El expresidente de la Comuna Ancestral Chojón fue detenido el 20 de julio de 2026 tras ser acusado de hurto. Su detención se dio en medio de una disputa territorial con una camaronera.
En 2012, la comunidad recibió su título comunal ancestral, pero una sentencia encontró que el Ministerio de Agricultura concesionó parte de esas tierras a compañías acuícolas. El dirigente está detenido en la Penitenciaría del Litoral, que enfrenta graves problemas de violencia carcelaria, insalubridad y hacinamiento.
El 9 y 10 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en etapa de prueba por el caso de hurto de camarón contra Julián Cruz, dirigente indígena de la isla Puná, en Guayaquil. Detrás de su detención, el pasado 20 de julio, existe un conflicto por tierras ancestrales entre la Comuna Ancestral Chojón y empresas camaroneras. Una de esas empresas es Naturisa SA, la misma que lo acusó ante las autoridades. Su defensa dice que él no ordenó el supuesto robo, no participó del hecho y que no estaba en la isla ese 21 de junio de 2023.
Telmo Jaramillo, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), relata que hasta el momento, dos abogados de la empresa rindieron sus testimonios durante la reciente audiencia. El letrado sostiene que los hombres no presenciaron los hechos, pero señalan a Cruz como culpable. Sin embargo, dice Jaramillo, en el contrainterrogatorio no demostraron que tienen pruebas de su participación, como imágenes de cámaras, ni de que el dirigente haya dado la orden a otros comuneros. Mongabay Latam intentó comunicarse con un representante de la compañía pero no recibió respuestas sobre este punto del conflicto.
Cruz, presidente de la Federación de Comunas y Organizaciones del Pueblo Punae (Fecoope) y exdirigente de la comuna, asistió de manera telemática a la audiencia, ya que desde ese 20 de julio está recluido en la Penitenciaría del Litoral. La cárcel enfrenta problemas de hacinamiento e insalubridad “muy duros”, en palabras de Billy Navarrete, presidente del CDH, y es uno de los principales escenarios de la violencia carcelaria en el país.
Bandas armadas controlan la penitenciaría y están extorsionando a los familiares, afirma el abogado. “Les estamos orientando en relación al control criminal que hay en la cárcel. Lo que ahora nos preocupa es que se garantice la vida y la integridad física a los privados de libertad”, dice. La audiencia continuará el 25 de septiembre.
El conflicto de tierras se remonta a 1996, cuando camaroneras se instalaron en la zona. “Cuando recién vinieron, construyeron piscinas, talaron mangles, árboles, montañas, removieron una loma que era patrimonio. Todo eso denunciamos, pero no se sacó nada”, dice Pedro Cruz, hermano de Julián y presidente de Chojón.
“No existe ningún conflicto con la comuna”, asegura vía correo electrónico César Palma, representante de Naturisa, pues “ya existe un pronunciamiento judicial sobre el tema”. Se refiere a una acción de protección que en primera instancia reconoció la violación de los derechos comunitarios, pero en segunda instancia revirtió la decisión inicial.
“Se trata de una disputa de tierras que, por la intervención de organismos del Estado, correspondería ser conocida en la vía contenciosa administrativa”, se lee en la sentencia. Para Jaramillo, los jueces de la Corte Provincial “no se pronunciaron sobre el fondo del conflicto, como sí lo hizo el juez de primer nivel”.
“Paralelamente, como elemento intimidatorio, surge el delito de hurto. No nos queda duda de que es una estrategia de la camaronera para debilitar el reclamo de la comuna, para debilitar a sus dirigentes”, afirma Billy Navarrete.
La entrada de las camaroneras a Chojón
La actividad camaronera llegó a la zona en la década de 1980, cuando la comunidad impulsó la construcción de piscinas administradas por la Asociación 24 de Septiembre, relata Galo Plaza, investigador del desarrollo rural y técnico de territorios de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice).
Puná es una de las parroquias más pobres del cantón Guayaquil, con acceso limitado a servicios como agua potable, educación y salud, describe Navarrete. “De esto se aprovechó la industria camaronera para cooptar a la población y a sus dirigentes”, añade.
La asociación operó con normalidad hasta 1996, cuando uno de sus representantes habría cedido varias hectáreas a un inversionista a través de una empresa privada.
El 31 de diciembre de 1996, la fuerza pública ingresó a Chojón, allanó viviendas y detuvo a 13 hombres y a una mujer. Estuvieron detenidos cerca de tres meses, cuentan Pedro Cruz y Plaza, quien ha acompañado a la comunidad por varios años y también levantó una memoria escrita de este hecho.
«Se los trató de piratas venidos de Durán. Ahora se los acusa de hurto», señala, comparando aquellos hechos con la actual denuncia contra Julián Cruz.
Para 2009, 13 piscinas camaroneras de la empresa ya ocupaban cerca de 100 hectáreas, reportó El Universo.
Entre 1985 y 2016, Puná perdió 5648 hectáreas de manglar, mientras la superficie ocupada por diferentes empresas camaroneras aumentó en 7013 hectáreas, según un estudio que analizó el avance de la industria en la isla de aproximadamente 92 000 hectáreas.
«Tenemos varios años luchando, peleando con invasores, gente que no es de la isla, nos han invadido, se apropiaron de tierras», dice Pedro Cruz.
El Estado concesionó parte del territorio ancestral a camaroneras
Chojón forma parte de la parroquia rural Puná, en el golfo de Guayaquil. Con cerca de 250 habitantes, es una comunidad ancestral reconocida por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. En 2012 se oficializó el título comunal por 209,31 hectáreas.
Tras varias idas y vueltas administrativas, de las 209 hectáreas tituladas, la comuna conserva solo 61, según consta en la acción de protección. “Estas tierras ancestrales han sido adjudicadas arbitrariamente por el MAG”, asegura Plaza.
En la sentencia que otorgó la acción de protección a la comunidad el 6 de junio de 2023, se ordenó dejar sin efecto la resolución de Rectificación de Providencia de Adjudicación a favor de Naturisa. “[Esta acción] vulneró el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades en la garantía de la propiedad imprescriptible, la indivisibilidad” del territorio, se lee en el documento.
También dejó en firme la adjudicación de las 209 hectáreas a favor de la comunidad y ordenó la restitución inmediata de las tierras ancestrales. Además, dispuso el desalojo inmediato de personas ajenas a la comunidad del territorio comunal.
Por eso, se ordenó que Naturisa repare y/o compense a la Comunidad Ancestral Chojón. Por último, se ordenó que el MAG y la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria publiquen en sus páginas web institucionales disculpas públicas a la comunidad por la vulneración de sus derechos constitucionales.
No obstante, esto quedó sin efecto tras la sentencia de segunda instancia. Palma, representante de Naturisa, explica que “existe un acuerdo emitido por la Subsecretaría de Acuacultura que estableció que tal área corresponde a superficie considerada zona de playa y bahía, como tal, [son] terrenos que solo pueden pertenecer al Estado”. Sobre esta área, Naturisa asegura tener un acuerdo de concesión.
El MAG no respondió a las solicitudes de información hechas a través del Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo ni a las insistencias vía correo electrónico y vía mensajería, hasta la publicación del artículo.
Denuncia de hurto y acuerdo con la comunidad
El 21 de junio de 2023, la empresa envió una carta a José Antonio Camposano, entonces presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, en la que denunció un intento de invasión y robo de 30 000 libras de camarón. Miembros de la comuna y otra camaronera fueron señalados como responsables.
El 22 junio, 16 días después de que se aceptara la acción de protección, Naturisa presentó la denuncia contra Julián Cruz en la Fiscalía General del Estado, según se documenta en el Módulo de Información de Noticias de Delito de la institución. En ese entonces, Cruz era el presidente de Chojón.
Esa misma fecha, el líder dirigió una carta a Camposano en la que calificó la denuncia de Naturisa como “temeraria y calumniosa”.
A pesar de estas acusaciones, en octubre de 2025, la compañía firmó un acuerdo con el pueblo indígena por los “evidentes errores cometidos al momento de haberse otorgado la adjudicación en favor de la Comuna Chojón” y con el fin de “evitar nuevos equívocos en cuanto a la ocupación del área de zona de playa y bahía que actualmente tiene Naturisa y que por adjudicación le corresponde a la Comuna Chojón”.
El CDH envió a Mongabay Latam este documento, que está notariado en el cantón Guayaquil. Este medio llamó y envió emails insistentemente a César Palma para consultarle sobre su participación en el acuerdo y sobre el avance del cumplimiento de los términos, pero no respondió a la solicitud.
En el acuerdo consta que la empresa se comprometió a entregar a la comunidad 130 000 dólares, a realizar obras de mejoramiento de las piscinas comunitarias contiguas a Naturisa y a no continuar con la acusación particular presentada ni a ejecutar impulso alguno del proceso judicial propuesto en contra de Julián Cruz.
“Si hubo hurto, ¿cómo llega la empresa a un acuerdo?”, cuestiona el abogado Jaramillo. La comunidad, por su lado, se comprometió a no presentar acciones de índole administrativo o judicial relacionadas con los terrenos que ocupa la compañía Naturisa.
Un caso “sin indicios”
Jaramillo asegura que el fiscal no tiene ninguna versión que diga que Cruz estuvo presente el día de los hechos ni que dio la orden para cometer el hurto. Además, según el testimonio del líder indígena, no estuvo ese día en isla Puná, pues estaba viajando de regreso de Quito. El abogado también afirma haber conversado con varios comuneros que ratificaron esa versión. Tampoco se ha demostrado, enfatiza, que personas de la comuna fueran las responsables de extraer el camarón.
“A mi criterio, nunca existieron indicios, pero el juez llamó a Julián a juicio, por eso el caso pasó al tribunal penal y nos encontramos en esta instancia”, detalla el abogado.
La Fiscalía General del Estado dijo que el expediente contra Cruz se originó por un Parte Informativo de la Armada elevado al Fiscal de Delitos Acuáticos del Guayas, con los camarones y la embarcación como elementos que sustentan la denuncia. La entidad no dio más detalles.
En el parte se describe que Naturisa alertó al ECU911 sobre un supuesto robo. Después, guardacostas interceptaron una gabarra con tres camiones que transportaban 20 280 libras de camarón. En el documento no se nombra a Julián Cruz.
Su nombre se vinculó formalmente en la audiencia de formulación de cargos, el 23 de abril de 2025. El 21 de julio de 2025, Naturisa presentó la acusación particular, dos años después del hecho. Sin embargo, la Justicia dispuso que se haga un reconocimiento de firmas el pasado 20 de agosto, pero los representantes de Naturisa no acudieron, de acuerdo con el abogado. La compañía no respondió las reiteradas llamadas para corroborar este hecho.
Detenido y sin visitas
Julián Cruz está en el pabellón 10 de la Penitenciaría del Litoral, que a pesar de estar militarizada, sigue bajo el control de grupos armados, afirma Navarrete, del CDH. Sus familiares fueron extorsionados y solo una vez que pagaron, Cruz pudo ingresar al pabellón.
La familia se ha unido a plantones organizados por el Comité de Familiares de Personas Privadas de la Libertad para exigir la aprobación de listas que permiten el ingreso de víveres y útiles de aseo para los presos, algo que el Estado no puede garantizar en la actual crisis carcelaria, explica Navarrete.
Mientras tanto, su hermano denuncia que no han podido visitarlo, debido a que las visitas están restringidas por tratarse de una cárcel militarizada. Miembros de la comunidad y organizaciones de defensa de derechos humanos se reunieron en Guayaquil para asistir a la audiencia de juicio.
Mientras tanto, Jaramillo espera que la comunidad se mantenga unida y solidaria con Julián Cruz. Está seguro de que se conseguirá la libertad del dirigente, pues cree que los elementos de Fiscalía “son débiles” y que la entidad “parece que ha actuado cercana a los intereses de la empresa”.
Pedro Cruz concluye con un reclamo: “Nosotros queremos que él esté acá y que ellos desalojen nuestro territorio”.
Esta es una puiblicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
