Han pasado dos años y cuatro meses desde que Daniel Noboa declaró la existencia de un Conflicto Armado No Internacional (CANI) o conflicto armado interno, en enero de 2024, y poco ha cambiado dentro de las estructuras del crimen organizado al que su gobierno prometió combatir.
Al cierre de esta entrega, el país vive el quinto toque de queda focalizado, esta vez en 9 provincias. Varios expertos advierten que las medidas de mano dura del régimen son erráticas y se ensañan −en el mejor de los casos− con los eslabones más débiles de la cadena del crimen y, en su mayoría, con personas inocentes. Mientras tanto, mercados criminales como la extorsión o el lavado de activos, asociados directamente con el narcotráfico y los mercados criminales, no reciben golpes a sus estructuras.
“Este tipo de autoridades quiere instalar la narrativa de que solo renunciando a derechos se puede tener seguridad, de que las detenciones arbitrarias sin cumplir con las garantías del debido proceso son necesarias, y eso es completamente una falacia”, sentencia Astrid Valencia, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, en entrevista con La Barra Espaciadora.
El 23 de septiembre de 2025, esa organización internacional publicó el informe Son militares, yo los vi, que recoge cinco casos de desapariciones forzadas en manos de elementos militares, como resultado de la militarización de la seguridad pública, a pesar de que esa medida contraviene principios del Derecho Internacional. En abril de 2026, Amnistía Internacional publicó su informe anual y destacó la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas en las investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos iniciadas por la Fiscalía General del Estado, y compartió su preocupación por la creciente impunidad y la falta de independencia del sistema de justicia en Ecuador, a la hora de investigar estos casos durante los estados de excepción y los toques de queda.
Una fuente militar perteneciente al sistema de inteligencia nacional −quien pidió proteger su identidad− declaró a este medio que durante el primer toque de queda, que tuvo lugar entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, las Fuerzas Armadas no tuvieron la posibilidad de medir realmente los resultados alcanzados, pues esa responsabilidad la asumieron la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. “Nosotros tuvimos que llevar buses para meter a todos los que incumplieron el toque de queda −cuenta con sorna el militar− y nos quedamos cumpliendo actividades policiales”, lamenta.
Además, el oficial confiesa que los patrullajes de carácter militar a escala nacional dejaron de llevarse a cabo desde que se declaró el conflicto armado interno “porque el personal militar ahorita está en las cárceles, está en las calles, y comienzan a meterse en problemas justamente por eso; ya tenemos [el caso de] los niños de Las Malvinas y no entendemos… (…) si pones a un karateca de ministro de Defensa, ¿qué puedes esperar?”, se pregunta, en relación con el ministro Gian Carlo Loffredo, quien no cuenta con un título profesional pero se considera experto en seguridad y en artes marciales, y es instructor certificado por el National Rifle Association (NRA) de Estados Unidos para América Latina.
Para Valencia, se incurre en una “mirada limitada” y en una “falsa dicotomía” pues, al irrespetar los derechos de las personas, se compromete la eficacia de cualquier política pública. “Con una política de seguridad militarizada, no integral y que no beneficia la investigación seria y la interdisciplinariedad, se puede terminar en la detención de personas inocentes con repercusiones en comunidades inocentes”, detalla la especialista de Amnistía internacional.
Para la realización de este reportaje solicitamos entrevistas con la Embajada de Estados Unidos, con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, pero no obtuvimos respuestas.
El espectáculo gubernamental encubre al crimen organizado
Durante la primera noche del quinto toque de queda decretado por Noboa, que comenzó el pasado 3 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior anunció que hubo 124 personas detenidas, 119 de ellas (el 96%) habían incumplido el horario y apenas cinco de ellas presentaron algún vínculo con hechos delictivos o penales. Al cumplirse los primeros ocho días de la medida, la Policía Nacional anunció que 1 735 personas habían sido detenidas, de las cuales 1 092 (el 63%) incumplieron la restricción de movilidad. Apenas 643 personas de ese total fueron apresadas bajo la sospecha del cometimiento de delitos como tráfico de drogas, porte y tenencia de armas o extorsión.
El patrón fue el mismo durante los anteriores toques de queda, mientras el llamado Bloque de Seguridad, del que son parte Policía Nacional y las tres ramas de las Fuerzas Armadas, divulga a diario videos de sus operaciones: detenciones, allanamientos, decomisos, bombardeos a supuestos enclaves de minería ilegal, detonaciones de maquinaria.
Durante los últimos dos años y cuatro meses que han transcurrido desde la declaratoria del conflicto armado interno, también se han registrado bombardeos, quema de viviendas y torturas sistemáticas en la comunidad rural de San Martín, ubicada en la línea fronteriza de la provincia de Sucumbíos, perpetrados por miembros del Ejército ecuatoriano. También se han documentado desplazamientos forzados de pobladores indígenas chachi, en la provincia de Esmeraldas, como resultado de la presencia de organizaciones criminales y redes de minería ilegal a las que el Estado no ha logrado contener; se han registrado ataques con explosivos por parte de soldados estadounidenses en contra de pescadores artesanales que faenaban en aguas ecuatorianas, como parte de una supuesta colaboración entre EE.UU. y las Fuerzas Armadas de Ecuador; detenciones arbitrarias de jóvenes inocentes estigmatizados y desaparición forzada de menores, como los cuatro niños de Las Malvinas, son cada vez más frecuentes.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada alertó en marzo de 2026 sobre al menos 51 casos de desapariciones forzadas, incluidas víctimas menores de edad, “presuntamente” cometidas por fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas.
El caso de los cuatro niños de Las Malvinas reveló la autoría directa de miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en acciones que llevaron a su asesinato. El hecho desnudó un conjunto de estrategias mediáticas de desinformación, dirigidas desde las más altas autoridades del Estado, para otorgar impunidad a los responsables, incluso a pesar de que ya existen dos sentencias en firme en contra de 16 implicados en el delito de desaparición forzada.
En su informe Posicionamiento sobre coyuntura y situación de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Período 2024−2026, la Alianza por los Derechos Humanos aseguró que la independencia judicial “está seriamente erosionada” y señaló que la Fiscalía se ha convertido en “agente de persecución”.
Michelle Maffei, investigadora especializada en Crimen Organizado Transnacional (COT), conflicto y violencia, cree que “se ataca a quien les resulta más fácil de echar la culpa sin que haya retaliaciones, porque [a las autoridades del gobierno] les es preferible que la gente vea que algo se hace, por una cuestión de votos y resultados electorales, y para mantener algún tipo de aceptación”.
LAS CIFRAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
Dos años de conflicto armado interno, ocho estados de excepción y cinco toques de quedade excepción nov. 2023 – may. 2026
100.000 hab. en 2025 máximo histórico
carcelario Q1 2026 · SNAI
| Año | Total | Tasa / 100k | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ~4.603 | 25,9 | — | |
| 2023 | 8.248 | 47,25 | +79% | |
| 2024 | 6.964 | 38,80 | –16% | |
| 2025 | 9.216 | 50,91 | +32% | |
| 2026* | 2.509 | ~44 anual | –10% |
No fueron Comandos de la Frontera, fueron campesinos
“Pepe, no vayas para allá, está caliente, quemaron la casa de la señora Juana y la tuya”, le dijo uno de sus vecinos.
Esa tarde del domingo 1º de marzo de 2026, don Pepe había terminado su jornada de desmonte en una finca de la comunidad de San Martín, en la provincia de Sucumbíos, adonde había llevado su cama y su colchón. La dueña le había prestado un espacio para dormir durante los días que tardara el trabajo. El campesino de 54 años, nacido en el departamento de Nariño, llevaba un par de semanas ocupado, echando machete a cambio de unos cuántos pesos. En las dos orillas de esta parte de la frontera entre Colombia y Ecuador hay sitios en donde los pesos circulan más que el dólar. “Yo vivo del jornal, me dedico a echar machete, a fumigar, coger maíz, sembrar maíz”, explicó don Pepe a La Barra Espaciadora. Él gana unos 50 mil pesos colombianos por cada jornada. Menos de 14 dólares.
Ese día, Don Pepe guardó energías para ir a limpiar un poco su casa de madera, pero cuando llegó la encontró en cenizas. “Yo siempre iba, cada cinco días, cada ocho días, a ver mi casita, a barrerla −cuenta, pero la voz no le alcanza y los ojos se le enrojecen−, oiga, créame que se me vino todo abajo”. Entre los maderos aún humeantes quedaron también los restos de una estufa de cuatro quemadores y algo de ropa ya inservible. Hilachas. Su vecino le dijo que quienes lo quemaron todo fueron militares. Militares ecuatorianos. “El comentario que oí es que buscaban a los grupos armados, pero eso es una mentira, en ninguna casa había eso”, asegura don Pepe y lamenta que ese episodio solo haya sido el anuncio de lo que ocurriría durante toda esa semana.
Como si no hubiera sido suficiente con incendiarlas dos días antes, el martes 3 de marzo un contingente de militares detonó explosivos en las mismas dos casas de don Pepe y de doña Juana, luego de sobrevolar la zona limítrofe en helicópteros. Además, quemaron parte de una finca lechera ubicada a unos 15 minutos en lancha, río abajo. Torturaron a cuatro trabajadores de la finca y se los llevaron en uno de los helicópteros hacia Lago Agrio, donde horas después los abandonaron a su suerte en un barrio conocido por estar bajo el control de la banda criminal Los Lobos. El jueves 5 de marzo, nuevamente hubo sobrevuelos en la zona y el viernes 6 bombardearon la misma finca lechera que habían incendiado, hasta destruir lo poco que quedaba en pie.
−¡Somos Ejército ecuatoriano, salgan todos con las manos en alto! −gritó uno de los soldados al bajar del helicóptero más grande, según recuerda Jorge, uno de los campesinos torturados cuyo nombre real hemos protegido−, ¡tiéndanse ahí, tiéndanse ahí, que no queremos que nos vean, y tápense la cara.
Los cuatro trabajadores de la finca lechera habían terminado de recoger pasto para las vacas de engorde y habían apilado todo en unos bultos, cuenta Jorge. Mientras lo hacían, ya habían visto con extrañeza a un primer helicóptero pequeño sobrevolar la finca en círculos. Las gallinas y el ganado se habían espantado. Después de varios minutos, vieron llegar al helicóptero más grande y −aún más sorprendidos− lo vieron aterrizar a la orilla del río San Miguel. Pero no imaginaban lo que ocurriría después.
«Después del bombardeo, yo estaba trabajando por ahí, siento un coso de avión y me da miedo. Ese día yo no le miento, se me puso el cuero de una como piel de gallina. Uno pasa, es nervioso… Aquí, como son ecuatorianos, pueden venir a patrullar los señores militares, pero que no maltraten a los civiles. Que no quieran entrar en las casitas que están solas, a llevarse las cositas de uno».
«Yo tengo un nietico de dos años, y él creía que era un trueno, porque siempre cuando truena le da miedo, pero ese era un trueno muy duro, y ahora a él cada que suena un trueno por ahí se va corriendo a la cama… es como un trauma que le cría a la gente».
−Aquí es campamento de guerrilla −cuenta Jorge que le oyó decir a uno de los militares−; ustedes saben dónde están las armas, dónde están las caletas…
Los cuatro trabajadores se echaron al suelo y obedecieron. Con sus propias camisas se cubrieron los rostros y quedaron boca abajo contra el suelo, mientras los soldados les acusaban de algo que no llegaban a comprender. Les golpeaban, les apuntaban con los cañones de las armas y les pateaban.
−Por el momento, se tienen que ir olvidando de esta casa porque se la vamos a dejar quemando −le escuchó Jorge decir a otro soldado.
−Por qué van a quemar la casa, si no tenemos nada que nos comprometa o algo que ustedes hayan encontrado ilegal −le increpó el trabajador.
−No −le respondió el uniformado−, es que esta finca es de ese tal Mono Tole.
Durante una visita a San Martín, el equipo de La Barra Espaciadora logró verificar que lo que quedó destruido en la finca fueron instalaciones de granja, uno que otro electrodoméstico, equipos de ganadería y herramientas de siembra, de cultivo y otros implementos para fumigación.
−Era una finca donde se vende queso, se vende leche y todo el mundo llega a preguntar por queso, por leche −recuerda don Pepe, quien luego de recibir la noticia de que su casa había sido incendiada, supo que esta granja había corrido con la misma suerte−; ahí estaba el congelador quemado, lleno de queso, estaba oliendo fuerte eso.
−Vení vos, ¿vos sos el encargaron de la finca? −le preguntó un militar a Jorge, mientras estaba tumbado en el suelo, cubierto el rostro.
−Sí, señor −respondió él.
−A vos te queremos, a vos es al primero que te vamos a matar.
Entonces comenzó la tortura. Lo llevaron a un lavadero de ropa, le pusieron una camisa alrededor de la cabeza hasta cortar el paso del aire y le tiraron nuevamente al piso. Le echaban agua y le apretaban al costado, otros le pateaban y le exigían confesar dónde estaban las caletas, las armas. “Y yo no sé nada porque yo aquí solamente vengo es a trabajar, y tampoco voy a ponerle cuidado a lo que haya habido antes de yo estar aquí”, explicó Jorge.
−¡Vos sos uno de los comandantes de esos de la guerrilla, entreganos las caletas −recuerda que le dijeron, mientras le “seguían dando pata”. Luego le amarraron y metieron su cabeza en un tarro de agua para asfixiarlo. Cada vez que estaba por ahogarse lo volvían a sacar y lo golpeaban con las culatas de las armas, le pateaban y otra vez lo volvían a sumergir. Lo mismo ocurrió con los otros tres trabajadores. Uno de ellos, de 26 años de edad, padre de un hijo que había acabado de cumplir 15 meses de nacido, recuerda que les apuntaron con los fusiles y luego los separaron. “Nos sacaron por un lado para seguirnos torturando por separado, nos hicieron quitar la camisa y con la camisa nos taparon”.
Los primeros en anunciarlo masivamente fueron las autoridades estadounidenses. Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE.UU., posteó: “Sí —como ha dicho Donald Trump— estamos bombardeando a los narco-terroristas también en tierra. Gracias a nuestros socios en Ecuador. Mucho más por venir del Comando Sur”. Enseguida, el gobierno ecuatoriano publicó un boletín titulado “Operación ‘Exterminio total’ destruye a los Comandos de Frontera”. Pero en tierra no hubo un solo miembro de esa disidencia de las ex FARC que haya sido abatido, detenido, deportado o procesado. The New York Times fue el primer medio internacional que reveló que el supuesto escondite del grupo armado Comandos de la Frontera no era sino una granja lechera.
*Los nombres de las víctimas han sido cambiados para proteger su identidad por temor a amenazas recibidas por miembros del Ejército ecuatoriano.
La policialización de las Fuerzas Armadas y los falsos positivos
“Se nos está llevando a la policialización militar”, le dijo un oficial de inteligencia militar a La Barra Espaciadora. El siguiente es un fragmento de la conversación:
−Cada semana levantamos un blanco y tenemos que buscarlo hasta encontrarlo −contó el oficial− pero, ¿qué pasa si no se lo encuentra o si es que ese blanco no existía? ¡Y eso se ha dado! Como no hay un objetivo puntual, adaptamos los blancos…
−Y si no hay un objetivo puntual, ¿cuáles son esos blancos?
−Por decirle, tenemos que buscar a algún alias, por ejemplo, un alias ‘Tribilín’, de un GDO −ejemplifica el agente−; este individuo no es el fuerte del grupo sino que genera violencia en tal sector pero se mueve por toda la ciudad. Lo buscamos pero no lo encontramos, porque nos damos cuenta de que debido a la actividad que nosotros estamos llevando a cabo, él dejó de hacer algunas cosas y se metió en su casa. No tiene boleta de captura, así que no podemos hacer absolutamente nada…
−Pero, ¿quién le da a usted la señal de buscar a ese alias o quién decide que el hipotético alias ‘Tribilín’ es un objetivo o un blanco?
−El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es el máximo organismo, pone estos blancos.
−¿Cómo lo deciden? ¿Cómo los ubican?
−No sabría decir cómo, pero sí puedo decir que el CNI es dirigido por expolicías o policías en servicio pasivo que quieren que la gestión de su institución sea mejor, y confunden seguridad interna con seguridad nacional. El CNI no debería estar preocupado en buscar delincuentes, debería presentarle al Presidente un diagnóstico, decirle que mejore las estrategias, lanzar una alerta. Pero el CNI nos manda blancos, nos manda objetivos, nos dice que debemos buscar a estos delincuentes porque son [amenaza para la] seguridad nacional, y todos los esfuerzos se van en eso…
−¿Y pueden ser ‘Tribilines’ que en realidad solo son microtraficantes o carteristas, pero no grandes capos del crimen organizado?
−Eso pasa muy a menudo, cuando el crimen organizado jamás nace de estos alias. El crimen organizado ni siquiera quiere ser visto, prefiere mantenerse en el perfil más bajo posible (…) El problema es no entender que bandas como Los Lobos, por ejemplo, no son una jerarquía. No es que hay un ‘lobo mayor’ o hay un ‘lobo menor’. Hay una estructura con varias aristas y eso no se logra comprender.
−Entonces, ¿no se ataca realmente al crimen organizado?
−No, no lo atacamos.
Para Lina María Espinosa, abogada defensora de Derechos Humanos y parte de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, el abuso protagonizado por militares que reconoce la fuente militar protegida es el resultado de la “concentración inmensa de poder” por parte del presidente Daniel Noboa. En la práctica, este ejercicio jerarquizado del poder autoritario se expresaría en la construcción de falsos positivos.
“Una de las cosas en las que ha sido muy astuto el señor Noboa es en construir un Estado a partir de la necropolítica, de la política de la muerte”, afirma la jurista, quien además patrocina la defensa legal de la comunidad fronteriza de San Martín y de las cuatro víctimas colombianas del bombardeo militar a casas de campesinos y a una granja lechera. “Ese conflicto armado interno, que ahora se le desmorona y que fue la base de su poder totalitario y abusivo, tiene que recrearse en un repertorio y aquí está el repertorio −dice Espinosa, mientras señala con sus brazos las fincas ganaderas y agrícolas de la comunidad que fue bombardeada por el Ejército de Ecuador, a orillas del río San Miguel−; este es el teatro, el sitio donde está poniendo a sus actores para desarrollar su obra”.
Los episodios de marzo en la comunidad de San Martín son solo uno de los últimos eslabones de una larga cadena de acontecimientos. Todos ellos reflejan un patrón de comportamiento por parte del llamado Bloque de Seguridad que parece confundir crimen organizado con delincuencia común, según señaló la fuente protegida de inteligencia a este medio. “Cuando tú estás cumpliendo actividades que no son propias o inherentes a tu trabajo −explica el oficial−, terminas en información no tan precisa. Encontrar delincuentes no es nuestro fuerte. Yo no sé cómo perfilar a un criminal. Yo estudié inteligencia de otro tipo, inteligencia de amenazas y riesgos externos: qué tiene Perú, qué tiene Colombia, qué tienen los grupos armados; pero el gobierno quiere que yo persiga delincuentes”.
Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), respalda la postura de Lina María Espinosa pero añade que la construcción de falsos positivos “es uno de los signos más claros de este periodo y de la política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa”. Para Navarrete, el asesinato de los cuatro niños del barrio Las Malvinas fue otra muestra clara de ese intento sistemático de criminalizar a las víctimas. “Pese a la evidencia, se supo mantener durante casi todo el caso, incluso dentro de la judicialización, ese señalamiento, esa estigmatización de las víctimas como si estuvieran vinculadas a bandas criminales”.
El pasado 1º de mayo, Adriana Arroyo, hermana mayor de uno de los niños asesinados, también fue víctima de la violencia cuando desde una motocicleta le dispararon a quemarropa. Durante la procesión previa al entierro, una estrategia sincrónica de desinformación de la que fueron parte medios corporativos, periodistas y granjas de trolls afines al gobierno de Noboa contaminó las redes sociales con videos forjados en los que se recreaba una falsa escena con disparos al aire, como acostumbran ciertas bandas criminales a despedir los restos mortales de sus integrantes abatidos.
El CDH emitió un comunicado en el que señaló una “cultura profundamente arraigada de odio, racismo y promoción orquestada de desinformación, que opera como mecanismo de encubrimiento y reproducción de la violencia”, y luego de exigir disculpas públicas a los medios que incurrieron en esta práctica añadió: “La circulación de este tipo de contenidos constituye un intento de perpetuar la impunidad, distorsionar los hechos y desviar la atención sobre las responsabilidades estatales”.
En dos años y cuatro meses, desde que se declaró el conflicto armado interno en Ecuador, organizaciones nacionales e internacionales y el periodismo de investigación han registrado al menos 20 casos en los que miembros de Fuerzas Armadas o Policía Nacional han estado involucrados con violaciones sistemáticas a derechos fundamentales.
FF.AA. y Policía, durante el conflicto armado interno
Casos documentados de violaciones a derechos humanos y vínculos con el crimen organizado · enero 2024 – mayo 2026
Con la medida adoptada en enero de 2024, Daniel Noboa ha intentado justificar que durante el 95% de su período de gobierno el país viva bajo estado de excepción, sin resultados concretos en cuanto al combate contra el crimen organizado. Los informes de organizaciones nacionales e internacionales revelan un patrón sistemático de violaciones concentrado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e impunidad, mientras los mercados ilícitos y sus flujos de dinero a través del sistema bancario permanecen intactos.
“Extraditar a los líderes de nuestros GDO locales es una buena idea −dice Maffei, aludiendo al caso de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros que fue trasladado a EE.UU. para ser juzgado en tribunales de ese país−, pero, ¿qué es lo que está pasando con aquellos criminales que se llevan la gran mayoría de dinero, aquellos criminales que tienen los vínculos políticos y económicos?”, se pregunta.
La banca es el principal canal de detección de lavado en Ecuador, pues aproximadamente el 70% de los reportes de operaciones sospechosas recibidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) provendrían de ese sector.
En enero de 2026, el director de la UAFE, José Julio Neira, afirmó que esa entidad presentó reportes por 1 577 millones de dólares en operaciones inusuales durante 2025 ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero su declaración no pudo ser verificada, pues no exhibió respaldos documentales ni trazabilidad alguna sobre esa supuesta gestión. Mientras tanto, la FGE registró apenas 81 noticias del delito durante ese año para ese tipo penal. Entre enero de 2024 y abril de 2026, se presentaron 191 denuncias por casos consumados de lavado de activos en todo el país, según el portal de la FGE.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la extorsión es el indicador más directo de control territorial del crimen organizado, pues exige una relación continua entre el actor criminal y sus víctimas. Sin embargo, este delito no ha disminuido desde que Noboa decretó el conflicto armado interno. De hecho, en marzo pasado las autoridades descubrieron a una red de extorsión presuntamente vinculada con el Cartel Jalisco Nueva Generación, que operaba en varias cárceles de Guayas, Manabí y Cotopaxi —todas bajo algún grado de control militar o en proceso de transición— lo que da cuenta de que la militarización tampoco ha eliminado la actividad criminal intracarcelaria.
La extorsión se había triplicado entre 2022 y 2024, según cifras oficiales, y si bien en 2025 esos números bajaron, simultáneamente aumentaron las llamadas de alerta por extorsión al sistema ECU−911, como lo informó el portal Primicias. El incremento fue de un 81% en relación con 2023, que hasta entonces había sido el año más violento de la historia del país. El subregistro fue atribuido por los expertos al aumento de la desconfianza ciudadana en las Fuerzas Armadas y en la Policía, instituciones cada vez más señaladas por ser partícipes de mercados criminales y corrupción. Este complejo entramado convirtió al 2025 en el año más violento, superando al 2023.
En contraste con estos datos, entre enero y marzo de 2024, el gobierno reportó más de 13 000 personas detenidas. Según el informe 2025 de Human Rights Watch (HRW), muchas de estas personas nunca fueron puestas a disposición de un fiscal o un juez, sino que fueron sometidas a palizas y tratos degradantes durante su breve cautiverio al margen de la ley.
El presidente Daniel Noboa, durante la ceremonia de relevo de mando de la Policía Nacional en la que el general Pablo Dávila asumió la Comandancia General de la Institución, emn julio de 2025. Junto a él, el ministro del Interior, John Reinberg. Foto: Ministerio del Interior.
Con tal cantidad de detenciones, la política de mano dura de Noboa triplicó el hacinamiento en los primeros dos años de su gobierno. Pero si ampliamos el enfoque, el hacinamiento en el sistema penitenciario pasó del 4% en enero de 2023 al 35,59% en marzo de 2026, ya bajo el conflicto armado interno, un aumento de más de 31 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras oficiales. Así, los datos devolvieron al sistema carcelario a las condiciones que enfrentaba en 2018, bajo el gobierno de Lenín Moreno.
Para Valencia, de Amnistía Internacional, incrementar los números de detenciones o de operativos no constituye una política pública de seguridad de calidad y eficiente. En su lugar, las medidas del gobierno de Daniel Noboa “militarizan la respuesta de seguridad pública cuando está demostrado y analizado cómo las Fuerzas Armadas no son idóneas para una reforma permanente en tareas de seguridad, porque están entrenadas con la lógica de combatir al enemigo”.
Para Luis Córdova Alarcón, director del Programa de Investigación Orden, Conflicto y Violencia, de la Universidad Central del Ecuador, la construcción de falsos positivos “es uno de los efectos no deseados, sin duda, de la militarización de la estrategia de seguridad en el Ecuador”.
Córdova asegura que ese efecto tiene relación con la multiplicación de actores violentos o “proveedores de violencia”. El especialista llama la atención sobre la participación de cuatro actores de este tipo actualmente: grupos criminales locales como Los Lobos o Los Choneros, “con la participación directa de agentes estatales, ya sean militares o policiales”; grupos de autodefensas financiados por empresarios o grupos empresariales que actúan, sobre todo, en la región Costa; grupos armados colombianos y disidencias de las ex FARC, y por último, miembros de las Fuerzas Armadas. “La idea de que son exclusivamente grupos armados de carácter criminal o exclusivamente vinculados al narcotráfico los que proveen violencia −explica el experto− es una mirada muy simplista de lo que vivimos; si ya tenemos al menos cuatro actores distintos perfectamente diferenciables que proveen violencia ilícita, es ingenuo pensar que no estemos ya ante falsos positivos”.
Para cerrar el círculo que permitiría el diseño de una política de seguridad eficaz, Valencia complementa con un ingrediente: “Si las autoridades realmente buscan justicia para las víctimas del crimen organizado, se debe resguardar la independencia judicial y equipar al sistema judicial de todos los recursos que necesita”.
