El líder fue detenido y acusado de supuesta posesión ilegal de explosivos después de que se allanara su vivienda. Su defensa sostiene que hubo supuestas irregularidades en el proceso. Detrás de este caso, hay un conflicto territorial entre la comunidad Tzawata-Ila-Chukapi y la empresa Terraturismo. El caso ocurre en Napo, donde la minería formal e informal ha devastado 1880 hectáreas y grupos criminales se disputan el territorio.
El 6 de mayo, el líder kichwa Kambak Alvarado fue reelegido como presidente de la comunidad Tzawata-Ila-Chukapi, en la provincia de Napo. Pero no hubo celebración. En la madrugada del 7 de mayo, unos 50 policías y militares allanaron su casa y lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial, de acuerdo con su defensa. Días antes, la empresa Terraturismo había denunciado al líder por los supuestos delitos de invasión de propiedad privada y tráfico de tierras, según consta en la Fiscalía.
“Es impactante porque he vivido muy apegado a la ley, confiado de la Policía, los militares, la entidad judicial, pero me han criminalizado de esta manera”, dice Alvarado días después de que lo liberaran con medidas cautelares.
La disputa por estas tierras comenzó en 1950, durante los procesos de colonización en la Amazonía, cuando gran parte de los territorios indígenas amazónicos no estaban titulados. Entonces, el Estado adjudicó parte del territorio indígena a los Misioneros Redentoristas, cuenta Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo. La entidad ha seguido el caso desde 2011.
La propiedad de 627 hectáreas, conocida como Hacienda Ila, pasó por varias manos hasta que en 2004 fue adquirida por una minera. Con la llegada de la actividad extractiva comenzaron los conflictos, incluidos varios intentos de expulsar a los habitantes indígenas, como documentó Mongabay Latam en este artículo.
En 2025, Terraturismo solicitó una orden de desalojo en contra de la comunidad por considerar que había invasión a su propiedad, pero en marzo de este año, el Ministerio de Gobierno dejó sin efecto la orden y llamó a conformar mesas de trabajo para resolver el problema sin violar los derechos a la posesión ancestral.
A pesar de eso, la comunidad sostiene que Terraturismo comenzó a abrir caminos en una zona de reserva y a deforestar parcelas. Entonces, los conflictos se reactivaron, agrega el defensor indígena. Terraturismo fue consultada sobre este aspecto pero no respondió.
“Llama la atención cómo el aparataje estatal puede estar siendo usado por intereses empresariales, porque hay un contexto de persecución, amedrentamiento, criminalización de Terraturismo hacia los comuneros de Tzawata-Ila-Chukapi”, dice Rojas desde la Defensoría del Pueblo.
Terraturismo SA figura en la Superintendencia de Compañías como una empresa de alojamiento turístico. Sin embargo, sus representantes han dicho a la comunidad que se dedicarán al cultivo de productos como yuca o malanga en la antigua Hacienda Ila. Así quedó registrado en los videos que levantó la comunidad durante el recorrido de abril.
La noche de la detención
A las 22:30 del 6 de mayo, Alvarado descansaba junto a su esposa, Irene, y su niña de año y medio cuando un vehículo que no reconoció se detuvo por un momento frente a su casa, relata. Eso lo mantuvo alerta, hasta que notó que a las 00:10 del 7 de mayo, otro vehículo hizo lo mismo. En medio de la oscuridad, una persona desconocida se dirigió con rapidez hacia la parte baja de su vivienda y se fue de la misma manera.
Alvarado bajó de su hogar, construido sobre postes elevados como se acostumbra en la Amazonía, para ver si se trataba de un robo. En esa zona abierta almacenaba una amoladora y temía que se la hubieran llevado. Sin embargo, la herramienta seguía ahí. Volvió para descansar, pero pocos minutos después la familia estuvo rodeada de policías y militares.
“Llegaron con agresiones a detenerme, sacaron a mi pareja y a mi nena a las malas”, relata. Un militar golpeó con la culata del fusil a Irene mientras cargaba a su bebé. El líder asegura que su esposa todavía sufre de dolores y que buscar tratamiento ha sido difícil porque siente que él y su familia son perseguidos.
Los agentes inspeccionaron la vivienda y buscaron hasta debajo de las tablas. Luego sacaron a Alvarado de la casa “a punta de pistola y fusil”. Lo trasladaron a la Policía Judicial de Tena, la capital de Napo.
“La actuación de Fiscalía se originó tras la recepción de un parte policial investigativo, mediante el cual se solicitó gestionar una orden de allanamiento ante la autoridad judicial competente”, dijo la Fiscalía General del Estado.
En la sede policial, un agente le mostró a Alvarado varios bultos envueltos en papel periódico que, le aseguró, hallaron bajo su casa. Eran tacos de dinamita y explosivos tipo emulgel. “Debajo de mi casa caminan mis sobrinas, mis hermanas, los hijos de mis vecinos. Ahí debajo de mi casa juegan. Es imposible creer que voy a tener tal cantidad de explosivos”, dice el líder.
Cree que le pusieron una trampa porque intentaron hacerle confesar el delito de posesión ilegal de explosivos, que asegura, no cometió. Además dice que le informaron sus derechos a las 7:30 de la mañana, siete horas después de su detención, lo que significaría una irregularidad jurídica en el proceso.
Más acusaciones de las autoridades
“No supimos nada de él hasta las 10 de la mañana, cuando logré tomar contacto con un agente de la Policía Judicial y me puso al teléfono con Kambak”, cuenta Rojas. El presidente comunitario no tenía golpes ni laceraciones. A las 7 de la noche se realizó la audiencia de calificación de flagrancia y legalidad de aprehensión.
En el operativo encontraron dos escopetas artesanales fuera de funcionamiento que, por lo tanto, no entraron en la categoría de arma, detalla el representante de la Defensoría del Pueblo, quien asistió a la audiencia.
Los agentes reportaron haber hallado explosivos del mismo tipo del que se están usando con fines extorsivos en Tena, la capital de Napo, explicó Rojas. En los últimos meses se han registrado al menos seis ataques con explosivos en locales comerciales, afirma.
En Napo operan Los Lobos, una agrupación criminal dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, en asociación con los Comandos de la Frontera, una disidencia de las ex FARC, de acuerdo con una investigación de La Barra Espaciadora y Mongabay Latam sobre la criminalidad en la Amazonía ecuatoriana.
Cuando el juez pidió las pruebas que relacionan estos explosivos con los atentados en Tena, el fiscal Klever Egas dijo que no son los mismos, sino similares, relató Rojas. Además, sostiene, no se habría respetado la cadena de custodia de los explosivos, es decir que no se los mantuvo de acuerdo con las exigencias de la ley desde la supuesta incautación en la casa de Alvarado hasta la audiencia.
“Esto en materia procesal penal es un grave error, es evidencia viciada, por lo tanto, es el talón de Aquiles del proceso, el cual no va a prosperar porque la Fiscalía se queda sin evidencia”, señala Rojas.
La Fiscalía aseguró que los explosivos fueron inicialmente aislados y resguardados bajo cadena de custodia. Después, tras una inspección técnica, “se determinó que los artefactos representaban un alto riesgo”. Entonces, se aplicó lo dispuesto en una resolución de 2014 que establece que cuando un objeto explosivo se encuentre activo o inestable debe ser destruido.
Mongabay Latam envió correos a la Policía Nacional, pero no recibió respuesta de la fuerza de seguridad. Además, se comunicó vía llamada telefónica con el fiscal Egas, quien aseguró que no tiene autorización para dar entrevistas.
Flor María Proaño, la abogada de Terraturismo, dijo que no emitirá comentarios sobre este tema por tratarse de una investigación en curso. “Tenga la certeza y la seguridad de que las actuaciones de la empresa Terraturismo siempre se han venido dando dentro del marco legal”, añadió.
Los últimos enfrentamientos antes de la detención
El Ministerio de Gobierno dijo que en marzo se dejó sin efecto la orden de desalojo. A pesar de eso, los habitantes de Tzawata-Ila-Chukapi vieron maquinaria entrar a sus chacras y a sus purinas, sitios de reserva.
“Cualquier actuación de hecho que contravenga el estado jurídico vigente caracterizado por la inexistencia de una orden administrativa de desalojo deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades judiciales competentes”, añadió la entidad.
Para documentar lo que estaba sucediendo en su territorio, la comunidad organizó un recorrido con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), el Consejo de Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza y de otras organizaciones sociales.
Unas 150 personas entraron en caravana, describe José Moreno, del Consejo de Defensores. Lo primero que vieron fue dos excavadoras detenidas y un contratista que afirmó tener todos los permisos ambientales para la apertura de caminos y deforestación. Mongabay Latam intentó corroborar esa versión con el Ministerio de Ambiente y Energía, pero el organismo no respondió hasta la publicación del artículo.
Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Fundación Ecociencia, señala que actualmente la ley no exige licencia ambiental para la apertura de caminos de hasta tres kilómetros. Ese vacío ha facilitado la construcción de pequeñas carreteras o caminos.
Luego, llegó Flor María Proaño, abogada de Terraturismo SA y gerente de la empresa en 2021 y 2023, según consta en información oficial de la Superintendencia de Compañías. “Dijo que son los dueños de las tierras, que son privadas y que no tenemos derecho a estar ahí, que eso es invasión”, cuenta Moreno. Los dirigentes indígenas respondieron que van a continuar con la inspección porque son tierras en litigio.
Volaron un dron sobre el área afectada y sostienen que pudieron documentar que se talaron árboles que estaban en veda y otros que la comunidad había reforestado. También destruyeron cultivos de cacao, chontaduro y verde, asegura Alvarado.
El presidente calcula que 100 hectáreas fueron despejadas. A través del dron observaron que los trabajadores de la empresa limpiaron con machete la superficie debajo de los árboles para facilitar la entrada de maquinarias.
Tras el recorrido, Proaño acusó al líder por invasión a la propiedad privada, uso ilegal del suelo, tráfico de tierras, tenencia de armas ilegales y minería ilegal. Otras 31 personas también fueron denunciadas. Además, un ex gerente y ex accionista de la empresa interpuso una querella contra Alvarado por supuesta difamación y persigue una indemnización de un millón de dólares.
Napo y sus defensores bajo asedio minero
El conflicto por estas tierras se da en un contexto particular. Napo es una de las provincias con mayor crecimiento de superficie minera en los últimos cinco años, de acuerdo con Jorge Villa, de la Fundación Ecociencia. Hasta 2024, el dato más reciente, se registraron 1880 hectáreas devastadas, de acuerdo con información de MapBiomas Ecuador. Un tercio de esa afectación está en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola.
El elevado precio del oro, que a inicios de 2026 superó los 5000 dólares por onza, también ha atraído a grupos delincuenciales que ofrecen seguridad o financian los frentes mineros ilegales que crecen, sobre todo, en el noreste y en el sureste de la provincia.
Los Comandos de la Frontera y Los Lobos ahora se enfrentan con Los Choneros, otra agrupación delincuencial ecuatoriana, por el control de las provincias amazónicas. Esto ha provocado un aumento en la tasa de homicidios, pasando de 10 por cada 100 000 habitantes en 2021 a más de 50 en 2024.
A eso se suma que uno de cada cinco asesinatos a defensores ambientales ocurrió en la cuenca amazónica, mientras que América Latina concentró el 88 % de los casos globales, según Global Witness. “En muchas ocasiones, los defensores se ven vulnerables, esperamos que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar sus derechos”, opina Villa.
A pesar de haber vivido agresiones en carne propia, el defensor Andrés Rojas y el activista José Moreno aseguran que continuarán acompañando la defensa del territorio de Tzawata-Ila-Chukapi y de su presidente, Kambak Alvarado.
Alvarado confía en que la Justicia declarará su inocencia. Mientras tanto, asegura que junto a los habitantes de Tzawata-Ila-Chukapi seguirá defendiendo su territorio ancestral, donde a orillas del río Pupo están enterrados los ombligos de los recién nacidos de su comunidad.
Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
