el especial

Por Yalilé Loaiza

Era la noche del 1 de octubre de 2019 y, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno decía que el Estado dejaría de subsidiar los precios de la gasolina extra y del diésel.  Aunque Moreno se tomó casi nueve minutos para decir que el impuesto al valor agregado (IVA) se mantendría en 12 %, que los funcionarios públicos tendrían solo quince días de vacaciones, que los aparatos tecnológicos no pagarían impuestos de importación, el anuncio que incendió al país fue que habría que pagar más por el combustible.  

Desde 1979, el Estado subsidia la gasolina. El subsidio, según Moreno, es uno de los “errores de la economía” del Ecuador. Como dijo en la cadena nacional, el país paga más de 1 300 millones de dólares al año para subvencionar el combustible. Cuarenta años más tarde, Moreno eliminó el subsidio y con ello anunció su “paquetazo”.

“Las decisiones que he tomado son decisiones postergadas durante décadas”, dijo Moreno para finalizar su mensaje. El decreto 883 que modificaba los precios de los combustibles entraría en vigencia el 3 de octubre —dos días después de su emisión.

En menos de veinticuatro horas, el 2 de octubre, los transportistas convocaron al paro nacional. Pedían que se derogue el decreto y que el Estado continúe subsidiando la gasolina. 

Ecuador
Foto: LBE.

Día 1. Jueves 3 de octubre

El jueves 3 de octubre, los conductores de buses de transporte urbano y provincial dejaron de trabajar. Junto a ellos, miles de taxistas de todo el país bloqueaban las calles con sus vehículos. Los pocos transportistas que no se acogieron al paro recibieron golpes y amenazas de sus colegas de gremio. Al mismo tiempo, los ciudadanos buscaban otras alternativas para llegar a sus trabajos y a sus hogares, tratando —ingenuamente— de que la medida no afectara su cotidianidad. 

Después del mediodía, Moreno decretó el estado de excepción. Dispuso que se movilizaran en todo el país los miembros de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía Nacional. Suspendió el derecho de libre asociación y restringió la libertad de tránsito. Aunque estaba previsto que el estado de excepción durase 60 días, la Corte Constitucional, el 7 de octubre, dictaminó que solo debería durar la mitad.

Pero no solo los transportistas estaban en paro. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también se sumaron al reclamo.

Con el paro nacional comenzó el caos. Luego de que se cerraran varias vías, los manifestantes fueron reprimidos por la Policía Nacional. En Quito, cientos de ellos caminaban hacia el Palacio de Carondelet. Pero quienes protestaban no fueron los únicos agredidos. La primera mañana del paro, un camarógrafo de Teleamazonas fue embestido por un taxi mientras grababa un reporte en vivo para el noticiero. Otros tres periodistas denunciaron agresiones de la Policía mientras cubrían las marchas de ese día.

Y las agresiones, que se volverían constantes, no bastaron. La protesta por el precio del combustible sirvió de excusa para el vandalismo. Durante el primer día de paralización, en Guayaquil se reportaron saqueos. Los transportistas dijeron que eran infiltrados quienes cometían los robos, y que no pertenecían al gremio. 

Mientras, en la Asamblea Nacional se cocinaba un pedido político. Gabriela Rivadeneira, asambleísta correísta —ahora refugiada en la embajada de México en Ecuador— acompañada por los miembros de la bancada de Revolución Ciudadana, pedía la destitución del presidente Moreno y que se llame a elecciones anticipadas. Aunque en la sesión del pleno de esa mañana los asambleístas correístas habían protestado en contra del paquetazo, no estaban conformes. Rivadeneira exhortaba a César Litardo, presidente de la Asamblea, a que convoque a una sesión extraordinaria para destituir al presidente.

Esa noche una propaganda del Gobierno explicaba que los subsidios solo beneficiaron a quienes “han saqueado la patria y que ahora pretenden caotizar al Ecuador”. El primer día del paro terminó con una cadena nacional.

Foto: Esteban Quiroz.

Día 2. Viernes 4 de octubre

Las calles y carreteras permanecían bloqueadas. Era el 4 de octubre y el paro continuaba. La noche anterior, Marlon Santi, dirigente indígena, y Jairo Gualinga, de Juventud de la Conaie, fueron detenidos. La mañana de ese viernes, también se conoció de la detención de Jorge Calderón, dirigente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis (Fedotaxis). El cargo que se le imputaba era la paralización de un servicio público. Según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, quien impida la prestación de un servicio público puede ser sancionado con cárcel de entre uno y tres años.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, hablaba en rueda de prensa. Ya lo había hecho luego del estado de excepción y, en esta ocasión, el discurso era similar. La Ministra contaba el número de detenidos hasta la fecha: 350 en todo el país, dijo. Además, Romo aseguró que el Gobierno analizaba el aumento del precio del pasaje para el transporte público urbano e interprovincial. Con el transporte suspendido, con los daños, los detenidos y las pérdidas económicas, el Gobierno debía negociar. 

Solo en Quito se perdieron 290 millones de dólares. El Municipio comunicó en sus redes sociales que habría sanciones para los transportistas que apoyaban el paro.

Por la tarde, la decisión estaba tomada. El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, anunciaban el aumento de la tarifa de transporte. La Agencia Nacional de Tránsito haría el estudio técnico para saber de cuánto sería el incremento. En esa rueda de prensa, Martínez dijo que también se recomendará el valor para la tarifa de transporte urbano, que es potestad de los Municipios.

En su cuenta de Twitter, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, también se pronunció: “Subieron el pasaje del transporte público y de carga, por lo tanto el costo de la vida. Escondieron la serpiente en un canasto de manzanas”, escribió.

Esa misma noche, en rueda de prensa, Abel Gómez, representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), anunció la suspensión del paro. Aunque los transportistas no bloquearían más las vías, la exigencia seguía siendo la misma: que se derogue el decreto 883.

En todas las provincias, el movimiento indígena declaraba la movilización indefinida. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, anunciaba una huelga nacional para el 9 de octubre. “Convocamos a presidentes de comunidades, de asociaciones, nacionalidades y pueblos del Ecuador, a la unidad, y salir a las calles reclamando nuestros derechos y en rechazo a las medidas económicas que nos afectan y no acogen los intereses de nuestros pueblos”, dijo Vargas.

Un comunicado de la Conaie explicaba que las medidas de protesta se “intensificaban”. Pese a la suspensión del paro de transportistas, varias carreteras permanecerían cerradas. En el documento la Conaie acusaba al gobierno de Moreno de ceder ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de beneficiar a “los ricos”. En marzo de este año el Ecuador firmó un acuerdo con el FMI de asistencia financiera, el número 14 en la historia del país. 

El paro de los transportistas había terminado, pero el movimiento indígena mantenía las movilizaciones. El paro, realmente, apenas empezaba.

represión
Foto: Esteban Quiroz.

Día 3. Sábado 5 de octubre

Para el 5 de octubre, las bases del movimiento indígena cerraban carreteras y miles caminaban hacia Quito. En la comunidad de Nízag, en Alausí, al sur de la provincia de Chimborazo, hubo enfrentamientos entre comuneros y militares. Como resultado, los indígenas retuvieron a 47 militares. “Están detenidos los militares y no se los soltará hasta que el Gobierno no se pronuncie”, dijo José Romero, dirigente de Alausí.

Ese sábado, el ministro de relaciones exteriores, José Valencia, confirmó que el presidente Moreno suspendió un viaje para reunirse con autoridades del Gobierno alemán. El presidente “prefiere permanecer en Ecuador, él está personalmente monitoreando los eventos”, dijo Valencia.

Cerca de las seis de la tarde, la Conaie decretó el estado de excepción en todos los territorios indígenas. En su comunicado advertía que los policías y militares que se acerquen a esos territorios serían retenidos y sometidos a la justicia indígena.

Día 4. Domingo 6 de octubre

El cuarto día de protestas se supo del primer muerto del paro nacional: Raúl Chilpe. Murió al mediodía del 6 de octubre en Molleturo, Cuenca. Chilpe participaba en una de las protestas en las vías. Fue atropellado por un conductor que quería avanzar por la carretera bloqueada. La ambulancia que se movilizó para atenderlo no pudo llegar a tiempo por el bloqueo de las vías. La médica del Ministerio de Salud que iba en su auxilio tuvo que caminar para llegar al lugar donde estaba Chilpe, y ahí pudo confirmar la muerte. 

Al norte de Quito, en la sede de la Conaie, se entregaron donaciones para los indígenas que llegarían a la capital como parte de la movilización. Hasta ese momento, 10 carreteras en todo el país seguían bloqueadas.

Por la noche, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, junto con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, daban una entrevista en la televisión pública. Jarrín dijo que “no hay territorios indígenas”, desconociendo lo establecido en la Constitución. “Aquí no hay ninguna otra forma o minoría que reclame facultades o atribuciones que correspondan al Estado nacional”, dijo el Ministro. 

Mientras tanto, varias tanquetas de las Fuerzas Armadas entraban al Centro Histórico de Quito. Varios videos sobre ese ingreso se difundían en redes sociales y el periodista le preguntaba a Jarrín sobre esos vehículos militares. El Ministro justificó esa entrada con un tecnisismo: “No existen ningunas tanquetas, lo que ha existido son blindados que son parte del equipamiento policial”. 

Narrativa del abuso policial frente a un ciudadano

Día 5. Lunes 7 de octubre

El número de detenidos se incrementó. Según información oficial 477 personas fueron detenidas hasta el 7 de octubre, la mayoría por actos vandálicos. También el número de heridos aumentó: el Gobierno contabilizó 59 policías heridos y la Conaie también denunciaba la represión policial: “Alrededor de 400 militares ingresaron al sector de Piedra Colorada (…) disparando perdigones y bombas lacrimógenas”, publicaba en un tuit. Ese lunes también hubo enfrentamientos entre la policía y los indígenas en La Esperanza, Imbabura.

En el Centro Histórico de Quito, estudiantes y transportistas se enfrentaron con la Policía en la plaza de San Francisco. Todos reclamaban la derogatoria de las medidas económicas. Hubo cruce de piedras y bombas lacrimógenas.

En rueda de prensa, Jaime Vargas dijo que más de 20 mil indígenas llegarían a Quito. Ratificó que las movilizaciones se mantendrían hasta que el Presidente derogue el decreto 883. También, en un comunicado, la Conaie rechazó los actos vandálicos y anunció que detendrán a los infiltrados. 

Esa tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó los jefes de bloque para definir la postura del Legislativo frente al paro. “Nadie se va a prestar para el juego de la desestabilización. Desde la Asamblea vamos a trabajar siempre en el proceso de darle estabilidad democrática al país”, dijo Litardo. La Corte Constitucional también se pronunció y dictaminó que el estado de excepción firmado por el Presidente solo podía durar treinta días, no sesenta.

Hasta el 7 de octubre hubo cuarenta y dos agresiones a los periodistas que cubrían las protestas. Solo ese día, según Fundamedios, hubo nueve ataques. La Conaie denunció la detención de Camila Martínez, comunicadora popular de la Confederación. 

Los indígenas de todo el país se sumaron al paro. Caminaban a Quito para unirse a la huelga convocada para el 9 de octubre. La Casa de la Cultura habilitó el Ágora para recibir a los indígenas.  En la Amazonía, un grupo de manifestantes se tomó pozos petroleros.

Radiografía

Día 6. Martes 8 de octubre

Desde temprano, el 8 de octubre, las comunidades indígenas empezaron a llegar a Quito. Esa mañana, en Guaranda, los manifestantes indígenas se tomaron la Gobernación de Bolívar. Por la tarde, en Quito, la sede de la Asamblea Nacional también fue tomada, brevemente, por los indígenas. Hubo enfrentamientos con la Policía y nuevamente se dio un cruce de piedras y bombas lacrimógenas. También en otras provincias se registraron agresiones a personas que querían trabajar y no se unían al paro.

En Carondelet, varios periodistas esperaban al presidente Moreno. Se suponía que iba a dar una rueda de prensa al mediodía, pero esta se pospuso para las cuatro de la tarde. Nuevamente, a esa hora, la cita se pospuso para las seis de la tarde, pero al llegar esa hora la rueda de prensa tampoco se dio. ¿Dónde estaba Lenín?

Mientras la prensa esperaba en el Palacio de Gobierno, la Fiscalía allanó las instalaciones de Radio Pichincha Universal, un medio vinculado a la prefectura de Pichincha, liderada por Paola Pabón, afín al correísmo. Asimismo, desde Guayaquil, Jaime Nebot, exalcalde de esa ciudad, convocó a través de redes sociales a una marcha multitudinaria para “defender” a Guayaquil: “Demostremos que con el pueblo humilde y valiente de Guayaquil y del Ecuador no van a jugar”, dijo Nebot. En una entrevista, ese día, también respondió a un periodista: “Recomiéndeles que se queden en el páramo”.

Las consecuencias del paro cada vez eran más evidentes. Para el 8 de octubre, seis provincias de la Sierra no tenían combustible por el cierre de vías. Según la Cámara de Comercio de Quito, la capital perdió 5 millones de dólares diarios en turismo por el paro.

En Quito, por la noche, hubo más vandalismo. Varias personas quemaron el cuartel de Policía 24 de Mayo. Por su parte, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, publicó la resolución a la que llegaron junto con los jefes de bancada. Exhortaban al respeto del Estado de Derecho. El documento estaba firmado por los representantes de los bloques del Legislativo, pero faltaba la firma de la bancada correísta.

Esa noche, Lenín Moreno habló en cadena nacional. Estaba acompañado por el Vicepresidente, el Ministro de Defensa y por los altos mandos militares. Ya no estaba en Quito. Moreno se dirigió a la nación, luego de un intenso día de protestas, desde Guayaquil. Su mensaje se inició con el anuncio de que había trasladado la sede de gobierno a Guayaquil. Fue la segunda vez en la historia del Ecuador en que algo así sucedía. Eloy Alfaro también lo hizo hace 124 años. La Constitución, en su artículo 165.3, permite al Presidente cambiar la sede de gobierno cuando hay estado de excepción. Contrario a lo que se difundió en redes sociales, cambiar la sede de gobierno no es cambiar la capital del país.

Además, se decretó la restricción de movilidad desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana en los alrededores de edificios estratégicos y en las zonas que determinara el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Moreno dijo que las protestas eran un intento de desestabilización a su Gobierno, organizado por los correístas. “¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pabón, hayan viajado al mismo tiempo, hace pocas semanas, a Venezuela?”, dijo el Mandatario. Fue enfático en asegurar que se mantendrá firme con las medidas económicas y llamó a los movimientos sociales al diálogo. “Por duro que parezca hemos hecho lo correcto con la patria”, dijo.

país roto
Foto: Iván Castaneira.

Día 7. Miércoles 9 de octubre

Aunque el 9 de octubre Guayaquil celebraba 199 años de independencia, la atención no estaba centrada en las fiestas de la ciudad porteña. El paro nacional continuaba y ese día se realizaría la huelga convocada por la Conaie. La noche anterior, el expresidente Rafael Correa pedía las elecciones anticipadas y se ofrecía como candidato.

En Quito, el movimiento indígena y los trabajadores rodearon el Centro Histórico. Se iniciaba una nueva jornada de protestas. El parque El Arbolito, que queda junto a la Casa de la Cultura de Quito, también fue el escenario de los enfrentamientos. En la Tribuna de los Shyris, en Quito, varios ciudadanos también se reunieron para protestar pacíficamente en contra del paro.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) expresó, en un comunicado, su apoyo a las manifestaciones. En su cuenta de Twitter, el partido decía que “saben que un pueblo ha decidido sacudirse el yugo de los opresores”. Por su parte, el Gobierno presentó nueve propuestas para dialogar con los indígenas. Entre ellas estaba el perdón del 100% de las multas impuestas por la Secretaría Nacional del Agua, la adecuación y estabilización de 500 kilómetros de agrovías rurales, la entrega de kits tecnológicos, maquinaria y centros de acopio y distribución para papa, quinua, chochos, arvejas, cebada y brócoli, entre otras.

Esa mañana, la Cruz Roja del Ecuador anunció la suspensión de sus atenciones hospitalarias por falta de garantías de seguridad para realizar su labor. Durante el paro, once ambulancias de la Cruz Roja y varios de sus voluntarios fueron agredidos. Por otra parte, los militares recobraron el control del campo petrolero Sacha, en la Amazonía. Se estimaron 12,8 millones de dólares de pérdidas en ingresos para el país por la toma de ese campo.

Pasado el mediodía, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo, en cadena nacional, que “el trabajo es el único que nos sacará de la pobreza” y que el “Ecuador no soporta más endeudamiento”. Respaldó las medidas económicas y dijo que se reunió con las víctimas de los saqueos para ayudarles a recuperar sus negocios. 

Esa tarde, en Guayaquil, se desarrolló la llamada Marcha por la Paz. Miles de guayaquileños vestidos de blanco se congregaron en la avenida 9 de Octubre. Escucharon los discursos de la alcaldesa Viteri y del exalcalde Nebot. Mientras tanto, en redes sociales, la Ministra de Gobierno informaba sobre la fuga y recaptura de varios presos de la cárcel El Rodeo, en Manabí. Lenín Moreno regresaba a Quito.

Por la noche, se registró un enfrentamiento entre policías y manifestantes a las afueras de la Universidad Salesiana y de la Universidad Católica de Quito, consideradas zonas de paz, y donde se refugiaban cientos de indígenas. La Policía lanzó bombas lacrimógenas dentro de los campus. La ministra Romo, esa misma noche, en rueda de prensa, se disculpó y dijo que eso no volvería a pasar. 

El 9 de octubre finalizó con la muerte de Inocencio Tucumbi, agricultor indígena de 50 años, oriundo del cantón cotopaxense de Pujilí. Javier Pallo, dirigente indígena la comunidad Yanahurco de Juigua, a la que Tucumbi pertenecía, dijo que su muerte se dio porque fue impactado por una bomba lacrimógena, igual como lo contó Gustavo, el primero de siete hijos de Tucumbi. Sin embargo, según la ministra de Gobierno, Tucumbi murió por una caída.

Radiografía
Foto: Iván Castaneira.

Día 8. Jueves 10 de octubre

En el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito, la Conaie esperaba que llegaran los cuerpos de sus muertos. Celebraban una Asamblea.

Los discursos de los dirigentes de la Conaie llamaban a la “radicalización de la protesta”. Jaime Vargas y Leonidas Iza, ambos dirigentes indígenas, subieron a la tarima a varios periodistas. Instaron a que tanto Teleamazonas como Ecuavisa, medios privados nacionales, así como los medios públicos, transmitieran en vivo sus discursos y el velorio de los indígenas muertos en el paro. Para ese momento, había ocho policías retenidos en el Ágora y la Conaie, por redes sociales, difundía un comunicado que decía que solo dialogarían con el Gobierno cuando se derogue el decreto 883, de las medidas económicas, y cuando María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, ministra de Gobierno y ministro de Defensa, abandonen sus cargos.

Durante la Asamblea se anunció que también había periodistas retenidos. Aunque varios comunicadores subieron a la tarima en el Ágora y en redes sociales dijeron que no se sentían retenidos, que estaban ahí voluntariamente, a Freddy Paredes, de Teleamazonas, la dirigencia no le permitía abandonar el lugar. Él pidió que se le dejara salir para procesar el material que había grabado y transmitirlo, pero la dirigencia quería que llame a su canal para que transmitan en vivo lo que sucedía. 

Horas después, por la tarde, el periodista de Teleamazonas, su asistente y su camarógrafo pudieron salir. Freddy Paredes caminaba acompañado por dos miembros indígenas que lo escoltaban. Cuando estuvo fuera del Ágora, los manifestantes le gritaron improperios — “prensa corrupta”, por ejemplo—, lo golpearon y pisaron. Un manifestante se le acercó por detrás y le pegó con una piedra. El periodista cayó al piso con una herida de seis centímetros en la nuca y un hombro dislocado. En la noche, Paredes responsabilizó a Jaime Vargas, presidente de la Conaie, por su seguridad y por la de los otros periodistas.

La líder indígena y parlamentaria andina Lourdes Tibán estaba ese día en el Ágora. Contó en una entrevista radial que le preocupó la intervención de Vargas que llamaba a radicalizar la protesta. Tibán aseguró que hubo infiltrados correístas en la protesta y que hay una facción indígena que todavía apoya a Rafael Correa. La parlamentaria dijo que fue agredida y que tuvo que salir escondida de la Casa de la Cultura. Luego viajó a Cotopaxi, desde donde impulsó el diálogo: “Les dije: ‘señores, no va a haber derogatoria sin diálogo, vamos a impulsar el diálogo’”, contó Tibán.

La misma mañana, María Paula Romo, ministra de Gobierno, anunciaba la detención de diecisiete personas (que en realidad fueron diecinueve) en el aeropuerto de Quito. Los extranjeros, en su mayoría venezolanos, según la Ministra tenían información sobre los movimientos del Presidente y el Vicepresidente. Después de la audiencia que se hizo el día siguiente, quince fueron liberados. No eran delincuentes, sino conductores de Uber y Cabify. 

Ese día, 81 carreteras en el Ecuador permanecían bloqueadas, según el Ministerio de Transporte.

Cuando llegaron los cuerpos de los indígenas que murieron en el paro, la dirigencia indígena declaró tres días de luto. 

Día 9. Viernes 10 de octubre

Era el Día Mundial de la Salud Mental, pero en el Ecuador era el noveno día de paro y los ecuatorianos ya habían perdido la cabeza.

Ese día se inició con el nuevo tarifario para el transporte público. También, con la declaratoria de emergencia en el sector florícola del país. Durante los días de paro, los empleados habían sufrido múltiples agresiones por no sumarse a la medida. El presidente de Expoflores, Alejandro Martínez, dijo que “si no se retoman las actividades se perderán alrededor de 20 mil toneladas de flores que llegan a ser más de 250 millones de dólares”.

La movilización de los indígenas continuaba. La noche anterior y durante la madrugada, los “guerreros del Amazonas”, como los llamó Jaime Vargas, presidente de la Conaie, llegaron a Quito.

La Cruz Roja pedía a los ciudadanos que donen sangre. Debido al cierre de vías el banco de sangre de la Cruz Roja fue afectado. La producción petrolera ya había perdido más del 50 % de su producción. Habías más de mil detenidos, según los datos de la Defensoría del Pueblo.

A las afueras de la Asamblea Nacional se desarrollaba una protesta pacífica. Cientos de mujeres indígenas gritaban: “Somos mujeres, no somos delincuentes”. Para ese día también varios grupos feministas de la capital se unieron a la protesta indígena. Pero la Policía reprimió a los manifestantes pacíficos y lanzó bombas lacrimógenas. “Fuimos engañados”, dijo una mujer shuar, que contó lo que sucedió en la Asamblea. En sus redes sociales, la Policía denunciaba las agresiones en contra de sus miembros y explicaba que ese tipo de comportamiento “tuvo una preparación en combate”.

Ese 11 de octubre, en Quito, se escucharon varias explosiones por la noche. La ministra Romo dijo que la explosión más fuerte que se oyó fue producida por un tanque de gas. La zona de El Arbolito ya era área de combate.

Día 10. Sábado 12 de octubre

Varias calles de Quito amanecieron bloqueadas. Volquetas y camiones con manifestantes se movilizaban por la avenida Occidental de la capital. Nuevamente, empezaban las protestas.

La Conaie se mantenía firme en sus demandas para entablar el diálogo: que se derogue el decreto 883, que cambiaba los precios de los combustibles, y que los Ministros de Gobierno y de Defensa renuncien.

Esa mañana varios periodistas que cubrían las manifestaciones en el sector de El Arbolito, en Quito, denunciaron agresiones. Personas infiltradas en la protesta incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado. Hacía una semana, ese mismo edificio había sido tomado sin éxito. Mientras tanto, varias personas de distintos sectores de Quito denunciaban que los manifestantes habían cerrado el paso de agua a sus viviendas, que bloqueaban sus calles y que no les permitían salir. Tenían miedo de posibles saqueos.

Al mediodía una luz entre tanta oscuridad: la Conaie comunicaba que accedería al diálogo con el Gobierno Nacional. A las dos y treinta de la tarde, Lenín Moreno aparecía en cadena nacional y anunciaba el toque de queda. Desde las tres de la tarde nadie podría salir de sus casas en Quito. A pesar de ambos anuncios —tanto el de la Conaie como el del Presidente— hubo más actos violentos. Los indígenas se refugiaron en el Ágora de la Casa de la Cultura y en las dos universidades que los acogieron.

Una turba se instaló a las afueras de Teleamazonas, en Quito, y quemó un autobús que estaba en el parqueadero del canal. Destrozaron puertas y ventanas mientras intentaban entrar al edificio. Las veinticinco personas que estaban trabajando se escondieron para resguardarse del ataque. El cuerpo de Bomberos que iba a atender la emergencia no pudo pasar en un primer intento. La turba lanzó piedras e impedía su paso. Cerca de una hora duró el incendio en Teleamazonas. Al otro lado de la ciudad, en el sur, la sede de diario El Comercio también fue atacada. Mientras los ataques a los medios de comunicación sucedían, Rafael Correa tuiteaba una imagen que terminaba con el hashtag #PrensaCorrupta. 

Al norte de Quito, en Calderón, más de cincuenta policías fueron retenidos por los manifestantes. Ecuavisa, otro medio privado de comunicación, evacuaba a su personal por miedo a correr la misma suerte de Teleamazonas. Ambos medios transmitieron ese día solo desde sus sedes en Guayaquil.

La Contraloría seguía quemándose y, esa misma tarde, el Gobierno de México hacía oficial su protección a la asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira, que desde ese día se refugió en la embajada de ese país en Ecuador.

Por la noche, la Conaie denunció que dentro del Ágora de la Casa de la Cultura se sentía gas lacrimógeno. La Ministra de Gobierno, en rueda de prensa, negaba cualquier intento de desalojo.

Un sonido se esparcía por toda la ciudad. Miles de cacerolas sonaban. Aunque no se podía salir de las casas, miles de ciudadanos se manifestaron haciendo sonar sus trastos. Algunos a favor de la paz, otros en contra de las medidas económicas y en apoyo a las protestas. Al mismo tiempo, los policías en Calderón fueron liberados y el Contralor decía que la información de la Contraloría estaba resguardada.

Era 12 de octubre. Se cumplía el décimo día del paro.

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Foto: Iván Castaneira.

Día 11- Domingo 13 de octubre

El toque de queda continuaba, pero a media mañana se informó que no aplicaría para toda la ciudad sino tan solo para el perímetro del parque El Arbolito. Esta tarde el Gobierno se reuniría con los dirigentes indígenas y con los observadores de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para dialogar. La negociación se transmitiría en vivo por petición de la Conaie.

A las seis de la tarde, del 13 de octubre, se inició el tan esperado Diálogo por la Paz. Jaime Vargas, presidente de la Conaie, al igual que otros dirigentes, pidió la derogatoria del decreto 883. El presidente Moreno argumentó que los subsidios favorecen a los más ricos y al tráfico de combustible. También propuso crear una comisión para revisar el decreto 883. Vargas respondió: “Aquí no venimos a formar comisiones, el pedido, no del movimiento indígena, sino del pueblo ecuatoriano, es la derogatoria del decreto”.

En el diálogo también intervino Leonidas Iza, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. Él explicó cómo les afectaría el incremento de pasajes. Después, Abelardo Granda, presidente de Fenocín, le dijo a Moreno que “está gobernando con los rezagos del correísmo”. Luego habló Richard Martínez, ministro de Finanzas, y explicó que el Ecuador “no puede seguir pagando más por deuda que por educación y salud”. Martínez dijo que el déficit alcanzó los 6,5 millones de dólares el año anterior y que se lo cubrió con deuda.

Por petición de Arnaud Peral, representante de las Naciones Unidas en Ecuador, se le dio la palabra a una mujer. Miriam Cisneros, presidenta del pueblo Sarayaku, dijo que se le han secado las lágrimas por las pérdidas de sus compañeros en el paro, y por los heridos. 

El diálogo se suspendió para un receso de quince minutos, pero la espera duró más de una hora y media. En ese intermedio, se tomaron decisiones. Cuando se volvió a televisar el diálogo, el presidente Lenín Moreno anunció que el decreto 883 quedaba sin efecto y que en ese momento se empezaría a trabajar en un nuevo decreto en el que participarán los movimientos indígenas y otros sectores sociales: “De acuerdo a la resolución, que se arme la comisión”, dijo Moreno.

Con el acuerdo, las protestas a escala nacional terminaron y los indígenas regresaron a sus comunidades.

Radiografía
Vista aérea de la intersección entre las avenidas 6 de Diciembre y Patria, donde se concentró la mayoría de episodios represivos durante las jornadas de protesta de octubre. Foto: Esteban Barrera.

Día 12. Lunes 14 de octubre

El Ecuador se iniciaba una nueva semana y las protestas habían terminado. 

Esa madrugada, la Fiscalía informó que allanaron el domicilio de la correísta Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y que la detuvieron. Además de Pabón, Pablo del Hierro y Christian Guerrero fueron detenidos. También la Fiscalía allanó la casa de Virgilio Hernández, exasambleísta por el partido de Correa y secretario del movimiento Compromiso Social (más conocido como Revolución Ciudadana). 

Por la tarde, llegó el decreto 894 que dejó sin efecto al decreto 883, como se acordó en el Diálogo por la Paz. Desde la medianoche, los precios del combustible volverían a tener el subsidio del Estado.

La embajada de México, en un comunicado, informó que daría protección y resguardo a seis personas más: a los asambleístas correístas Soledad Buendía y Carlos Viteri y a sus cónyuges; al asambleísta alterno de Buendía, Luis Fernando Molina, y a Leonidas Moreno, procurador de la Prefectura de Pichincha.

El día terminó con otra cadena nacional. El Presidente anunció que el Servicio de Rentas Internas ampliará los plazos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, debido a las pérdidas por el paro. También dijo que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de reactivación productiva y empleo.

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