Ecuador deportó a Ola Bini usando un supuesto informe secreto
Por La Barra Espaciadora
El programador sueco Ola Bini fue deportado de Ecuador la madrugada del 2 de octubre de 2026 luego de permanecer en una zona del aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, destinada a personas impedidas de estar en el país.
La medida fue ejecutada por autoridades migratorias horas después de su retención en la vía pública, sin orden judicial y con base en un supuesto informe clasificado como secreto que ni él ni su defensa pudieron conocer antes de que se ejecutara la deportación. Bini tiene prohibido regresar a Ecuador durante diez años.
La retención ocurrió pasadas las 14:00 del jueves 1 de octubre, cuando cuatro personas que se identificaron como agentes de la Unidad de Migración de la Policía Nacional interceptaron a Bini en el norte de Quito y lo trasladaron a las oficinas de Migración de la Policía Nacional ubicadas en la avenida Amazonas, frente al centro comercial El Jardín. Su abogado Carlos Soria confirmó que en ningún momento le presentaron una orden de detención, retención o captura emitida por una autoridad judicial competente.
Urgente! Hace una hora fue retenido de migración de Ecuador. Dicen que han revocado mi visa!! Estoy en migración frente a El Jardín. Temo que van a destruir mi vida otra vez.
— Ola Bini – (@ola@infosec.exchange) (@olabini) October 1, 2026
Ola Bini. Foto: Omar Arregui Gallegos / La Barra Espaciadora.
La audiencia de deportación se realizó esa misma noche sin que se permitiera acceso a la prensa o a representantes de organizaciones defensoras de derechos, ni se diera las facilidades que otorga el debido proceso para el ejercicio de la defensa técnica. Una funcionaria administrativa ordenó la deportación inmediata sin que el equipo jurídico pudiera acceder al informe que la sustentaba. A la 01:42 del 2 de octubre, Bini escribió desde el aeropuerto: «Un informe secreto dice que soy una amenaza para Ecuador, así que fui deportado de inmediato.»
El parte policial con el cual se oficializó el inicio de las acciones en contra del programador sueco señaló que la causa de su retención fue, en efecto, que representaría una “amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado”, una afirmación que se hizo con base en supuestos documentos clasificados como secretos o reservados. El informe invocado −de acuerdo con Soria− data de marzo de 2026. Pero ni Bini ni Soria pudieron conocerlo ni controvertirlo antes de que se resolviera su expulsión.
La defensa presentó una acción de hábeas corpus ante la Corte Provincial de Pichincha, que no fue resuelta antes de ejecutarse la deportación.
Bini no tenía pasaporte vigente al momento de su retención. Las autoridades establecieron que permanecería en la zona de inadmitidos del aeropuerto hasta que la Embajada de Suecia en Colombia tramitara un pasaporte de emergencia, pero a las 17:59 del sábado 3 de octubre, Ola Bini publicó un trino en su cuenta de la red social X anunciando que ya se encontraba en Estocolmo, Suecia. «Ecuador es el lugar donde he vivido durante 13 años, es mi hogar y vamos a seguir luchando», dijo.
— Ola Bini – (@ola@infosec.exchange) (@olabini) October 3, 2026
El 11 de abril de 2019, agentes policiales detuvieron a Bini sin orden judicial en el aeropuerto Mariscal Sucre minutos antes de que abordara un vuelo a Japón. La detención se produjo horas después de que la entonces ministra del Interior, María Paula Romo, anunciara la salida de Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres y afirmara que en Ecuador operaban «un miembro de WikiLeaks y dos hackers rusos» —personas que nunca fueron identificadas ni encontradas. Bini permaneció 70 días en prisión preventiva, fue declarado inocente en enero de 2023 por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, y en octubre de 2025 presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
La deportación del 2 de octubre de 2026 fue ejecutada mediante un procedimiento administrativo resuelto en menos de doce horas por una funcionaria de Migración, con base en un supuesto informe secreto del Ministerio del Interior, presuntamente fechado en marzo de 2026, sin acceso de la defensa al documento y sin resolución judicial previa del hábeas corpus presentado. Bini vivía en Ecuador desde 2013.
Foto: Omar Arregui Gallegos / La Barra Espaciadora.
Organizaciones de la sociedad civil a escala internacional han reaccionado a la deportación de Ola Bini. Desde EE.UU., la Electronic Frontier Foundation (EFF), por ejemplo, publicó el 2 de octubre una nota firmada por Veridiana Alimonti bajo el título «Ola Bini Ordered to Leave Ecuador Under Obscure Accusations». En el comunicado, señaló que el caso sigue «los mismos patrones» del proceso iniciado en 2019, con «alegaciones injustificadas de que Bini era un riesgo para la seguridad nacional». Advirtió que las autoridades ecuatorianas «deben explicar las acusaciones» y anunció que la organización permanecerá vigilante. Recordó además que la Misión de Observación del caso Bini, integrada por la EFF y otras organizaciones de derechos digitales y humanos, ha publicado informes y generado alerta internacional desde 2019 sobre los riesgos de este caso para los derechos digitales y el trabajo de los expertos en seguridad.
En Ecuador, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, a través de su coordinadora, Viviana Idrovo, denunció que la deportación «confirma la deriva autoritaria» del gobierno de Noboa y que el caso «no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón de falta de transparencia institucional» que puede vulnerar derechos constitucionales de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros. Fundamedios expresó preocupación por la retención de Bini mientras las autoridades analizaban la revocatoria de su visa, señalando que el proceso se desarrollaba sin las garantías legales requeridas.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), por su parte, repudió la decisión del gobierno ecuatoriano y exhortó al Estado a transparentar las actuaciones de contrainteligencia. Advirtió que “los mecanismos migratorios no deben instrumentalizarse como herramientas de persecución política contra activistas y defensores del conocimiento libre”.
El Comité para la Protección de Periodistas de Guayaquil (CDH) exigió garantías de debido proceso y respeto a los derechos fundamentales ante el Ministerio del Interior, en conjunto con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Foto de portada: Esteban Barrera / La Barra Espaciadora.
