Los abogados de los pescadores de la embarcación Negra Francisca Duarte II presentaron una demanda federal en Pensilvania contra el Gobierno estadounidense. Entre las pruebas constan documentos de las guardias costeras de Ecuador y El Salvador, testimonios y registros de rastreo satelital. Este fue uno de los 11 barcos atacados en 2026.
Por Edison Paucar
Documentos de la Guardia Costera de El Salvador y de su similar de Ecuador, los testimonios de 16 pescadores y de un funcionario forman parte de las pruebas que tienen los abogados de los tripulantes del barco Negra Francisca Duarte II. Los juristas, con estas pruebas, buscan demostrar que los pescadores ecuatorianos fueron atacados en altamar por militares estadounidenses.
La tarde de este 16 de noviembre de 2026, presentaron una demanda federal contra el Gobierno de los EE.UU., en la Corte Federal del Distrito Oeste de Pensilvania (Pittsburgh). La acción legal representa a los 16 pescadores sobrevivientes de la embarcación originaria de la parroquia San Mateo, ubicada en la ciudad de Manta, provincia costera de Manabí.
Esta embarcación fue la tercera de los 11 barcos atacados en lo que va del 2026. El Negra Francisca Duarte II fue bombardeado con drones el pasado 17 de marzo, a unas 135 millas de la isla San Cristóbal, en Galápagos.
Según el testimonio de los pescadores afectados, drones arrojaron explosivos que impactaron los tanques de gasolina, provocando un incendio que destruyó el barco. Mientras que un grupo de militares que hablaban en inglés los esposaron, encapucharon y los subieron a la proa de otra embarcación.
Pero al cabo de unos días, los pescadores fueron entregados en condición de “náufragos” a patrullas de El Salvador y, tras pasar bajo resguardo y custodia, finalmente fueron repatriados a Ecuador.
El equipo legal de los pescadores, liderado por el abogado estadounidense Dan Kovalic y el jurista ecuatoriano Jorge Chiriboga, recogió estos hechos para presentar la denuncia en EE.UU. Los dos sostienen que la intervención militar constituyó una flagrante violación del derecho internacional y de las propias leyes de EE.UU.
La mañana de este martes 17 de noviembre de 2026, los abogados señalaron que la acción legal fue ingresada a la corte de Pittsburgh, al tratarse de un fuero marítimo con capacidad jurisdiccional para procesar reclamos por daños en alta mar.

Kovalic señaló que el operativo incluyó impactos de drones contra la embarcación y la posterior aprehensión violenta de los tripulantes por parte de personal de EE.UU., quienes los mantuvieron descalzos y esposados sobre la cubierta de hierro caliente del barco.
Además, revelaron que un elemento central de la demanda es que, pocas horas antes del ataque militar estadounidense, la Armada del Ecuador había abordado e inspeccionado la nave, verificando la ausencia de sustancias ilícitas o contrabando y autorizándola a continuar su faena de pesca.
“La marina ecuatoriana había abordado el barco y lo había liberado de cualquier irregularidad. No encontraron drogas ni contrabando. Les dijeron que podían seguir su camino y luego EE.UU. atacó el barco sin razón alguna”, señaló Kovalic.
Agregó que las operaciones militares contra embarcaciones pesqueras carecen de todo sustento normativo. “Si creen que alguien es un narcotraficante, deben obtener una orden de arresto, juzgarlos y condenarlos si pueden”, indicó. “El tráfico de drogas no es un delito capital. Por lo tanto, bombardear estos barcos y, en muchos casos, matar a estas personas es completamente ilegal, completamente inmoral y queremos que se detenga”.
Pruebas recopiladas por la defensa
A pesar de encontrarse en una etapa procesal inicial, la defensa jurídica de los 16 pescadores afirma contar con elementos probatorios sólidos y contundentes para demostrar la responsabilidad directa de militares de EE.UU.
Según reveló Kovalic, en la querella consta el testimonio de un funcionario que admitió que EE.UU. había bombardeado el barco. “Incluso se rió de ello. Y lo mencionamos en la demanda”, dijo.
Mientras que Chiriboga señaló la existencia de documentos de la Guardia Costera de El Salvador que certifican el traspaso de los 16 pescadores ecuatorianos desde una nave militar estadounidense (identificada temporalmente como Atlantis) en calidad de “náufragos”, tras haber permanecido encapuchados e incomunicados en altamar.
El equipo legal y los testimonios de la tripulación confirman el uso de al menos dos drones artillados que impactaron la cubierta y la popa del Negra Francisca Duarte II. Como prueba clave, la defensa resalta que la guardacosta ecuatoriana LG-30 de Galápagos realizó una inspección de rutina pocas horas antes del ataque y descartó cualquier anomalía.
Además, el abogado Jorge Chiriboga enfatizó que cuentan con los registros del dispositivo de monitoreo satelital (VMS) que llevan las embarcaciones, los cuales confirman la ubicación exacta del incidente en aguas de la Zona Económica Exclusiva continental o de Galápagos.
Chiriboga señaló que es la primera vez que pescadores demandan a los Estados Unidos para una reparación integral por los daños ocasionados. Y precisó que los acuerdos bilaterales de interdicción marítima (como el convenio Shiprider, firmado por Ecuador y EE.UU.) no otorgan autorización para el uso de la fuerza destructiva.
“El convenio da la capacidad para interceptar y abordar las embarcaciones pesqueras ecuatorianas sospechosas (…). Pero no les da la capacidad de usar ningún tipo de violencia, ni armas letales ni misiles ni bombas. Eso está prohibido por el propio Shiprider. Por tanto, el Estado americano no tiene ninguna facultad para usar poder letal contra pescadores civiles y desarmados”.
Lo que se pedirá en los tribunales estadounidenses
La demanda presentada en Pensilvania persigue tres objetivos jurídicos principales. El primero es la reparación económica e indemnización integral. Es decir, se pide una compensación por la pérdida del barco pesquero Negra Francisca Duarte II, así como por las lesiones físicas sufridas por la tripulación, entre ellas las quemaduras y cortes profundos de Jordy Flores, y el trauma psicológico infligido.
También piden la emisión de un mandamiento judicial prohibitivo por parte del juez federal, que ordene al Gobierno de los EE.UU. cesar de inmediato los ataques armados y el uso de violencia letal contra embarcaciones pesqueras civiles.
Y la tercera petición solicita al tribunal la apertura formal de la fase probatoria para auditar la participación en los ataques de la Guardia Costera, la Armada, agencias de inteligencia como la CIA o posibles empresas de mercenarios privados.

Embarcaciones atacadas y ocho pescadores desaparecidos hasta hoy
Los ataques a barcos ecuatorianos en el Océano Pacífico, en lo que va del año, tienen dos momentos. El primero, con ataques sin ninguna autoridad que reconozca o se atribuya los hechos. Y el segundo, cuando los militares estadounidenses y ecuatorianos se responsabilizaron de lo ocurrido.
Así, el primero se inició el 20 de enero de 2026, a las 13:06, cuando el barco Fiorella perdió la comunicación y ocho de sus tripulantes desaparecieron sin dejar rastro hasta el día de hoy.
Antes de que ocurriera esta desaparición, los tripulantes de la embarcación se habían comunicado con sus familias para alertarlas. Por ejemplo, el capitán del barco, Juan Carlos Valencia Mera, le dijo a su familia, vía WhatsApp, que había un avión, drones y patrullas acechándolos. En un mensaje fechado el 19 de enero de 2026, a las 9:32, se lee: “Los ha caído avión ayer, avión, un dron, después lo venía siguiendo la patrulla”.
El 13 de agosto de 2026, el periódico estadounidense The Washington Post reveló que este ataque formaría parte de una “acción encubierta” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Una figura reservada a misiones secretas en el extranjero donde no se reconoce formalmente la autoría estatal.
Dos meses después del ataque al barco Fiorella, sucedieron dos nuevos hechos en altamar. El 17 de marzo se atacó al barco Negra Francisca Duarte II y, un día después, el 18 de marzo, el barco Don Maca, con 20 tripulantes a bordo, fue atacado en similares condiciones.
En ambos casos, los tripulantes fueron entregados a patrullas de El Salvador y, días después, los pescadores pudieron retornar al Ecuador.

En el caso de los tres barcos (Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca), un seguimiento de vuelos y grabaciones de control de tráfico aéreo publicado por The New York Times y corroborado por The Washington Post expuso el papel de un avión de vigilancia vinculado a la CIA: un Cessna Citation Longitude, denominado Fenix 701.
La aeronave voló desde Tennessee, EE.UU., a El Salvador. Los datos de vuelo revelaron que el rumbo de la aeronave apuntó hacia las tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas antes de que estas fueran atacadas.
El Fenix 701 voló en dirección del barco Fiorella en cuatro jornadas distintas, incluyendo el 20 de enero, día en que la embarcación desapareció. Además, realizó trayectorias idénticas hacia el barco Don Maca, antes de que detonaran explosivos sobre su cubierta.

Según las investigaciones, esta aeronave no figura en listas oficiales de servicio del Pentágono, sino que ha sido registrada ante la Administración Federal de Aviación (FAA) a nombre de una empresa ficticia, cuya dirección legal corresponde a un apartado postal en una tienda de paquetería UPS en Richmond, Virginia.
Si bien el Pentágono y la Guardia Costera de EE.UU. han negado haber atacado a los barcos Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca, las coincidencias entre los registros de radares satelitales, los planes de vuelo encubiertos del avión Fenix 701 y los testimonios directos de los sobrevivientes apuntan hacia una operación clandestina de EE.UU.
11 barcos destruidos, 207 pescadores afectados
Cuatro meses después de los ataques a los barcos Don Maca y Negra Francisca Duarte II, las noticias de abordajes contra pescadores manabitas regresaron con intensidad. Solo que esta vez los gobiernos de Ecuador y EE.UU., a través del Comando Sur (Southcom), sí se adjudicaron las operaciones en altamar, señalando que los barcos que interceptaban eran utilizados como gasolineras en el mar, vinculados a la banda criminal Los Choneros, que abastecían a lanchas rápidas del narcotráfico.

El 28 de agosto de 2026, la embarcación Los Tres Hermanos fue acorralada por un helicóptero y una patrulla militar. Los soldados extranjeros detuvieron a 14 pescadores y hundieron el barco.
El 2 de septiembre, la embarcación Conquista 2, que llevaba a 17 tripulantes, sufrió el mismo destino. Y el 3 de septiembre, el barco OM2, con 22 pescadores a bordo, tuvo el mismo fin.
Los familiares de los pescadores protestaron en los exteriores de la Capitanía de Manta para exigir a las autoridades que devolvieran a sus seres queridos y que mostraran las pruebas que había contra ellos.
Estas protestas tuvieron éxito y los pescadores fueron traídos de vuelta a Manabí, pero los marineros permanecieron unos días detenidos por la Policía. Al ver que no había pruebas en su contra, fueron liberados.
Este patrón que sucedió con estos tres barcos se repitió luego con otros cinco barcos adicionales (María Candelaria, Montecristi, Don Rufo, X Siempre Don Carlos y Karla Franshesca). Es decir, solo entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre fueron atacados ocho barcos ecuatorianos de manera similar: un helicóptero y una patrulla los acorralaron; después, fueron detenidos los pescadores y sus barcos fueron destruidos.
Si sumamos los ataques a los barcos Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca, se revela que en total, de enero a septiembre, 207 pescadores ecuatorianos y 11 barcos fueron atacados por militares extranjeros.
En medio de los hechos ocurridos en agosto y septiembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, lanzó advertencias sobre los ataques ejecutados, según las autoridades, en aguas internacionales.
“Esas operaciones se hacen primero con información de inteligencia. Y, segundo, se hace el reconocimiento de la embarcación”, indicó el pasado 28 de agosto. “Lo que les puedo aconsejar a todos los pescadores ecuatorianos es que nuestro mar territorial tiene más que suficiente cantidad de pesca, tanto así que vienen de otros lados a tratar de pescar en nuestras aguas, y tenemos que controlarlo. Así que no tendrían motivo para estar saliendo afuera de nuestras áreas jurisdiccionales”.
Estas palabras fueron corroboradas por Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, quien indicó que existía una coordinación con los EE.UU. para determinar, a través de información de inteligencia, cuáles eran los buques o lanchas que formaban parte del negocio del narcotráfico.
“En el caso de los EE.UU., con toda su normativa y legalidad internacional, actuando en aguas internacionales. En nuestro caso, nosotros estamos recibiéndoles a las tripulaciones de esas diferentes embarcaciones y trasladándoles al continente con la finalidad de que sigan el proceso legal”, indicó el 15 de septiembre.
Esta paranoia que se desató en altamar hizo que los pescadores transmitieran en sus redes sociales las labores que desarrollaban mar adentro. Improvisaron una especie de diario digital en el cual dejaban registro de sus quehaceres marítimos.
Los 26 tripulantes del barco X Siempre Don Carlos, por ejemplo, se grabaron videos y se tomaron fotografías junto a los pescados que atrapaban. Sin embargo, toda esta evidencia no sirvió, ya que el 15 de septiembre fueron abordados por militares estadounidenses y su barco fue destruido.

Así, entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, en las ocho embarcaciones atacadas se detuvieron a 146 de los 160 tripulantes. 90 de ellos fueron acusados de asociación ilícita.
Human Rights Watch señaló que los tribunales ecuatorianos han absuelto a 40 personas. En uno de estos casos, un juez de Manta absolvió a ocho pescadores de la embarcación Don Rufo, debido a que los testigos de la Fiscalía, incluidos funcionarios de la Policía y de la Armada ecuatoriana, declararon que no se habían encontrado objetos ilícitos en poder de los pescadores y no tenían conocimiento de investigaciones previas que los vincularan con el crimen organizado.
Además, el juez afirmó que la acusación se construyó como una “cadena de presunciones sucesivas”. Mientras que otros 32 tripulantes han sido absueltos por motivos similares.
“De los 160 tripulantes interceptados por Estados Unidos, 110, es decir, el 70%, están ahora en libertad y sin cargos. 14 no fueron puestos a disposición de las autoridades ecuatorianas, 56 fueron liberados sin cargos por decisión judicial y 40 fueron absueltos. Otros 50 siguen a la espera de juicio”, indicó Human Rights Watch.
La mañana de este martes 17 de noviembre, tras informar sobre la denuncia presentada en Pensilvania por el caso de la embarcación Negra Francisca Duarte II, Jorge Chiriboga indicó que, junto a Dan Kovalic, presentarán más demandas contra Estados Unidos por el ataque a los otros barcos.


