La comuna Playa de Oro, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, es el asentamiento afroecuatoriano más antiguo del país. Conformado por alrededor de 80 familias, la comuna protege 11 000 hectáreas de uno de los ecosistemas más amenazados del mundo.
La protección en Playa de Oro, sin embargo, contrasta con la realidad de las áreas vecinas: el Chocó ecuatoriano ha perdido al menos el 90% del bosque primario como efecto de la minería, la extracción de madera y la agricultura. Una serie de decisiones de la comuna marcan la diferencia entre la pérdida y la conservación.
Por Karol Jaramillo Ayala
Manuel Ayoví tiene 50 años. Fue el primer presidente de la comuna de Playa de Oro cuando tenía 19 años, un año después de que la comuna recibiera el título de propiedad colectiva, en 1995. Manuel recuerda las noches en las que él y los comuneros dormían en el bosque para expulsar a los invasores que llegaban con escrituras falsas del antiguo Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac). «Sacábamos a las personas de dentro de nuestro bosque», relata. Eso fue en los años 90. Hoy, dice con preocupación, la situación es más complicada: “La gente está armada, anda agresiva».
La vigilancia de sus fronteras fue la semilla de una práctica que, con el tiempo, ayudó a los habitantes del territorio a garantizar su conservación. Playa de Oro es hoy un oasis de bosque, rodeado de territorios que antes eran muy similares, pero que ahora están deforestados. A lo largo de la historia hubo múltiples intentos de avance de la minería ilegal, pero una serie de acciones colectivas terminó dando lugar a lo que hoy se considera un caso exitoso de conservación.
La historia de Playa de Oro es una paradoja histórica. Sus habitantes descienden de personas que fueron esclavizadas y que tuvieron que extraer el oro de los ríos en la época colonial. En 1869, los antepasados de la comunidad compraron el territorio a una familia que era propietaria de la tierra. La transferencia vino después de un período de rebelión durante el cual los trabajadores negros emancipados se negaron a continuar trabajando en las minas. La decisión, tomada hace más de 150 años, marcó el inicio de la autonomía territorial.
Pero la libertad duró poco. En 1886, el Código Minero de Ecuador abrió la puerta a empresas británicas y estadounidenses, que empezaron a practicar una minería aluvial a lo largo de los ríos Santiago y Cayapas. En 1893, una compañía levantó una planta hidráulica en Playa de Oro que obligó a los miembros de la comunidad a volver, una vez más, al trabajo forzado. Para escapar del maltrato, muchos emigraron a Cayapas, a Onzole, a Bogotá y hasta a Barbacoas, en Colombia. La concesión terminó en 1938 y en 1942 se transfirió formalmente el territorio a la comunidad.
La tercera oleada llegó en 1980, cuando otra compañía minera ingresó a Playa de Oro aprovechando que la inundación del río Santiago, en 1976, había destruido toda la documentación de la comunidad. Con esa amenaza, sus habitantes lucharon por la titulación y finalmente la obtuvieron en 1995. “Si este bosque se destruye, ¿qué será de la vida de nuestros nietos?”, se pregunta hoy Manuel.
Jordan Cruz, ecólogo tropical que ha estudiado la zona, confirma la singularidad de Playa de Oro: «En Ecuador, podemos decir que al menos el 90% de la zona del Chocó ha sido deforestada, degradada o alterada. Es una absoluta victoria que un bosque de 11 000 hectáreas en la zona baja de Esmeraldas haya sido conservado».
Durante milenios, el bosque de Playa de Oro ha almacenado cerca de 1 000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂ eq) por hectárea. «Perder Playa de Oro sería como incorporar 2 millones y medio de autos, sería liberar 10 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera. Es un paso hacia el abismo, hacia el colapso de la civilización a causa del cambio climático», calcula Jordan.
Este territorio alberga cerca de 424 especies de aves registradas –una cifra que podría ser mayor con inventarios en zonas aún inexploradas– además de jaguares, monos araña de cabeza marrón (especie amenazada) y cientos de especies endémicas. «Si comparamos esto con el Parque Nacional Yasuní, donde hay alrededor de 600 especies en un área mucho mayor, podríamos decir que Playa de Oro es 100 veces más biodiversa que el Yasuní», explica Jordan.
Playa de Oro es parte de las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) y, a su vez, un sitio de la Alianza para la Extinción Cero, iniciativas globales que buscan frenar la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad. Esto significa que el mundo reconoce la importancia de esta zona y su conservación colabora con el cumplimiento de la meta del 30% de ecosistemas terrestres protegidos para el 2030 (30×30).
Un modelo de tres pilares
¿Cómo Playa de Oro logró conservar su área a pesar de la historia de explotación, mientras las zonas vecinas sufrieron pérdida de bosque? La respuesta se apoya en tres pilares.
La comuna toma sus decisiones en asamblea, y bajo esa dinámica aplica reglas internas sobre el uso del bosque y el río, mantiene un equipo de guardabosques que recorre los linderos y financia parte de su economía con el cultivo de cacao y con turismo, en lugar de minería o tala.
Lo que marca la diferencia es que estos elementos se refuerzan entre sí: la asamblea decide adónde van los recursos de Socio Bosque, que son pagos anuales que reciben del Estado a cambio del mantenimiento de hectáreas protegidas; con esos recursos pagan a los guardabosques y compran semillas de cacao; el cacao ofrece una alternativa económica que sostiene la decisión colectiva de no entrar a la minería, y esa decisión colectiva, a su vez, es lo que se renueva en cada asamblea.
Gobernanza comunitaria sólida
Cada mes –o cada dos días si la situación lo amerita– los comuneros de Playa de Oro se reúnen en asamblea para tomar decisiones colectivas. El sistema es democrático: un cabildo de cinco miembros conformado por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y síndico es elegido cada diciembre por votación de los comuneros registrados. «El presidente lo hace a través de su cabildo, se reúne y se convoca. La convocatoria se hace de casa en casa y ya la gente está disponible», explica Mario Ayoví, de 45 años y dos veces presidente de la comuna, en 2004 y entre 2017 y 2018.
Fundación ALDEA, que acompañó el proceso de registro de Playa de Oro como Territorio de Vida, lo describe así: “El sistema de gobierno funciona por medio del Cabildo Comunitario, que se constituye en un organismo jurídico que toma las decisiones en asambleas generales. Este es uno de los principios básicos para ser reconocido como Territorio de Vida”.
En 1995, cuando recibió el título de propiedad colectiva, las invasiones eran constantes. Ese tipo de presión persistió durante toda la década de 1990. Pero, organizada, la comunidad logró mantenerse cohesionada. Hoy, el cabildo sigue gestionando esa misma defensa territorial pero con herramientas formales: la asamblea inscribió 7 281 hectáreas en Socio Bosque, el programa nacional de incentivos a la conservación. En 2017 se sumó al proceso de Reconocimiento y Fortalecimiento de los Territorios de Vida, y en 2019 fue inscrita en la Base Mundial de Territorios de Vida (TICCA), y se convirtió en la única comunidad afroecuatoriana en ese registro hasta la fecha. «Solo Playa de Oro como comunidad negra está metida en TICCA (Territorios de Vida). Para nosotros es un orgullo muy grande», dice Yuly Ayoví, de 30 años, quien enseña marimba a un grupo de niños y niñas de la comuna.
“Ha sido un pueblo de familia, una trayectoria antigua. Esa forma de convivencia, ese respeto ante los mayores, se ha mantenido día a día”, reflexiona Mario. El sentido de comunidad se traduce en cosas concretas: cuando alguien enferma, la comuna paga los gastos de evacuación al hospital. Cuando alguien muere, la comuna paga los gastos del funeral. “Lo que le duele a uno le duele a todos”, resume Manuel.
Guardabosques comunitarios
Playa de Oro implementó un sistema de patrullaje con guardabosques comunitarios, que recorren el territorio cuatro veces al mes por trochas y senderos. Usan cámaras trampa para vigilar la biodiversidad –han tomado fotos de tigrillos, pumas y otras especies– y para detectar invasiones cuando aún están comenzando. ALDEA documentó que estos recorridos son “extenuantes” y que, periódicamente, se suman jóvenes del Club Deportivo de la comuna para apoyar en la limpieza de los linderos.
Manuel explica que el financiamiento proviene principalmente del incentivo anual de Socio Bosque. El dinero sostiene a los guardabosques que patrullan los linderos del territorio y apoya a los finqueros con semillas de cacao para que tengan una alternativa económica mientras protegen al bosque.
La comuna ha ganado dos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Ecuatorial 2023 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). “Cuando salió este premio, yo estaba en la presidencia y lo utilizamos para hacer equipos dentro del bosque, comprar equipos para que nuestros muchachos fueran a hacer el patrullaje», recuerda Manuel.
Antes de formalizar el sistema de patrullaje, la defensa del territorio dependía de la respuesta inmediata de los comuneros. En los años 90, cuando las invasiones eran constantes, Manuel y otros comuneros dormían en el bosque para enfrentarlas cuando ya estaban adentro. El problema llegaba antes que la solución. La presión se intensificó entre 2009 y 2011, cuando la minería ilegal en la cuenca del río Santiago se mecanizó e industrializó por el alza del precio internacional del oro, contaminando los ríos con mercurio y afectando a las comunidades vecinas.
Con financiamiento, la comunidad pudo convertir esa resistencia improvisada en una presencia permanente en los linderos del territorio. Desde que opera el sistema, los guardabosques han desalojado aproximadamente a seis grupos invasores del territorio, incluyendo una intervención en la que recuperaron equipo topográfico y expulsaron a nueve personas que intentaban invadir el bosque.
La evidencia de lo que este sistema ha logrado se entiende mejor mirando el entorno. Entre 2020 y 2024, Ecuador perdió casi 240.000 hectáreas de bosque –una superficie comparable a Luxemburgo– según datos de la Fundación EcoCiencia para MapBiomas Ecuador. Esmeraldas concentra gran parte de esta pérdida. En el corredor del río Santiago, entre Borbón y Maldonado, la deforestación supera el 70% en zonas sin protección. Las 11 000 hectáreas de Playa de Oro siguen en pie. Al ubicarse en el punto más alto del río Santiago y colindar con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, sus guardabosques son hoy la última barrera antes de que el modelo extractivo alcance el núcleo del área protegida.
Economía sustentable basada en el bosque
A diferencia de las comunidades que dependen de la extracción, Playa de Oro apuesta por actividades que respetan la conservación. ALDEA documentó la zonificación interna que la comuna aplica: cada familia tiene derecho a usar entre 50 y 100 metros de su parcela para producir cacao, plátano, yuca, papaya y caña; el resto del territorio permanece como bosque. De las 11 000 hectáreas totales, alrededor de 2 000 están designadas como zona agrícola y solo cerca de 200 se cultivan actualmente. «Trabajamos como nuestros ancestros. Yo trabajo en territorio de mi papá, en el territorio mío. Llevamos esas secuencias», explica Manuel. La comuna compró una secadora de cacao con fondos de Socio Bosque, lo que les permite fermentar y secar el grano y aumentar su valor.
El río Santiago sigue siendo la primera fuente principal de proteína para la gente. «El río es todo para nosotros, nuestra fuente de vida. En verano nos vamos a pescar el bocachico y otros pescados. Gracias a Dios todavía tenemos, el río no está contaminado», dice Yuly.
La comuna realiza aprovechamiento de subsistencia. «Tanto la pesca y la caza, es una caza moderada, una caza controlada. Prohibido sacar para el comercio, solamente para su familia, para el consumo», advierte Manuel. Además, la comuna también gestiona el campamento de turismo comunitario en la Reserva Cotacachi-Cayapas, río arriba, a unos 15 o 20 minutos en lancha. Allí la comuna recibe a los turistas nacionales e internacionales que llegan desde muy lejos para conocer la exuberante biodiversidad de los últimos remanentes bien conservados.
La elección de no extraer no es nueva. Es la misma decisión que tomaron los antepasados en 1869 cuando se negaron a seguir minando, la misma que sostuvo a la comunidad frente a las empresas extranjeras hasta 1938, la misma que llevó a la titulación de 1995.
En los cantones vecinos de San Lorenzo y Eloy Alfaro, alrededor de 800 familias dependen económicamente de la minería como su principal fuente de ingreso. En comunidades como Alajita –parroquia Selva Alegre, a pocos kilómetros de Playa de Oro– las retroexcavadoras siguen operando pese a las prohibiciones, la minería surgió como alternativa cuando las madereras deforestaron y las palmicultoras acapararon la tierra sin generar empleo permanente, dejando a las comunidades sin opciones. En Borbón, donde se unen los ríos Santiago y Cayapas, la mayor parte de sus habitantes viven de la extracción de madera o como mano de obra temporal en las palmicultoras. La minería ilegal además ha destruido cerca de 15.000 hectáreas de tierra en Esmeraldas, eliminando la pesca y los cultivos que antes sostenían a estas comunidades.
Playa de Oro es la excepción. Sus familias producen cacao, pescan en un río limpio y reciben turistas, no porque no hayan tenido presión, sino porque la asamblea decidió construir otra forma de economía.
Un modelo de conservación del bosque
Jordan destaca la eficiencia del modelo. Al conservar el bosque en pie, Playa de Oro evita las emisiones que generaría su deforestación y al mismo tiempo captura CO₂ de la atmósfera, funcionando como un sumidero de carbono activo. «Otros modelos, por ejemplo la compra de áreas protegidas sin gente, implican muchos gastos. Tenemos que construir rejas, poner guardias. Este modelo es completamente diferente: es un área que se conserva con gente viviendo adentro. Son las comunidades quienes se encargan de proteger su hogar y este valiosísimo ecosistema. Eso reduce drásticamente los costos de conservación». Y es culturalmente sostenible. «Esto se vuelve cultural. Los hijos y los nietos de estas personas sienten un valor intrínseco en conservar y nos aseguran que tanto biodiversidad como carbono se mantengan en el largo plazo», añade el ecólogo.
El potencial de replicar existe. A lo largo de la costa del Pacífico ecuatoriano y colombiano existen decenas de comunidades afrodescendientes e indígenas con titulación colectiva, larga permanencia territorial y organización en cabildo. Los elementos básicos del modelo no son exclusivos de Playa de Oro. La comuna contó con años de acompañamiento de organizaciones como la Fundación ALDEA y el Consorcio TICCA para formalizar sus prácticas en sistemas duraderos. Replicar el modelo significa también garantizar ese acompañamiento.
Además, idealmente el Estado debería garantizar la protección de las áreas. «Mi pedido sería que el gobierno se enfoque más en las comunidades, en apoyar a los agricultores. Si el gobierno apoyara para tener una empresa, algo directo para los agricultores, sería grandísimo para nosotros», pide Mario.
Un tesoro global en manos locales
Sin embargo, el modelo enfrenta amenazas que podrían desmoronarlo. Lo que más preocupa es la minería ilegal en las dos riberas del río Santiago, acompañada de grupos armados que han transformado el contexto de seguridad. San Lorenzo y Eloy Alfaro forman parte de uno de los cuatro enclaves de minería ilegal con gobernanza criminal identificados en Ecuador, donde estas estructuras utilizan retroexcavadoras para establecer frentes mineros. En febrero de 2026, las Fuerzas Armadas de Ecuador desmantelaron una célula del Frente Óliver Sinisterra en el cantón Eloy Alfaro, disidencia de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dedicada a la extorsión y protección armada de actividades ilícitas en la frontera norte. Esta misma organización armada expande sus corredores ilegales hacia sectores estratégicos como Zapallo Grande, Telembí y los linderos de Playa de Oro.
«Siendo sincero, no espero nada bueno -dice Mario-; puede haber un momento en que no va a haber ni persona que diga ‘yo quiero ir a la dirigencia’. Por las amenazas, ya la gente tiene temor. Mi familia me va a decir que como está la situación, no quiere que vaya a servir».
Además la presión económica pesa mucho. El precio del cacao se ha desplomado y las familias solo pueden vivir con lo necesario. «Poco tenemos beneficios del gobierno. Cuando viene una autoridad aquí, solamente queda en promesa y se van, nos abandonan», lamenta Yuly. Laura Ayoví, joven de la comuna, insiste en lo que a la gente le falta: «Necesitamos seguridad. Somos zona turística, estamos en la mira. Los guardabosques no pueden arriesgarse más. No sabemos qué está pasando en el bosque».
«Creo que en Ecuador somos el pueblo que más hemos mantenido este bosque -celebra Yuly-; el mundo nos ve como un tesoro. Para nosotros es un orgullo muy grande». Pero también es realista sobre la situación: «Esperamos que mejore, pero no sabemos qué hacer para que mejore. Estamos rodeados de grupos armados. Tenemos miedo. No sabemos qué nos espera en el futuro».
Laura añade una reflexión sobre la relación con el mundo exterior: «Nosotros cuidamos este bosque. Yo creo que beneficiamos al país, le vendemos el aire, el oxígeno. No es que el mundo se sienta en deuda con nosotros, pero igual queremos ayuda, necesitamos ayuda para eso».
Manuel muestra la intensidad de un hombre que ha pasado más de tres décadas defendiendo su territorio: «Quisiera decirle al mundo que conserven el bosque como nosotros lo estamos conservando. Queremos apoyo, queremos aliados, queremos fuerzas mayores. Porque si no, se sale de nuestras manos. Aquí tenemos bosques que el humano nunca ha tocado, nunca. Y queremos mantenerlo».
Jordan afirma que no podemos ignorar la petición. «Esto debe ser prioridad, no podemos perder el bosque de Playa de Oro. Tenemos que, lo más urgentemente posible, llegar a tasas de deforestación cero y empezar a recuperar los bosques circundantes. Esto sería un avance, un paso hacia adelante en los esfuerzos globales de lucha contra la acelerada pérdida de especies».
En Playa de Oro los niños siguen practicando marimba, jugando fútbol, recorriendo el bosque. Las familias siguen cosechando cacao bajo la sombra de los árboles. El río Santiago sigue siendo fuente de alimento. La pregunta es cuánto tiempo más podrá resistir el modelo sin el apoyo, seguridad y reconocimiento que merece.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y Oak Foundation
