Por Carlos Mazabanda y Mario Melo*
El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) está conformado por 60 comunidades y alrededor de 6 000 habitantes. Su territorio abarca una superficie de 190 000 hectáreas y más del 90% corresponde a un bosque tropical primario. Su territorio se ubica en la cordillera del Cóndor –zona fronteriza entre Ecuador y Perú–, cuyas montañas albergan ecosistemas de altísima diversidad biológica y especies de flora y fauna únicas. Esta cordillera da nacimiento a una importante red hídrica cuyos ríos principales son el Santiago, el Zamora y el Coangos, y contiene un sinnúmero de cascadas o tunas, de gran importancia en la cosmovisión de los shuar. Allí es donde los habitantes de la zona se encuentran con su deidad Arutam, y de ahí proviene su descricpición ancestral: El pueblo de las cascadas.
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El Estado ecuatoriano ha concesionado el 63% de este territorio irreempazable (119 819,43 hectáreas) a 3 empresas mineras: Explorcobres S.A. (EXSA), Lowel y Ecuasolidus.
Para que la empresa EXSA –subsidiaria de la transnacional china CRCC y Tongling y responsable del proyecto San Carlos-Panantza– instale su campamento, en agosto de 2016, un operativo de alrededor de 2 000 policías y militares arribó a la comunidad de Nankints y desalojó a ocho familias, un total de 32 personas. La empresa aduce tener títulos de propiedad sobre este territorio, sobreponiéndose a una condición que les precede: los shuar defienden que estos territorios son de su posesión por ancestralidad.
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En diciembre de 2016, en un intento desesperado por recuperar su comunidad, un grupo shuar intentó tomarse el campamento minero, lo que provocó enfrentamientos con policías y militares. Como resultado, un policía falleció y hubo varios heridos entre shuar y policías. Esta lamentable situación dio pie para que el expresidente Rafael Correa decretara el Estado de Excepción en la provincia de Morona Santiago y que, como consecuencia, se limitara el ejercicio de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, la reunión pacífica, libertad de asociación y libre movilidad. Además, se desplegó contingente militar en toda la provincia, y en especial, en las inmediaciones del campamento minero y del territorio shuar circundante.
La presencia militar provocó nuevos desplazamientos en las comunidades del PSHA. Las familias de Tsuntsuim, San Pedro, y Kutukus, que se encuentran alrededor de la comunidad Nankints, tuvieron que dejarlo todo y trasladarse a la comunidad Tink, ubicada a unos 10 kilómetros hacia el sur. Se calcula que 35 familias fueron desplazadas, algo más de 150 personas que vieron su modo de vida trastocado, pues no disponían de una vivienda adecuada y perdieron sus parcelas de cultivo, del cual depende su sustento diario.
El 14 de febrero de 2017, tras dos meses de vigencia, concluyó el Estado de Excepción. No obstante, las autoridades de gobierno ordenaron que no se retiraría al personal militar de la zona. Ahora, la presencia de los soldados impide que las comunidades puedan volver a sus territorios.
Otro resultado del Estado de Excepción: los procesos judiciales que se han abierto a más de 60 líderes indígenas y campesinos. El 21 de diciembre de 2016, fue detenido Agustín Wachapá, expresidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), luego de que la policía allanara las oficinas de la organización. Tras estar detenido 124 días, en una cárcel de máxima seguridad, el 24 de abril de 2017 recuperó su libertad después de pagar 6 000 dólares de fianza. Sin embargo, el proceso legal en su contra continúa. A su salida, Wachapá dijo que la lucha de los pueblos indígenas no se detendrá, «¡seguiré luchando contra la minería que amenaza nuestros territorios y nuestros derechos!”, proclamó.
Todos estos hechos fueron denunciados a la comunidad internacional por Vicente Tsakim, presidente de los Shuar Arutam, a quien todos llaman Numi, que significa árbol en lengua shuar.
Cuando Numi viajó hacia Lima, en julio del 2017, para denunciar en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos que había sufrido su pueblo contra su identidad cultural, por culpa de la minería a gran escala, contó cómo las familias que vivían en medio de la selva de la cordillera del Cóndor tuvieron que soportar la arremetida de patrullas militares fuertemente armadas, que les dieron cinco minutos para recoger sus cosas y salir de sus casas despavoridos, arrastrando a los niños pequeños, maltrataron a a las mujeres embarazadas y los ancianos.
¿A dónde más podían ir si no era a la comunidad de Tiink, a una noche de caminata por la selva, para buscar refugio y consuelo Los lugareños les acomodaron y alimentaron durante meses, mientras Numi y otros dirigentes del PSHA, en Quito, en Lima, en Ginebra o donde fuera necesario, intentaron presionar al gobierno de Rafael Correa.
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El Tiink ocupa un pequeño valle rodeado por las montañas de la cordillera del Cóndor. Es una comunidad o centro shuar que en diciembre de 2016 empezó a aparecer en los medios de comunicación cuando se transformó en refugio de las familias de los otros centros shuar, que tuvieron que emprender un angustioso éxodo. Los desplazados llegaban desde Nankints, San Pedro, Tsuntsuim y otras comunidades.
Al juntarse, los shuar contaban su historia de desarraigo: el espectacular despliegue de efectivos armados y medios tecnológicos, los soldados persiguiendo a un puñado de indígenas, los indígenas defendiendo su territorio con sus lanzas de palo y sus escopetas de cacería.
En los últimos meses, los refugiados de Tiink han comenzado a retornar a sus hogares o a lo que queda de ellos. La presión nacional e internacional y la llegada de Lenín Moreno al poder podrían ser razones de esperanza, pero en su lugar, una sensación de incertidumbre se apodera del territorio Shuar Arutam.
El actual gobierno busca –o da la impresión de que busca– espacios de diálogo con la Conaie y con sus bases. En una reunión, el 11 de diciembre de 2017, entre el presidente Moreno y los dirigentes indígenas, se anunció el cese de concesiones mineras y petroleras hasta que no se cumpliera adecuadamente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos ha anunciado para el 2018 la licitación de los bloques de la Ronda Suroriente, que afecta principalmente a territorios indígenas. El Ministerio de Minería promociona proyectos mineros en eventos como la Feria Mundial Minera de la Asociación de Exploradores. En este evento, la cartera de Minería invitó al Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), Elvis Nantip, quien públicamente ha expuesto su apoyo al desarrollo de proyectos mineros en los territorios shuar. Sin embargo, las comunidades de base han contradicho esta posición. La consideran una postura personal y aseguran que Nantip no ha tomado en cuenta las resoluciones y planteamientos de las comunidades que conforman la FICSH. El PSHA, en una carta pública, rechaza la actuación del Presidente de la FICSH y advierte: “Las comunidades shuar de la cordillera del Cóndor no aceptan la presencia de la actividad minera industrial en sus tierras ancestrales y mantendrán su posición de firme rechazo”.
El Ministerio de Minería y el Ministerio de Justicia anunciaron el 22 de marzo que el Proyecto San Carlos Panantza se encuentra paralizado y que se realizará una consulta previa a las comunidades afectadas. El anuncio se hizo cuando las representantes de las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva frente al Extractivismo se reunieron con Lenín Moreno y otras autoridades de gobierno para entregar su Mandato con la consigna no más concesiones petroleras y mineras en territorios indígenas.
El 23 y 24 de marzo de 2018, Tiink se llenó de visitantes nuevamente. Esta vez fue la sede de la Asamblea del Pueblo Shuar Arutam y casi doscientos delegados de las comunidades se juntaron para analizar los temas más importantes para ellos. El primero a tratar fue la situación minera. Al final la decisión fue clara: se mantienen en acción de resistencia frente a los proyectos mineros a gran escala en su territorio y rechazan un proceso de consulta que solamente provoca desconfianza. “Si en tantos años no nos quisieron consultar, sino que entregaron nuestro territorio a las empresas mineras, ¿por qué ahora creeríamos en ellos?”.
Numi, sereno, desde la mesa directiva, escucha las resoluciones de sus hermanos shuar, sabiendo que para ellos, él es el árbol en cuyas ramas reposa la responsabilidad de que sean cumplidas.
*Carlos Mazabanda es Coordinador en Ecuador de Amazon Watch; Mario Melo es Director Ejecutivo de la Fundación Tiam.