El pasado 20 de febrero, en la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, tuvo lugar una audiencia de diálogo intercultural como parte del proceso en el que se espera la entrega inmediata del título de propiedad de 63 775 hectáreas de su territorio ancestral, sobre el que en 1970 se creó de manera inconsulta el Parque Nacional Cayambe Coca.
Las autoridades del Estado han evadido –en distintos gobiernos y durante cerca de medio siglo– su obligación de abordar y resolver este conflicto histórico. Incumplimientos acumulados de obligaciones convencionales y constitucionales perpetúan un estado de inseguridad jurídica para esta comunidad indígena.
La comunidad A’i Cofán de Sinangoe levantó un mapeo territorial y cultural mediante geolocalización, entre 2018 y 2021. El resultado muestra 30 senderos comunitarios y 5 000 puntos que identifican lugares sagrados, áreas dedicadas a actividades de subsistencia, plantas medicinales, árboles, especies animales, entre otros sitios indispensables para su supervivencia.
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El pasado 20 de febrero, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, situada en el noroccidente de la provincia de Sucumbíos, fue el escenario de una audiencia de diálogo intercultural, como parte del proceso por la acción de protección que fue presentada en mayo de 2025, para exigir que se cumpla con la titulación de su territorio ancestral.
Este proceso judicial se deriva de amenazas que se remontan a la creación de manera inconsulta del Parque Nacional Cayambe−Coca, ocurrida en 1970, sobre el territorio ancestral A’i Cofán. Desde entonces, los distintos gobiernos nacionales han mostrado incapacidad técnica y falta de voluntad política para velar por esta superficie que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) pero que, actualmente, enfrenta el avance de la minería ilegal y de grupos armados de origen colombiano y bandas criminales locales.
Los habitantes A’i Cofán aseguran ser los guardianes naturales de su territorio ancestral. Su ejercicio de posesión territorial se expresa en monitoreos permanentes para evitar invasiones de colonos, mineros ilegales, grupos delincuenciales y otras amenazas. Sin embargo, temen que la demora en la titulación promueva la destrucción de sus ríos, de sus bosques e incluso su desaparición como comunidad indígena.
Gente de río
Ubicada a orillas del río Aguarico, en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe teme desaparecer debido a la serie de riesgos que se ciernen en su entorno y que se intensifican conforme la titulación tarda en concretarse. Pero estas amenazas no son recientes.
Víctor Quenamá tiene hoy 61 años. Cuando piensa en su niñez, aparece en su rostro una sonrisa sutil. Mira colina abajo hacia un pequeño estanque que pasa junto a su cabaña. “Nosotros en el río nos bañábamos, jugábamos en la arena, íbamos de pesca y cacería, pescábamos con anzuelito”, recuerda y deja escapar por fin una breve risa.
En 1981, Víctor viajó río arriba desde otra comunidad A’i Cofán y se asentó definitivamente en Sinangoe. Desde 1983 formó una familia que ahora, con juegos, carcajadas y algunos gritos, le rodea mientras él organiza sus recuerdos.
A inicios de los años ochenta, Víctor todavía no sabía que el Estado ecuatoriano había creado un área protegida sobre el territorio A’i Cofán. Lo que sí sabía era que “gente de afuera entraron a minar en el río Candué, todos los días los mineros entraban y salían con dragas, eso fue un problema grande, entonces empezamos a hacer linderación de nuestro territorio, pero cuando fuimos a ver escrituras nos enteramos de que ya era reserva Cayambe−Coca, y ahí quedamos”, se lamenta.
“No sé cómo hicieron los mapas, si en avión o qué, pero lo hicieron sin preguntar nada, con nosotros aquí viviendo”. La noticia le indignó y por esa razón −dice− se volvió aún más activo en la defensa de la comunidad. “Y tanto hacer entré como presidente, más o menos en 1987, y poco a poco fueron saliendo los mineros de acá”.
Sinangoe −conformada por casi 300 habitantes− mantiene hasta la actualidad una relación milenaria con su entorno natural.
La creación unilateral del Parque Nacional Cayambe-Coca (PNCC) sobre el territorio ancestral generó una paradoja jurídica: mientras el Estado ecuatoriano declaraba áreas de protección de la biodiversidad amazónica, despojaba a pueblos ancestrales como los A’i Cofán de Sinangoe de su derecho sobre el territorio que habían habitado y protegido durante siglos.
Con el paso de los años, el modelo de conservación estatal ha demostrado ser menos efectivo que la gestión indígena.
El Parque Nacional Cayambe Coca es la 4º área protegida amazónica con mayor expansión de minería ilegal, según los datos más recientes del Programa de Monitoreo de la Amazonía (MAAP).
De acuerdo con un reportaje publicado por La Barra Espaciadora como parte de la alianza Amazon Underworld, los focos más conocidos y más antiguos de minería ilegal están en las cuencas altas del Aguarico, alrededor del río Cofanes, principalmente. La minería ilegal en la zona de La Sofía -una parroquia rural agrícola y ganadera, ubicada en el extremo occidental de la provincia de Sucumbíos y en la zona de amortiguamiento del PNCC- está hoy controlada por grupos irregulares como Los Comandos de la Frontera.
Las imágenes satelitales muestran más de 10 hectáreas deforestadas dentro del PNCC en 2024 y 150 kilómetros de vías, mientras que el territorio de Sinangoe permanece libre de deforestación. Esta evidencia prueba que el Estado creó un área protegida sobre un territorio que ya estaba efectivamente cuidado por sus habitantes originarios, pero en el proceso les negó los derechos legales que habrían fortalecido esa protección.
Esta amplia superficie alberga las cuencas hídricas de los ríos Aguarico, Quijos, Mira y Esmeraldas, donde están las concesiones mineras que había otorgado el Estado sin consultar a la comunidad y que afectaron principalmente a los ríos Cofanes, Chingual y Aguarico. “El miedo que nos genera es que nosotros somos gente de río”, explica Wider Guaramag, actual presidente de la comunidad.
Para el líder A’i Cofán, la reciente expansión de minería ilegal en la zona de influencia de su territorio es igual de perjudicial que la minería concesionada por el Estado. Por eso, se muestra preocupado por la decisión de la ministra Inés Manzano de reabrir el catastro minero para otorgar nuevas concesiones en todo el territorio nacional. “Conociendo de qué forma ha sido la gestión de este gobierno, nos preocupa muchísimo que no le importe que aquí haya sentencias que prohíben la minería, que aquí haya una comunidad ancestral a la que se le tiene que consultar, que nuevamente aparezcan concesiones legalmente otorgadas”.
Durante estos años de conversaciones con las autoridades gubernamentales −continúa−, luego de que la comunidad lo aprobara en asamblea, decidieron mapear y solicitar titulación de apenas 63 775 ha de ese territorio ancestral que originalmente fue mucho más amplio.
Concesiones mineras, grupos armados e inseguridad jurídica
La preocupación de los pobladores A’i Cofán en 2017 fue que el Estado ecuatoriano había otorgado 20 concesiones mineras en su territorio sin contar con licencias ambientales ni procesos de consulta previa, libre e informada, y que había iniciado 32 procesos similares que por entonces se encontraban en trámite. Estas decisiones irrespetaron incluso la prohibición constitucional de realizar actividades extractivas en áreas protegidas.
Desde mayo de ese año −cuando la comunidad creó su Ley Propia de Control y Protección del territorio Ancestral A’I Cofán de Sinangoe y formó su guardia indígena− hasta septiembre, los cofán registraron la presencia de unas 70 personas ajenas a su nacionalidad con maquinaria pesada, practicando minería ilegal, pesca y cacería dentro de su territorio.
La comunidad denunció estos hechos ante las instituciones públicas correspondientes, pero desde entonces, el riesgo no ha hecho más que crecer y diversificarse.
Varios testimonios locales reflejan preocupación por la posibilidad de que la expansión de la minería ilegal en la zona traiga consigo nuevos temores, como la presencia de grupos armados y el riesgo de que otros mercados irregulares se fortalezcan. “No hemos tenido hasta ahora algún contacto [con grupos armados] pero hay una preocupación: nuestros jóvenes y nuestros niños están en ese riesgo”.
Durante parte de 2024 y 2025, el equipo de La Barra Espaciadora reportó la presencia y el avance de grupos irregulares en los alrededores de territorios indígenas y áreas protegidas amazónicas, entre ellas el Parque Nacional Cayambe−Coca.
En la zona de influencia de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe están presentes miembros de los grupos irregulares colombianos Comandos de la Frontera y Comuneros del Sur, cuyos representantes actualmente mantienen diálogos con el gobierno del colombiano Gustavo Petro. Además, se han registrado indicios de presencia de un grupo autodenominado Autodefensas Unidas de Nariño, presuntamente asociado a otro llamado Comuneros del Sur, de acuerdo con testimonios de pobladores de la zona y de fuentes militares de Colombia y Ecuador.
Jorge Acero, abogado defensor de la comunidad y parte del equipo jurídico de la organización Amazon Frontlines, dice que las publicaciones frecuentes en medios de comunicación han hecho de público conocimiento la presencia de actores extraños a la zona y de minería ilegal en Cascales y en la parte alta del río Aguarico, y lamenta las graves consecuencias que eso podría generar para estos territorios.
A esta serie de amenazas a la seguridad de la población se suma la inseguridad jurídica provocada por los sucesivos incumplimientos de sentencias por parte del Estado.
Actualmente, la comunidad enfrenta tres procesos en tribunales. Dos de ellos ya cuentan con sentencias en firme que no han sido cumplidas por las instituciones señaladas como responsables.
El primero corresponde a la entrega de esas 20 concesiones mineras y de las otras 32 concesiones que estaban en trámite. En sentencia del 3 de agosto de 2018, el Juzgado de Gonzalo Pizarro, en Lumbaqui, declaró al entonces Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) responsable de la violación de derechos como la consulta previa y los derechos de la naturaleza.
El noviembre de 2018, la Corte Provincial de Sucumbíos confirmó y amplió la sentencia ordenando revertir todas las concesiones que estaban operando, archivar las que se encontraban en trámite y cancelar el otorgamiento de las nuevas concesiones, además de la medida de reparación que ordenó la restauración ambiental en el ríos Aguarico, como resolución final ante una acción de protección solicitada por la Defensoría del Pueblo y por la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
La sentencia del tribunal reconoció que la actividad minera, en cualquiera de sus fases, en las cuencas hidrográficas y en las inmediaciones de un territorio indígena y de un área protegida, representa una amenaza directa y grave al derecho al agua, al territorio, a la consulta previa y a la vida de la comunidad. Sin embargo, el Estado no ha cumplido hasta hoy con lo dispuesto por la justicia.
El 19 de octubre de 2021, más de cien miembros de la comunidad viajaron durante ocho horas, desde la parroquia Puerto Libre, en el cantón Gonzalo Pizarro, de la provincia de Sucumbíos, para entregar al Maate una solicitud de adjudicación y entrega de título sobre su territorio ancestral. La respuesta fue que no se procederá mientras no exista un instructivo de adjudicación, recuerda el jurista Ángel González, quien también forma parte del equipo de la defensa técnica de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
A inicios de 2022 la Corte Constitucional reiteró que el derecho de una comunidad indígena a la consulta previa, libre e informada fue violado y pidió protecciones más fuertes para garantizar los derechos de las comunidades indígenas a decidir sobre los proyectos extractivos en sus territorios. El pronunciamiento del más alto tribunal constitucional del país sentó jurisprudencia vinculante para otros casos en el resto del territorio nacional, pues resaltó que el consentimiento es obligatorio cuando se busca promover actividades de extracción minera, que se requiere consulta y consentimiento aun cuando se trate de concesiones que estén fuera de un territorio que puedan generar afectaciones, pues se debe considerar la relación especial de los habitantes con su territorio y no exclusivamente los límites impuestos.
En septiembre de 2022, la comunidad presentó una acción de incumplimiento ante la Corte como respuesta al incumplimiento. En enero de 2025, la Corte ratificó la nulidad de las concesiones desde la sentencia de 2018, dispuso que el Ministerio de Ambiente presente un plan de restauración construido con la comunidad y ofrezca disculpas públicas por su incumplimiento.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con la restauración ambiental que ordena la sentencia.
El abogado Acero recuerda que aunque el Maate aseguró haber archivado los 32 procesos en trámite de concesiones para minería, en el catastro minero oficial aún aparecen. Y “sobre las otras 20 concesiones entregadas, la respuesta de siempre del Ministerio fue que por sentencia no pueden anular un título, aunque la Corte les dijo que sí pueden y les ordenó hacerlo; esta excusa es una aberración jurídica y demuestra una clara voluntad de incumplir”.
La histórica sentencia se produjo después de que Kuirasunde’khu, la guardia indígena de Sinangoe, descubriera en enero de 2018 la presencia de maquinaria pesada para extracción de oro a lo largo del río Aguarico. Hasta ese momento había unas 32 000 hectáreas afectadas entre las concesiones otorgadas por el mismo Estado y las que estaban en trámite.
El segundo caso está asociado a la escuela de la comunidad, que quedó inhabilitada en 2018 debido a la erosión regresiva del río Aguarico. Desde entonces, los niños reciben clases en bodegas, en una casa comunal y en un espacio construido por la comunidad. En 2024, un tribunal dio 60 días al Estado para que presente un cronograma para la construcción de la nueva escuela, pero las autoridades habrían admitido no tener fondos para la obra, según le dijo Guaramag a Mongabay Latam.
El cumplimiento de esa disposición judicial se encuentra supeditado “a proyectos enviados a organismos multilaterales −de acuerdo con González−, condicionando la educación de 60 niños y niñas A’i cofán a la existencia o aprobación de fondos” de organizaciones crediticias internacionales, en lugar de atender a este derecho con asignaciones provenientes del presupuesto del Estado.
En este caso, existe una sentencia del Juzgado de Lumbaqui y, además, una sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, pero desde 2024, no se ha cumplido con la construcción de espacios adecuados y con pertinencia cultural. En su lugar, el juez de Lumbaqui solicitó a la Corte Constitucional que revise el caso y sancione el incumplimiento.
Y el tercero es, precisamente, el de la solicitud de titulación del territorio ancestral. Tras la falta de acciones por parte del Maate y del actual Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) durante cerca de cuatro años, la comunidad acudió nuevamente a los tribunales y el 30 de mayo de 2025 presentó una demanda de acción de protección.
González explica que existe una conexión entre el caso de aquellas concesiones mineras y el de la acción de protección por la titulación. “Son procesos diferentes, en términos formales, aunque los dos son una misma lucha de fortalecimiento y autodeterminación”, añade.
El 26 de junio tuvo lugar la audiencia y el 23 de julio un juez de Lumbaqui notificó por escrito la sentencia en primera instancia en la que reconoció −una vez más− la vulneración de los derechos de la comunidad a su propiedad ancestral, pero desconoció el trabajo comunitario de delimitación del territorio que se había hecho desde 2018 mediante un mapeo territorial y cultural. En su lugar, dispuso que el MAE presente un informe técnico que defina la superficie a ser adjudicada.
“En respeto a nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación, únicamente debía ordenarse la entrega del título”, dijo la comunidad en un comunicado emitido el pasado 24 de febrero, luego de la audiencia del 20 de febrero que responde a la demanda de acción de protección presentada en mayo de 2025.
“La sentencia ordenaba que en 90 días [desde su publicación] el Ministerio se reuniera con la comunidad para realizar un proceso de delimitación del territorio, pero no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio”, cuenta Wider Guaramag. Ante este nuevo incumplimiento, la comunidad apeló el falló y el proceso pasó a la Corte Provincial de Sucumbíos.
Mientras tanto, todos los miembros de la comunidad decidieron hacer el trabajo que por dictamen legal debían cumplir los funcionarios del Ministerio de Ambiente. Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores se asignaron funciones y emprendieron un mapeo georreferencial comunitario con el uso de drones y dispositivos GPS, con el propósito de retomar el mapeo comunitario realizado entre 2018 y 2021, en el que recopilaron más de 5 000 puntos de importancia histórica, espiritual, ecológica o alimentaria con información detallada sobre plantas, ríos y lugares sagrados “como un trabajo autónomo realizado por nuestra comunidad, conjuntamente con nuestra guardia indígena”, aclara Guaramag.. Hicieron el reconocimiento de los linderos y ratificaron el polígono de 63 775 hectáreas que deben ser adjudicadas.
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El equipo de la defensa técnica sostiene que esta sucesión de incumplimientos vulnera el derecho a la seguridad jurídica sobre los territorios indígenas.
“Se corre el riesgo de afectar la tutela judicial efectiva”, explica González, pues a pesar de que hay sentencias judiciales, estas no se cumplen. “La sentencia podría establecer con claridad las medidas de reparación y las posibles consecuencias de su incumplimiento −añade el jurista−, pero al no establecer medidas claras de reparación podría propiciarse el incumplimiento y la violación a la tutela judicial efectiva”.
Luego de más de 7 años de incertidumbre, los habitantes de Sinangoe esperan que el Estado cumpla con las distintas órdenes de la Justicia. “Por mucho que digan que un caso por derechos humanos ahora se resuelve con rapidez, la voluntad de este, igual que de los anteriores gobiernos, es seguir jugando con los pueblos y nacionalidades, no atender al derecho a la titulación o a la seguridad jurídica, sino dar falsas expectativas o esperanzas”, dice Acero.
El “incumplimiento sistemático” podría constituir causa suficiente para que, más adelante, la comunidad acuda al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y presente una demanda en contra del Estado ecuatoriano.
«Nuestros abuelos nos dejaron en este río Aguarico»
Mario Criollo recuerda que cuando ayudaba a sus mayores a proteger su territorio de las invasiones, tenía apenas 17 años. Estaba por terminar el siglo. Los colonos eran, en su mayoría, ganaderos que tomaban las tierras A’i cofán como si estuvieran disponibles y talaban el bosque para convertirlo en pastizales. También hubo mineros acechando. “Antes en nuestro territorio había ganado, ahora ya eso no existe. La selva se recuperó bastante”, celebra hoy con orgullo, a sus 42 años y con cuatro hijos que juguetean alrededor de su casa. “Yo como padre pensé en ser parte de la guardia cofán −cuenta− para que mis hijos puedan aprender a proteger su territorio de la minería ilegal que hasta hoy practican los vecinos”. Esa fue su principal motivación y esa convicción le llevó a ser el primer coordinador de la guardia indígena cofán.
Pero asumir esa responsabilidad también representó volverse blanco de frecuentes amenazas de muerte. Mario relata −la voz baja, el tono casi invariable y el ritmo lento mientras busca las palabras− que para él y su familia fue un desafío lidiar con el miedo. “No podía estar tranquilo cuando viajaba a Lago Agrio, a Quito… no me decían directo, mandaban mensajes que si me encuentran en el camino me iban a eliminar”.
En el río Segueyo había ganadería −confirma Erika Narváez− y “los mayores iban y los sacaban de ahí; así han venido luchando para que no vayan talando más el bosque porque así hacían para dar potreros al ganado”. La mujer A’i cofán de 36 años hace memoria y cuenta que cuando los mayores se dieron cuenta de que las amenazas se incrementaban, los más jóvenes les tomaron la posta. Fue así que en 2017, siguiendo el ejemplo del pueblo Siona que habita los territorios del río Putumayo, formaron su propia guardia, llamada Kuirasunde’khû.
Erika Narváez decidió ser parte de la naciente guardia indígena motivada por sus cuatro hijos y por sus dos pequeñas nietas. “Si no cuidamos nuestro territorio, ¿qué van a comer nuestros hijos?”, se pregunta, mientras navega el río Aguarico junto a otros de sus compañeros vigilantes del territorio. Van rumbo a la casa de guardias, que está a orillas del río Candué. El motorista esquiva una palizada deteniendo y levantando el motor durante unos segundos para evitar el golpe, pero no lo consigue. El estruendo que escuchamos en la panza de la embarcación no le asusta. Ella explica que esos troncos bajan desde la zona de Santa Bárbara, de El Chingual, de La Bonita, poblaciones que se encuentran entre la provincia andina de Carchi y las estribaciones de la Amazonía, alta en la provincia de Sucumbíos.
Erika no olvida cuando funcionarios, en 2018, acusaron a la recién creada guardia indígena cofán de ser un grupo guerrillero. “Nos dijeron así en las audiencias los del Ministerio del Ambiente −cuenta− y esa fue nuestra primera vez que demostramos que sí somos protectores de nuestros territorios”.
Ahora, Erika coordina el proceso de Chipiri Tsampo Kuirasunde’khu con niños A’i Cofán de entre 2 y 13 años. “Lo primero es enseñar sobre la medicina ancestral: el yoko, el yagé, conocer el territorio, los valores, nuestro idioma, hacerles sentir que lo que es nuestro vale”.
Víctor Quenamá alcanzó a firmar en 1998 uno de los convenios de uso de tierras durante su período como presidente de la comunidad. Estaba convencido de que esa herramienta impuesta por el Estado ayudaría a proteger al pueblo Cofán. De hecho, hoy se siente orgulloso de que cuando esos primeros mineros ilegales dejaron sus tierras, sus hermanos A’i Cofán pudieron recuperar su presencia “hasta el río Cofanes”.
“Pero con el convenio es como que el gobierno nos prestó este territorio, entonces si viene un día el gobierno a explotar minería, madera o lo que sea, no podemos hacer nada −se cuestiona ahora− y eso me da miedo, pero si nosotros tenemos un título de propiedad, ya demostramos que este es nuestro territorio, porque nosotros no venimos de Archidona o de Tena ni de ninguna parte. Nuestros abuelos nos dejaron en este río Aguarico y aquí vivimos”.
El conflicto entre las funciones de conservación que deberían promover las áreas protegidas estatales en Ecuador y las gobernanzas indígenas organizadas muestra una contradicción fundamental. En el primer caso se ha alimentado la exclusión y el control estatal vertical, mientras que en el segundo −fundado en la gestión territorial indígena y en el derecho ancestral−, se demuestra que se ha conseguido preservar el bosque, el suelo, las prácticas culturales ancestrales y los recursos hídricos. La comunidad A’i Cofán de Sinangoe ha demostrado su capacidad de ejercer una protección efectiva de la biodiversidad amazónica, de su propia identidad y del territorio ancestral, asegura Acero.
En noviembre de 2025, después de que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ofreciera declaraciones en Belém, Brasil, durante la COP 30, aduciendo una supuesta voluntad de su Gobierno de “legitimación” de tierras indígenas que se encuentran dentro de áreas protegidas, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, la Nación Siekopai, Alianza Ceibo y Amazon Frontlines difundieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron “la ambigua noción promovida por el Ministerio del Ambiente y Energía” y recordaron que “el derecho internacional y la jurisprudencia ecuatoriana obligan al Estado a la titulación plena de los territorios ancestrales”.
La Barra Espaciadora ha solicitado insistentemente entrevistas con la ministra Manzano y ha presentado solicitudes de información pública sobre este y varios otros temas al Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), pero ha recibido como respuesta que existen disposiciones de negar nuestras solicitudes “desde más arriba”.
Este caso se suma a otras demandas similares amparadas en el principio de ancestralidad y en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. “No queremos ser exterminados, extinguidos con nuestra lengua, con nuestras formas de vida y con nuestro territorio −sentencia Guaramag, con determinación−, para poder seguir viviendo como vivían nuestros abuelos; esto nos pone en riesgo total [y promueve] el exterminio como cofanes”.
La comunidad exige que los jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos escuchen a sus mayores, a sus niños y niñas y a sus autoridades, que reconozcan el trabajo comunitario de mapeo territorial y culturaly que se garanticen la titulación de las 63 775 ha como una urgencia que hoy más que nunca garantizaría su seguridad y su supervivencia. “Con el título −dice Víctor− yo puedo morir tranquilo y mis hijos pueden vivir tranquilos”.
