Por Diego Cazar Baquero
La esclavitud moderna no necesita cadenas. El 18 de febrero del 2019, la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó un informe en el que se develaron graves vulneraciones de derechos a familias –casi todas afrodescendientes– que trabajaron durante los últimos 56 años en las haciendas de abacá de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Cinco meses después esta empresa continúa operando, con el aval del Estado ecuatoriano, luego de apenas una breve suspensión de 60 días.
Según el documento de la institución nacional de DDHH, que contó con aportes de los ministerios de Trabajo, Salud, Educación, Inclusión, Interior, del Registro Civil, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y de otras instituciones, al menos mil personas fueron sometidas a condiciones de servidumbre de la gleba, una figura que el sistema de Naciones Unidas reconoce como una de las formas de esclavitud moderna. Pero ahora mismo, los empleados de la empresa han implementado su propio mecanismo de “liquidaciones” para los extrabajadores esclavizados, con montos arbitrarios y procedimientos en los que, según los abacaleros, participa la Inspectoría del Trabajo de Santo Domingo.
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El hambre
“Las tierras rurales pertenecientes al dominio privado serán expropiadas de oficio cuando se mantengan relaciones precarias de trabajo prohibidas por ley o prácticas ilegítimas para perturbar la posesión, impedir el uso de caminos o servidumbres a los propietarios o posesionarios de predios colindantes o ejecutar prácticas monopólicas con la finalidad de obligarlos a enajenar su predio o posesión”.
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Artículo 103.- Causales de expropiación agraria. Literal g.
“¡O lo tomas o lo dejas!”. Eso es lo que reciben como respuesta los abacaleros que hacen preguntas o que se niegan a aceptar los pagos que Furukawa les ofrece para acallarlos. El pasado martes 9 de julio, desde muy temprano, decenas de personas se apostaban en la vereda de la calle Guayaquil, entre Chorrera del Napa y Pallatanga, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Todos eran abacaleros que trabajaron alguna vez –o toda su vida– en los sembradíos de Furukawa. Con dificultad, escribían en unos papeles que asentaban sobre el concreto, sentados sobre el adoquinado de la calle. Algo apurados, algo nerviosos, llevaban esos documentos bajo el brazo hacia las oficinas de la Notaría 4 del abogado Oswaldo Infante, ubicadas en la calle Río Toachi y avenida Quito, apenas a poco más de una cuadra.
Valentín había hecho eso mismo pocos días antes, luego de que los empleados de la empresa le ofrecieran 1 500 dólares “como liquidación” por sus nueve años de trabajo, pero a cambio de que saliera del campamento donde vivía junto a su pareja y a su hijo de un año y medio. Finalmente recibió 2 000 dólares porque se atrevió a regatear un poco y hasta pidió copias del papel que firmó, en el que alcanzó a leer que decía ‘no soy trabajador de Furukawa’. Valentín tuvo que dejar la tierra donde había crecido, que representaba para él la garantía de que algún día podría ser recompensado por las violaciones a sus derechos. Los empresarios amenazaron con tumbar la precaria casona donde ellos vivían a la espera de que las autoridades solucionaran su situación. Cuando se marcharon, lo demolieron todo.
A sus 22 años, Valentín no se arrepiente por haber recibido el dinero aunque sabe que eso no es lo justo, que merece mucho más como liquidación. “Yo cogí [el dinero] porque no tenía dónde ir a vivir”, explica, y enseguida se lamenta porque ya se lo gastó todo en pagar sus deudas, en un mes de arriendo y en víveres para su pequeña familia.
Como Valentín, decenas de exabacaleros han recibido las migajas que les ofrecen y confiesan que lo hacen porque no tienen para comer. Sin embargo, el abogado Adrián Herrera, representante legal de Furukawa, salió al paso cuando dijo que “el dinero que se les ha entregado a algunos de ellos, que han firmado contratos de trabajo, son básicamente anticipos de sueldo”. Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, el miércoles 10 de julio.
Pero Valentín, como muchos de sus amigos, no ha sido contratado.
La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio De Trabajo a aplicar elMandato Constituyente No. 8 que prohíbe la intermediación y precarización laboral, y a sancionar a la empresa de acuerdo con lo previsto en esa norma por cada uno de los trabajadores intermediados, tal y como lo ha hecho en los campamentos de Esmeraldas.
Aunque la Defensoría del Pueblo demostró que las condiciones de vida y de trabajo en al menos 17 campamentos de abacá situados en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, configuran práctica ilegales de esclavitud, el Ministerio del Trabajo se limitó a sancionar a Furukawa con la suspensión temporal de 60 días y con cuatro multas que suman 176 000 dólares.
El pasado 2 de abril y el 22 de mayo solicitamos formalmente entrevistas con el ministro de Trabajo, Andrés Madero, para conocer detalles acerca de sus medidas sancionatorias, sin embargo, y a pesar de la urgencia que el caso supone, solo hemos recibido respuestas negativas vía email y chats, y hasta la publicación de este reportaje, el funcionario no se ha pronunciado sobre el caso.
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Un mediador entre esclavos y esclavistas
“La servidumbre de la gleba es la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”.
Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. ONU.
Cuando el gobierno ecuatoriano conoció el llamado “caso Furukawa”, dispuso la conformación de una “Mesa de Trabajo Interinstitucional Permanente”, que sería coordinada por la Secretaría de la Gestión de la Política y, específicamente, por el subsecretario de Gobernabilidad de esta institución, Carlos Gómez de la Cruz.
El 1 de abril, este funcionario aseguró que entre su institución, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y “actores privados” se había levantado entre el 97 % y el 98 % de la información de las haciendas de Furukawa en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, para comprender la dimensión total del problema. Aseguró también que esa primera semana de abril se desplegaría una brigada de cedulación para cubrir a todos los agricultores sin registros de identidad y anunció que los campamentos se cerrarían. “La propuesta que no es negociable es que esos campamentos se van a cerrar, es decir, la gente ya no puede vivir en los campamentos, tiene que vivir en los pueblos cercanos, en las ciudades cercanas con un sistema de movilización hacia los puntos de trabajo”. Gómez aseguró que se garantizaría la nueva vivienda de esos trabajadores “con una nueva relación contractual”. Luego de dos minutos se retractó: “Todavía estamos en momento de delineación de la estrategia”.
Estos son los formularios que la empresa Furukawa pide que sus extrabajadores llenen antes de recibir los pagos ilegales que les ofrece. En los papeles, existe la opción de firmar con la huella digital, lo que demuestra que la empresa reconoce que muchos de los agricultores son analfabetos y que no podrían ser ellos quienes llenan los documentos. 
Estos son los formularios que la empresa Furukawa pide que sus extrabajadores llenen antes de recibir los pagos ilegales que les ofrece. En los papeles, existe la opción de firmar con la huella digital, lo que demuestra que la empresa reconoce que muchos de los agricultores son analfabetos y que no podrían ser ellos quienes llenan los documentos. 
Estos son los formularios que la empresa Furukawa pide que sus extrabajadores llenen antes de recibir los pagos ilegales que les ofrece. En los papeles, existe la opción de firmar con la huella digital, lo que demuestra que la empresa reconoce que muchos de los agricultores son analfabetos y que no podrían ser ellos quienes llenan los documentos.
Hasta la publicación de este reportaje, no existen medidas ciertas que tranquilicen a los cientos de agricultores que han sido ya expulsados de las tierras que conservaban como único patrimonio simbólico hasta que el Gobierno actúe. Algunos de los datos ciertos los ha entregado el MIES. Por ejemplo, que el 81 % de la población que vivía en las haciendas de Furukawa se encontró en condición de extrema pobreza; el 17 % es pobre y apenas el 2 % corresponde a familias no pobres. A mitad del proceso, a la mesa interinstitucional coordinada por Gómez de la Cruz se unieron los representantes de la empresa “para negociar una salida” que hasta la fecha no llega.
Por eso, y por solicitud de organismos que siguen el caso, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cdes), la Asamblea Nacional emitió una resolución el 16 de abril, y convocó para el lunes 10 de junio a comparecer –entre otras autoridades– al ministro de Trabajo, Andrés Madero; a la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa; al exministro de Trabajo, Raúl Ledesma; al presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paúl Granda; al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y a la Directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Como uno de los resultados de esa reunión, el Defensor del Pueblo instó a la Secretaría de la Gestión de la Política a que coordinara con todas las instituciones del Estado la intervención inmediata a la empresa Furukawa. Pero, en lugar de eso, esa Secretaría insistió en dialogar con los representantes de la empresa para hallar una salida consensuada al conflicto con sus extrabajadores explotados.
Para los miembros de Cedhu y Cdes, existe un antecedente que merece atención: el 22 de abril, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), remitió una carta al ministro Madero, a la ministra y titular de la Secretaría de Gestión de la Política, María Paula Romo y al entonces ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, expresando su “profunda preocupación” por el “nefasto precedente que [el caso Furukawa] podría significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro país”.
El miércoles 10 de julio, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional convocó a comparecer a la ministra Romo; al ministro de Agricultura, Xavier Lazo, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar; a los representantes de la empresa Furukawa; a la ministra de Salud (e) Catalina Andramuño, y al presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paúl Granda. Aunque Lazo y Granda no asistieron y Salazar envió una comisión, pues el caso en Fiscalía se encuentra en etapa preprocesal, las declaraciones de Romo y los testimonios de dos extrabajadores que asistieron como invitados bastaron para que los miembros de la Comisión reaccionaran. En las inmediaciones del edificio parlamentario, una veintena de abacaleros aguardaba con desencanto a que las sesiones, esta vez, tuvieran resultados claros.
El 7 de septiembre de 1956 se firmó en Ginebra la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud para extender la prohibición y persecución acordadas en 1926 a conductas análogas o asimilables a la esclavitud como la servidumbre por deudas, y la servidumbre de la gleba.
Romo dijo que la “Mesa de trabajo interinstitucional” fue creada por la entidad a su cargo para “articular”, para “coordinar” la fase de reparación a los extrabajadores de Furukawa, y para “participar como intermediario” entre esos agricultores esclavizados y los empresarios que los esclavizaron. Además, explicó que esta mediación tuvo la intención de garantizar que se puedan “crear las mejores condiciones posibles para quienes quieran seguir vinculados a este tipo de industria, a este tipo de trabajo, y eventualmente, a esta empresa, ese es el papel de la Secretaría”, apuntó.
Enseguida, los asambleístas Carlos Viteri, Marcela Aguiñaga, José Chalá y Juan Cristóbal Lloret pidieron la palabra. Viteri, por ejemplo, cuestionó la negociación dirigida por el gobierno por tratarse de un proceso “en total asimetría”, y llamó la atención por el hecho de que los campamentos se hayan demolido “para ocultar evidencias”; Aguiñaga exclamó que “si esta Comisión quiere hacer un trabajo serio y transparente, no puede ser arte de la complicidad que hoy mismo está teniendo el Estado”; Chalá calificó las acciones de Furukawa como prácticas de “reesclavización” y Lloret cuestionó que el gobierno haya mediado entre las partes en conflicto. Pero la ministra Romo se defendió: «Una relación de esta naturaleza no es una relación entre iguales, es una relación de poder”, le contestó a Viteri. “Cuando yo me refiero, por ejemplo, al tema de intermediación, de las conversaciones con la empresa, ha sido en el sentido de buscar, por ejemplo, que se incorporen como trabajadores de la empresa los extrabajadores o exarrendatarios”, le respondió a Lloret. Sobre los papeles que la empresa hizo que los extrabajadores firmaran, Romo dijo no estar al tanto. “Si es que existen [esos papeles], ninguna firma, ninguna cesión, ninguna entrega de derechos, ninguna renuncia a un derecho laboral es válida –dijo–, los derechos todos son irrenunciables, los derechos laborales también”. Durante todas sus intervenciones, la ministra jamás pronunció las palabras esclavitud o esclavitud moderna.
Al final de la sesión, el abacalero Luis González tomó la palabra para contar cómo él y algunos de sus amigos, pocos días antes, fueron chantajeados por los empresarios. Él aceptó 2 100 dólares porque le dijeron que “en el sistema sale 10 años”. “Salió Paúl Bolaños [Jefe de Personal de Furukawa] y dijo: con esa platita cómprese un solar, una casita… si lo quieres, lo tomas, si no, déjalo ahí”, contó que le había dicho Bolaños. Luis comenzó a trabajar en la empresa el 12 de octubre del 1992, va a cumplir 52 años de edad y tiene 7 hijos. “La Furukawa me está mandando a matar”, remató.
Foto: Edu León. 
Foto: Edu León. 
Foto: Edu León. 
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Identidades borradas
“Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”.
Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Numeral 28. Capítulo Derechos de Libertad.
Eugenio Briones Agustín Camacho se presenta así aunque debería llamarse Eugenio Agustín Briones Camacho si existiera para el Estado ecuatoriano. Hace treinta años, Eugenio fue abandonado por sus padres dentro de una plantación de abacá de Furukawa. No había cumplido todavía un año cuando eso ocurrió. Desde entonces, los demás abacaleros se encargaron de su crianza.
El pasado 4 de julio, Eugenio llegó a Quito para acompañar a una delegación de trabajadores que acudieron a las oficinas del Ministerio de Trabajo a una reunión convocada por sus funcionarios. A las seis de la tarde, Eugenio tiritaba, tratando de esconder su cuerpo debajo de la camiseta que llevaba puesto y, de nuevo, sin respuestas claras de parte de las autoridades. El día anterior, empleados de la empresa tumbaron el campamento del kilómetro 40 donde él y otros agricultores vivían, pero lo tumbaron con su ropa y el resto de sus cosas dentro.
El personal de la Dirección Nacional del Registro Civil lo entrevistó en noviembre del 2018 y le ofreció volver para continuar con el proceso de cedulación. Pero ocho meses después, Eugenio todavía no existe para su país. Ningún funcionario volvió por él.
Al menos 70 personas que trabajaron en las plantaciones de Furukawa no cuentan con un registro de identidad. El 10 de junio, el actual defensor del Pueblo, Freddy Carrión, lo confirmó durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y denunció que la compañía negocia con el gobierno para “de esa manera bajar la presión social”.
Cincuenta días después de la denuncia del 18 de febrero, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de seguimiento en el que advirtió que “el Estado ecuatoriano será responsable por las acciones y omisiones que permitan a la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador seguir operando después de los informes de varias instituciones estatales que han verificado el cometimiento de graves vulneraciones a derechos humanos”.
La servidumbre de la gleba es una forma moderna de esclavitud. El Estado ecuatoriano ratificó en 1960 la Convención Suplementaria sobre abolición de la esclavitud y está obligado a adoptar “medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa abolición o el abandono” de este tipo de prácticas.cartaochorc
Poco después, el 3 de abril del 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) remitió una carta al Estado ecuatoriano por el caso Furukawa solicitando información detallada sobre las acciones tomadas para sancionar a la empresa y resarcir los derechos violentados a los abacaleros.
Durante la comparecencia ante la Comisión de la Asamblea, la ministra Romo aseguró que la respuesta a esa carta había sido ya remitida por parte del canciller, José Valencia. Sin embargo, el portal donde la OHCHR publica todos los documentos de respuesta a sus oficios no exhibe ninguna contestación de parte del gobierno de Ecuador.
Foto: Edu León. 
Foto: Edu León. 
Foto: Edu León. 
Foto: Edu León.
La reparación integral de la que habló Romo en la Asamblea no se ha logrado y está lejos de alcanzarse. El gobierno ha dejado en manos de la empresa que esclavizó la responsabilidad de remediar sus faltas.
Juan y Diana tienen dos hijos pequeños juntos. Juan tiene, además, otros seis hijos que nacieron dentro de los campamentos de abacá antes de que iniciara su relación con Diana, y que se dedicaron también a ese trabajo. Esta pareja también tuvo que abandonar los cuartos de Furukawa donde se hacinaban porque los empleados de la empresa los derrumbaron. Ahora viven en unos cuartos que les cedió un familiar, en Santo Domingo.
Diana recuerda que Gómez de la Cruz estuvo presente en una de las reuniones a la que ella también asistió y asegura que “solamente defendía a la compañía, y decía que teníamos que aceptar lo que la compañía iba a dar. ¿Cómo va a creer?”, se pregunta con molestia. Diana convenció a su esposo de que no aceptara los 8 000 dólares que le ofreció el actual gerente de la empresa, Iván Segarra, a los dos como pareja, a pesar de que la deuda que tienen los dos con la tienda de víveres que les ha abastecido durante este tiempo suma alrededor de 2 000 dólares. “Lo toman o lo dejan”, les dijo también Segarra. “Te vamos a buscar un trabajo para que solo controles”, cuenta Juan que le dijo. Pero ellos dos se resistieron a aceptar los pagos. “Si ellos liquidan bien a la gente, ya no hay nadie que les trabaje a ellos”, concluye Juan. Diana trabajó 13 años en los campos de abacá de la empresa y ahora tiene 40; Juan tiene 52 años y trabajó en Furukawa desde que tenía 17.
En marzo del 2018, Petronilo Monaga –conocido como ‘Don Fruco’– vendió en 150 dólares cuatro sillones que tenía en el cuarto del campamento donde vivía. Lo hizo para cubrir los gastos de transporte hacia Quito y Portoviejo que requería el reclamar ante las autoridades por los treinta años de trabajo en las plantaciones de Furukawa. Luego vendió una cocina, un tanque de gas y una pequeña radiograbadora por 380 dólares.
Ahora, a sus 61 años, ‘Don Fruco también aceptó la oferta de 2 000 dólares por parte de los empresarios como “liquidación”, porque durante todo este tiempo no ha logrado remediar nada. Con ese dinero pagó deudas por más de 500 dólares, compró un parlante, pagó los dos últimos meses de arriendo por 180 dólares y un mes de garantía por 90, compró cuatro prendas de vestir y abrió una cuenta de ahorros con 130 dólares. El siguiente mes, su cuenta se habrá vaciado porque tendrá que pagar otro mes de alquiler y lo que le quede lo gastará en comer.
