“María Paula Romo nos debe una disculpa pública”

Los ciudadanos venezolanos que fueron detenidos el jueves 10 de octubre, en el aeropuerto de Quito, son conductores de Uber y Cabify. La ministra de gobierno, María Paula Romo, anunció su detención vía Twitter y la puso en el contexto de las movilizaciones de octubre, con la intención de negar las motivaciones del paro y de criminalizar la protesta social. Una de las hipótesis que maneja el gobierno ecuatoriano es que se trató de un intento de desestabilización financiado por Nicolás Maduro.

16 de octubre de 2019

Por Jefferson Díaz / @Jefferson_Diaz

Ángel Barráez siempre está en contacto con su hijo cuando está trabajando. Hace siete meses logró traerlo desde Falcón –provincia del occidente de Venezuela– al Ecuador, y desde entonces trabaja como conductor de Uber. “Él y mi yerno lograron traerse un dinero de Venezuela para comprar un carro, con eso es que se han estado manteniendo”, dice, mientras espera en las afueras de la Unidad de Flagrancia de Quito.

Padre e hijo se llaman igual. Así que para diferenciarse, sus familiares los llaman papá Ángel y Ángel hijo. “Él es ingeniero y con mucho esfuerzo logré que se viniera. Me enteré de su detención porque varias personas comenzaron a reventar mi teléfono con llamadas y mensajes de texto. Vieron la noticia que publicó la ministra (María Paula Romo) en Twitter”. Papá Ángel se frota las manos para aliviar el dolor que le causa cargar dos fundas llenas de comida, ropa y documentos.

“Traje lo que pude para demostrar que es inocente”.

Ángel hijo, con otros 16 venezolanos, un cubano y un ecuatoriano, fueron detenidos la mañana del jueves 10 de octubre en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, luego de que agentes de la Policía Nacional consideraran que procedían con “actitudes sospechosas”. Ocurrió durante un operativo de seguridad que los gendarmes realizaron antes de la llegada del vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner.

“Nosotros siempre nos reunimos en una gasolinera que está frente al aeropuerto. Somos varios venezolanos que hacemos Uber y Cabify y tratamos siempre de estar cerca del terminal para colocarnos de primeros en la cola virtual –me dijo uno de los coordinadores de los choferes detenidos–. Pero la policía, al ver que éramos muchos, nos catalogó de ‘mafias’ que venían a infiltrarse al país”.

El hombre me pidió que no lo grabara, que no dijera su nombre y que no le tomara fotos: “Yo te cuento lo que pasó, pero no quiero más problemas”.

María Paula Romo, ministra de Gobierno del régimen de Lenín Moreno y quien es responsable de las acciones de la Policía Nacional, anunció en su cuenta de Twitter, la tarde del 10 de octubre, que hubo “diecisiete detenidos en el aeropuerto de Quito esta mañana. La mayoría de ellos venezolanos. En su poder, información sobre la movilización del Presidente y Vicepresidente”. Lo hizo en medio de la convulsión que provocó el Paro Nacional liderado por el movimiento indígena y de las insistentes críticas al constante abuso de la fuerza en la represión a los manifestantes. En realidad, fueron 19 y no 17 los detenidos.

“Mi hermano, el día anterior, había tomado fotos del avión presidencial llegando al aeropuerto –me explicó Diomara Bruno, hermana de Emilio Bruno–. Es más, él mismo se acercó al presidente y se tomó una foto con el presidente, como muchos de los que estaban ahí”. Luego, sin levantar los ojos de su celular, buscaba con desespero una foto. La consiguió. Me la mostró. Era su hermano –de camisa roja, estrechando la mano de Lenín Moreno. “Hace dos años que llegó al país, y maneja el Uber todos los días. Está legal, como la mayoría de los que están detenidos”, dice Diomara.

De los 17 venezolanos detenidos, solo dos no cuentan con visa. Los demás tienen visa Unasur y cédula ecuatoriana. Además, están registrados en el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. La esposa del hermano de Diomara está embarazada, por lo que su hijo será ecuatoriano dentro de pocos meses. “Lo que nos molesta es la falta de comprobación de quiénes son –reclama ella–. Solo los detuvieron y de una vez los catalogaron de infiltrados, de revoltosos, ¡esos son muchachos trabajadores y no merecen este trato!”.

La defensa

Óscar Padrón, abogado y presidente de la organización Migrante Universal, se enteró de la detención a través del anuncio de la ministra Romo por Twitter. “De inmediato, pedí más información a las autoridades, para saber por qué los estaban deteniendo. No podemos hacernos eco de generalizaciones, de decir que todos los venezolanos que estamos en Ecuador somos infiltrados”.

El 11 de octubre –al día siguiente del arresto– Padrón acudió a la Unidad de Flagrancia de Quito y se encontró con que la audiencia aún no tenía hora fijada y los detenidos no habían podido ver a sus familiares. “Todos los ciudadanos estamos obligados a acatar las leyes de cualquier país en el que estemos, pero también el Estado debe velar porque se cumplan los derechos humanos de todos, sean nacionales o extranjeros”, reclamó Padrón.

Te puede interesar: Radiografía de un país roto y amnésico

Desde la Unidad de Flagrancia, los familiares denunciaron que mantuvieron a los detenidos durante tres horas de rodillas y esposados, no les dieron alimentos ni agua, ni les dijeron bajo qué cargos los habían detenido. Lo único que se supo antes de la audiencia es que durante la detención se encontró dentro de los vehículos un bate de béisbol, una navaja y una porción de marihuana. “Pero nada de las subametralladoras o armamento de guerra, como quisieron hacer ver las autoridades por las redes sociales”, apuntó Diomara Bruno.

El personal del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador se presentó en la Unidad de Flagrancia de Quito para velar porque el procedimiento sea justo, y a través de sus redes sociales, los especialistas denunciaron que ninguno de los detenidos tuvo una ayuda consular apropiada. Tanto el Consulado de Venezuela en Quito, bajo las directrices del presidente Nicolás Maduro, como la Embajada de Venezuela, bajo las directrices del presidente encargado, Juan Guaidó, emitieron sendos comunicados en los que decían que estaban monitoreando la situación. El Consulado alegó que sus abogados estuvieron presentes en la audiencia de formulación de cargos, mientras que la Embajada nombró una comisión para evaluar el caso. “Nosotros aquí estamos solos, ni el Consulado ni la Embajada hicieron nada para ayudarnos –dijo, sin embargo, Kelvis Escandela, otra de las familiares de Emilio Bruno–. Fueron las organizaciones civiles las que se aprestaron a resolver la situación”.

Al final, fueron 19 los ciudadanos presentados ante un juez: 17 venezolanos, un cubano y un ecuatoriano. 15 fueron liberados, mientras que a dos venezolanos, al cubano y al ecuatoriano, les extendieron medidas sustitutivas de libertad, es decir, que deben presentarse pasando un día ante un juez y tienen prohibición de salida del país. La Fiscalía determinó que estas personas sí estaban en flagrancia y por eso tendrán otra audiencia a fin de mes.

Te puede interesar: La bandera blanca del Paro Nacional

Poco a poco, los detenidos salieron de la Unidad de Flagrancia de Quito y abrazaron a sus familiares. “Son muchachos trabajadores, como la mayoría de los venezolanos que han emigrado. Tenemos que tener mucho cuidado, en especial las autoridades, de difundir mensajes que promuevan la xenofobia”, dijo Óscar Padrón

Momento en el que los ciudadanos venezolanos recuperan su libertad y salen por la puerta trasera del edificio de la Unidad de Flagrancia, en Quito.

Juan José Ochoa, dueño del vehículo que Carlos Xavier Valderrama –uno de los detenidos– conduce, fue más claro: “Esto no se trata de nacionalidades, se trata de hacer justicia; ¡la ministra María Paula Romo nos debe una disculpa pública!”.