Cinco empresas mineras distintas bajo al menos una docena de gobiernos diferentes han acosado a las comunidades campesinas del Valle de Íntag durante más de 30 años. La intención: explotar cobre y molibdeno en sus territorios.
Hoy, el temor reaparece, pues Enami EP anunció una nueva licitación del proyecto Llurimagua, aunque una licencia ambiental ya fue revocada por falta de consulta previa, y aunque está en curso un segundo arbitraje internacional ante el Ciadi. Además, existe jurisprudencia constitucional acumulada que protege los derechos de la naturaleza en la zona.
Llurimagua es considerado uno de los 10 yacimientos de cobre más grandes del mundo y la concesión disputada abarca 4 829 hectáreas, de las cuales 700 serían destinadas a exploración avanzada. Sus reservas alcanzarían los 982 millones de toneladas de cobre y el Estado ecuatoriano −bajo la administración Noboa− aspira a producir 210 000 toneladas anuales durante 27 años.
***
Por Diego Cazar Baquero
El 11 de diciembre de 2025, durante el Encuentro Anual de Minería en Quito, el entonces viceministro de Minas, Javier Subía, anunció que la Empresa Nacional Minera (Enami EP) lanzaría un proceso de licitación internacional para el proyecto minero Llurimagua en este 2026, cuando se abra el catastro minero para proyectos a gran escala.
El codiciado yacimiento es considerado uno de los diez más grandes del mundo, con reservas de 982 millones de toneladas y capacidad de producir 210 000 toneladas anuales de cobre durante 27 años.
Aunque Subía destacó que la Constitución ordena que el Estado ecuatoriano reciba al menos el 50% de las ganancias obtenidas por la explotación, descuidó mencionar que jurídicamente, esta concesión acumula una serie de impedimentos para su reactivación. Entre ellos, constan tres arbitrajes internacionales, uno con la canadiense Ascendant Copper (Cooper Mesa), y dos con la chilena Codelco, uno de los cuales aún no ha sido resuelto. Además, existe una sentencia del 29 de marzo de 2023 de la Corte Provincial de Imbabura, favorable a las comunidades, a los bosques y a las especies, y en contra de la minería, que dispuso también la revocatoria de la licencia ambiental. Por si fuera poco, en 2024, la Corte Constitucional (CC) ratificó el fallo de la Corte de Imbabura, lo que se suma al fallo que la misma CC emitió en 2020, a favor de la consulta ambiental en el caso del Bosque Protector Los Cedros, ubicado a menos de 10 kilómetros de Llurimagua, lo que generó jurisprudencia directamente aplicable al caso de Íntag.
La empresa que ha mostrado interés en acoger el anuncio de la licitación es Hanrine, la filial ecuatoriana de la firma australiana Hancock Prospecting. Hanrine es la misma empresa que opera desde 2018 en la parroquia de Buenos Aires, colindante con la zona de Íntag, lo que demuestra sus intereses en obtener concesiones en toda la franja minera de la cordillera de Imbabura. Hanrine es una de las grandes responsables de la conflictividad territorial presente en esa zona. La extorsión mafiosa de bandas criminales que controlan los flujos del oro, el acorralamiento, la persecución y la estigmatización de la población son fenómenos que han trastornado la vida de esa zona agrícola, como lo ha recogido el Observatorio de Conflictividad Territorial del Ecuador.
El valle de Íntag, por su parte, se ubica en la confluencia del Chocó ecuatoriano y de los Andes Tropicales, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, donde habitan 139 especies de mamíferos, 124 de anfibios y 111 de reptiles.
Los Andes Tropicales son un ecosistema que ocupa el primer lugar en diversidad de plantas, aves, mamíferos y anfibios, de entre los 36 hotspots de biodiversidad identificados en todo el mundo. Más de la mitad de sus especies no están en ningún otro lugar del planeta, de acuerdo con el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés).
Solo en la concesión minera de Llurimagua, al menos 58 especies se encuentran En Peligro de extinción y otras más En Peligro Crítico, entre ellas la rana arlequín hocicuda (Atelopus longirostris), que se creía extinta desde los años 80 y fue redescubierta dentro de la concesión en 2016, y una rana cohete nueva para la ciencia identificada en 2019, cuya única población conocida habita en una sola microcuenca del área concesionada. La mayor población registrada del zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), una especie de ave endémica de Ecuador, se encuentra aquí. Otros animales amenazados son el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps) y el mono aullador (Alouatta seniculus).
Bishimetals y el tiempo de aprender de los mayores
Hace 31 años, Hugo Ramírez tenía doce y “andaba jugando por ahí” con otros niños de la comunidad de Junín. Sus padres, sus abuelos y otros adultos discutían con vehemencia en una asamblea comunitaria, en la parte alta de esos cerros boscosos y nublados de la cordillera del Toisán, a unas cuatro horas al noroccidente de Quito.
Era 1995 y en ese lugar se había instalado un campamento de la empresa minera japonesa Bishimetals, subsidiaria de la corporación transnacional Mitsubishi. El objetivo era explorar el valle de Íntag para identificar yacimientos de cobre. El Estado había concesionado más de 4 000 hectáreas, pero ningún miembro de la comunidad sabía sobre el asunto. De un momento a otro, los comuneros de Junín supieron que Bishimetals había recibido dinero de la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) para explorar en sus bosques y montañas.
El plan no era aislado. Paralelamente, en 1994, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, el Banco Mundial financió el proyecto minero Prodeminca, que buscaba reformar leyes y abrir posibilidades para la inversión extranjera en minería a cielo abierto en Ecuador. Apuntaban a sostener la extracción a largo plazo como si en las 72 comunidades de las siete comunidades del Valle de Íntag no viviera nadie. Sobre eso hablaban los mayores en asamblea, mientras Hugo jugaba.
“Seguramente decidieron tomarse el campamento de la empresa −cuenta ahora, a sus 43 años, este agricultor, padre de un joven de 21 años−, y nosotros contentos atrás de nuestros mayores, llegamos allá y ahí ha estado el cuidador”. Hugo relata su historia sentado en el portal de una casa de madera, bajo la visera que nos cubre de la lluvia, como si por ese cuerpo delgado hubiesen pasado dos o tres décadas más de vida. Esta misma casa, que hoy es parte del centro ecoturístico de su comunidad, fue también hace unos años su refugio, su escondite, cuando comenzó la persecución en su contra. Pero eso será después.
Hugo recuerda ese primer episodio de los japoneses con el entusiasmo con el que se evoca una aventura de niñez, pero guarda cada detalle con la precisión de un estratega: “Me acuerdo que venían desde Cerro Pelado a las reuniones, a ver cómo nos organizábamos para sacar a esta empresa minera de nuestro territorio”.
Unas ciento cincuenta personas −calcula él− subieron adonde estaba el campamento. Entre el grupo de adultos estaban también algunos de sus familiares y varios vecinos. Unos levantaron un inventario de todo lo que encontraron, otros le dijeron al cuidador que se marchara y el resto de la comunidad se tomó el campamento de Bishimetals. Los niños rondaban por ahí, dispuestos a ser útiles en lo que se les encomendara.
Por la noche, Hugo y otras diez personas seguían ahí. “Nos quedamos cuidando las cosas de la empresa y yo más por acompañar a los otros más grandes, en buenos colchones: ¡a dormir! −bromea, con el tono que merece una anécdota inolvidable−; al principio era hacer lo que nuestros mayores estaban haciendo”.
Al día siguiente, los comuneros volvieron al sitio recuperado y juntos sacaron esos colchones, sábanas, electrodomésticos, hojas de cinc, hasta dejar en pie únicamente la estructura de madera que luego fue quemada para que nadie pudiera volver a invadir el espacio comunitario. “Yo recuerdo que bajé con una cocina de gas industrial, con otro compañero de unos 13 años cargamos con un palo y bajamos contentos”.
Los comuneros de Junín llevaron todo a García Moreno −parroquia rural del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura− a lomo de mulas, “porque en ese tiempo los caminos eran malísimos, eran solamente caminos de verano para cuando entraban los carros”. Auki Tituaña, célebre líder indígena de la nacionalidad Kichwa y por entonces alcalde de Cotacachi, recibió los bienes hasta que alguien fuera a rescatarlos. “Pero nunca los recibieron. Ahí se pudrieron. Se dañaron porque nadie fue a reclamar”.
La empresa se marchó formalmente en 1998, pero en medio del jolgorio que provoca la ilusión de la victoria, Hugo y el resto de la comunidad estaban lejos de imaginar que ese episodio marcaría el inicio de un largo período de más de tres décadas de tensión frente a la ambición.
“Nos quedamos tranquilos del noventa y ocho al 2004, cuando entró otra empresa”, cuenta Hugo. Cabizbajo y pensativo, luce como si evitara cuidadosamente equivocarse al citar los datos de ese calendario que es, al mismo tiempo, la bitácora de su propia vida.
Ascendant Cooper y las tácticas canadienses
Cuando llegó la canadiense Ascendant Cooper a Junín, ya Hugo no era un niño.
La experiencia con los mineros japoneses, ocho años antes, había sido suficiente como para que este campesino supiera que el niño que jugueteaba mientras los mayores decidían por la comunidad era ahora un líder más. “Desde muy jovencito estuve al frente”, reconoce. En el campo, la adultez se apresura. La madurez es una herramienta de supervivencia, como el machete, el caballo o la guadaña. Como el conocimiento sobre cada planta y cada animal que habita el bosque.
La firma canadiense llegó con estrategias distintas.
“Ellos compraron tierras en los alrededores −relata Hugo− pero, pagando en ese tiempo por una hectárea hasta 1 000 dólares, cuando costaba solo unos 250 dólares, entonces la gente vendió gran cantidad de tierra acá”. La intención era apropiarse de terrenos de la zona para decidir sobre ellos por fuera de las comunidades, “pero nosotros nunca les dejamos entrar”, insiste.
En esta ocasión, la concesión sobre la misma área fue otorgada mediante una licitación diseñada para excluir la participación comunitaria.
Ocurrió bajo el gobierno de Gustavo Noboa, en 2002, cuando un tal Roque Bustamante adquirió los títulos de la mina en Junín por solo 18 000 dólares, mediante artilugios que evidenciaban conflictos de intereses. Este nuevo capítulo llegó a los tribunales conocido como el caso Cooper Mesa vs. Ecuador.
La ley de aquel momento disponía que si se presentaban de manera simultánea varias solicitudes para la misma licencia de explotación minera, se debía organizar una licitación en un plazo de 48 horas, lo que impedía que un tercero interesado, como las mismas comunidades locales, tuviera tiempo para presentar objeciones. Cuando Bustamante presentó su solicitud, simultáneamente llegaron otras dos solicitudes de concesión para la misma zona. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentar las ofertas, un mes más tarde, la de Bustamante fue la única. Pese al rechazo por parte de los presidentes de las parroquias de la zona y de más de 20 organizaciones sociales que trabajaban en el cantón Cotacachi, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó la concesión a Roque Bustamante.
Meses después, en 2003, el alcalde Auki Tituaña entabló un juicio en contra del MEM por no consultar con las comunidades afectadas. Pero las artimañas no habían terminado.
El activista Carlos Zorrilla −fundador de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (Decoin)− detalla que Bustamante vendió sus derechos sobre las concesiones de Junín a la Ascendant Exploration S.A., subsidiaria de Ascendant Holdings Ltd., una firma registrada en las Islas Turcas y Caicos −un archipiélago británico considerado paraíso fiscal, muy popular para crear sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y sociedades comerciales internacionales (SCI) sin pagar impuestos fiscales−. Ascendant Holdings, a su vez, decidió entregar sus concesiones cupríferas de Junín y Chaucha a Ascendant Copper Corporation, firma con sede en la provincia canadiense Columbia Británica, pero todas pertenecientes al mismo conglomerado.
Con la misión de impedir que lo que ocurrió con la japonesa Bishimetals se repitiera, la comunidad se organizó. Instalaron una cadena en el camino de entrada, a manera de garita de control, para que la gente de la empresa minera no pudiera pasar. “Ahí fue cuando ellos, desesperados, vinieron con paramilitares, disparando −cuenta Hugo−; pero también logramos sacarles”.
En el 2006, los comuneros quemaron el campamento de la empresa canadiense y exigieron que los mineros dejaran su territorio, pero “se quedaron por ahí jodiéndonos, nos enjuiciaron y en 2008 salieron”.
En efecto, en abril de 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes aprobó el llamado mandato minero, con los votos de los legisladores oficialistas. Con esta aprobación, se extinguió alrededor del 80 % de las concesiones mineras del país, entre ellas la de esta compañía canadiense. Unas 3 100 concesiones mineras, de las 4 112 que estaban vigentes en todo el país, se estatizaron, y se suspendieron otras 1 220 que estaban en proceso de trámite. Al mismo tiempo, la Asamblea dispuso la creación de la Empresa Nacional de Minería (Enami EP), organismo estatal destinado a intervenir en todas las fases de la actividad minera.
Por su parte, la compañía canadiense presentó el caso ante la Corte Constitucional, pero la entidad lo desestimó. Así que en 2011, la compañía demandó a Ecuador ante un tribunal internacional y, finalmente, Ecuador fue condenado a pagar 25,3 millones de dólares mediante un arbitraje.
Enami EP, Codelco y el proyecto Llurimagua
Aunque la entrada en vigencia del mandato minero llegó con la promesa de regular el sector y evitar afectaciones sociales y ambientales, enseguida esa expectativa se derrumbó y el gobierno de Correa violó sistemáticamente su propia norma, tal como lo detalló la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y como lo ha registrado Decoin.
En enero de 2009 −a menos de un año de que se emitiera el mandato minero− se aprobó la Ley de Minería, que buscaba incentivar los proyectos extractivos a gran escala. Y apenas dos años después, en noviembre de 2011, el nuevo Ministerio de Recursos Naturales No Renovables le entregó a la Enami EP la misma concesión que había perdido Ascendant Cooper. Enami la inscribió como Llurimagua y ese mismo mes, la empresa firmó un acuerdo de exploración con la Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco).
Desde entonces, las medidas de presión se institucionalizaron y se convirtieron en política de Estado. Las comunidades han sufrido la judicialización de varios de sus líderes y las intenciones extractivas se intensificaron.
El 10 de abril de 2014 Javier Ramírez, hermano de Hugo y presidente de la comunidad, fue detenido y acusado de rebelión, sabotaje y terrorismo, y cumplió una condena de diez meses de cárcel. Mediante órdenes de captura dirigidas, el Gobierno intentó amedrentar a la población. “Ahí vuelta nos ponemos activos −recuerda Hugo y su cuerpo se yergue−, comenzaron ellos a seguir engañando a la gente, entonces nosotros nos paramos en la vía”.
Hugo tiene presente esa fecha como si fuera mucho más reciente. Fue el 6 de abril de 2014, cuatro días antes de la detención de Javier, que marcó el destino de Junín. “Nos paramos en la vía a no dejarles ingresar a una comunidad donde iban a socializar el proyecto”.
Cómo el Estado persigue, encarcela y reprime
El 8 de mayo de 2014, Correa había ordenado a su ministro de Interior y hombre de confianza, José Serrano −hoy preso en el Centro de Detención Krome North, Florida, EE.UU., por un asunto migratorio, y con orden de prisión preventiva vigente en Ecuador por el caso Magnicidio FV, por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023−, que enviara elementos policiales al lugar para proteger al consorcio empresarial y al proyecto minero, y que reprimiera a la población.
Un mes después, el 10 de abril, fue detenido Javier Ramírez, aunque a quien el Gobierno buscaba con vehemencia era a Hugo, por haber sido parte del cierre de ese acceso a su comunidad. Hugo creyó en un primer momento que los habían confundido. Pero después, notó que todo había sido un plan premeditado por el mismo Serrano.
Horas antes de la detención, el entonces ministro invitó a los representantes de Junín a una reunión en su despacho, en Quito. Entre los asistentes estuvieron Luis Torres, Polibio Pérez y Luis Robalino, recuerda Hugo. “Ahí entra Polibio a hablar con Serrano porque Serrano en un tiempo era nuestro abogado −aclara−, nos defendía a nosotros, y como teníamos esa amistad tan cercana, nos invita. Entra Polibio. Se discute, se pelean y sale. Ahí Serrano le amenaza a Polibio: ‘¡Vas a ver!’, le dice”.
La reunión no dio buenos resultados. Los comuneros de Íntag salieron de Quito molestos y tan preocupados como habían llegado. Tomaron un bus para volver a sus tierras y en la población de Nanegalito, a un par de horas de llegar a sus destinos, una patrulla de policías los detuvo. Un policía subió y buscó entre los pasajeros. Cuando vio a Javier, le señaló y le ordenó bajar.
−Pero, ¿por qué me detienen? −le habría preguntado Javier al policía.
“Pero ni el policía sabía −cuenta Hugo−, el policía le preguntaba si no tiene algún juicio de alimentos”, relata, como si hubiera buscado algún pretexto para la detención.
Hugo cuenta esta escena a partir de lo que otros comuneros contaban. Se basa en los videos que muchos pudieron grabar, en los que se prueba que no había claridad en el procedimiento. Decían que lo llevarían a Quito, pero finalmente lo trasladaron a la ciudad de Otavalo.
Cuando detuvieron a Javier, Hugo estaba precisamente en Otavalo. Eran las seis y media o siete de la noche, aproximadamente. Hugo había ahorrado algo de dinero para comprar una motocicleta y mientras iba y venía con los trámites de esa compra, una mujer conocida, pero cercana a la empresa minera, marcó a su celular.
−Hola, Hugo, ¿cómo está? ¿Cómo está su señora?
−(…)
−Y usted, ¿dónde anda?
−Yo estoy por acá, en la ciudad, y mi señora está en la casa −recuerda que respondió Hugo, sin sospechar nada.
Ese mismo día, cuando volvía de Otavalo a bordo de su nueva motocicleta, a medio camino rumbo a Junín, recibió otra llamada. Esta vez era un vecino de la localidad de Apuela. Ya había caído la noche.
−Vea, don Hugo, me comentaron que tiene ganado, ¿no tiene ganadito que me venda? ¿Dónde se encuentra?
Ahora, Hugo está seguro de que esas no eran llamadas inocentes. Lo estaban buscando. “Cuando Serrano ya estuvo de ministro pensó golpearnos y nos golpeó donde más nos dolió: cogió a mi hermano Javier preso, le puso 10 meses y me puso una orden de captura a mí. Entonces toda la gente tuvo un poco de miedo. Seguramente ese fue el plan. Y la gente de las otras parroquias que siempre llegaban acá, viendo esa represión que hubo, ya no actuó con esa fuerza que tenían. Claro, después pasó el miedo y volvieron a activarse y a pelear”.
Hugo llegó a Junín desde Otavalo aproximadamente a la medianoche, con la esperanza de encontrarse con su esposa y su hijo, de apenas ocho años, pero lo que encontró fue la mala noticia.
−Vea, me han sacado una orden de captura y me toca correr −recuerda que le explicó, resignado, a la madre de su hijo. Ella estalló en llanto.
−Y ahora, ¿adónde te vas?
−Deme una camiseta, un pantalón, un calzoncillo y me voy −Hugo no sabía bien adónde iría.
Tres meses en medio del bosque
Con la poca ropa que guardó en una pequeña mochila, Hugo salió de su casa en la misma moto que acababa de comprar y fue en busca de un escondite. Bajo la penumbra, aprovechó el declive del camino y la dejó rodar sin encender el motor, para no hacer ruido. “La noche medio clara estaba y cuando ya comenzó la cuesta prendí la moto y me vine”, cuenta. El hombre levanta levemente el rostro como si señalara con él a esta misma cabaña donde nuestra conversación tiene lugar. Esta cabaña que le pertenece a la Asociación Ecojunín, una iniciativa comunitaria de turismo ecológico que beneficia a toda la población de la parroquia García Moreno y a la de Chalguayacu Alto como una alternativa económica distinta a la minería.
No pasaron muchos días cuando un contingente de 350 policías y militares llegaron al lugar e invadieron la comunidad. “Yo sabía estar ahí en el bosque, como esto yo me lo conozco muy bien”, recuerda. A unos diez metros al lado de la vía, entre los árboles, Hugo observaba la entrada de las tropas. Con una radio y el teléfono, informaba a sus compañeros que estaban en Junín: “Ahorita están entrando cinco patrulleros juntos…, entran tres más…, entran camionetas de la empresa…”.
Durante tres meses, Hugo se fundió con la espesura del bosque. A hurtadillas iba de vez en cuando adonde uno de sus hermanos para dormir un poco. Donde otro iba a pedir algo de comida. En ocasiones iba a otra casa de alguien de confianza para despistar a quienes lo buscaban. “Yo tenía orden de allanamiento también, entonces no podía estar en mi casa. Iba donde un tío, donde un amigo, pero luego de eso, como era más fácil que me cojan en alguna casa, entonces decidí quedarme en el bosque”.
Como si fuera un delincuente, el gobierno anunció una recompensa de 20 000 dólares a cambio de información que ayudara a encontrarlo. Eso dividió en parte a la comunidad. “Me pasaba encerrado días enteros para que no me vea nadie porque había desconfianza desde la misma gente de las comunidades”. Comenzaron a correr rumores de que lo habían visto por Otavalo. Algunos, ambiciosos, fueron a buscarle allá. “A veces yo llegaba de noche a mi casa un ratito; llegaba a ver a mi señora, a mi hijo, y enseguida me iba nomás”.
Tres meses transcurrieron así. Para Hugo, ese tiempo le evoca “unos lindos recuerdos, porque a uno le crean fortaleza”. Pero reconoce que esa fuerza tuvo un precio que no ha terminado de pagar. “Claro que también es duro saber que mi hijo dizque sabía ir al corredor, al patio, y poner las manitos pidiendo a dios que yo salga libre −Hugo hace el ademán de juntar las manos para imitar a su hijo en actitud de oración−, entonces ahí es cuando a uno le doblega… pero eso fortalece”.
Luego de varios desacuerdos y trabas procesales, la alianza entre Enami EP y Codelco no se concretó. Más bien, la firma chilena fue obligada a dejar la concesión y a abandonar el país. Sin embargo, aún sin que esa salida se haya consumado del todo, ya Hanrine ha mostrado interés de hacerse de estos yacimientos.
Hugo, Javier y los otros dos hermanos Ramírez, Wilman y Ernesto, son reconocidos en todo el Valle de Íntag por su capacidad para enfrentar las amenazas del pasado. Hoy, que se presenta una nueva posibilidad de que el Estado otorgue una concesión para extracción minera en sus territorios, más de 37 familias aseguran que continuarán resistiendo y exigen ser consultados por el Estado antes de emprender cualquier acción futura.
El Municipio de Cotacachi, como la máxima representación institucional del cantón, declaró a Íntag Santuario de Vida, en octubre de 2024, para evitar que este hotspot de biodiversidad sea objeto de los intereses extractivos mineros. Las comunidades, mientras tanto, promueven una serie de iniciativas de turismo comunitario, cultivos como café, sábila, naranjilla y productos como panela, para ayudar a proteger su entorno y sostener la vida de más de 13 000 habitantes de las siete parroquias de Íntag que desde hace más de tres décadas han demostrado su negativa a permitir que su territorio se convierta en un inmenso cráter cobrizo.
