfatiza en que el estado de excepción y la estrategia militarizada del gobierno no eximen al Estado de su responsabilidad penal y moral por estos crímenes.
Fernanda Restrepo subrayó además que, mientras no haya un relato sólido de los hechos, la lucha no cesa: “¿Qué nos debe el Estado? Nos deben la vida entera, la calma, la paz entera. Nunca más vuelve a ser lo mismo. Esto es un funeral abierto de por vida”.
Mientras tanto, las familias siguen enfrentando hostigamiento y amenazas y las investigaciones avanzan con lentitud. La negativa sistemática de las Fuerzas Armadas a colaborar evidencia un patrón de impunidad estructural que no solo obstaculiza el acceso a justicia sino que perpetúa la vulneración de derechos humanos en Ecuador.
