Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
Los tiempos de los gobiernos no son los tiempos de la gente de a pie. Hace un año fueron secuestrados Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, trabajadores de diario El Comercio. El plagio ocurrió en la parroquia de Mataje, en la fronteriza provincia de Esmeraldas, luego de que el comandante John Merlo les autorizara entrar a una zona que hacía meses estaba ya muy caliente. Días más tarde, el 13 de abril, y luego de un largo y tortuoso periplo, el presidente Lenín Moreno anunció que Javier, Paúl y Efraín habían sido asesinados por el frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC liderado por el delincuente Walther Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’, que dominaba buena parte de los poblados esmeraldeños amparado en la maquinaria del narcotráfico.
El 27 de enero, un ataque con coche bomba al cuartel policial de la población de San Lorenzo había desatado varias alarmas en las filas policiales. Días después, durante un enfrentamiento entre militares y narcoguerrilleros, tres soldados ecuatorianos fueron asesinados y uno más murió más tarde. Otros ataques con bombas por esos mismos días daban señales claras de que la temperatura en la zona se calentaba vertiginosamente y varios periodistas de distintos medios ecuatorianos así lo sintieron. Muchos dedicaron coberturas a los acontecimientos violentos de la zona. Cada hecho violento, cada desplazamiento forzado, amenazas de grupos irregulares y el miedo en las poblaciones de la zona de frontera fueron relatos periódicos en las páginas de diarios y en las imágenes de los noticieros. Uno de esos equipos de prensa fue, precisamente, el de El Comercio. Pero, a pesar de que el riesgo era creciente, las autoridades militares acantonadas en los puntos más peligrosos no implementaron protocolo alguno de seguridad ni fueron diligentes para comunicar al país los altos niveles de amenaza que se habían alcanzado.
Durante los cuatro primeros meses de 2018 hubo 10 ataques terroristas en la zona de frontera. Con los cuatro militares muertos semanas antes, sumaban ya siete las víctimas del Oliver Sinisterra. Días después, una pareja de comerciantes ecuatorianos, Oscar Villacís y Katty Velasco, también fueron secuestrados y asesinados por el mismo grupo de delincuentes. El 12 de mayo del 2018 desapareció el cabo segundo Wilson Ilaquiche en el poblado carchense de Tobar Donoso, y todo indica que los autores fueron, otra vez, miembros del frente Oliver Sinisterra. El precio que los irregulares habían puesto a la cabeza de cada militar osciló entre 8 000 y 10 000 dólares por esos días. Casi 10 meses después, los familiares del soldado Ilaquiche encontraron su cadáver abandonado en la morgue de Tumaco, en Colombia.
Este último episodio –el del soldado Ilaquiche– representa un modo de hacer del Estado ecuatoriano, aunque sus autoridades se esfuercen en negarlo a menudo.
A un año del secuestro de los periodistas de El Comercio, los hechos demuestran que ciertas decisiones al más alto nivel del Estado pudieron desencadenar la escalada de violencia en la zona de frontera, pues hubo falta de coordinación, contradicciones permanentes durante los días de la crisis y una alarmante relación de horizontalidad entre los oficiales negociadores que representaron al gobierno de Ecuador y los delincuentes.
Un año después de que se supiera del secuestro de los periodistas, no se ha identificado a los responsables de haber tomado esas malas decisiones. Los miembros del comité de crisis conformado después del secuestro justifican esas negociaciones cuasi horizontales e informales entre policías y narcoterroristas y las instituciones no muestran apertura total para acceder a la información necesaria sobre el caso, como manda la Ley. «Ecuador es un país secuestrado por el narcotráfico», nos dijo el periodista Arturo Torres, el 2 de mayo. Y en una entrevista más reciente concedida el pasado 19 de marzo a Diario La Hora, explicó que quedarse callados ha sido lo que han preferido los funcionarios ecuatorianos cuando se trata de hablar del narcotráfico y de su incidencia en Ecuador. “Este es un patrón sistemático que repite el Estado y el Gobierno en estos casos: falta de información”. El silencio puede ser escandaloso.
En el libro Rehenes, escrito por Arturo Torres y María Belén Arroyo, el entonces ministro del Interior, César Navas, reconoce en una entrevista exclusiva concedida a los autores que hubo la voluntad de negociar con los secuestradores. Sin embargo, su testimonio evidencia también que hubo negligencia. “Teníamos una presión mediática muy fuerte, era agente distractor, hubo ruido innecesario”, dice Navas. Y más adelante asegura que el sistema judicial ecuatoriano representó una trabazón en esos presuntos intentos de negociación por parte del gobierno de Moreno.
Puedes leer una reseña de Rehenes pinchando AQUÍ.
En octubre del 2018, junto a un colectivo internacional de periodistas y gracias a la difusión en red a través de más de 100 medios alrededor del mundo, publicamos en esta revista el especial multimedia Frontera Cautiva, en el que detallamos cómo se suscitaron esas negociaciones fallidas, cuáles fueron algunos de los errores de los gobiernos de Ecuador y Colombia, y cómo se llevaron a cabo ciertos encubrimientos en el secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos. ¿Cómo funcionó el comité de crisis dispuesto por el presidente Moreno? ¿Por qué se habló de una supuesta liberación, apenas 48 horas después del secuestro, y enseguida esta se echó para atrás? ¿Por qué no hubo –ni hay– una verdadera política de apertura para acceder a la información íntegra del caso y así hallar la verdad oportunamente? ¿Quiénes permitieron y permiten aún que la provincia de Esmeraldas sea un territorio en el que el Estado no puede gobernar?
Salta a la vista el comportamiento del Estado durante este año, por ejemplo, cuando el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una nueva tesis oficial asegurando que el secuestro de Javier, Paúl y Efraín no ocurrió en Ecuador sino en Colombia. Pero el tiempo y las pruebas son contundentes y demuestran que el complejo itinerario del crimen se inició en territorio ecuatoriano.
A lo largo de este año –desde el secuestro de Javier, Paúl y Efraín, no han cesado las capturas de droga en Ecuador. Durante el 2018, el Ministerio del Interior asegura haber desarticulado 166 organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico, de las cuales 24 habrían estado traficando fuera de Ecuador y 126 dentro del país, para el consumo interno. Las cifras hablan de más de 97 toneladas de droga capturada en todo el 2018, avaluada en 7 608 millones de dólares.
En un país con el 38,32% de hacinamiento en centros penitenciarios, los detenidos por delitos relacionados con drogas son la mayoría, con el 29%. Si en 2017 se detuvo a 11 729 ciudadanos por estos delitos, en el 2018, esa cifra subió a 12 490, según Interior. La Secretaría de Derechos Humanos registró, en diciembre del 2018, a 11 182 personas privadas de la libertad por haber cometido delitos vinculados con drogas.
Arturo Torres está convencido de que las acciones del Estado son reactivas. No existe una política estructural que propenda a acabar con el estado de abandono de la provincia de Esmeraldas y de toda la franja fronteriza. Algunos reportes señalan que las rutas de salida de la droga, desde la crisis de marzo y abril del 2018, se reacomodaron. Las provincias limítrofes de Carchi y Sucumbíos, así como rutas que comprometen zonas de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, El Oro están fuertemente amenazadas por varios fenómenos relacionados con el narcotráfico. El 10 de marzo de este año, una avioneta con matricula extranjera se estrelló cerca de Montecristi, en Manabí. Entre los restos de la aeronave se hallaron 39 bloques de droga que iba hacia México.
Esmeraldas continúa siendo un territorio en disputa entre los poderosos grupos de narcotraficantes que operan en Ecuador para transportar la droga y sacarla hacia Centroamérica y EEUU a través de las costas del Pacífico.
Ecuador nunca fue la isla de paz que nos dijeron los políticos de turno que era. Ecuador ha sido, desde los ochenta y noventa, un corredor de tránsito de narcóticos y se ha insertado progresivamente en la gran red global del narcotráfico. ¿A quién le ha interesado hace tantos años que esto no se sepa? ¿Por qué tuvimos que esperar que murieran asesinados 10 ecuatorianos para reconocer que Ecuador es territorio de narcos?
Los tiempos de los gobernantes no son los tiempos de los gobernados. Hace un año, un equipo de periodistas fue en busca de estas historias y se encontró con balas mortales. Hace un año que no hay verdad.
