Ataques políticos contra el poder Judicial, asesinatos de jueces y fiscales y agresiones por parte del presidente Daniel Noboa en contra de jueces de la Corte Constitucional distorsionan la política de seguridad en contra del crimen organizado.
El más reciente informe de Human Rights Watch, publicado el pasado 21 de julio denuncia abusos en operativos conjuntos de Ecuador y Estados Unidos contra el narcotráfico. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, habla de una “mala inteligencia” de los servicios de los dos países.
Ecuador tiene hoy la segunda tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental, solo después de Haití. Entre 2024 y 2025 esa tasa aumentó un 40% pese a la estrategia de seguridad de Noboa. ¿Cuál es el precedente que establece este modelo de cooperación para otros países de la región que también enfrentan presión de Washington para adoptar marcos similares?
Por Diego Cazar Baquero
Un informe de 105 páginas, publicado el 21 de julio por Human Rights Watch (HRW), documenta torturas, detenciones arbitrarias y ataques con drones contra embarcaciones pesqueras en el marco de la cooperación en seguridad entre los gobiernos de Daniel Noboa y Donald Trump. El documento, titulado Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, concluye que esa cooperación «ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos».
Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, en la comunidad agrícola de San Martín, en la frontera con Colombia, soldados ecuatorianos participaron en una operación que el Comando Sur de EE.UU. describió como «conjunta» y elogió como «profesional». HRW determinó en su informe que en esa operación cuatro trabajadores de una finca lechera fueron detenidos sin cargos y sometidos a descargas eléctricas. Tres propiedades, sin evidencia de vínculo con grupos criminales, fueron incendiadas y bombardeadas desde el aire. La Barra Espaciadora visitó el lugar, recorrió la comunidad, recogió testimonios de los habitantes afectados y comprobó que, en efecto, se trató de falsos positivos.
En aguas del Pacífico, cerca de las islas Galápagos, los pesqueros La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron atacados por drones armados entre enero y marzo. Una tercera embarcación, la Fiorella, desapareció el 20 de enero con ocho tripulantes a bordo. Sobrevivientes de los dos primeros ataques describieron la presencia de personas armadas con insignias de la bandera estadounidense y entregaron sus testimonios a HRW, así como también los recogió Mongabay Latam. Washington negó su participación, pero HRW señala que persisten «preguntas muy serias» que ninguno de los dos gobiernos ha respondido.
La organización advierte que desde 2024, las denuncias por uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales se duplicaron tras la declaratoria de «conflicto armado interno» de Noboa, una figura que la propia Corte Constitucional ha cuestionado. Pese a los estados de excepción y la militarización, los homicidios aumentaron un 40% en 2025.
«Las operaciones conjuntas contra el crimen organizado no deben convertirse en una excusa para cometer abusos», afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, con quien conversamos.
¿Qué explica el evidente fracaso de la política de seguridad de Daniel Noboa, expresado en el hecho de que el índice de muertes violentas no haya sido controlado luego de tres años, se trata de alguna incapacidad institucional o es algo más bien estructural, más profundo?
Yo creo que la principal falencia es un problema de diagnóstico y a partir del diagnóstico, un problema con la estrategia diseñada. El diagnóstico del Gobierno de [Daniel] Noboa parte de decir que lo que existe en Ecuador es una serie de distintos conflictos armados que derivaron en su primera declaratoria [de conflicto armado interno], con 22 grupos armados. Luego, la Corte Constitucional ha señalado que no se cumplen los requisitos jurídicos en términos de derecho internacional humanitario para considerar que lo que ocurre en Ecuador sea, en efecto, un conflicto armado de carácter no internacional. Nosotros coincidimos con la interpretación de la Corte. Creemos que Ecuador se enfrenta, efectivamente, a una criminalidad supremamente grave que afecta a la vida diaria de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero que la forma en la cual debe enfrentar esta amenaza es a través de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, capacidad de judicialización y desmantelamiento de las redes que permiten que esta criminalidad opere.
Al tener esa falencia de diagnóstico, la estrategia de Noboa ha estado basada en declarar estados de excepción, militarizar y luego −en este capítulo, que es el que estamos documentando−, hacer esta alianza con Estados Unidos, donde lo que ha habido es, en primer lugar, una serie de operaciones, como por ejemplo, la de [la comunidad amazónica de] San Martín, operaciones que claramente lo que muestran es que son diseñadas para difundir el supuesto cumplimiento de un objetivo con finalidades comunicacionales. En el caso de Estados Unidos, fue un videíto de redes sociales que mostró supuestamente el lanzamiento de la operación. Pero en realidad, [estas acciones] no están desarrolladas en contra de la criminalidad, porque lo que había ahí eran campesinos, así como en los casos de los barcos que documentamos, que eran realmente pescadores. En segundo lugar, [las operaciones] parecerían estar basadas en muy mala inteligencia. Entonces, no hay realmente una finalidad, creo yo, más allá de la comunicacional. Por último, en todas las indagaciones que nosotros hemos hecho con jueces, con fiscales, como parte de este llamado Plan Fénix no parece haber una intención ni voluntad real del gobierno de fortalecer la capacidad de administración de justicia. Muy por el contrario, desde 2020 han sido asesinados 28 operadores judiciales en Ecuador. Hay fiscales en Guayaquil que nos decían que para hacer una prueba de balística les toca mandarla a Quito, o sea, realmente lo más básico no lo tienen, no solo la protección sino la capacidad de hacer su tarea de investigación. Entonces, por los problemas de diagnóstico, yo no veo en la estrategia una capacidad real de judicialización efectiva del crimen organizado.
El informe menciona casos ocurridos en las islas Galápagos o en la comunidad de San Martín, en la frontera amazónica, es decir, en zonas distantes de los centros urbanos que sí cuentan con infraestructura e instituciones. ¿Cuál es el análisis que ha realizado Human Rights Watch sobre esa desinstitucionalización o esa debilidad institucional que en zonas vulnerables podría afectar a personas que no tienen ninguna capacidad de defenderse?
En términos de contexto general, por supuesto que esa [la provincia de Galápagos] es una zona en donde confluyen rutas de tráfico ilegal. Efectivamente, ahí hay narcotráfico que en gran medida está explicado por la falta de recursos, por ejemplo, destinados a interdicción, a hacer investigación in situ para poder develar esas redes, investigación portuaria sobre todas las irregularidades en puertos, etc. Dicho eso, en los tres incidentes con embarcaciones que nosotros documentamos: el del Fiorella, el del Don Maca y el del Francisca II, no encontramos ninguna evidencia de que esos barcos estuvieran relacionados con temas de narcotráfico. Nosotros hicimos la verificación y estas son personas que no tenían antecedentes por delitos violentos ni potencialmente violentos, ni involucramiento con crimen organizado ni con narcotráfico. Una de las embarcaciones, antes del ataque de drones, había sido abordada por un guardacostas ecuatoriano que había verificado que no había nada irregular, nada de narcotráfico. En los 220 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, como resultado de los ataques por parte de Estados Unidos, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido para investigarlo y tratar de documentar, y en la gran mayoría de los casos es muy difícil porque es altamente probable que en efecto hubiera algo de narcotráfico. Ahora, eso no le da derecho a Estados Unidos de ejecutar extrajudicialmente. Pero, aún así, creo que como contexto es importante resaltar que es posible que algunas de esas lanchas, en efecto, estuvieran cargando droga, aunque sean el eslabón más débil de la cadena y aunque −como han mostrado varios de los informes recientes− eso en nada reduce el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Muy por el contrario, el tráfico de cocaína se ha incrementado a pesar de los ataques.
Contrario a esos casos, estos tres barcos en [las inmediaciones de] Galápagos tienen dueños, tienen abogados. Tú en las lanchas go fast no encuentras abogados defendiendo a la lancha, no encuentras dueños de la lancha reclamándola. Insisto en esto porque creo que es posible que hubiera algo de narcotráfico. Mientras que lo de estas tres lanchas, la verdad es que yo creo que son casos bien distintos. Ahí están los dueños de las lanchas pidiendo reclamaciones de lo que perdieron en términos de propiedades. Están los abogados defensores de los barcos. Están los certificados de que estas personas tenían licencia pesquera. Las rutas por las cuales estaban navegando son rutas típicamente pesqueras, no rutas de narcotráfico. Entonces, creo que eso habla de por qué son casos diferentes.
El informe también documenta los casos de las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, atacadas por drones de origen no determinado, y la desaparición de la Fiorella con ocho tripulantes. ¿Qué evidencias tiene HRW sobre la participación de autoridades estadounidenses en esos ataques? ¿Vieron también esta relación entre las dos zonas económicas exclusivas, tanto la insular como la continental?
Sí. De hecho, este es además un tema muy importante para efectos, luego, de la jurisdicción y la investigación, porque Ecuador responde que no podrían investigar si se trata de casos ocurridos en aguas internacionales. En nuestra recolección de la ubicación de las embarcaciones al momento de los ataques, el Fiorella, que fue atacado el 20 de enero, estaba en aguas internacionales entre los dos segmentos de Zona Ecológica Exclusiva. El Negra Francisca Duarte II, que fue atacado el 17 de marzo, estaba en ZEE de Galápagos, y el Don Maca estaba justamente en el borde, del otro lado de la Zona Económica Exclusiva, en aguas internacionales. Ecuador no nos ha respondido oficialmente, pero lo que respondió Noboa es que no eran operaciones de Ecuador, pero que si era algún actor extranjero que lo estaba haciendo, seguramente sería porque algo malo estarían haciendo. Esa fue la respuesta de Noboa. Y lo que han dicho es que, en todo caso, si fuese en aguas internacionales, ellos no podrían investigar. Entonces, cuando menos, frente al caso de la Negra Francisca Duarte, tendrían un deber claramente de investigación. Bueno, y pues, la fiscal que estaba investigando los casos fue asesinada. De hecho, nosotros hablamos con ella antes de que la asesinaran.
¿Human Rights Watch tiene evidencias, o algún indicio quizá, de que estos casos puedan representar amenazas en contra de personal pesquero artesanal, de los sectores pesqueros más humildes que laboran en las islas Galápagos o incluso en contra de guardaparques o vigilantes de la Reserva Marina, tal vez?
En estos tres casos, como te digo, que son los que hemos estudiado, eran pescadores. Nosotros no vemos ningún indicio de que estas personas hayan participado en criminalidad organizada; eran genuinamente pescadores, hasta la evidencia que nosotros pudimos recolectar.
En una entrevista para la Deutsche Welle, usted aseguró que las evidencias de la participación estadounidense en estos casos se habrían manifestado en las escarapelas, en los uniformes de quienes los retuvieron. Los testimonios se convertirían así en una prueba de aquello. En el caso de San Martín, en cambio, Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., lo anunció públicamente y luego el gobierno ecuatoriano lo asumió. ¿Esto quiere decir que no se puede descartar la participación activa de Estados Unidos en estos casos?
En el caso de San Martín es explícita la participación estadounidense. De hecho, Estados Unidos le remite oficialmente al Congreso cartas en las cuales reconoce que fue una operación conjunta. El general [Francis L.] Donovan [comandante del Comando Sur de EE. UU. (SouthCom)] dice que observaron la operación, que si bien no había tropas en terreno directamente, fue una operación conjunta. Entonces, no hay duda de la participación de Estados Unidos en el caso de San Martín. En el caso de las tres embarcaciones, nosotros hemos señalado que tenemos 13 testimonios consistentes que señalan lo mismo. Primero, vieron cómo venía una embarcación que los estaba siguiendo y que tenía una bandera de Estados Unidos. Segundo, que fueron monitoreados por drones y que luego fueron atacados por drones con explosivos. En dos de las embarcaciones, lo que reportan es que luego del ataque con los drones se acercó un barco blanco y azul, que no tenía encendido el rastreador, que allí había personal vestido de camuflado caqui, que tenían en el uniforme insignias de Estados Unidos, que hablaban inglés. Estas son las personas que los detienen arbitrariamente. Los tienen ahí en el barco y luego los entregan a la guardacostas de El Salvador. Los llevan hasta El Salvador y solo días después llegan de vuelta a Ecuador. En esos dos casos hay cuatro heridos de gravedad. Todo su testimonio de localización nosotros lo verificamos. Entonces, tenemos razones para considerar que sus testimonios son veraces, dado que la ruta y la línea de tiempo coinciden con los sistemas de monitoreo de embarcaciones, con los sistemas de monitoreo de incendios en alta mar, etc. Y luego, en el caso de la tercera embarcación, que es el Fiorella, personas reportan que solo hay dos sobrevivientes. Habían salido a pescar y ven cómo del barco se levanta una columna de humo hacia el cielo, van hacia allá para tratar de ver qué había sucedido y ya no estaban ni el Fiorella ni los otros ocho miembros de la tripulación que hasta hoy están desaparecidos. Otro elemento importante es que todos los testimonios que recolectamos dicen que el guardacostas salvadoreño los recibió de parte de autoridades de Estados Unidos, de oficiales estadounidenses. Ahí no podemos tener la seguridad de cuál fue el involucramiento de Estados Unidos, pero hay elementos muy fuertes de los testimonios que apuntan hacia algún involucramiento o conocimiento de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que no hubo participación ni del Departamento de Defensa ni de sus guardacostas, pero no ha descartado el gobierno de Estados Unidos −al menos no explícitamente− que haya otras agencias de Estados Unidos que pudieran estar involucradas.
Adicionalmente, circuló información de que presuntamente podrían estar involucrados mercenarios militares privados. Erik Prince, de Blackwater. Nosotros hicimos la verificación con Prince nos respondió formalmente que no participó en ninguno de los tres ataques a esas embarcaciones. De hecho, desmintió tener un acuerdo de colaboración con el gobierno de Daniel Noboa, contrario a lo que había dicho el gobierno de Noboa en la campaña. A El Salvador le hicimos la pregunta y no nos ha respondido sobre por qué está colaborando y cuál es el marco en el cual se está dando esta colaboración. Sí tengo que señalar que, en todo caso, todas las personas que entrevistamos señalaron haber recibido tratamiento médico y buen trato en El Salvador antes de ser devueltos a Ecuador.
¿Qué mensaje extrae Human Rights Watch de este tipo de casos? Es decir, ¿cómo creen que están funcionando los mecanismos de supervisión de las supuestas operaciones conjuntas entre EE.UU. y Ecuador cuando no tenemos este tipo de certezas? ¿Hay alguna conclusión de parte de la organización al respecto?
Estos cuatro incidentes hablan de la necesidad de tener transparencia en los acuerdos de colaboración en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos. Creo que son un llamado de alerta para otros países de la región, como Colombia y Perú, cuyos gobiernos recientemente elegidos han señalado que quieren seguir acuerdos de colaboración similares.
Creo que, al menos en el caso de San Martín, es muy claro que están basados en inteligencia de mala calidad, que no solo puede derivar en violaciones a derechos humanos, sino que además no son acuerdos efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Además, diría que hablan de la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas. Ni Ecuador ni Estados Unidos, a la fecha, están investigando formalmente estos hechos ni están explorando cuál fue el uso de recursos por parte de Estados Unidos y por parte de Ecuador en estas operaciones que, insisto, son muy poco efectivas en la lucha contra el crimen organizado y que, además, han generado estas violaciones.
Se menciona en el informe a Vectus Global. Si bien se obtuvo respuesta de Prince, su CEO, surge la inquietud de saber si es que estos operativos de seguridad en los que se ha dicho que se ha brindado servicios de inteligencia y de tecnología para vigilancia, cuentan con algún tipo de vínculo, cercanía o indicios de cercanía, por ejemplo, con empresas como Palantir.
No tengo información para corroborarlo o no. Lo que puedo corroborarte es la respuesta que recibimos de Erik Prince, que dice no estar involucrado en ninguno de esos tres incidentes.
HRW solicitó información al gobierno de Estados Unidos, evidentemente. ¿Qué se solicitó, qué se recibió y qué no se recibió?
Nosotros no recibimos ninguna respuesta del gobierno de Estados Unidos. Como lo hacemos con todos nuestros informes, siempre antes de publicar los enviamos a los gobiernos correspondientes. En este caso hicimos solicitudes de información formales a Ecuador, a Estados Unidos, a El Salvador, presentando los hallazgos del informe y pidiéndoles que nos dieran cuenta sobre si habían participado o no, con qué hechos, si habían financiado, si habían previsto inteligencia, etc. No recibimos información formal. Estados Unidos le dio un comentario al The Guardian y le dijo que ni el Departamento de Defensa ni la Guardacostas de Estados Unidos había participado en los tres casos de embarcaciones. En el caso de San Martín, el propio gobierno de Estados Unidos le ha respondido formalmente al Congreso de Estados Unidos diciendo que, efectivamente, participaron y que fue una operación común.
Volviendo a Ecuador, las relaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial son sumamente alarmantes. Cada vez tenemos más casos de violencia en contra de operadores de justicia, pero también intervenciones políticas en la justicia. ¿Cómo este tipo de comportamientos pueden contaminar la política de seguridad y qué advertencias trae esto al resto de la región?
Hay un elemento grave de la crisis de la administración de justicia en Ecuador. Primero por los ataques mismos del gobierno. Es importante recalcar que sufrimos el año pasado una campaña de ataques desde el gobierno en contra de la Corte Constitucional y de sus magistrados. Una corte que ha sido independiente, que ha sido un modelo para toda la región, de constitucionalismo del más alto nivel, y que había puesto y sigue poniendo cortapisas importantes a los intentos del gobierno de Noboa de saltarse las obligaciones internacionales de Ecuador. Por fortuna, la ciudadanía ecuatoriana mayoritariamente rechazó el intento de instalar una asamblea constituyente que habría podido eliminar a la Corte Constitucional. Pero detrás de esos ataques directos del gobierno, está todo un proceso de debilitamiento muy grave. Hay por lo menos 632 fiscales y 753 jueces que no han tenido todavía designaciones en propiedad [nombramientos]. El 38 % de las cortes presenta cargos vacantes y eso significa muchísima más recarga para que los juzgados lleven a cabo su trabajo. El hecho de no tener todo este tiempo un fiscal en propiedad [titular] para poder enfrentar la criminalidad organizada y poder investigar cualquier tipo de violaciones por parte de agentes del Estado es gravísimo. En un escenario de intentos de ataque por parte del gobierno de Noboa en contra de esa independencia judicial, se debilita aún más la capacidad de ser efectivos contra el crimen organizado.
¿Qué advertencia presenta el caso ecuatoriano a nivel regional, pensando en que Ecuador es un punto funcional a los intereses de Estados Unidos?
Es un llamado de atención, como ya lo decía, para los otros países de la región que enfrentan también el flagelo del crimen organizado y que pueden correr el riesgo de establecer acuerdos de cooperación con Estados Unidos −que en principio no estarían mal, es deseable colaborar en la lucha contra el crimen organizado− que, si se basan en información de baja calidad o en priorizar pequeños videítos en redes sociales, y no en fortalecer realmente la capacidad de judicialización, que de plano desconocen el derecho internacional, como hemos visto en Ecuador, pues me temo que el resultado no va a ser mayor efectividad en contra del crimen organizado, sino un despliegue de graves violaciones a derechos humanos en contra de población civil que nada tenía que ver con la criminalidad.
Descarga aquí el informe Una alianza peligrosa. Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, publicado por Human Rights Watch el 21 de julio de 2026.
