Por Koya Shugulí / @KoyaShuguli
En Ecuador se eligió a 151 legisladores para conformar la Asamblea Nacional 2025−2029. De estos, solo se ha designado a veinte asambleístas, de diferentes tendencias políticas, pertenecientes a pueblos y nacionalidades: doce de pueblos y nacionalidades indígenas, tres del pueblo afroecuatoriano y cinco del pueblo montubio. Sin embargo, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador representan el 20,2% de la población total y la designación actual apenas corresponde al 13,2%.
En Ecuador contamos con 3’421.349 habitantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades. De ellos, el 7,7% son montubios (1’304.994 personas); el 7,7% son indígenas (1’301.887 personas) y un 4,8% son afroecuatorianos (814.468 personas), de acuerdo con la información de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (Sgdpn, 2022). Por eso, para las elecciones nacionales de 2025, nos habrían correspondido al menos 30 curules si nos hubiéramos acogido a una asignación de escaños que represente de manera justa y real a la población del país.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la población total en Ecuador es de 16’938.986 habitantes, lo que deriva -en efecto- en una representación de 151 asambleístas, pero la población correspondiente a pueblos y nacionalidades debería traducirse en la asignación de treinta asambleístas y no de veinte. Si Ecuador tuviera una verdadera representación de la población que cohabita su territorio, esa sería la asignación justa y con ello se garantizaría el reconocimiento a sus agendas propias, a sus intereses nacionales y a sus derechos individuales y colectivos en la Asamblea Nacional.
Pero a pesar de que Ecuador es concebido como un Estado plurinacional, no existe una verdadera representación directa de sus pueblos y nacionalidades. ¿Qué cambios se requieren para asegurar que los intereses de esta población subrepresentada sean una clara prioridad para el país?
La Constitución, el Código de la Democracia y otros instrumentos normativos no reconocen de manera efectiva la participación de la población indígena en todo el gobierno, sea en los cargos de designación directa como ministros, gobernadores, entre otros, así como en los cargos de elección popular, como asambleístas, prefectos, alcaldes, etc. Por eso es importante analizar exhaustivamente la participación de los grupos excluidos o subrepresentados, con el fin de lograr su involucramiento real en todo el entramado del Estado.
¿Cuándo pasará a ser una prioridad del Estado ecuatoriano la agenda de los pueblos? ¿Seguimos siendo una versión digitalizada del siglo XV? Mientras no se logren las reservas de curul como un derecho mínimo de representación de los pueblos y nacionalidades, estas preguntas se mantendrán vivas. Sin representación efectiva, los temas de interés de los pueblos y nacionalidades ecuatorianos no son más que quimeras, un cúmulo de palabras escritas en el viento.
Hoy exigimos mecanismos claros de participación en condiciones de igualdad y respeto. No somos ‘solo el 20%’ de la población. Somos hijas, madres, esposas, trabajadores, comuneros, profesionales, sabias, parteras, shamanes, doctoras. Somos sangre viva, un discurso que no quiere seguir reproduciendo el profundo racismo estructural que enfrentamos los pueblos y nacionalidades en Ecuador.
Necesitamos respuestas urgentes. Nuestras demandas son colectivas. Nuestros sueños son milenarios. Nuestros derechos fueron y son una deuda histórica que el país no ha terminado de pagar. Y espero que por fin dejen de serlo.
