Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
El Estado ecuatoriano y la empresa abacalera Furukawa Plantaciones CA. del Ecuador han intentado en varias ocasiones dar por cerrado el caso de esclavitud moderna que la Defensoría del Pueblo (DPE) denunció el 19 de febrero del 2019. Y lo han hecho sin haber implementado proceso alguno de reparación integral.
Esta publicación de Expreso, del 10 de julio, daba supuesta cuenta de que el Gobierno había atendido a más de 1 000 agricultores en salud, vivienda, educación, alimentación y otras necesidades. También el 15 de agosto, el gerente de Furukawa, Iván Segarra, suscribió un acta de mediación con un grupo de abacaleros para entregarles en comodato 206 hectáreas de sus tierras como parte del proceso de reparación, según dijo.
Sin embargo, la atención a las víctimas por parte del Estado ecuatoriano se parece más al dulce que embauca a un niño que a un verdadero plan de reparación de derechos fundamentales. La evidente inacción estatal después de siete meses ha permitido que los directivos y abogados de la empresa que esclavizó evadan sus responsabilidades y cometan aún más ilegalidades. Por ejemplo, el comodato firmado extrajudicialmente el 15 de agosto obliga a los firmantes a renunciar a todos los derechos que les deben amparar ante vulneraciones sufridas en el pasado, les condena a autoafiliarse a la seguridad social. Además, aceptan no interponer en el futuro ninguna acción judicial en contra de los empleadores que los han sometido durante toda su vida.
Ante esta firma, el Subsecretario de Gobernabilidad y encargado por parte del Gobierno para atender el caso, Carlos Gómez de la Cruz, le dijo a este medio que “es un acuerdo entre las partes del que no tengo detalles”, y deslindó así de responsabilidad al Estado, al cual él representa.
Con estas y otras tácticas, Estado ecuatoriano y empresa japonesa evitan a toda costa las sanciones que corresponden ante una violación sistemática de Derechos Humanos que ha sido comprobada mediante inspecciones reiteradas, informes oficiales, investigaciones periodísticas y, sobre todo, testimonios de las víctimas.
La visita oficial
Un cambio de última hora en la agenda que diseñó la misma empresa acusada de esclavizar permitió constatar que las violaciones se mantienen y se han multiplicado.
El pasado viernes 6 de septiembre, miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador y funcionarios de la Defensoría del Pueblo decidieron desoír la propuesta que los abogados, el presidente y el gerente de Furukawa les habían hecho para visitar tan solo las instalaciones de su conveniencia. Fue así que las autoridades constataron in situ que poco o nada se ha hecho para reparar integralmente los derechos de los trabajadores, atropellados desde 1963.
Cinco de nueve integrantes de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, junto con el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, llegaron hasta el kilómetro 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo, donde está la entrada de la hacienda Isabel. Ahí se encontraron con un guardia de seguridad privada que les impidió entrar a bordo de los vehículos institucionales. “La invitación para todos ustedes era acá en la bodega”, dijo el uniformado, señalando en dirección a las instalaciones del kilómetro 37. La puerta de la hacienda estaba cerrada con candados y cadenas. A su alrededor, cerca de cien abacaleros le increpaban y pedían a las autoridades que entraran a verificar las condiciones de precariedad en las que viven. Entonces, el asambleísta Juan Lloret llamó por teléfono al presidente de la empresa, Hugo Chalem, y éste le dijo que esa hacienda está en comodato –refiriéndose al Acta suscrita el 15 de agosto y considerada ilegal por la DPE y por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu)– y que no le correspondía autorizar su entrada. Al guardia no le quedaron razones, sin embargo, para explicar por qué la misma empresa abacalera es quien le ha contratado.
“No han permitido el ingreso a la autoridad –comentó luego el defensor del Pueblo, Freddy Carrión–, eso demuestra aún más la vulneración constante por parte de la empresa Furukawa, que debe cerrar definitivamente sus puertas, porque no se puede permitir que en el Estado ecuatoriano una empresa vulnere los derechos y las autoridades nos quedemos sin hacer absolutamente nada”. Enseguida –entre campesinos abacaleros, funcionarios de la Fiscalía General del Estado, de los ministerios de Salud e Inclusión, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y periodistas de distintos medios locales y nacionales–, los asambleístas y el Defensor del Pueblo emprendieron una caminata monte adentro, hacia el campamento donde los abacaleros se han organizado para resistir al acoso de la empresa y para exigir liquidaciones justas por sus años de trabajo.
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Víctor Bómer –el pelo blanco, el cuerpo ancho y bajo y el paso ladeado– emprendió su caminata con la fuerza que aún le queda a sus 68 años. Don Víctor empezó a trabajar en las abacaleras de Furukawa en 1972 y conoce cada hectárea de las haciendas de la empresa. Pero, en el 2002, “me agarraron mis cositas y me las botaron a la calle”, recuerda. El episodio ocurrió luego de que intentaran obligarle a que se hiciera cargo de pagar la seguridad social y demás obligaciones legales de los agricultores que trabajaban junto a él. Ahora, este abacalero lojano, huérfano desde muy niño, se mueve con dificultad, pero es veloz. Mientras avanza, Don Víctor le cuenta su historia a un reportero que jadea al caminar y que toma nota en su libreta.
Alto y fornido, Jesús Góngora, de 41 años, trabaja en los campos de abacá desde que tenía 15. Solamente estudió hasta tercer grado y por eso no sabe leer ni escribir, pero conoce al detalle la labor de extraer fibra de abacá. Junto a las autoridades, este esmeraldeño afro fungió de guía durante el trayecto. Contaba su historia con la voz altisonante que usa siempre que habla de su condición de esclavizado, y pudo, incluso, mostrar a los caminantes cómo ha hecho su trabajo en el campo a lo largo de su vida. “Esa es el agua que tomamos”, explicó Jesús al presidente de la Comisión de asambleístas, Jaime Olivo, al pasar junto a un pequeño estero. “Esa es agua contaminada”, le aclaró de inmediato.
Unos metros más allá, una mujer abacalera caminaba con su pequeño hijo de un año en los brazos. Al cabo de una hora de recorrido, la crudeza de los rayos del sol le obligó a tumbarse a la vera del sendero hasta recuperar el aliento.
Más adelante, el grupo dejó el camino para adentrarse unos metros en el sembradío hasta llegar a un campamento desalojado seis meses antes. La empresa retiró los techos donde vivían hasta entonces cerca de 15 campesinos, sin advertirles de nada, y les obligó a marcharse. Ahora, el sitio luce como ruinas de un campo de refugiados.
Luego de hora y media de camino, al llegar al tercer campamento de la hacienda Isabel, la metáfora la usó el asambleísta Carlos Viteri. “Quiero pedir perdón –exclamó–, perdón como parte de una función del Estado, pues todo esto ocurre porque hay un Estado que permite que ocurra; ¡esta es una suerte de campamento de refugiados, compañeros, es una urgencia extrema!”.
“Me solidarizo y estoy horrorizado con lo que hemos visto”, dijo Daniel Véjar, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.
“¡Basta de tanta explotación, basta de tanta negación a la dignidad!”, exclamó el asambleísta José Chalá, luego de recordar que el caso Furukawa luce como una recreación contemporánea de los tiempos de esclavitud entre los siglos XVI y XIX.
El presidente de la Comisión de asambleístas, Jaime Olivo, fue más frontal aún: “El Estado es el único responsable –dijo, y anunció medidas–, vamos a encaminar [el Informe de la Comisión] en el sentido de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el ministro de Agricultura tiene que responder en el marco de sus atribuciones, y si no lo hace, él está sujeto a un control político”, advirtió, aludiendo a la expropiación de tierras, respaldada en el Artículo 103 de la Ley de Tierras. “Realmente existe vulneración y atropello a los derechos humanos”, reconoció. El ministro de Agricultura, Xavier Lazo, no acudió a comparecer en la Asamblea Nacional en dos ocasiones, luego de ser convocado por la Comisión que preside Olivo.
Carrión dijo que la DPE «se ratifica y se reafirma» en lo que dijo el informe del 19 de febrero, y se refirió a los abacaleros que les recibieron en el campamento como «pruebas vivientes» de la esclavitud.
La visita permitió probar que el Ministerio de Gobierno –responsable de articular acciones interinstitucionales para brindar reparación integral a las víctimas– no ha sido capaz de remediar las graves violaciones cometidas por Furukawa. Más bien, se demostró que entre algunos funcionarios y los empleados de la empresa se intentó manipular la visita y mostrar tan solo lo que le resultaba conveniente a la compañía abacalera.
La visita del 6 de septiembre había sido un compromiso pactado durante la comparecencia que el presidente de la empresa, Hugo Chalem, y su abogado Adrián Herrera hicieron ante la Comisión de Derechos Colectivos en la Asamblea, el pasado 10 de julio. Esta inspección era el requisito que hacía falta para que la Comisión emitiera el informe necesario y lo pusiera a disposición del Pleno. Pero los asambleístas y el Defensor del Pueblo probaron que hubo intención de dirigir su agenda para incidir en este Informe y también en el Informe que prepara la DPE, cuando Chalem y dos de sus abogados aparecieron en medio de la visita mientras el gerente de Furukawa, Iván Segarra, se agazapaba dentro de un vehículo. Chalem y sus abogados reclamaron al presidente de la Comisión por haber alterado la agenda que ellos le habían planteado y se mostraron incómodos porque los visitantes hayan visto lo que vieron en los otros campamentos. “Todos los campamentos que hemos visitado y que podemos seguir visitando en la próxima son de una sola empresa –le respondió Olivo a un abogado furibundo–, y esa es Furukawa”.
Carrión insistió en que “la vulneración consuetudinaria de décadas se encuentra demostrada”, y dijo que su acercamiento a las haciendas abacaleras no tiene la intención de verificar si hay o no vulneraciones sino de comprobar que no se ha atendido el caso de manera adecuada. “De parte del Estado no ha habido una acción directa, eficaz y contundente para reparar una violación de más de cincuenta años y para detener una vulneración constante de parte de la propia empresa”, dijo.
“Se evidencia una parcialización por parte de los organismos del Estado –les dijo, en cambio, el asambleísta Viteri, a los abacaleros que le escuchaban–; a estas alturas de la historia debería haber responsables que estén ya en prisión (…), lo que estamos mirando aquí es suficiente, confirmamos lo que ustedes nos dijeron y es aún mucho más doloroso”.
“Haremos conocer a todo el pueblo ecuatoriano y si es posible a las instancias internacionales, de que aquí, en pleno siglo XXI, lamentablemente por una empresa extranjera se violentan los derechos más fundamentales”, dijo Olivo.
Los abacaleros que han nacido y crecido dentro de las plantaciones de Furukawa cuentan que “los ingenieros” suelen mostrar una fachada a sus visitantes, mucho más cuando se trata de autoridades. Los empleados administrativos de la empresa acostumbran a invitar a sus visitantes a conocer las instalaciones ubicadas en el kilómetro 37, donde se encuentran las bodegas y algunas de las oficinas, y donde laboran los trabajadores contratados legalmente. Pero ocultan a otros trabajadores vulnerados en los campamentos más lejanos. Algunas ocasiones, incluso, los han obligado a embarcarse en camiones o pequeños buses en los que los han llevado a pasar un día entero en un balneario cercano, hasta que las autoridades se hayan marchado de las haciendas.
Medida de protección
El jueves 5 de septiembre, Manuel Torres fue amenazado por un grupo de empleados de Furukawa. Le dijeron que lo demandarían, luego de que él rechazó los repetidos intentos de soborno que le habían hecho, y de que se resistiera a abandonar el campamento donde resiste. Desde el cuarto donde vive en la hacienda Vilma C, sobre el kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Quevedo, Manuel llamó por teléfono a sus abogadas, Patricia Carrión y María Fernanda Poveda, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), y les pidió ayuda.
El pasado 3 de septiembre, un juez de la Unidad Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió una medida de protección en favor de los trabajadores violentados por Furukawa. Y aunque la medida tardó alrededor de un mes en ser concedida –luego de que la solicitara la Fiscalía como parte de la investigación previa por trabajos forzosos u otras formas de explotación laboral, iniciada contra la empresa–, fue el resultado de estos constantes actos de amedrentamiento, acoso y hostigamiento que los abacaleros han denunciado. Gracias a este recurso, ningún empleado, directivo o representante de la empresa o ningún ‘tercero’ puede intimidar, hostigar o amenazar de ningún modo a los abacaleros victimados por la empresa Furukawa Plantaciones CA. del Ecuador.
La intimidación y el hostigamiento son mecanismos que usa con frecuencia el personal de Furukawa para engatusar a los campesinos. Antes de la visita programada para el 6 de septiembre, la Comisión de Derechos Colectivos recibió el mensaje de que dentro de la hacienda Isabela, sobre el kilómetro 42, había gente armada y que no era recomendable ir. Las juristas Patricia Carrión y María Fernanda Poveda –representantes jurídicas de más de 300 abacaleros víctimas de Furukawa– han sido denunciadas por parte de esta empresa y están impedidas de visitar a sus defendidos en los campamentos donde aún habitan y resisten.
Manuel tiene 47 años y es padre de cuatro hijos. Junto a su esposa, Graciela Beatriz Castañeda, conocida como ‘Bacha’, han resistido durante más de 18 meses lo que él llama “la lucha” en contra de Furukawa. Una lucha que, bien lo sabe él, es ahora también contra el Estado. Esa misma tarde, mientras la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo constataban las vulneraciones en los campamentos, el Subsecretario Gómez de la Cruz compartía una comida con directivos de la empresa en las instalaciones del kilómetro 37, las mismas que son usadas como fachada para encubrir las irregularidades y violaciones que se cometen en las otras haciendas. El funcionario, delegado por el Gobierno ecuatoriano para articular a las instituciones estatales frente al caso Furukawa, había llegado por primera vez a la zona donde ocurren los hechos, pero había preferido compartir tiempo con los victimarios y no con las víctimas.
Manuel Torres empezó a trabajar en las plantaciones de abacá a los 25 años. Antes era pesquero, en Rocafuerte, en la provincia de Esmeraldas. Cuando llegó a ser ‘arrendatario’, recibía 700 dólares quincenalmente, con los que pagaba los jornales a los trabajadores que estaban bajo su mando. A él le quedaban alrededor de 20 dólares. ‘Bacha’ se encargó casi siempre de tender la fibra al sol para que se secara, y con el paso de los años, el polvillo de esa fibra le enfermó. Los cuatro hijos de la pareja nunca fueron a la escuela. Manuel firmó su primer contrato con la empresa hace tres años, pero ese documento consistía en unos cuantos papeles en blanco y en pocos textos que no le permitieron revisar junto a un abogado, pero que le obligaron a firmar.
A Manuel ya le han ofrecido muchas veces dinero a lo largo de sus 22 años de trabajar para Furukawa, pero él no lo ha aceptado, a pesar de que lo necesita tanto. Varias veces, Manuel no ha permitido que los empresarios se llevaran las máquinas desfibradoras para obligarles a abandonar su trabajo, ha cerrado las puertas de las haciendas y se ha enfrentado a los directivos de la compañía para exigir la reparación total de sus derechos. Antes del 18 de febrero, Manuel no sabía lo que significaba la palabra dignidad pero peleaba por ella. Ahora ya lo sabe.
Caso Furukawa en otros medios:
Esclavitud laboral en Ecuador: caso Furukawa continúa
La alerta de la esclavitud resuena en Santo Domingo
Constatan condiciones de trabajadores en campamentos de Furukawa
