Las movilizaciones del jueves 8 y del sábado 10 de octubre contra el gobierno de Daniel Noboa revelan un rasgo que se distancia de la activación social habitual: el protagonismo estudiantil y la participación de otros colectivos sociales también liderados, en su mayoría, por jóvenes universitarios.
Salud, educación, seguridad, protección de la naturaleza y derechos laborales son las banderas de una protesta social sin liderazgos monolíticos ni cuadros políticos tradicionales. Expertos analizan la convergencia de actores sociales en torno a cuestionamientos comunes, y la emergencia de sectores estudiantiles.
La Barra Espaciadora
Fotos: Iván Castaneira / Diego Cazar Baquero
Durante dos jornadas de octubre y en medio de un feriado nacional, convocatorias impulsadas por distintos sectores sociales −con una participación estudiantil particularmente visible en Quito− motivaron movilizaciones que cuestionaron las políticas del gobierno de Daniel Noboa y exigieron su salida del cargo.
Cientos de manifestantes reclamaron respuestas a causas diversas pero comunes: la crisis energética que enfrenta Ecuador, la violencia y la inseguridad, el avance de proyectos extractivos en territorios indígenas y comunidades sin consentimiento previo, la crisis del sistema de salud, la violación a la libertad de prensa y de expresión, la manipulación de narrativas mediante el uso de medios y periodistas a cambio de opacos pagos, los recortes presupuestarios en el sector social y la violación a la autonomía universitaria.
Sin embargo, las dos acciones de protesta de octubre son eslabones de una cadena que se forja desde hace varios meses en distintas localidades, mientras aumenta el deterioro de la imagen presidencial derivado de su cuestionada gestión.
Una marcha sin figuras políticas: una señal para las urnas
El sábado 10, la movilización que tuvo lugar en las calles del centro−norte de Quito fue protagonizada por un actor nuevo: el Frente Autónomo de Resistencia Organizada (FARO), integrado principalmente por estudiantes universitarios y colectivos sociales sin una cabeza visible única. La convocatoria se extendió a las 24 provincias con actividades diversas y contó con la adhesión de comités y federaciones estudiantiles universitarias a escala nacional.
La marcha en la capital partió de la Universidad Central del Ecuador, pasadas las 14:00, y recorrió varios puntos de la ciudad durante más de cuatro horas, sin que se debilitara.
Hatari Ulcuango, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, describió la movilización como el inicio de nuevas acciones. Con megáfono en mano, sobre la avenida Coruña y a pocos metros de la embajada de Israel, el joven celebró la convocatoria y anunció enérgico la próxima realización de un paro de carácter nacional. El dirigente destacó que la iniciativa surgió de la organización autónoma de estudiantes, sin estructura sindical ni intervención de ningún movimiento o partido político.
Para el analista Pedro Donoso, director general del gabinete Icare, la marcha del sábado 10 de octubre “puede ser el germen de algo más”. El experto en administración de crisis elige colocar sobre la mesa de análisis el hecho de que la incapacidad política del Gobierno ha provocado que se vuelvan a encontrar actores que ideológicamente habían sido quebrados por la gestión de Rafel Correa, durante 10 años. Esa incapacidad de Noboa, asegura, ha hecho «que se ahonden los clivajes históricos no resueltos desde 1830 en el Ecuador, que siguen siendo exportadores-importadores, trabajadores-empleadores, Costa-Sierra”.
Santiago Basabe, politólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, no cree que las movilizaciones de octubre se deban evaluar de acuerdo con la cantidad de manifestantes que salieron a las calles, el tiempo que duró cada marcha, la edad de los manifestantes o el tipo de demandas que se presentaron, sino por el carácter “atípico” de una expresión de esta naturaleza en este momento. En su lugar, Basabe celebra que estos hechos ocurran porque “da, al menos, una ligerísima señal −muy ligera todavía, pero importantísima− de la necesidad de expresar la opinión”.
Para Donoso, el régimen en funciones perdió la habilidad que mostraba de ser lo que él llama un blanco en movimiento. “Antes era difícil entender cuál era el antagonista natural al ser este un gobierno indefinido, pero con ciertas acciones ha logrado reubicar antagonistas y se empieza a ver que, como resultado de eso, [surgen] estos pequeños estallidos sociales y pronunciamientos”.
Los últimos datos que arroja el Latinobarómetro hablan de la alta insatisfacción que siente la población ecuatoriana con la democracia, un modelo al que apenas el 43% de encuestados respalda, revelando que Ecuador se encuentra por debajo de los mínimos históricos en este rubro desde 1995 en América Latina.
En este contexto, Donoso interpreta el descontento colectivo más profundo como un potencial detonante que se podría expresar en las próximas elecciones del 29 de noviembre. “Siempre que hay descontento social, una tarima electoral se convierte en una válvula de escape porque, de una u otra manera, la gente anhela cambios”.
De las redes sociales a la calle
La marcha del sábado 10 de octubre no fue un episodio aislado. Un acto previo de protesta social ocurrió el jueves 8, cuando organizaciones sindicales y sociales se movilizaron en Quito, Latacunga y Cuenca. Según lo reportó Ecuavisa, las marchas reunieron a trabajadores, docentes, estudiantes y otros sectores que exigieron mejoras en salud, educación y seguridad. En Quito, los manifestantes salieron desde los exteriores de la Caja del Seguro Social, recorrieron la avenida 10 de Agosto y llegaron a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. En Latacunga, la movilización congregó a alrededor de 1 500 personas, de acuerdo con el mismo medio.
La convocatoria había sido anunciada desde finales de septiembre por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular, organizaciones gremiales con décadas de presencia en la vida pública nacional pero que históricamente habían sido debilitadas por diversas razones, y que ahora volvieron a medir fuerzas. En una publicación previa, Primicias recogió los cuestionamientos de sus dirigentes a las políticas gubernamentales en materia laboral, educativa y de seguridad social, así como su preocupación por el debilitamiento de los servicios públicos y los derechos de las organizaciones sociales.
Edwin Bedoya, presidente del FUT, declaró que iniciaban las movilizaciones porque no habían recibido «ninguna respuesta» del gobierno sobre sus demandas. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, hizo un llamado a los movimientos indígenas y campesinos a unirse a próximas movilizaciones. Las demandas incluyeron aumento del presupuesto para educación y salud, defensa del patrimonio del IESS, respeto a contratos colectivos y cese de la persecución a dirigentes sociales. Las organizaciones también cuestionaron el endeudamiento de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, que a la fecha supera los 9 000 millones de dólares.
Las dos jornadas de octubre se inscriben en una secuencia de movilizaciones contra el gobierno de Noboa que se ha intensificado a lo largo de 2026.
El 16 de septiembre, en Cuenca, aproximadamente 50 000 personas marcharon por las calles del centro de la ciudad por segundo año consecutivo, en la Gran Marcha por el Quinto Río, un nombre adoptado de manera colectiva y sin banderas partidistas. La concentración contó con la presencia de varias organizaciones indígenas del Azuay agrupadas en la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FAO), la Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en la Sierra, Juntas de Agua, dirigentes comunitarios, universidades, gremios y organizaciones de la sociedad civil.
La experta en comunicación política Caroline Ávila destaca un elemento que explica la masiva convocatoria a las dos marchas que a año seguido colmaron las calles de Cuenca, su ciudad: el comportamiento de la llamada Generación Z en el entorno digital y su emergencia al mundo off line. Para Ávila, la gente que se manifiesta en las redes sociales en algún momento siente la necesidad de trasladar esa necesidad cívica a las calles y volcar su ejercicio ciudadano “de lo digital a lo físico”.
Particularmente en Cuenca, la participación multitudinaria de la población de toda la provincia de Azuay responde a una suerte de acumulación de causas que ya no podían sostenerse en los reclamos virtuales y que debían aflorar. “Ya no alcanza solamente con postear en las redes y, como sí existe capital social, pues es más fácil derivar hacia la calle”.
Ese capital social −asegura la especialista− reside en causas que ya han quedado “acorraladas” en la conversación digital, debido a la cooptación de las instituciones y a la falta de resultados en la gestión política del sector público. En concreto, a la crisis de salud que se manifiesta en la falta de medicinas, en la ineficiencia al ofrecer citas médicas, en los apagones, en el desafío que representa para el país la apuesta por la minería, etcétera.
En marzo de este mismo año, sindicatos y organizaciones sociales marcharon en Quito y Guayaquil contra el Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, con el que el gobierno, a través de su entonces ministro de Trabajo y actual candidato a la Alcaldía de Quito, Harold Burbano, buscó flexibilizar la jornada laboral.
En junio, organizaciones de la sociedad civil marcharon hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir la entrega de formularios para un proceso de revocatoria del mandato presidencial.
El descontento social puede atarse a ciertos datos sobre la percepción que tienen las y los ciudadanos de su clase política. Según Ipsos Ecuador, en su estudio de abril de 2024, el 14% de los ecuatorianos conectados afirmó confiar en los políticos como actor o institución. El mismo porcentaje de confianza se mostró para el sistema judicial y los jueces.
La encuestadora CIEES, en su boletín de junio de 2026, registró también un 14% de confianza en los políticos, medido mediante entrevistas cara a cara en hogares.
Yadira Aguagallo, directora de comunicación corporativa de Icare, apunta a identificar la coyuntura actual como “un momento bisagra”. El antecedente se comprendería sobre la base de la construcción del miedo que usó Noboa como elemento clave para gobernar durante sus primeros años, en el contexto de violencia e inseguridad en el que recibió el país. Esas “ciudadanías del miedo −explica− redujeron, ya sea a propósito o como consecuencia [de ese miedo], su participación en espacios de diálogo, discusión y hasta de performance de resistencia”, y renunciaron “a luchas e incluso a derechos históricamente adquiridos, en el afán de que la ‘mano dura’ resuelva problemas, incluso aquellos no relacionados con el fenómeno de la violencia”.
Yadira Aguagallo añade que esas “ciudadanías del miedo” diseñan sus propias estrategias organizativas en medio del conflicto para, de algún modo, evadir el silenciamiento una vez que se ha demostrado que las políticas gubernamentales no ofrecen resultados. “Los estudiantes que salieron a marchar el fin de semana en Quito van generando organización desde espacios que no eran los convencionales de la resistencia, como la oposición político-partidista o los sindicatos, sino que parecerían más orgánicos y, por lo mismo, embestidos de una nueva legitimidad”.
En este sentido, Caroline Ávila llama la atención sobre otro aspecto de esa ausencia de figuras políticas tradicionales que, asegura, podría resultar contradictorio con la democracia. “En este país se necesitan esos liderazgos y más bien hay que fortalecerlos para poder conseguir resultados”, advierte. El sistema político ecuatoriano se caracteriza por contar con “líderes sin partidos y partidos sin cabezas”, añade, lo que también alimenta las estadísticas citadas. Pero la contradicción reside, según la especialista, en que “la única forma de activar y de operativizar cualquier consigna de este tipo de manifestaciones es por la vía de los políticos y ellos no pueden estar lejos”.
En todo caso, Yadira Aguagallo recuerda que los discursos políticos “son cíclicos y si no van acompañados del desempeño, siempre encuentran los intersticios de la realidad, aquellas rendijas por donde se empiezan a evidenciar los fallos del poder”.
Para Ávila, la ciudadanía demuestra que es capaz de articularse y autoconvocarse “a partir de esta sociedad en red (…) dentro de un espacio colectivo donde reconocerse como parte del mismo”.
Una convergencia en construcción
Andrés Quishpe, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentó la movilización del jueves 8 de octubre como el inicio de nuevas acciones de sectores sociales y populares, e hizo un llamado a organizaciones indígenas y campesinas para que se sumaran. Ese planteamiento apunta a la intención de ampliar la articulación, aunque todavía no demuestra la existencia de una estructura unificada ni permite anticipar la magnitud de futuras convocatorias.
Santiago Basabe prefiere ser cauto y, en sintonía con Donoso, describe los recientes episodios de protesta como un detonante de futuras expresiones ciudadanas. “Es motivador esto que ha sucedido, tanto en el caso de Cuenca como en el de Quito −sostiene−, y ojalá este disparador sirva para que desde otros sectores haya expresiones, no necesariamente de oposición al gobierno sino también de apoyo, pero que haya expresiones, que haya una sociedad que mínimamente tenga la capacidad de decir y de actuar”.
En Ecuador, el voto obligatorio impone una particularidad: la gente no tiene otra opción que ir a votar eligiendo entre muchos candidatos que, paradójicamente, representan una oferta cada vez más limitada y de muy baja calidad. Por esta razón, Basabe no espera ningún efecto positivo en el sistema político de representación, ni cree que estas movilizaciones sean el mecanismos idóneo para cultivar cuadros políticos. Tampoco ve una señal de alerta que las estructuras políticas puedan o quieran atender para reformarse o rediseñar su papel como actores sociales. “Se necesita que los partidos tengan un interés de leer o entender al país y no tienen la capacidad de hacerlo, no les interesa (…); el sistema político, los partidos y las organizaciones de representación en Ecuador no suelen reaccionar a cambios sociales como este, tienen un proceso de alteración de su estructura únicamente cuando les llega el colapso”.
Por ahora, los hechos de octubre y las acciones de protesta previas, suscitadas en distintos sectores del país, no permiten determinar con precisión la consolidación de un proceso ciudadano, pero la continuidad de esas movilizaciones, la incorporación de nuevas organizaciones y la construcción y reforzamiento de demandas comunes pueden constituir elementos cruciales para recuperar el derecho a la protesta social y reconstruir la acción colectiva como respuesta democrática a la crisis que golpea a Ecuador.
