Más de 350 indígenas chachi fueron desplazados por la violencia ligada a la minería ilegal de oro respaldada por grupos armados en la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.
El avance de economías ilícitas en esta zona del país se intensificó en los últimos años debido al abandono estatal. Las Fuerzas Armadas aseguran que allí operan disidencias de las ex FARC.
Unas 350 personas de la nacionalidad indígena chachi se han visto obligadas a huir de su territorio ancestral debido a la violencia provocada por la minería ilegal de oro en Esmeraldas, provincia costera ecuatoriana que limita con Colombia. En la zona opera el Frente Óliver Sinisterra, disidencia de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con las Fuerzas Armadas y el Ejército ecuatoriano.
“Hay un desplazamiento forzado provocado por violencia y miedo”, dice el sacerdote José Antonio Maeso, coordinador de la Pastoral Social Cáritas de Esmeraldas, organización que ha acompañado de cerca a las comunidades chachi y que trabaja desde hace 50 años en el norte de la provincia.
Otras 350 personas permanecen en las comunidades, pero sin poder salir de sus casas, sin acceso a sus cultivos ni a los ríos que los conectan con los centros urbanos. La minería ilegal y los hechos de violencia se registran entre las comunidades La Tranca, Calle Mansa y Corriente Grande. Estos datos se desprenden de un informe levantado por organizaciones sociales de la zona.
La crisis es el resultado de un proceso de más de dos décadas de incursión minera progresiva en el territorio de la nacionalidad chachi. En los últimos cinco años, la actividad ilícita se ha intensificado con la protección de grupos delincuenciales colombianos y ecuatorianos, afirman las fuentes en el territorio.
Esto sucede en un contexto de una ausencia estatal histórica en el límite norte del país. “Ha sido una frontera muy permeable y con muchos conflictos, sobre todo con mucho abandono estatal”, asegura Maeso. Las comunidades chachi no son las únicas afectadas, también lo son las comunidades afroesmeraldeñas, añade. Además, en la zona habita el pueblo epera, que también estaría impactado, señala una religiosa que trabajó en el área.
La superficie ocupada por la minería formal e informal en la provincia de Esmeraldas aumentó significativamente a partir de 2020, de acuerdo con la herramienta MapBiomas Ecuador. En pocos años, la minería pasó de ocupar unas 100 hectáreas a cubrir 683 hectáreas en 2024, el dato más reciente. La actividad minera se concentra en el norte de la provincia.
La Defensoría del Pueblo aseguró que activó acciones de acompañamiento y monitoreo ante el desplazamiento, además de abrir una investigación defensorial. También señaló que solicitó información sobre las acciones realizadas para garantizar derechos de la población a instituciones gubernamentales, como el Ministerio del Interior y el de Educación.
El asesinato de un minero habría sido el detonante
El detonante de este pico de violencia habría sido el asesinato de un promotor de la minería ilegal, según información que recogió Maeso. El minero habría sido un esmeraldeño que coordinaba las acciones con los dueños de las maquinarias y grupos armados delincuenciales que tienen presencia en la provincia, relata José*, un líder indígena que prefiere mantener el anonimato por seguridad.
El minero se habría valido de grupos armados para obligar a los líderes de La Tranca, Calle Mansa y Corriente Grande a firmar un acuerdo que supuestamente autorizaba el uso del territorio comunitario para la extracción. “Forzaron a los líderes y dirigentes con arma en mano para que firmen el documento”, dice el dirigente comunitario.
“Los grupos armados exigían que se les adjudicara 50 hectáreas de territorio”, dice la religiosa consultada, según información que recogió.
El cuerpo habría estado desaparecido, por lo que el 20 de marzo pasado, un grupo de familiares del minero habría navegado sobre dos embarcaciones por el río Cayapas y entrado al territorio chachi en busca de información.
Las comunidades denunciaron que el grupo estuvo conformado por unas 20 personas con características similares a combatientes guerrilleros, armados con fusiles y equipados con material de combate militar. La comunidad La Tranca habría quedado incomunicada y bajo el control de los hombres armados. Al no obtener información, los familiares del minero adoptaron una actitud “contraria y agresiva”, señala José.
“Para nosotros, como chachis, fue una sorpresa. No conocemos nada sobre eso”, asegura Pedro, otro dirigente comunitario. Además, señala que la víctima de asesinato tenía conflictos mineros en otras zonas de la provincia. Hasta el momento, desconocen las causas y los responsables del hecho violento.
Solo saben que tres días después, los familiares hallaron partes del cuerpo cerca de La Tranca. La Fiscalía General del Estado dijo que desconoce el hecho violento y el desplazamiento, por lo que no hay investigaciones en curso.
Esta muerte violenta generó “una conmoción sin precedentes en las comunidades”, según Maeso. En este escenario, los habitantes de La Tranca, Calle Mansa y Corriente Grande se desplazaron hacia otros puntos de la provincia. “La población prefirió no enfrentarse, sino ponerse a buen recaudo”, asegura José.
Pedro fue uno de los primeros en salir de su comunidad, pues fue amenazado directamente por oponerse a la minería, asegura. Más tarde, las amenazas se dirigieron a sus familiares, por lo que también tuvieron que desplazarse. Los desplazados “están en momentos difíciles, necesitan alimentos, no tienen dinero”, dice el dirigente.
De la minería artesanal al crimen organizado
En el norte de Esmeraldas, la minería artesanal es una actividad tradicional con la que han subsistido sus habitantes, de acuerdo con Manolo Morales, miembro de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental Ecolex, que está acompañando a las comunidades chachi. En este tipo de minería, se usan platos o bateas con agua para separar el material pétreo del oro. Por eso no tiene los graves impactos ambientales que deja el uso de excavadoras para remover el lecho de los ríos y de piscinas de mercurio para facilitar la extracción del oro.
Hace unos 25 años, operadores mineros ilegales con excavadoras y clasificadoras empezaron a rondar el Centro Jurídico Tsejpi, una agrupación de comunidades chachi al noreste de la zona actualmente afectada, de acuerdo con José. Sin embargo, su presencia era esporádica.
Todo cambió hace unos 10 años cuando la violencia empezó a incrementarse en el país. En los últimos cinco años la minería ilegal se intensificó. “Se nota que las actividades en la zona norte están acompañadas por grupos armados que protegen los intereses de los mineros”, señala el dirigente indígena.
El informe antes citado documenta que en las comunidades Agua Salada y Las Palmeras del Centro Jurídico Tsejpi existen ocho frentes de trabajo. Unas 16 maquinarias y alrededor de 160 personas externas a las comunidades operaban en el sitio. También se estimó que se consumían 600 tanques de combustible al mes. A 2025, 223 hectáreas habrían sido afectadas en territorio chachi.
La minería se está realizando al borde de los ríos, de acuerdo con Pedro, y los mineros se habrían tomado tierras que estaban destinadas al cultivo de cacao para la subsistencia y comercialización. Además, como resultado, el agua estaría contaminada. “Para ellos, los ríos son la vida, son su fuente de alimentación, especialmente de proteína”, añade la religiosa.
Los mineros ilegales comenzaron en el río Zapallo y se empezaron a expandir hacia otros ríos de la zona, hasta que en noviembre de 2025 llegaron por el río Cayapas a la comunidad La Tranca, cuenta José.
Después del asesinato del promotor minero y las amenazas por parte de sus familiares, las 13 familias de La Tranca y gran parte de los habitantes de las otras dos comunidades fueron desplazados, recoge el informe comunitario. Los que se fueron dejaron atrás sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia.
Los que se quedaron están enfrentando escasez alimentaria por no poder salir a pescar, trabajar en sus fincas o moverse hacia zonas comerciales de abastecimiento. “Las amenazas han sido tan insistentes, tan fuertes que los mantiene en vilo de la desesperación e incertidumbre”, asegura José.
Pedro además advierte de obstáculos para brigadas de salud y atención social por los cierres fluviales impuestos por grupos armados que controlan la zona y extorsionan a los navegantes a cambio de permitirles el paso. A esto se suma la distancia de las comunidades con la ciudad más cercana, Borbón, que está a ocho horas en transporte fluvial desde la zona actualmente afectada.
Disidencias de las ex FARC operarían en territorio chachi
El 17 de febrero, un operativo de las Fuerzas Armadas en el norte de Esmeraldas resultó en la detención de unas 10 personas que pertenecerían al Frente Óliver Sinisterra, según comunicó la institución en sus redes sociales. En el lugar decomisaron un fusil, una pistola traumática -un arma no letal o de baja letalidad-, tres escopetas, 80 cartuchos y dos cargadores.
“Estas organizaciones no solo estarían brindando seguridad a la minería ilegal, sino expandiendo su influencia hacia sectores estratégicos como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí [parroquia donde están las comunidades afectadas], Cabuyal y Playa de Oro, consolidando posibles corredores de economías ilícitas”, de acuerdo con las Fuerzas Armadas. Este no es el único operativo en el que se ha detenido a presuntos miembros del Frente Óliver Sinisterra en Esmeraldas.
El sacerdote Maeso señala que no puede negar ni afirmar la presencia del Frente Óliver Sinisterra en el territorio chachi, pues, por un lado, esto puede favorecer a las narrativas de guerra gubernamentales, que, asegura, ya han causado falsos positivos con la detención de indígenas chachi que ya fueron liberados. Y añade: “Hay un proceso de paz en Colombia, por lo que hay que ser muy prudentes en las afirmaciones que puedan dañar ciertos procesos”.
Los hombres armados que llegaron al territorio chachi no se identificaron, pero por sus acentos sí se reconoció que el grupo está conformado por personas ecuatorianas y colombianas, de acuerdo con José.
El 31 de marzo, las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación en el río Cayapas. Se realizaron controles en las comunidades La Tranca y Calle Mansa, donde encontraron y destruyeron un campamento minero ilegal con dos excavadoras y una clasificadora, según información que la Armada del Ecuador publicó en sus redes sociales.
No obstante, no hubo detenidos. José explica que las Fuerzas Armadas sobrevolaron la zona en al menos dos ocasiones, días antes de la incursión, por lo que los operadores mineros pudieron huir del sitio. “Los militares entraron, cumplieron su misión y regresaron a sus bases. La población está abandonada, sin saber qué ocurrirá”, afirmó.
Las comunidades temen la actitud retaliatoria de los familiares del promotor víctima de asesinato. Además, a Manolo Morales le preocupa que, así como se ha visto en otros casos, los mineros ilegales vuelvan con más fuerza ante la falta de medidas permanentes de protección del territorio y de sus habitantes.
Décadas de abandono estatal
“Los distintos gobiernos han tenido a este sector del país abandonado”, dice Morales. “No solamente a la población chachi, sino también al pueblo afroecuatoriano y a todos los que viven ahí”, añade. Esmeraldas es la provincia con mayor tasa de desempleo y una de las más pobres del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
A 2025, 91 de cada 100 habitantes estaban en el desempleo. Además, 56 de cada 100 entraron a la categoría de pobreza multidimensional, que mide el acceso a educación, trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación, y hábitat, vivienda y ambiente sano.
Pedro cuenta que para acceder a salud y otros servicios en la ciudad, deben navegar hasta Borbón y desde ahí tomar transporte terrestre por cuatro horas más hasta la ciudad de Esmeraldas. José, por otro lado, señala que la infraestructura escolar es “pésima y deprimente” y los servicios básicos son prácticamente inexistentes.
Otro síntoma de la ausencia estatal en la provincia tiene que ver con las medidas cautelares que prohibieron todo tipo de minería en el norte de Esmeraldas en 2011. Ese año, el Ministerio del Interior solicitó medidas cautelares por los impactos ambientales que estaba ocasionando la minería ilegal en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, donde ahora se dan los hechos violentos y de desplazamiento.
La solicitud fue concedida y se ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional realizar operativos de control para evitar la minería ilegal.
De acuerdo con Morales, las medidas debían permanecer vigentes hasta que el Estado demuestre que la población local tiene acceso a atención médica, agua potable y todos los derechos básicos garantizados.
«El Estado no está haciendo respetar [las medidas]», afirma el especialista. «De hecho, no hay ningún punto de control en el norte de Esmeraldas para evitar que ingrese maquinaria, minerales o insumos a los ríos», añade. El puerto fluvial de Borbón sería un punto estratégico para ejercer ese control.
La Defensoría del Pueblo está a cargo de dar seguimiento al caso. Morales reconoce que la institución sí ha hecho su trabajo, pero que dado que “las defensorías a nivel provincial son bastante reducidas, su capacidad de atender estos temas es menor”.
La institución defensorial dijo que mantiene el seguimiento al proceso judicial de las medidas cautelares. Además informó que un juez constitucional dispuso la conversión del caso a una acción de protección, por considerar que existiría una presunta vulneración de derechos y no únicamente una amenaza.
Medidas para asegurar un retorno seguro
Frente a la magnitud de la crisis, las organizaciones que acompañan a las comunidades plantean la necesidad de tomar acciones inmediatas y de mediano plazo. Maeso señala la urgencia de organizar brigadas de salud física y mental. Además, recomendó que se busque personal que hable chapalá, la lengua de la nacionalidad chachi, y que conozca la cosmovisión del pueblo para que la intervención sea pertinente.
Morales, por otro lado, resaltó que este problema no se puede resolver solamente “con una entrada al territorio o con una acción de eliminación de maquinaria”. “Debe haber un acompañamiento permanente por un buen tiempo, para que la gente tenga confianza de retornar a su territorio”, añade.
“Seguimos buscando a las autoridades provinciales y nacionales para que nos ayuden a salir de esta situación”, asegura Pedro. Espera que los chachi puedan volver pronto a sus territorios, para que los actores ilegales no crean que los han abandonado.
José, por su parte, exige que se respete el territorio comunitario, que no existan injerencias de grupos extraños y que no se provoquen más amenazas ni incertidumbre a la población. Y concluye: “Pedimos al Gobierno nacional que se tomen las medidas necesarias para expulsar o disuadir definitivamente la presencia de hombres armados en la zona y las pretensiones de continuar con la actividad minera”.
*Los nombres reales de los líderes indígenas fueron cambiados por razones de seguridad. Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
