Por Karina Marín L.
Harán una carrera y dirán que corrieron algunos kilómetros por la inclusión, o por la solidaridad, o por la accesibilidad. Da igual: dirán y repetirán términos que, entre uso y abuso, a estas alturas han quedado vaciados de sentido. Llenarán las redes sociales de mensajes optimistas con respecto al rol del Estado ecuatoriano en materia de derechos y discapacidades. Pondrán a trabajar a sus departamentos de comunicación imágenes con mensajes alentadores sobre el papel proteccionista de un gobierno que no sabe distinguir entre garantizar un derecho e impulsar políticas asistencialistas. De esas imágenes, preferirán la de la esposa del presidente tomando la mano de alguien que permanece en su cama, en una de sus visitas a alguna casa de alguna familia que, pese a tanta buena intención, continúa viviendo en una situación de precariedad extrema; o preferirán, quizá, la foto de alguna niña pequeña con síndrome de Down sentada en el regazo del presidente.
Esas imágenes se repartirán en las redes sociales e irán acompañadas de frases de amor y de respeto. Usarán adjetivos posesivos –“nuestros ancianos”, “nuestros niños con discapacidad”, “nuestras madres”– para acentuar una estética cursi y manipuladora. Nos seguirán hablando de una cultura de paz matizada por la caridad hacia los más vulnerables. Desde ahí, elaborarán una estrategia para limpiar la imagen del mandatario, sobre todo en tiempos en que su popularidad se pone a prueba. Nos dirán que el gobierno trabaja incansablemente elaborando guías, manuales y políticas que protegen a quienes más lo necesitan, y solamente en eso dirán la verdad, porque es eso lo que han aprendido a hacer con una eficiencia tecnocrática que abruma. Se tomarán fotos entre ellos. Volverán a decir que Ecuador es un referente mundial en materia de discapacidad.
Lo que no harán para conmemorar este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es explicarnos bajo qué criterios decidieron convocar otra vez a la ciudadanía para la renovación del carné de discapacidad. Según los anuncios de Conadis, el actual carné tiene vigencia solamente hasta este 31 de diciembre. Para su renovación, habrá que sacar cita, someterse de nuevo a todo un proceso engorroso y denigrante de entrevistas y revisiones, además de presentar una vez más un certificado médico. Pero no difundirán los criterios de calificación. A muchos les dirán que su situación de discapacidad ha mejorado, como si la discapacidad se tratara de una situación de enfermedad que puede medirse desde criterios médicos. Lo que ellos llaman “beneficios” aumentarán o se reducirán según fluctúe el porcentaje.
Este 3 de diciembre tampoco escucharán los motivos de ciertos reclamos que ya les llegan desde la sociedad civil para que se revea el uso del carné y se considere certificar la discapacidad sin porcentualizarla. ¿Cuánto dinero le cuesta al Estado ecuatoriano esta recalificación a escala nacional? No lo dirán. Tampoco dirán que uno de los objetivos es reducir los porcentajes para retirarles a muchas personas la entrega del bono Joaquín Gallegos Lara, como ya sucedió hace algunos años. Para minimizar el impacto de esa noticia, lo que han hecho desde hace un par de meses es empezar a entregar créditos para emprendedores. Con el discurso del emprendimiento bajo el brazo, forjarán la nueva imagen del deudor discapacitado. No nos aclararán quiénes manejarán esos dineros, sobre todo si tomamos en cuenta que la normativa ecuatoriana aún no ha hecho explícito el reconocimiento del pleno ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Esto, a pesar de que uno de los principios de la Ley Orgánica de Discapacidades y de la propia Constitución es que todas y todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley.
Lo que tampoco harán este día es publicar el informe que el Comité de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad le entregó al Estado ecuatoriano el 20 de septiembre de este año. En ese documento, los expertos de la ONU expresan sus preocupaciones y piden de manera enfática la necesidad de difundir sus recomendaciones. Pero hoy tampoco lo harán. Se abstendrán porque no les conviene contarle al país que, en más de diez años, el Estado ecuatoriano no ha cumplido con aspectos básicos del acuerdo internacional más importante en materia de derechos humanos de personas con discapacidad, un acuerdo que los activismos reconocemos como insuficiente pero, definitivamente, como la mejor herramienta legal de la que podemos valernos en estos momentos. Tampoco les conviene que se sepa que ese llamado de atención se reitera ya por segunda ocasión. Menos aún les conviene decir que se trata de más de cincuenta recomendaciones, que tocan temas de fondo urgentes. Por ejemplo, les preocupa que la Ley Orgánica de Discapacidades se haya construido sobre una visión médica de la discapacidad y no desde un enfoque de derechos humanos. Les preocupa también la práctica de porcentualización del carné, por considerarla discriminatoria. Les inquieta asimismo que las personas con discapacidad no tengan injerencia en los procesos que les conciernen y que las organizaciones que los representan, especialmente muchas de las federaciones, no sean independientes y respondan a los intereses del gobierno. Asimismo, llaman la atención sobre la falta de medidas para prevenir y combatir la discriminación y violencia en contra de niñas y mujeres con discapacidad y que se incentive el uso de campañas con enfoque asistencialista. Señalan también que es preocupante que no se hayan eliminado las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y que, por tanto, persistan las figuras de tutela y curatela, tanto en el Código Civil como en el Código Orgánico General de Procesos. Nada de eso nos dirán hoy. ¡Y menos aún nos dirán algo sobre las 151 escuelas de educación segregada que aún existen en el país y que dependen de los dineros del Estado!
En definitiva, estamos ante un panorama complejo que continúa agravándose porque el Estado se ha acostumbrado a manejar el asunto de la discapacidad a conveniencia. Durante más de una década, la discapacidad en Ecuador se ha administrado de manera exclusiva por una élite política incuestionable que habita una torre de marfil, desde donde se adoran las ideas tecnocráticas y se desconoce la realidad de miles de seres humanos. El efecto de sus acciones ha sido devastador: en buena medida, las personas con discapacidad en Ecuador aún se ven a sí mismas como sujetos merecedores de caridad, mas no de derechos. Adicionalmente, con el paso de los años, referirse a una persona con discapacidad según el porcentaje que señala su carné se ha generalizado tanto, que la discriminación implícita en esa estrategia de medición incluso se ha naturalizado, y ahora todo el mundo recuerda más el porcentaje del carné de una persona que su nombre. “Tengo una primera con el 36%”, decía alguien el otro día. A ese punto de deshumanización hemos llegado. Por si fuera poco, prácticas tan graves como la esterilización forzada siguen siendo llevadas a cabo con total impunidad por parte de familiares, tutores y médicos que se prestan para esas violencias.
De todos modos, ya sabemos que los rayos de luz se filtran por los espacios en los que la oscuridad se ha descuidado: este año, por primera vez, se han escuchado voces de personas con discapacidad dispuestas a no seguir callando. Solamente durante los días de las protestas de octubre, circularon tres comunicados elaborados por agrupaciones de personas con discapacidad. En dos de ellos, se expresó el respaldo al paro nacional y se expuso una crítica firme a las medidas económicas que también les afectarían a ellas y a sus familias. En un tercer comunicado, una agrupación, integrada por mujeres con discapacidad reclamó al líder de la Conaie, Jaime Vargas, el uso de términos peyorativos en contra del presidente, pero a la vez condenó el uso interesado de dicha polémica por parte del gobierno, recordándole que la mayoría de las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador se ha llevado a cabo por un aparato gubernamental proteccionista y manipulador que el mismo presidente ha apadrinado.
Si algo de ese movimiento de la sociedad civil empieza a gestarse y si decide pronunciarse hoy, en las calles o en los medios de comunicación, es ahí donde deberemos poner nuestra atención. Una sociedad que carece de movimientos sociales críticos que acojan y celebren las diferencias no puede aspirar a una convivencia democrática. Por eso, los actos caritativos con tufo a teletón ya no tienen ninguna legitimidad. Lo único que los sostiene es la ignorancia. De a poco, las personas con discapacidad empiezan a asumir la defensa de sus derechos. Ven el ejemplo de las militancias de países vecinos y se reconocen interseccionales, dinámicas, empoderadas. Solamente en ellas y en sus múltiples formas de habitar el mundo se gestará la dignidad futura.
Sobre discapacidad, te puede interesar:
La otra cara de la Cumbre Global de Discapacidad se llama explotación
