Por Gabriela Montalvo / @mgmontalvo
La puerta de la oficina del presidente del Directorio del IESS se abrió para recibir, posiblemente por primera vez, a un grupo de artistas, quienes, acompañados de técnicos y autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio, asistían a una reunión para solicitar seguridad social para su sector.
Los artistas hablaron de la precariedad y la inestabilidad con la que, mayoritariamente, desarrollan su trabajo, expusieron casos concretos de artistas reconocidos que han sufrido episodios delicados de salud ante los cuales la única opción es recurrir a la solidaridad de los compañeros y de la ciudadanía, y explicaron la frágil situación a la que se exponen en lo económico cuando los años avanzan.
El presidente del Directorio escuchó atentamente, ofreció café, incluso galletas y respondió hablando de su amor por el arte, por la pintura, por el teatro…
Luego preguntó, con un tono entre la burla y la pena, con la seguridad de quien sabe que se encuentra ante un otro que desconoce el tema, cuál era el plan para lograr el aseguramiento, bajo qué figura se haría, quién cubriría qué proporción de los aportes y qué beneficios esperaban obtener del IESS, sobre todo si el nivel al que podían asegurarse era, en el mejor de los casos, el del sueldo básico…
El silencio que siguió a esa pregunta le permitió continuar con la palabra y, elevando el nivel en su tono de superioridad, invitó al grupo, autoridades incluidas, a regresar cuando tuvieran una propuesta armada, una estrategia para este pedido “justísimo”, “necesarísimo”, de tener seguridad social. Este episodio sucedió en 2009 y yo estuve presente con el equipo del Ministerio de Cultura que acompañó a esos artistas.
Desde ese momento, supe que al tratar el tema del arte, del trabajo en el arte, con otras instituciones del sector público, la economía y sus herramientas, tenían que ser parte de la estrategia. Pensé que nunca más debía hacerse una demanda tan urgente y tan necesaria como esa sin tener absolutamente claro el panorama en cuanto a las cifras.
Era preciso saber cuánto empleo, y de qué tipo, genera el arte y la cultura, cuáles son los ingresos, qué porcentaje de estos trabajadores lo son por cuenta propia y cuántos tienen relación de dependencia. Sabía, porque vengo del campo del feminismo, que es preciso demostrar con cifras oficiales el aporte al PIB, y pensé ingenuamente que los gobiernos debían comprender la trascendencia del trabajo en este campo y estar dispuestos a buscar mecanismos que permitieran cubrir, monetariamente, la inclusión de este grupo a uno de los derechos básicos del trabajador: la seguridad social.
Con seguridad
Desde entonces, el agua ha corrido y, si bien se han dado pasos importantes (ahora se sabe cuál es el aporte al PIB, se cuenta con un estimado de los empleos que genera el sector de las artes y se ha emitido una Ley en la que se reconoce el carácter “estratégico” de la cultura para la economía y el desarrollo), la Seguridad Social para el universo de los artistas aún no es una realidad.
Según cifras presentadas por El Telégrafo con base a datos del RUAC (Registro Único de Actores Culturales), el 59% de quienes están registrados en esta herramienta no están afiliados al IESS. Algunas voces reclamaron la confiabilidad de esa cifra indicando que los artistas desprotegidos son muchos más. Es preciso aclarar que el RUAC incluye no solo a artistas, sino a gestores, investigadores, productores, directores y otro tipo de actores del campo cultural.
Es cierto, el total de registros de ninguna manera es igual al universo de actores culturales del país, a pesar de que el registro sea un requisito obligatorio para acceder a los fondos que lanzan el IFAIC, el ICCA o el mismo Ministerio, así como para poder participar de los procesos asamblearios y de elecciones de la CCE, y también para poder participar de los concursos públicos para dirigir esos institutos.
El pluriempleo es constante en el mundo del arte y la cultura, justamente porque las condiciones de trabajo son difíciles. Muchos artistas tienen que realizar otros trabajos, a veces relacionados con el arte, en el ámbito de la enseñanza, por ejemplo, y en otros casos en actividades económicas absolutamente diferentes.
Lo que no sabemos de los datos del RUAC presentados por El Telégrafo es cuántas de esas afiliaciones responden a un trabajo en el que el arte es la actividad principal y cuántas responden a otro tipo de actividades.
Si, además, la mayor parte de los afiliados lo son porque tienen relación de dependencia, tampoco sabemos si las organizaciones empleadoras tienen al arte como actividad principal, y aún si fuera así, no sabemos cuál es el papel que estas personas desempeñan en ellas.
De acuerdo a datos del INEC (ENEMDU marzo 2019), al igual que en el sector del arte y la cultura, el 58,9% de los trabajadores de nuestro país no está afiliado al IESS y solo un 29,2% son parte del seguro general obligatorio.
Las cifras normalmente no se leen solas. Es preciso leer un dato junto a otro, cruzar variables, hacer comparaciones, poner el dato en contexto. Es de esta forma que adquieren significado y pasan a ser información.
Mucho se dice del RUAC. Pero solamente es una herramienta productora de datos. No tiene como fin conseguir la seguridad social ni ningún otro derecho para artistas o gestores. Lo que se debe exigir al Ministerio es la producción de información con sentido a partir de los datos que genera el RUAC o cualquier otro mecanismo de registro. Que las cifras que se obtienen sean analizadas en un contexto, que se complementen con información cualitativa, que se conviertan en insumos de política.
Claro que no deja de ser ‘loco’ que algo tan técnico sea parte de una Ley Orgánica. La intención del Ministerio era tener datos y cifras, para con ellos iniciar el proceso de diseño de políticas públicas. Sin embargo, la experiencia demuestra que no es la obligatoriedad, sino la confianza, el mejor mecanismo para levantar información. Nadie quiere entregar sus datos a una institución en la que no confía, a un Estado en el que no confía. La gente piensa dos veces antes de responder un formulario que es parte de un requisito de obligatoriedad, aún cuando la información sea casi 100% verificable.
Y ante la obligación, generalmente se obtiene el mínimo posible.
No es fácil armar una estrategia para negociar el acceso a la seguridad social. Mucho menos en un contexto en el que se empiezan a desarmar otras semiconquistas, como la de la seguridad social para las amas de casa, que aunque incluye un marco legal, un sustento técnico y teórico robusto, y que previó su financiamiento (a través del excedente de utilidades de las empresas privadas), no contó con estudios actuariales que garanticen su continuidad en el tiempo.
No es fácil pretender que el Estado, menos aún uno que empieza a perder no solo grasa, sino cuerpo, asuma el financiamiento de esta demanda que no es solo del campo artístico. De acuerdo a datos del INEC (ENEMDU marzo 2019), al igual que en el sector del arte y la cultura, el 58,9% de los trabajadores de nuestro país no está afiliado al IESS y solo un 29,2% son parte del seguro general obligatorio.
Y esto apenas empieza…
La marcha, la protesta, las consignas de los artistas y gestores en este sentido son justas, son urgentes. La informalidad, la precariedad y la inestabilidad son una lamentable constante para quienes trabajamos en este campo. Los artistas tienen derecho constitucional a ser parte de la Seguridad Social.
Esperamos que cualquier propuesta que siga en este sentido sea asumida con responsabilidad. Este no es un objetivo que se logra a partir de un registro, aunque este sea parte de una ley, por más orgánica que sea. Tampoco se logra por ley ni por decreto. Caminar en esa dirección requiere absoluta voluntad política, porque es un tema de enfoque y de negociación, pero también requiere de rigor, en el más estricto de los sentidos, para realizar y presentar propuestas concretas, sustentadas en datos e indicadores, pero sobre todo, en información significativa, que va más allá de las cifras.
De todos los registrados en el ruac yo me pregunto cuantos facturan como servicios prestados por artistas o servicios de gestión y mediación cultural…la mayoria del ruac son políticos que apoyan al ministerio como proyecto político, no personas que viven del quehacer artistico y cultural y por eso el ruac no sirve, más confiable es el sri, sobre todo para hacer posible los beneficios tributarios también presentes en la ley y que benefician a más gente y de mejor forma que los fondos concursables del ministerio, único beneficio de tener ruac.