Ocho tripulantes de la embarcación Fiorella están desaparecidos desde enero y otros 36 tripulantes de dos embarcaciones denuncian detención arbitraria y tortura por parte de militares estadounidenses. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denuncia que la Armada, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no han avanzado con las investigaciones.
El 13 de enero de 2026, el pescador artesanal Johnny Valencia, de 59 años, acompañó a su hijo Juan Carlos, de 34, a alistar la embarcación Fiorella. El joven capitán zarpó, junto a otros nueve pescadores, desde una caleta en Manabí hacia una zona de pesca de pulpo, a unas 240 millas de la costa ecuatoriana. Fue la última vez que padre e hijo se vieron. Ocho tripulantes están desaparecidos y solo dos pescadores regresaron a casa.
“Si es que los carga cualquier guardacosta, que nos los devuelvan. Esa es la desesperación de nosotros, la tristeza, la angustia. Son el sustento de nuestras familias”, dice Valencia padre.
Este es uno de los tres casos de pescadores ecuatorianos que denuncian haber sido atacados en aguas ecuatorianas por miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El patrón es similar. Estaban pescando cuando drones y aviones pequeños empezaron a seguirlos, relatan que se encontraban en sus tareas normales de pesca, por lo que no se sintieron aludidos hasta que fueron bombardeados.
“Esta es una grave violación a los derechos humanos”, dice Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Para Navarrete, el caso de la embarcación Fiorella implica la desaparición forzada por fuerzas militares extranjeras en territorio nacional. Mientras tanto, señala que 36 tripulantes de las embarcaciones Don Maca y Negra Francisca Duarte habrían sido víctimas de detención arbitraria y tortura.
Desde entonces, los sobrevivientes enfrentan graves problemas económicos, por la pérdida de sus medios de trabajo, y de salud, pero las instituciones de Gobierno no se han hecho cargo de esos gastos, denuncia la asambleísta de oposición Mónica Palacios, de la bancada Revolución Ciudadana.
“Por el procedimiento y el silencio gubernamental creemos que hay una construcción de falsos positivos”, señala Navarrete. Los ataques suceden en el marco de acuerdos de asistencia militar entre Estados Unidos y Ecuador, ratificados en febrero de 2024 por Daniel Noboa. Los convenios buscan fortalecer la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, este tipo de operaciones han generado incredulidad entre defensores de derechos humanos, la oposición y analistas de crimen organizado.
Para Michelle Maffei, experta en crimen organizado, estos casos son un intento de mostrar resultados desde el Pentágono más que un esfuerzo real de atacar a las estructuras criminales, que atemorizan, extorsionan y cooptan a los pescadores, como lo documentó Mongabay Latam en la serie Piratas y narcotraficantes amenazan a pescadores.
Mongabay Latam pidió descargos a la Fiscalía, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Portuaria de Manta y a la Embajada de Estados Unidos, pero no recibió respuesta hasta la publicación del artículo.
Los entregaron como náufragos
En San Mateo, nadie supo nada de los 16 tripulantes de la embarcación Negra Francisca Duarte después de que en redes sociales circularan videos de la embarcación en llamas. Sus familiares preguntaron en Capitanía, denunciaron en Fiscalía e hicieron marchas, pero no obtuvieron información.
Tras ocho días, la Fuerza Armada de El Salvador anunció en sus redes sociales que estaba trasladando a 16 náufragos ecuatorianos rescatados en alta mar. Regresaron en grupos, a medida que su estado de salud mejoraba. Carmen Espinoza, esposa de uno de los tripulantes, le dijo al CDH que la Cancillería ecuatoriana no gestionó ni pagó los pasajes. Los dueños de la embarcación costearon los vuelos de regreso.
Ya en Ecuador contaron lo sucedido. El 17 de marzo de 2025, a las cinco de la mañana, la guardacostas de Galápagos los abordó en aguas ecuatorianas para una inspección de rutina. Todo estaba en orden, así que los dejaron continuar.
Pocas horas después, los tripulantes vieron que dos drones se acercaban con tubos colgando. “Yo les respondí que no podíamos hacer nada y que siguiéramos el rumbo, pensando que eran solo drones de filmación”, dijo el capitán Hernán Flores al CDH. En ese momento ocurrió el impacto. El sobrino de Hernán, Jordi Flores, quedó atrapado bajo los escombros. Su pierna quedó con el hueso expuesto y su rostro también tenía heridas.
Las llamas se extendieron rápidamente. Tuvieron el tiempo justo para sacar dos lanchas y distribuirse en ellas. Mientras huían, reportaron que un miniavión de observación los seguía.
Encontraron un barco azul y pidieron ayuda, pero se encontraron con hombres armados que les gritaban “manos arriba” con acento anglosajón. Los esposaron con las manos atrás y cubrieron sus cabezas. Los pescadores durmieron en el piso metálico con frío, sin comida y sin explicaciones. Uno de ellos tenía quemaduras y amaneció con la camisa pegada a las ampollas.
Jordi Flores, que fue llevado a un lugar donde le dieron primeros auxilios, contó a los guardacostas estadounidenses que en la mañana ya habían sido inspeccionados por autoridades ecuatorianas. Entonces, relató al CDH, los extranjeros se pelearon entre ellos.
Después, los estadounidenses los entregaron a la Guardacostas salvadoreña en calidad de náufragos. Viajaron por ocho días hasta Puerto Unión, en El Salvador, donde recibieron atención médica, finalmente se comunicaron con sus familiares en Ecuador y emprendieron el regreso.
Los ataques fueron sin previo aviso
John Palacios y otros 19 pescadores salieron desde San Mateo -un pequeño pueblo de pescadores, en Manabí- el 18 de marzo, a bordo de la embarcación Don Maca. Llevaban una semana en el mar cuando notaron que una patrulla los siguió durante toda la noche. A la mañana siguiente, continuaron pescando picudo, albacoras y tollos, según contaron al CDH.
A las cuatro de la tarde, mientras Palacios acomodaba pescado en la bodega, dos detonaciones sacudieron la embarcación. Una destruyó el tanque de combustible y la otra, la zona de comunicaciones. Erick Coello, de 27 años, sufrió daños en uno de sus ojos y perdió casi toda la audición. Otro pescador sufrió daños similares.
Al ver la patrulla acercarse, Palacios salió a cubierta con una camisa blanca, haciendo señas. Los extranjeros les pidieron que subieran de a uno y esposaron y encapucharon a todos los pescadores. Después dispararon dos veces más al barco hasta hundirlo.
Los pescadores pasaron la noche esposados y encapuchados. Los transfirieron a una patrulla salvadoreña y cuando les retiraron las capuchas, vieron que los apuntaban con armas. Navegaron ocho días bajo el sol y la lluvia, durmiendo en cubierta y comiendo una o dos veces al día.
“En vez de atacarnos, ¿por qué no llamaron al barco? Tienen radio y pudieron decir: ‘¿Saben qué? Pasa esto, vamos a revisar el barco’. Pero no, ellos atacaron sin previo aviso”, reclama Palacios.
Jorge Chiriboga, abogado de los pescadores de los barcos Don Maca y Negra Francisca Duarte corroboró los relatos.
“Nos andan siguiendo drones y patrullas”
El 17 de enero, drones y patrullas empezaron a rondar la embarcación Fiorella, capitaneada por Juan Carlos Valencia. “Nos andan siguiendo drones y patrullas”, contó a su padre, Johnny Valencia, vía mensaje satelital. El 20 de enero a las 8:30 de la mañana fue la última vez que hablaron, relata el también pescador.
A la una de la tarde, el dueño de la embarcación notó que el chip de rastreo dejó de mostrar la ubicación de los pescadores y avisó a Valencia padre.
En el mar, dos tripulantes del Fiorella que pescaban en una lancha separada vieron, hacia el oeste, una columna de humo negro, pero creyeron que se trataba de un barco petrolero, así que no se alarmaron. Esa noche, la embarcación tenía que encontrarles en un punto acordado, pero no llegó, contaron al CDH.
Al día siguiente buscaron a sus compañeros, pero solo encontraron el espinel abandonado. Decidieron navegar hacia tierra y llegaron gracias a que dieron con una embarcación que los arrastró, pues no tenían suficiente combustible.
Los familiares de los ocho desaparecidos pidieron ayuda e información en la capitanía de Manta, pero los encargados habrían sugerido que los pescadores estaban involucrados en actos ilícitos y fuera de aguas ecuatorianas, así que tenían que atenerse a las consecuencias, cuenta Valencia.
El experimentado pescador todavía guarda la captura de la última ubicación del Fiorella, como prueba de que su hijo y el resto de los pescadores cumplían con sus actividades de pesca en aguas nacionales.
Al conocer los casos de las embarcaciones Negra Francisca Duarte y Don Maca, los familiares del Fiorella creen que los ocho tripulantes desaparecidos sufrieron el mismo destino. “Son personas sanas, que se ganan la vida. No es para que les hagan una maldad. Le rogamos a Dios todopoderoso que nos los devuelvan”, pide.
El eslabón más débil del narcotráfico
Navarrete, del CDH, señala que no hay que ocultar el largo historial de la penetración de las economías ilícitas en comunidades de pescadores en la costa ecuatoriana.
Maffei, la especialista en crimen organizado, concuerda con Navarrete. Explica que grupos delictivos extorsionan a los pescadores, una población abandonada por el Estado y empobrecida que no puede pagar 1200 dólares al mes, el monto que se les exigiría por parte del crimen organizado para poder pescar. “Es una forma de reclutarlos, no hay trabajo legal que pueda pagar eso”, asegura.
Sin embargo, “no cabe generalizar, no puede ser una conducta institucional”, opina Navarrete. Por otro lado, la asambleísta Palacios, quien está fiscalizando el caso, detalla que los convenios que Ecuador tiene con Estados Unidos establecen que las operaciones deben realizarse en conjunto, no de manera unilateral.
Maffei critica el hecho de que Estados Unidos está ejecutando operaciones costosas en un sector donde la gran mayoría de la droga no circula. “Se mueve vía las grandes navieras”, afirma. Atacar a las embarcaciones conllevaría graves problemas legales y económicos, contrario a lo que sucede al apuntar a un sector de bajos recursos económicos y sin capacidad de respuesta.
A lo anterior agrega que “las instituciones de seguridad de Estados Unidos muchas veces ejecutan sin inteligencia o sin información perfecta”. Un ejemplo de esto es el ataque a la lancha go fast que salió de Venezuela con 11 pasajeros. Explica que una embarcación llena de droga no sale con 11 pasajeros, por motivos de capacidad, y aún así la bombardearon.
¿Se trata de falsos positivos? La especialista en seguridad asegura que sí y que las entidades de control y de inteligencia de ese país estarían buscando mostrar resultados al atacar a los eslabones más débiles del crimen organizado.
Navarrete resalta que los dueños de las embarcaciones han permanecido junto a las familias de los pescadores, quienes se han mantenido reclamando, haciendo plantones y marchas para exigir información tras sus desapariciones. “Eso no ocurre cuando tienes algo que esconder, es significativo”, dice.
Las acciones pendientes del oficialismo
Palacios señala que tras los ataques, la Cancillería debió presentar de manera inmediata una queja a Estados Unidos. En esa misma línea, se debió pedir una versión oficial a El Salvador, el país que recibió a los pescadores en calidad de náufragos.
Este es uno de los puntos más confusos del caso, pues los pescadores de ambas embarcaciones estaban cerca de Galápagos, entonces era más sencillo entregarlos a la Guardacosta ecuatoriana. Mongabay Latam consultó a la diputada salvadoreña de oposición Claudia Ortiz sobre la existencia de algún marco de cooperación con Estados Unidos que permita este tipo de acciones, pero dijo no tener conocimiento al respecto.
El CDH encontró que el avance de las denuncias estaba en pausa en las tres instancias a las que acudieron los familiares de los pescadores: la Capitanía de Manta, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas pidió al Estado ecuatoriano información sobre el caso y las acciones tomadas, y que se conforme una mesa técnica entre los tres países involucrados. “El principal responsable es el Gobierno ecuatoriano. Tiene que pedir explicaciones, investigar y atender a las familias”, subraya Navarrete.
“Quisiera hacerle un llamado al presidente Daniel Noboa, debería abogar por los derechos de los pescadores artesanales. Están asustados, ellos salieron a ganarse la vida y ahora no tienen ninguna solución en este caso. Los familiares siguen sin ser escuchados”, dice la asambleísta Palacios.
Con estos casos se desempolvaron los recuerdos de Las viudas del mar, unas 20 mujeres que perdieron a sus esposos o hijos tras ataques de Estados Unidos, mientras ese país tuvo presencia en una base militar en Manta.
Las bases militares extranjeras se prohibieron en el país en 2008. Noboa intentó darles luz verde nuevamente a través de una Consulta Popular en la que el 60.5 % de los votantes votó en contra. “No vale el voto de nosotros”, reclama Valencia padre, y asegura que ya nadie quiere salir a pescar.
Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
