Por Daisy Masapanta Delgado
Son las 18:00 del domingo 24 de marzo. La tarde es fría, pero tranquila. Poco a poco, los pobladores de Girón se concentran en el parque central. La iluminación es muy mala. Unos escuchan atentos la radio, otros revisan sus celulares y algunos, sentados, mueven sus piernas y sus manos. Es la ansiedad por conocer los resultados de la consulta popular de Kimsakocha.
En las redes sociales y en los medios de comunicación se difunden resultados preliminares. El colectivo ambientalista Yasunidos Cuenca informa que más del 70% del electorado votó por el No. Los veedores de las organizaciones involucradas en el proceso, como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, hacen llamadas a los dirigentes diciendo que en los distintos recintos electorales el triunfo por el agua se mantiene. Son noticias buenas, pero los defensores del agua son cautelosos. Quieren información oficial. Revisan una y otra vez la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no hay nada.
En junio de 2012, la compañía IAMGOLD vendió el 45% de los derechos de explotación del proyecto denominado inicialmente como “Quimsacocha” a la empresa INV Metals. Al adquirir los derechos de exploración en la zona, INV Metals cambió el nombre del proyecto por “Loma Larga”.
Después de una hora de incertidumbre, llegan más personas, líderes y lideresas de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, ambientalistas de Cuenca y de otras partes del país. La tendencia por el No crece, pero la página web del organismo electoral sigue vacía. Las radios de Cuenca ya confirman la derrota de las mineras y la gente cada vez se convence más, se abrazan largamente, saltan con alegría, sus ojos brillan, son rostros de esperanza.
Las pocas dudas se desvanecen cuando llega Yaku Pérez Guartambel, con el poncho rojo que lo acompañó durante casi dos décadas para enfrentar a las empresas mineras de Kimsakocha y Río Blanco, y durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. A las ocho de la noche, son todavía pocas las actas escrutadas para saber quién será el nuevo prefecto de la provincia de Azuay, pero ya se expande la certeza de que Yaku, conocido como el defensor del agua, es la nueva autoridad.
Bolívar Quezada, de 33 años, es presidente de los sistemas de agua de la comunidad de Cauquil, ubicada en la parroquia San Gerardo. A Cauquil la conocen como la “tierra seca”, ya que su gente no tuvo acceso al agua potable durante muchos años.
Kimsakocha cuenta con tres lagunas de las que nacen tres ríos que sirven a Tarqui para Victoria del Portete, Tarqui, Baños y Turi; el río Yanuncay que abastece la tercera parte de la ciudad de Cuenca, y el río Rircay que abastece los cantones de Girón, Santa Isabel, San Fernando y la zona costera del Pacífico.
Pero en el 2010, adultos, jóvenes y mujeres se organizaron para crear el sistema comunitario y abastecerse de agua todos los días desde el Lago Cristal, la parte baja de Kimsakocha. La escasez del agua marcó su vida, así como la del resto de la comunidad de 103 familias. Las memorias son frescas: cultivos dañados, animales muertos, pastos secos. Cuando Bolívar era niño corría con los baldes para recolectar el agua desde los reservorios y vertientes.
Ahora, muchos caminan juntos por las calles de Girón, con sus banderas azules. Esperan celebrar como lo han hecho desde que se inició su lucha, cantando al agua y a la vida.
A la voz de nuestra agüita, todo el mundo se levanta, a defender Kimsakocha.
Agua quiero, agua quiero, oro no. Vida quiero, vida quiero, muerte no.
Al mediodía del lunes 25 de marzo, por fin los resultados se publican en el sitio web del CNE. El No gana y de largo en el cantón Girón, con 7 135 votos que representan el 86,79% del total. La situación es similar en dos parroquias más. En Asunción, con 2 343 empadronados, el 86,43% dijo no a la minería. Girón, la zona con mayor población, también votó por el No y obtuvo el 88,63% de los votos. En San Gerardo, la diferencia es menor. En este territorio, fragmentado por las regalías mineras, el No se impuso con el 55,27%.
Desde este espacio, desde su chakra, donde cultiva maíz, arveja, papas, zambos y porotos para alimentar a su familia y sobrevivir económicamente, Bolívar califica de “histórica” la consulta y exige que se respete la decisión de los gironenses en las urnas
Después. Esperanza y amenazas
La celebración por el triunfo del No apenas duró la noche de ese 24 de marzo. Al día siguiente, las declaraciones de la empresa minera Inv Metals y de los voceros del gobierno de Lenín Moreno mataron la alegría de los defensores del agua. La compañía, en un comunicado, informó que reubicará las instalaciones de procesamiento y relaves fuera del cantón Girón, y que seguirá con las actividades mineras y agotará todas las instancias legales jurídicas en el Ecuador, y si fuera necesario, acudirá a los organismos internacionales.
El martes 26, Carlos Pérez, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que la situación es “preocupante”, que los resultados son “un golpe” para la industria minera. Habló de la probabilidad de demandas contra el Estado ecuatoriano y hasta vaticinó que perderían recursos económicos y en el ámbito jurídico. El viernes 29, 9 empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería se agruparon en la denominada Alianza para la Minería Responsable y solicitaron a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre estos resultados
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A Lauro Arariwa Sigcha, presidente de la FOA y activista por 16 años, le preocupan todas las estrategias de la empresa y del gobierno para deslegitimar el proceso de consulta popular. Sin embargo, tiene la certeza de que esta victoria ha permitido posicionar varios mensajes como el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados, fortalecer la resistencia de los territorios con conflictos mineros y pensar en otro mundo más sustentable y justo.
Yaku Pérez Guartambel, abogado de las comunidades defensoras del agua, sostiene que la consulta es vinculante, es decir, que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Además, así lo establece la actual Constitución del Ecuador, en su Artículo 106. En caso de que las actividades mineras continúen en Girón, pese a la notificación de los resultados del CNE, la empresa minera podría enfrentar un juicio penal por desacato, dijo Yaku Pérez.
Antes. Quienes conspiran
Antes de las elecciones hubo varias piedras en el camino. En febrero, el Ministerio de Minas pidió medidas cautelares para evitar la consulta popular, pero la jueza Ximena Barragán negó el pedido porque el Ministerio no tenía legitimidad para haber actuado “a nombre del pueblo”.
Faltando una semana para el día de las elecciones, el juez Vicente Rivadeneira aceptó la solicitud del Colectivo Unidos por el Desarrollo de los cantones de Girón y San Fernando para suspender temporalmente la consulta hasta que la Corte Constitucional se pronunciara. Pero el Pleno del CNE solicitó que se revocaran las medidas cautelares y se destituyera al juez. El proceso continuó.
Se pretendió explotar cerca de 2,04 millones de onzas de oro, 11,5 millones de onzas de plata y 81,1 millones de libras de cobre, bajo el esquema de minería subterránea.
Ya el domingo de elecciones, las alarmas de un posible fraude electoral llegaron en las primeras horas. Veedores de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) y del colectivo Yasunidos difundían en sus redes que en algunos recintos electorales no habían entregado la papeleta de la consulta popular sobre la minería en Kimsakocha. Los medios de comunicación replicaron la noticia. Heriberto Cairo, observador internacional y académico de España, visitó el centro educativo Rafael Chico y lo confirmó: no se había entregado una papeleta debido al retraso en la instalación de una mesa.
La desconfianza se mantuvo hasta el cierre de la votación. Los veedores preguntaban a los electores si recibieron la papeleta de la consulta y sus respuestas eran afirmativas, pero con esas respuestas explicaban cómo fue su voto. Lo hacían, sobre todo, las mujeres con pollera y sombrero:
“Yo voté por el No. No queremos ser afectados por la minería. Estamos luchando por el agua por nosotros y nuestros hijos”
“Necesitamos tomar agua y el agua es nuestro primer recurso. ¿Qué hacemos con el oro? Anillos que no podemos tener porque todo nos roban. ¡Sí al agua!”
“Yo voté por el agua porque eso nos interesa mucho, porque sin agua no podemos vivir”
“Sí recibimos la papeleta de la consulta. Nuestro voto fue en contra porque creemos que la minería sea legal o ilegal igual afecta las fuentes hidrológicas”.
Las expresiones de las mujeres de Girón fueron indicador de que las trampas preparadas por el Estado y las empresas mineras en este proceso electoral no eran posibles en un pueblo unido y vigilante. Ante cualquier movimiento sospechoso, las comunidades lo esparcían, los medios de comunicación alertaban a sus audiencias y las voces desde los distintos espacios llamaban la atención al CNE para corregir cualquier error. Las miradas de otros países estuvieron pendientes de la consulta por el agua por ser un referente mundial para detener la megaminería.
Memoria que fluye
El triunfo del agua no es el resultado de una lucha reciente. La defensa de Kimsakocha y de sus fuentes hídricas tiene al menos dos décadas. Según el defensor del agua, Jhonny Tapia, los miembros de la Unión de los Sistemas Comunitarios del Agua y la FOA hicieron cerca de 50 viajes a Quito para insistir a la Corte Constitucional una respuesta, hasta que en noviembre de 2018, el organismo electoral transitorio dio paso a la consulta popular.
Al principio eran pocos, por eso los llamaban “4 pelagatos”. Hoy son miles. Muchos defensores que estuvieron al inicio ya no están hoy para celebrar esta victoria electoral, pero sus huellas siguen vivas. Lo recuerdan Angelita Loja y Miriam Chuchuca, dos mujeres incansables que lideraron varias marchas, huelgas de hambre, cierres de vías. Ellas cuentan que los comuneros han pasado al menos veinte años de persecución, de violencia física y verbal, de cárcel por defender el agua, y hoy quedan familias divididas y comunidades rotas por culpa de la presencia de la minera que ofrecía oro, empleo y estatus social.
Son dos décadas. Pero las comunidades azuayas ya no se sienten solas. La resistencia se multiplica en la provincia de Azuay y en otras zonas del país. El triunfo de esta consulta es el precedente para muchos pueblos amenazados por la arremetida de la minería que se extiende en la región.
