Desde el 22 de septiembre, Ecuador vive un paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mientras aumentan las denuncias contra el Estado por presuntos abusos y represión.
En Azuay, las poblaciones indígenas y campesinas se mantienen en protesta hasta que se revoque la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga. En Pastaza, siete nacionalidades indígenas piden que se paralice la ronda de licitación petrolera de los campos Suroriente y Subandino.
Ecuador vive un nuevo paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque el detonante fue el retiro del subsidio del diésel, que provocó un aumento del precio del combustible de 1,8 a 2,8 dólares el galón, el movimiento indígena también rechaza la expansión de la frontera petrolera en los territorios de los pueblos y nacionalidades y demanda la revocatoria de la licencia ambiental de los proyectos mineros en Palo Quemado, Las Naves y Kimsakocha.
“El Gobierno nacional está hablando de conservación y lucha contra el cambio climático en la Semana del Clima de Nueva York [del 21 al 28 de septiembre], pero en Quito se están licitando bloques petroleros”, señala Diana Chávez, dirigente de asuntos internacionales de la Organización Kichwa de Pastaza (Pakkiru, por sus siglas en kichwa). Se refiere al anuncio de la Ronda Petrolera Suroriente, que abarca 21 bloques petroleros y se superpone en el 91 % a territorios indígenas de siete nacionalidades de las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago.
En cuanto a la oposición a la minería, Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), en el sur de los Andes ecuatorianos, asegura: “Kimsakocha es una lucha histórica. Nuestras abuelas nos dejaron el legado de la resistencia, de cuidar el agua con nuestras vidas”.
La Conaie, a la que se han ido sumando organizaciones sociales desde que empezó el paro el pasado 22 de septiembre, también rechaza la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. El referendo busca permitir la instalación de bases militares extranjeras, eliminar la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas y dar paso a una asamblea constituyente.
“Hay dos posibilidades: el peligro en materia de derechos o que el Gobierno se distraiga en su proyecto constituyente y deje en abandono las necesidades del país”, opina la analista Caroline Ávila. La Constitución vigente, de 2008, no solo reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, que les otorgan el derecho a tomar decisiones sobre sus territorios para evitar los impactos de las industrias extractivas y conservar su cultura, sino que también fue la primera en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza.
Otra exigencia es que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) vuelva al 12 %. El IVA fue elevado al 15 % en abril de 2024 con el argumento de enfrentar la creciente criminalidad que vive Ecuador por ser un lugar de paso del narcotráfico y por la expansión de la minería ilegal. “No vemos acciones o resultados”, reclama Chávez. La lideresa denuncia que en Pastaza hubo atentados con bombas y se hallaron panfletos anunciando que la banda criminal Los Lobos exigirá “vacunas” –como se les conoce a las extorsiones– a los comerciantes.
Kimsakocha hace retroceder a Noboa
En el sur del país, durante la primera semana del paro, indígenas y campesinos se congregaron en el kilómetro 1 de la Panamericana Sur. Llevaban banderas azules en las que se leía “Defensores del agua. El agua vale más que el oro”. Buscan que se concrete la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, concesionado a la empresa canadiense Dundee Precious Metals y ubicado en el páramo de Kimsakocha.
Allí nacen los ríos Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay, que abastecen de agua a miles de personas en el sur del país y riegan al menos 2000 hectáreas de producción agrícola, ganadera y lechera. “De esta zona salen miles de litros de leche, proteína animal, carnes, granos”, dijo Lauro Sigcha.
El líder denunció que más de 200 policías y militares se mantuvieron cerca del lugar de la protesta y que tendrían la orden de detener a los manifestantes, especialmente a él y a Yaku Pérez, reconocido político y activista ambiental.
A pesar de los señalamientos de represión, principalmente a lo largo del callejón interandino, la lucha por la protección de Kimsakocha estaría dando resultados. El 25 de septiembre, el Gobierno nacional anunció que suspenderá la licencia ambiental del proyecto de oro Loma Larga. La decisión llega después de una multitudinaria marcha realizada el 16 de septiembre, antes del paro nacional.
Ese día, miles de manifestantes del campo y la ciudad inundaron las calles de Cuenca, la capital azuaya, con carteles que decían “Kimsakocha no se toca”. Habitantes de Palo Quemado, en Cotopaxi, y Las Naves, en Bolívar, en el centro del país, se unieron a la marcha. “Nosotros también les vamos a acompañar y vamos a tejer la resistencia contra la minería”, dijo Sigcha.
Los manifestantes azuayos exigieron que el Ejecutivo no atropelle la decisión de los habitantes de los cantones Girón y Cuenca, que en 2019 y 2021, respectivamente, le dijeron no a la minería en consultas populares.
Como respuesta, el Gobierno exigió al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay información sobre los impactos que generaría el proyecto. Esta medida fue ampliamente criticada, pues el Gobierno central tiene la competencia de evitar riesgos ambientales provocados por los proyectos licenciados. Además, la Presidencia señaló que los gobiernos locales tendrán que responder por la información entregada.
“Solo cuando veamos que la licencia esté derogada, que la empresa minera salga del campamento y Kimsakocha sea declarado patrimonio de los humanos y de los no humanos, podremos estar tranquilos”, aseguró Sigcha. Un día después del anuncio de Presidencia, Cuenca declaró el 16 de septiembre como Día de la Lucha por el Agua y la Protección de los Páramos.
Mongabay Latam preguntó a las empresas mineras Dundee Precious Metals, Atico Mining y Curimining sobre su postura ante la demanda de la Conaie y ante el reciente anuncio del Gobierno, pero no respondieron hasta el cierre del artículo. Además, Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) cuándo se concretará la revocatoria de la licencia ambiental para Loma Larga, pero tampoco hubo respuesta.
Pastaza se levanta contra el petróleo
Semanas antes del paro, en Pastaza, centro de la Amazonía ecuatoriana, las siete nacionalidades indígenas que la habitan resolvieron que la provincia sea declarada libre de extractivismo, de acuerdo con Diana Chávez, dirigente de Pakkiru y coordinadora de esta iniciativa. Sin embargo, ante la amenaza de la licitación de bloques petroleros que se sobreponen a los territorios de kichwas, shiwiar, waorani, andwas, shuar, achuar y sáparas, las nacionalidades indígenas decidieron unirse al paro, a excepción de los shuar.
Por eso, la demanda central de esta zona del país es que se paralice la Ronda Petrolera Suroriente y la Ronda Petrolera Subandina. Para hacer escuchar su exigencia, durante la primera semana del paro bloquearon la Troncal Amazónica, que une al norte y al sur de la región.
Mientras tanto, representantes del pueblo kichwa y de la nacionalidad waorani viajaron a la Semana del Clima de Nueva York para denunciar las intenciones de Noboa de ampliar la frontera petrolera. “La Amazonía no está en venta”, dijeron en videos que circularon en camiones por la ciudad líderes y lideresas indígenas y celebridades mundiales como Jane Fonda y Harrison Ford.
La Constitución ecuatoriana exige que antes de entregar concesiones se consulte a los pueblos y nacionalidades indígenas afectados si están de acuerdo con que en sus territorios se realicen actividades extractivas u otras que generen impactos. No obstante, Ecuador no tiene una normativa para aplicar este mandato, a pesar de que el país ratificó su adherencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos indígenas, en 1998.
Mongabay Latam pidió al MAE más detalles sobre la ronda de licitación. También preguntó si se continuará con el proceso a pesar de que existen dos sentencias, una de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sarayaku –un pueblo de Pakkiru– y otra de la Corte Provincial de Pastaza a favor de la nacionalidad waorani de Pastaza, que reconocen que se violó el derecho a la consulta previa cuando, en distintos momentos, se concesionaron bloques petroleros en sus territorios sin el consentimiento indígena. La institución no respondió.
Pakkiru apoya la resistencia de Las Naves y Palo Quemado y aunque todavía no han conectado con los habitantes de Kimsakocha, Chávez dice que es cuestión de tejer esas redes. Si bien en Pastaza no hay amenazas de proyectos mineros todavía, a sus habitantes les preocupa el avance de la minería ilegal, una actividad ilícita que el Estado no ha podido controlar y crece aceleradamente, principalmente en el norte y sur de la Amazonía.
La lideresa relata que mineros ilegales llegaron al territorio del Pueblo Kichwa del Kawsak Sacha, donde también habitan Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), con canoas, maquinarias y materiales para extraer oro de los ríos de la frontera con Perú. El monitoreo de las comunidades de la zona levantó las alertas y ayudó a expulsar a los mineros, sin embargo, ante el abandono estatal de estas zonas, la amenaza persiste, asegura Chávez.
Denuncian represión y abusos
Después de que el 18 de septiembre se convocara al paro, varios líderes, dirigentes indígenas y organizaciones sociales denunciaron que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, entre esas estarían la cuenta institucional de la Conaie; la de Marlon Vargas, presidente de la confederación; la de la Fundación Pachamama, que trabaja en programas de conservación y derechos con pueblos y nacionalidades indígenas, y la de su presidenta, Belén Páez.
“El tema de las cuentas es fundamental. Estos grupos tienen gente detrás que busca desestabilizar y provocar el caos”, dijo John Reimberg, ministro del Interior, en entrevista con un medio local.
Caroline Ávila dice que también fueron bloqueadas cuentas del Cabildo del Agua de Cuenca y de Yasunidos Cuenca, colectivos dedicados a la protección del ambiente. “Que el Gobierno maneje este tipo de estrategias es terrible, peligroso, antiético, pero es astuto”, dice la analista. Ávila señala que las autoridades gubernamentales son las únicas que se benefician con los bloqueos, pues así evitan que indígenas, organizaciones y colectivos sostengan sus acciones.
Además, el movimiento indígena alertó la tarde del 26 de septiembre sobre una investigación previa de la Fiscalía General del Estado en contra de unos 50 dirigentes y miembros de colectivos por supuesto enriquecimiento no justificado. Entre los investigados estaría Paolina Vercoutere, mujer kichwa y viceprefecta de la provincia de Imbabura.
Aunque la Policía y las Fuerzas Armadas han reprimido a manifestantes en diferentes partes del país, Imbabura, en el norte de los Andes, mantiene las alarmas encendidas. Los pueblos indígenas de la provincia se levantaron en contra de las medidas económicas que afectan a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, desde el primer día, la represión policial fue “bastante fuerte”, de acuerdo con la lideresa Alexandra Imbaquingo. En esta provincia del norte de los Andes, 12 manifestantes fueron detenidos, acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de Portoviejo y Esmeraldas. En esta última, el 25 de septiembre hubo una masacre que dejó 17 muertos.
En redes sociales circulan videos de militares invadiendo las casas de las comunidades, lanzando bombas lacrimógenas y deteniendo violentamente a manifestantes. Uno de los casos que llamó la atención pública fue la detención de Gina Cahuasquí, una joven que estaba entregando agua a los manifestantes cuando los policías empezaron a disparar bombas lacrimógenas al cuerpo. La mujer kichwa se acercó para hablar con los policías, pero ellos la detuvieron. Cahuasquí ya fue liberada.
La fuerza pública solo actúa cuando se registran hechos violentos, según dijo en una televisora nacional John Reimberg, ministro del Interior. “Cuando son marchas pacíficas, la fuerza no tiene que participar”, añadió. Además, informó que hasta el 26 de septiembre, 95 personas fueron detenidas, de las cuales varias fueron procesadas por supuestos actos de terrorismo.
También causó preocupación el traslado de 12 manifestantes a cárceles donde las agrupaciones criminales han protagonizado al menos 19 masacres carcelarias entre 2021 y 2025 y han dejado alrededor de 700 personas asesinadas brutalmente, de acuerdo con el investigador Leonardo Ponce en entrevista con DW Español.
Estos hechos, incluida la suspensión del canal del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi TV MICC, provocaron que el Foro Permanente para el Tratamiento de Asuntos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emita, el 27 de septiembre, un llamado urgente para proteger los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador.
Asimismo, Gina Romero, relatora de la Libertad de Asociación y Asamblea de la ONU señaló en la red social X que «el gobierno de Daniel Noboa parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país», por lo que pidió que «se respeten los estándares internacionales de protección a las asambleas y reuniones pacíficas».
A pesar de las denuncias de represión, hasta el sábado 27 de septiembre continuaban las manifestaciones en Imbabura, a la espera de que los detenidos sean liberados. La madrugada del domingo 28 de septiembre, la Conaie y varios medios imbabureños confirmaron confirmaron el asesinato de Efraín Fuerez, un comunero de 47 años, por disparos de miembros de Fuerzas Armadas que quedaron registrados en un video de cámaras de seguridad. El gobierno de Noboa reaccionó ante este hecho argumentando que las acciones represivas fueron consecuencia de un intento de emboscar a un convoy de víveres, no obstante, las imágenes del video prueban que hubo exceso en el uso de la fuerza. La Fiscalía General del Estado anunció que inició una investigación de oficio para esclarecer estos hechos.
Los bloqueos viales también se mantenían en Pastaza. Mientras tanto, la tarde del pasado viernes, las organización indígenas, campesinas y sociales de Azuay se reunieron para definir las nuevas acciones de resistencia.
Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
